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Última actualización: 28-04-2006
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Bélgica

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 NB: Todas las normas legales contenidas en este documento se encuentran en Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands bajo el epígrafe "geconsolideerde wetgeving"



 

ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

Si un deudor no cumple voluntariamente una resolución judicial, el demandante puede obligarle a hacerlo a través de los órganos jurisdiccionales; esto es lo que se conoce como ejecución forzosa. Para ello se requiere un título ejecutivo (artículo 1386 del Código judicial (Gerechtelijk Wetboek)), porque supone una intromisión en la esfera jurídica personal del deudor. Dicho título suele ser una resolución judicial o un documento notarial. El respeto de la intimidad del deudor implica que el título no puede ser ejecutado a determinadas horas (artículo 1387 del Código judicial). El título lo ejecuta un agente judicial (gerechtsdeurwaarder).

La ejecución forzosa se utiliza, por lo general, para recuperar dinero, pero también puede utilizarse para hacer cumplir una obligación.

Otra medida importante es la multa coercitiva (dwangsom) (artículo 1385a del Código judicial). Es un medio para presionar al condenado a cumplir lo dispuesto en la resolución judicial. Ahora bien, la multa coercitiva no puede imponerse en determinados casos: cuando la persona ha sido condenada a pagar una determinada suma de dinero o a cumplir un contrato laboral, y tampoco cuando su imposición es contraria a la dignidad humana. La multa coercitiva se ejecuta en virtud de un título ad hoc, sin necesidad de ningún otro título.

En el caso de una persona condenada a pagar una cantidad de dinero, la pretensión se ejecuta en los bienes del deudor y se denomina embargo. Hay que distinguir entre los tipos de bienes embargados (muebles o inmuebles)1 y la naturaleza del embargo (embargo preventivo o embargo ejecutivo). El embargo preventivo se utiliza en casos de urgencia para poner los bienes bajo la protección del órgano jurisdiccional: la situación se congela al objeto de salvaguardar cualquier ejecución subsiguiente. El embargado pierde el control sobre los bienes y no puede venderlos ni enajenarlos. Cuando los bienes del deudor se embargan como resultado de la ejecución de una resolución judicial, dichos bienes se venden, y los ingresos obtenidos se entregan al demandante. El demandante no tiene ningún derecho sobre los bienes en sí, sólo sobre el producto de la venta.

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Además de los embargos normales, preventivo y ejecutivo, de bienes muebles e inmuebles, hay normas especiales para el embargo de barcos (artículos 1467 a 1480 y 1545 a 1559 Código judicial), embargo en caso de falsificación (artículos 1481 a 1488 Código judicial), secuestro (distraint) (artículo 1461 Código judicial), levantamiento provisional del embargo a la espera del fallo (artículos 1462 a 1466 Código judicial) y embargo de plantas y cultivos sin recoger (artículos 1529 a 1538 Código judicial). En el presente documento se trata únicamente del embargo ordinario.

2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo?

2.1. Procedimiento
2.1.1. Embargo preventivo

El embargo preventivo debe ser autorizado por el juez competente (beslagrechter) (artículo 1413 Código judicial). La autorización debe ser solicitada mediante demanda por la parte interesada (artículo 1417 Código judicial). No se puede utilizar la misma demanda para el embargo de bienes muebles e inmuebles, para estos últimos hay que presentar siempre una solicitud aparte.

El juez competente para ordenar el embargo adopta una decisión en un plazo máximo de ocho días desde la presentación de la demanda (artículo 1418 Código judicial). El juez puede rechazar la demanda o admitirla en todo o en parte. La decisión del juez debe ser notificada al deudor por medio de un agente judicial (gerechtsdeurwaarder), que adopta las medidas necesarias al efecto.

Esta norma tiene una importante excepción: no se requiere el permiso del juez competente para ordenar el embargo en el caso de las resoluciones judiciales que constituyen una autorización para imponer un embargo preventivo respecto de las condenas pronunciadas (artículo1414 Código Judicial). También en este caso se trata de situaciones de urgencia. La resolución se entrega al agente judicial, que toma las medidas necesarias para embargar los bienes.

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El embargo preventivo puede convertirse en ejecutivo (artículos 1489 a 1493 Código judicial).

2.1.2. Embargo ejecutivo

A. Generalidades

Este tipo de embargo solo puede realizarse en virtud de un título ejecutivo (artículo1494 Código judicial). Las resoluciones judiciales2 y las escrituras públicas3 sólo pueden ejecutarse mediante la presentación de una copia certificada4 o del original5 acompañado de la fórmula sancionadora contenida en el Real Decreto6.

La resolución judicial se notifica previamente al demandado (artículo1495 Código judicial). Si el título ejecutivo es una resolución judicial, es obligatorio notificarla previamente al deudor. Cuando el título ejecutivo es una escritura pública, este requisito no es necesario, pues el deudor ya conoce su existencia. El plazo para impugnarlo o recurrirlo comienza cuando se notifica la resolución. Los plazos para recurrir tienen el efecto de suspender el embargo de ejecución de la resolución judicial (no el embargo preventivo) cuando una parte ha sido condenada a pagar una suma de dinero. La ejecución cautelar (resolución judicial que es provisionalmente ejecutiva) constituye una excepción al efecto suspensivo de las impugnaciones o recursos ordinarios.

La segunda fase de la actuación del demandante para forzar la venta de los bienes es el requerimiento de pago (artículo1499 Código judicial). Constituye el primer paso de la ejecución y la última advertencia al deudor, que todavía puede evitar el embargo. Desde el momento en que se dicta el requerimiento de pago hay un plazo de un día para el embargo de los bienes muebles (artículo1499 Código Judicial) y de 15 días para los bienes inmuebles (artículo1566 Código Judicial). El requerimiento debe ser notificado al deudor y constituye una notificación formal de incumplimiento y demanda de pago. La ejecución forzosa sólo tiene la finalidad de obtener el reintegro de las sumas consignadas en el requerimiento de pago.

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Finalizado el plazo de espera, los bienes pueden ser embargados mediante un mandamiento del agente judicial. Así, la ejecución se lleva a cabo a través de un funcionario competente, que actúa como agente del demandante y cuya función está regulada por ley y está bajo la supervisión7 del órgano jurisdiccional; ese funcionario está sujeto a una obligación contractual respecto al demandante y no contractual respecto a terceros (conforme a Derecho y al deber general de diligencia).

A las 24 horas de haberse realizado el embargo, el agente judicial envía aviso al oficial del juzgado de primera instancia del lugar donde se produjo (artículo 1390 Código judicial). Este aviso es obligatorio tanto para los bienes muebles como los inmuebles. No se puede realizar ningún embargo de ejecución de una sentencia ni los trámites para dividir el líquido de una operación sin consultar primero los avisos de embargo (artículo1391 Código Judicial). Esta norma se introdujo para evitar embargos innecesarios y reforzar la dimensión colectiva de los mismos.

B. Embargo en ejecución de una resolución judicial: bienes muebles

Requiere un mandamiento de pago, al que se puede oponer el deudor. El embargo se realiza mediante mandamiento del agente judicial y, en una primera fase, es una medida cautelar: no se trasladan los bienes y se mantiene su propiedad y uso. También es posible embargar los bienes en un lugar distinto al domicilio del deudor y en los locales de un tercero.

En el caso de bienes muebles, el embargo no se limita a un único proceso pero, en principio, no tiene objeto embargar por segunda vez los mismos bienes, dados los costes que supone. Cuando se produce la división proporcional de lo obtenido por venta de los bienes del deudor, participan otros demandantes además del que realizó el embargo (artículo 1627 ss Código judicial).

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Se elabora un informe oficial del embargo. Los bienes se venden como muy pronto al cabo de un mes tras la notificación o traslado de la copia del informe oficial. La finalidad de este plazo es dar al deudor una última oportunidad para evitar la venta. La venta debe darse a conocer públicamente mediante anuncios y notas en los periódicos. Se realiza en una sala de subastas o en un mercado público, a no ser que se solicite otro lugar más idóneo. La lleva a cabo el agente judicial, que redacta un informe oficial y se hace cargo de lo obtenido con la venta. En el plazo de 15 días, el agente judicial divide la cantidad obtenida en partes proporcionales (artículo 1627 ss Código judicial). Este procedimiento se hace de forma amistosa, pero si no fuera posible el asunto se somete al juez competente en embargos.

C. Embargo en ejecución de una resolución judicial: bienes inmuebles (artículo 1560 ss Código judicial)

El embargo se inicia con la notificación del requerimiento de pago.

El embargo se realiza en un plazo de un mínimo de 15 días y un máximo de seis meses después de la notificación; en caso contrario, la orden deja de ser válida. El mandamiento de embargo debe ser inscrito en las actas del registro de hipotecas (hypotheekkantoor)8 en un plazo de 15 días y notificado en un plazo de seis meses. El acta de inscripción del mandamiento convierte a la propiedad en no disponible y tiene una validez máxima de seis meses. Si no se realiza la inscripción, el embargo no es válido. A diferencia de los bienes muebles, en los bienes inmuebles sólo se aplica el principio de embargo único (la propiedad sólo puede embargarse una vez).

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La etapa final es la solicitud al juez competente en embargos para que designe a un notario que realice la venta de los bienes y establezca una prelación de acreedores. El deudor puede presentar un escrito de oposición a las actuaciones del notario ante el juez competente en embargos. Las demás normas referentes a la venta de bienes están claramente establecidas por ley (véanse los artículos 1582 ss Código judicial). Generalmente, la venta es pública, pero el juez, a instancia del demandante, puede decidir que sea privada. El resultado obtenido por la venta se divide entre los diferentes acreedores conforme un orden de preferencia acordado (véanse los artículos 1639 a 1654 Código judicial). Los conflictos relativos al orden de preferencia de los acreedores se someten al juez competente en embargos.

2.1.3. Embargo a terceros (Beslag onder derden)

Es el embargo de lo reclamado por el deudor a un tercero (por ejemplo, retención de ingresos de su empleador). De esta forma, este tercero es el segundo deudor del demandante que procede al embargo. El embargo a terceros (beslag onder derden) no es lo mismo que el embargo de bienes del deudor situados en los locales de un tercero (beslag bij derden).

El embargo se basa en los derechos del acreedor respecto del deudor embargado. Los derechos embargados son los que el embargado tiene respecto de un tercero/deudor secundario.

La regulación detallada del embargo a terceros se encuentra en los artículos 1445 a 1640 del Código judicial (embargo preventivo) y en los artículos 1539 a 1544 del Código judicial para el embargo ejecutivo de una resolución judicial.

2.1.4. Costes

A los costes legales hay que añadir los del agente judicial en los casos de embargo. Los derechos por los servicios oficiales del agente judicial están especificados en el Real Decreto de 30 de noviembre de 1976, por el que se establecen las tasas por actos de los agentes judiciales en asuntos civiles y mercantiles y algunos casos de sobretasas (véase Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands).

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2.2. Los requisitos en cuanto al fondo

A. Embargo preventivo

Todo demandante con una pretensión que reúna determinadas características puede proceder a un embargo preventivo, con independencia del valor de los bienes embargados y de la cuantía de la reclamación (véase el artículo 1413 del Código judicial).

La primera condición es la urgencia: la solvencia del deudor puede correr peligro, con el resultado de que resulte problemática la subsiguiente venta de sus bienes. El órgano jurisdiccional, basándose en criterios objetivos, decide si esta condición se cumple. Debe existir urgencia no sólo cuando se hace el embargo, sino también cuando se establece la necesidad de continuarlo. Hay pocas excepciones a esta condición: embargo en caso de falsedad, embargo de letras de cambio y ejecución de una resolución extranjera.

Una segunda condición para el embargo preventivo es que el demandante debe tener una pretensión jurídica que debe reunir ciertas condiciones (artículo 1415 Código Judicial): ser definitiva (no condicional), pagadera (se aplica también a las garantías para demandas futuras) y fija (la cantidad ha sido o puede ser establecida). La naturaleza y la cuantía de la reclamación son, por otro lado, inmateriales. El juez competente en embargos decide si se cumplen esas condiciones, pero esta decisión no  es vinculante para el órgano jurisdiccional que examinará el asunto.

En tercer lugar, el demandante que pretende el embargo preventivo debe tener capacidad para hacerlo. Se trata de un acto de control (no de uso) y en caso necesario puede ser realizado por un representante legal.

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Se requiere el permiso del juez competente en embargos, a menos que el demandante haya obtenido una resolución judicial (véase arriba). Sin embargo, dicho permiso no es necesario en el caso de embargo cautelar a terceros, venta forzosa de bienes muebles, ni en el caso de demandantes que ya hayan obtenido una resolución judicial (artículo 1414 Código judicial: toda sentencia constituye un título ejecutivo). Las escrituras otorgadas ante notario son también títulos ejecutivos.

B. Embargo en ejecución de una resolución judicial

También en este supuesto se requiere un título ejecutivo (artículo 1494 Código judicial). Puede ser una decisión judicial, un instrumento auténtico, un mandamiento de ejecución de las autoridades fiscales, una resolución judicial extranjera con exequátur, etc.

La demanda deber ser formulada en un documento que reúna determinados criterios. Al igual que en el embargo preventivo, la pretensión debe ser objetiva, determinada y pagadera. El párrafo segundo del artículo 1494 del Código judicial establece que el embargo hecho para obtener el reintegro de ingresos debidos en pagos escalonados se aplicará también a los pagos futuros a su vencimiento.

El título debe ser válido. El juez considerará que el título no es válido cuando el acreedor del embargo ya no sea el demandante, o si todo o parte de lo reclamado ya no es válido (porque ha prescrito, ha sido pagado o se ha saldado de otra forma).

3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ejecución?

A. Generalidades

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Sólo pueden ser embargados los bienes muebles o inmuebles propiedad del deudor. Los bienes que sean propiedad de un tercero no pueden ser embargados, aunque es irrelevante quién esté en posesión de los bienes del deudor en el momento del embargo. Por tanto, es posible embargar bienes que se encuentren en los locales de un tercero, siempre y cuando lo autorice el órgano jurisdiccional (artículo 1503 Código judicial).

El demandante sólo puede obtener el reintegro de la deuda a partir de los bienes actuales del deudor. Únicamente en el caso de que el deudor se convierta, de mala fe, en insolvente, pueden embargarse sus bienes anteriores. Por lo general, no se admite el embargo de bienes futuros, con la excepción de futuras demandas.

Generalmente, el producto obtenido de los bienes embargados sigue siendo del embargado, en el caso del embargo preventivo. Sin embargo, cuando se trata de un embargo en ejecución de una resolución judicial, el producto de los bienes también está vinculado al embargo y, por lo tanto, pasa a ser del acreedor del embargo.

Se puede también embargar un bien indiviso, pero su venta forzosa se suspende hasta que el bien se divida (véase por ejemplo el artículo 1561 del Código judicial). En el caso del matrimonio, se aplican normas especiales a los cónyuges.

B. Bienes embargables

Los bienes deben ser embargables. Algunos bienes, porque así está previsto en la normativa, debido a su naturaleza o al hecho de que tiene una especial relación personal con el deudor, no pueden ser embargados. No es posible excluir bienes del embargo en razón de su finalidad. Los siguientes bienes no pueden embargarse:

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  1. Los bienes enumerados en el artículo 1408 del Código judicial. Esta restricción se introdujo para garantizar unas condiciones de vida dignas al deudor y su familia.
  2. Los bienes sin valor y que, por tanto, carecen de interés para el demandante.
  3. Los bienes que son inalienables debido a su íntima relación personal con el deudor.
  4. Los bienes excluidos del embargo por una ley específica (por ejemplo, los ingresos y salarios de los menores de edad, libros y música no publicados, ingresos de los reclusos por trabajos realizados en el recinto carcelario).
  5. Los salarios (retención de ingresos) e ingresos similares sólo suelen ser embargables hasta un determinado límite (véanse los artículos 1409, 1409 bis y 1410 apartado 1 del Código judicial). En este punto están incluidos los alimentos reconocidos por sentencia judicial al cónyuge no culpable. Algunos pagos, como por ejemplo la prestación mínima de subsistencia, quedan totalmente excluidos del embargo (véase el artículo1410 (2) del Código judicial). Sin embargo las restricciones sobre la idoneidad para el embargo no se aplican a los demandantes que pretenden el reintegro de la deuda de alimentos, ya que sus demandas tienen preferencia (véase el artículo1412 del Código judicial).

En el pasado, el Gobierno gozaba de inmunidad frente a las medidas de ejecución, con el resultado de que era imposible embargar los bienes de la administración. En la actualidad esta situación ha sido ligeramente modificada por el artículo 1412 bis del Código judicial.

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Hay normas especiales que regulan el embargo de buques y aviones (para el embargo preventivo, véanse los artículos 1467 a 1480 del Código judicial, y para el embargo en ejecución de una resolución judicial, los artículos 1545 a 1559 del Código judicial).

NB: Recientemente, se ha adoptado en Bélgica una nueva legislación sobre las cuentas bancarias: la ley sobre el carácter inembargable e intransferible de los pagos a que se refieren los artículos 1409, 1409 bis y 1410 del Código judicial cuando dichos pagos son abonados en una cuenta corriente (De wet betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409 bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn ) (publicado en el Belgisch Staatsblad (Diario Oficial), de 2 de julio de 2004). Todavía no está en vigor, pues su aplicación requiere un Real Decreto (véase el artículo 5 de la Ley). Esta ley amplía las restricciones y exenciones previstas en varios artículos del Código judicial para incluir sumas consignadas en cuentas corrientes.

C. Recuperación parcial  (Kantonnement)

Cuando un bien es embargado, el embargo afecta a la totalidad del bien, aunque el valor de éste exceda la cuantía reclamada. Esto supone una seria desventaja para el deudor porque el objeto queda completamente fuera de su control. Para atenuar este efecto, el legislador belga ha previsto el kantonnement: el deudor deposita una determinada suma y se le permite recobrar el uso de su propiedad (véanse los artículos 1403 a 1407 del Código judicial).

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Tanto en el embargo preventivo como en el ejecutivo, puede hacerse un pago parcial respecto de la demanda que originó el embargo o respecto del bien embargado. En el primer caso, el pago parcial sustituye a la propiedad embargada, que se reintegra al deudor. En el segundo caso, el objeto embargado simplemente se traslada.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

A. Embargo

Desde el momento en que se embargan los bienes, el deudor pierde el derecho de disposición sobre ellos. Sin embargo, el embargo no reconoce al acreedor un derecho preferencial sobre los bienes. El embargo significa que el deudor no puede vender, enajenar o hipotecar los bienes, cuya posesión sigue teniendo. En la práctica, la situación no cambia, pero la situación jurídica es completamente diferente.

La sanción por contravenir esta merma de la capacidad de disposición patrimonial es que las actuaciones del embargado no son vinculantes para el acreedor.

Sin embargo, esta falta de disposición patrimonial es sólo relativa, en el sentido de que únicamente se aplica en beneficio del acreedor ejecutante. El resto de los demandantes tienen que seguir dependiendo de las fluctuaciones de los bienes del deudor, aunque siempre pueden sencillamente asociarse al embargo que ya ha sido dictado.

La supresión de la capacidad de disposición es el primer paso en el proceso de venta de los bienes. Los bienes se ponen bajo el control del órgano jurisdiccional. El embargo en ejecución de una resolución judicial cumple también una función cautelar en  primera instancia.

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B. Embargo a terceros (Beslag onder derden)

Esta forma de embargo suprime el control sobre la totalidad de lo embargado, con independencia de la cuantía de la pretensión en que se fundamenta el embargo. El embargado puede hacer un pago parcial (kantonneren). Las acciones que perjudiquen la pretensión no obligan al acreedor del embargo. Una vez notificado el embargo, no puede haber acuerdos entre el embargado y el tercero.

3.3. ¿Cuál es el período de validez de estas medidas?

A. Embargo preventivo

El embargo preventivo tiene una validez de tres años. Cuando se trata de embargo de bienes muebles y a terceros, este periodo empieza a contar a partir de la fecha de la orden o mandamiento (artículos 1425 y 1458 Código judicial). En el caso de embargo de bienes inmuebles el periodo de tres años comienza en la fecha de inscripción en el registro de hipotecas (artículo1436 Código judicial).

Este plazo puede prorrogarse si hay razones fundadas para ello (artículos 1426, 1459 y 1437 Código judicial).

B. Embargo en ejecución de una resolución judicial

En el embargo en ejecución de una resolución judicial, sólo la orden que precede al embargo está sometida a un plazo máximo de validez. Para este tipo de embargo, en el supuesto de bienes muebles, el periodo de validez son diez años (el plazo máximo normal, ya que no se aplican normas especiales), y seis meses en el caso de bienes muebles (artículo 1567 Código judicial). El embargo de barcos tiene un periodo de validez de un año (artículo 1549 Código judicial).

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4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

A. Embargo preventivo

Si el juez competente deniega el permiso de embargo preventivo, el solicitante (es decir, el demandante) puede recurrir esta decisión ante el tribunal de apelación (Hof van Beroep). Se trata de un procedimiento unilateral (eenzijdig). Si se autoriza el embargo tras el recurso de apelación, el deudor tiene derecho a entablar un proceso de oposición de tercero a esa decisión (véase el artículo1419 del Código Judicial).

Si el juez competente autoriza el embargo preventivo, el deudor o cualquier parte interesada puede entablar un proceso de oposición de tercero contra dicha decisión. El plazo para hacerlo es de un mes, y el órgano jurisdiccional competente es el que ha dictado la resolución. El órgano jurisdiccional aplicará el procedimiento contradictorio9. Por lo general, el proceso de tercería no tiene efectos suspensivos (véanse los artículos 1419 y 1033 de Código judicial).

Cuando el embargo preventivo puede imponerse sin autorización judicial, el deudor puede recurrir al juez competente para que levante el embargo (artículo 1420 Código judicial). Este es el procedimiento de oposición al embargo, que se tramita como un procedimiento incidental y, en caso necesario, con la imposición de una multa coercitiva. La demanda puede fundamentarse en la falta de urgencia (Cass. 14 de septiembre de 1984, Arr. Cass. 1984-85, 87).

Si se produce un cambio en las circunstancias, el embargado (citando a todas las partes para que se presenten ante el juez competente) o el acreedor del embargo (o intermediario) (previa solicitud) pueden solicitar al juez competente que modifique o levante el embargo.

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B. Embargo en ejecución de una resolución judicial

El deudor puede presentar un escrito de oposición al requerimiento de pago, impugnando de esta forma su validez legal. La ley no prevé un plazo límite para hacerlo y la oposición no produce efectos suspensivos. Son motivos de impugnación los defectos de procedimiento y la solicitud de un periodo de gracia (si el título ejecutivo es una escritura pública).

El deudor puede presentar ante el juez competente un escrito de oposición oponiéndose a la venta de sus bienes, pero tampoco tiene efectos suspensivos.

Los demandantes distintos del acreedor del embargo pueden impugnar el precio de la venta, pero no la venta en sí misma.

El tercero que pretenda ser propietario de los bienes embargados puede también presentar un escrito de oposición ante el juez competente en embargos (artículo 1514 Código judicial), pero ello no tiene efectos suspensivos.




1 Embargo de bienes muebles e inmuebles, respectivamente.

2 Dictadas por un órgano jurisdiccional.

3 Emitidas por un notario.

4 La primera copia. La parte que desea ejecutar la sentencia recibe una única copia certificada emitida por el registro, previo pago de una tasa.

5 El original de la resolución judicial o de la escritura. Se aplica sólo en casos muy urgentes.

6 Real Decreto de 9 de agosto de 1993, Belgisch Staatsblad (Diario Oficial), 9 de agosto de 1993 (www.just.fgov.be Deutsch - français - Nederlands):

"Nosotros Alberto II, Rey de los Belgas,

A todos los presentes y ausentes, se hace saber:

ordenamos y mandamos que los agentes judiciales a los que se les encomiende, ejecuten esta resolución, sentencia, decisión, orden o escritura;

que nuestro Fiscal general y los fiscales de los juzgados de primera instancia lo ejecuten, y que los altos cargos y los funcionarios de la administración pública presten su asistencia cuando la ley así lo requiera;

en fe de lo cual, esta resolución, sentencia, decisión, orden o escritura, ha sido firmada y sellada con el sello del órgano jurisdiccional o del notario. "

7 En las acciones relativas a la ejecución de una resolución judicial o de una escritura pública, el agente judicial responde ante el juez competente en materia de embargos. En cuestiones de ética, responde antes los fiscales y la sección regional de la cámara de agentes judiciales.

8 El registro del lugar donde se encuentran los bienes (artículo 1565 Código judicial.). El registro proporciona información sobre la propiedad inmobiliaria y, en particular, sobre derechos de propiedad e hipotecas contraídas sobre los bienes.

9 Es decir, todas las partes se personan en el litigio.

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