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Última actualización: 23-05-2006
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Austria

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa «ejecución» en los asuntos civiles y mercantiles? 1.
2. ¿Qué presupuestos se requieren para poder ejecutar un título? 2.
2.1. Sobre el proceso 2.1.
2.2. Sobre los presupuestos esenciales para el despacho de la ejecución 2.2.
3. Medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Sobre qué bienes patrimoniales del deudor recae la ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Qué periodo de validez tienen las medidas de ejecución? ¿El periodo de validez está limitado por ley o por resolución judicial? 3.3.
4. ¿Existe recurso contra el despacho de la ejecución? ¿Quién puede interponerlo? ¿Ante qué órgano jurisdiccional y en qué plazo debe interponerse? ¿Qué efectos surte la presentación del recurso? 4.

 

1. ¿Qué significa «ejecución» en los asuntos civiles y mercantiles?

La ejecución (ejecución forzosa) es el uso del poder coercitivo del Estado para el cumplimiento de derechos ejecutables.

La normativa sobre ejecución prevé diversos tipos de ejecución, distinguiendo, por una parte, si el título ejecutivo tiene por objeto una deuda dineraria o una obligación individual de hacer o no hacer y, por otra, sobre qué bienes patrimoniales debe realizarse la ejecución.

Si el título ejecutivo se refiere a una deuda dineraria que debe satisfacerse con el patrimonio mueble del obligado, caben la ejecución sobre los bienes muebles (Fahrnisexekution) , la ejecución del crédito, la ejecución sobre derechos de entrega y la ejecución sobre otros derechos patrimoniales. La ejecución sobre los bienes muebles (también ejecución mobiliaria, Mobiliarexecution) se realiza en principio en tres fases, a saber, el embargo, la liquidación y la satisfacción.

La ejecución inmobiliaria recae sobre el patrimonio inmueble del obligado y se realiza, a elección del acreedor ejecutante, a través de la constitución de garantía inmobiliaria forzosa, la administración forzosa o la subasta forzosa.

Para los títulos ejecutivos que tienen por objeto una obligación individual de hacer o no hacer, no existe un proceso de ejecución único. Como medios de ejecución caben la aceptación forzosa, la ejecución sustitutoria o las penas coercitivas (multas o penas de privación de libertad).

2. ¿Qué presupuestos se requieren para poder ejecutar un título?

2.1. Sobre el proceso

Los títulos ejecutivos pueden ser tanto judiciales como extrajudiciales.

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Entre los extrajudiciales se cuentan:

  • decisiones de las autoridades administrativas sobre pretensiones de Derecho privado y público y sobre sanciones pecuniarias o administrativas, en la medida en que la ejecución haya sido atribuida a los órganos jurisdiccionales, así como los acuerdos ante las autoridades administrativas;
  • decisiones de los entes de previsión sobre derechos a prestación;
  • acuerdos y resoluciones de tribunales arbitrales;
  • documentos notariales ejecutables
  • certificados de deuda.

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Para poder proceder a la ejecución, el acreedor ejecutante debe disponer en principio de un certificado de ejecutabilidad concedido por las autoridades pertinentes en el procedimiento que da lugar al título.

Para despachar la ejecución en principio es competente el órgano jurisdiccional que debe realizar la ejecución. Materialmente, éste siempre es el Bezirksgericht (tribunal de distrito). Territorialmente, el tribunal competente para la ejecución sobre bienes inmuebles (inscritos en el Registro de la propiedad) es el tribunal del Registro, y para la ejecución sobre créditos el tribunal del domicilio del obligado. En los restantes casos, es competente con carácter principal el tribunal en cuya circunscripción se encuentre el objeto de la ejecución al inicio del proceso y, con carácter subsidiario, el tribunal en cuya demarcación deba realizarse el primer acto de la ejecución.

En los procesos de ejecución son competentes exclusivamente como órganos decisorios los jueces únicos y los Rechtspflegern (funcionarios judiciales con ciertas competencias en la jurisdicción voluntaria). A los Rechtspflegern, funcionarios federales con una formación especial, se les han transferido numerosas funciones en asuntos de ejecución. Es el caso, en particular, de la ejecución sobre el patrimonio mueble del obligado. La ejecución inmobiliaria (con excepción de las garantías inmobiliarias atribuidas a los Rechtspflegern) , el despacho de la ejecución al amparo de un título extranjero, la imposición de penas de detención y la decisión sobre recursos y quejas son, sin embargo, decisiones reservadas al juez.

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Las actuaciones ejecutivas son realizadas por unos funcionarios especializados: los ejecutores judiciales. A ellos les incumbe la realización fáctica de la ejecución, por ejemplo, el embargo de bienes muebles materiales, el deshaucio, la realización de un inventario del patrimonio del obligado, etc. Los ejecutores judiciales son órganos auxiliares del tribunal y deben atenerse a sus encargos e indicaciones. Tienen la tarea de realizar por iniciativa propia las actuaciones ejecutivas hasta su cumplimiento o hasta que se demuestre que no pueden cumplirse.

Para presentar una demanda de ejecución no se requiere representación de abogado.

La demanda de ejecución devenga las siguientes tasas judiciales, calculadas sobre la base del valor del derecho reclamado:

  • En procesos de ejecución, a excepción de los procesos incoados con arreglo a la letra b) , cuando el objeto litigioso tenga un valor de

hasta 150 euros

13 euros

más de 150 euros

hasta 360 euros

29 euros

más de 360 euros

hasta 730 euros

34 euros

más de 730 euros

hasta 2.180 euros

46 euros

más de 2.180 euros

hasta 3.630 euros

62 euros

más de 3.630 euros

hasta 7.270 euros

79 euros

más de 7.270 euros

hasta 36.340 euros

114 euros

más de 36.340 euros

hasta 72.670 euros

138 euros

más de 72.670 euros, por cada

tramo iniciado de 72.670 euros

otros 138 euros más

  • En los procesos de ejecución sobre patrimonio inmueble

Valor del objeto litigioso:

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hasta

150 euros

26 euros

más de 150 euros

hasta 360 euros

34 euros

más de 360 euros

hasta 730 euros

44 euros

más de 730 euros

hasta 2.180 euros

62 euros

más de 2.180 euros

hasta 3.630 euros

86 euros

más de 3.630 euros

hasta 7.270 euros

132 euros

más de 7.270 euros

hasta 36.340 euros

190 euros

más de 36.340 euros

hasta 72.670 euros

305 euros

más de 72.670 euros, por cada

tramo iniciado de 72.670 euros

otros 156 euros más

2.2. Sobre los presupuestos esenciales para el despacho de la ejecución

Para la concesión del despacho de la ejecución deben reunirse los presupuestos generales de la ejecución (jurisdicción nacional, admisibilidad de la vía judicial, capacidad de las partes, capacidad procesal y poder de representación del demandante) y los presupuestos especiales de la ejecución (competencia del órgano jurisdiccional llamado a conocer, existencia de un título ejecutivo acompañado del certificado de ejecutabilidad, el contenido necesario de la demanda ejecutiva y la ejecutabilidad del objeto de la ejecución). Por otra parte, la demanda ejecutiva debe ser fundada materialmente (esencialmente, las partes mencionadas en la demanda deben coincidir con las partes mencionadas en el título y debe haber vencido el plazo de exigibilidad del derecho o de la obligación).

3. Medidas de ejecución

3.1. ¿Sobre qué bienes patrimoniales del deudor recae la ejecución?

Aunque en principio el deudor responde de sus obligaciones con todo su patrimonio, la ejecución forzosa, a diferencia del concurso, afecta sólo a determinados bienes patrimoniales (principio de especialidad). Por lo general, cuando hay pluralidad de acreedores se aprehenden diversos bienes patrimoniales. En caso de que los fondos no sean suficientes para dar satisfacción, deben reembargarse bienes ya embargados. La satisfacción de los acreedores se rige en este caso estrictamente por el principio de prioridad: el acreedor que primero embarga un bien patrimonial, precede a los restantes. Si los embargos son simultáneos, los distintos acreedores están en situación de igualdad.

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Para proteger a los obligados, hay determinadas cosas que están excluidas de la ejecución, por ejemplo, los enseres necesarios para llevar una vida modesta, los instrumentos necesarios para realizar el trabajo en pequeñas empresas o pequeñas explotaciones agrícolas, los alimentos y el combustible de calefacción necesarios para que el obligado y los miembros de su familia que convivan con él pasen cuatro semanas, el dinero en efectivo mínimo para subsistir, los recursos necesarios para subvenir a una minusvalía y los medicamentos, las fotos familiares, las cartas, etc. En la ejecución de derechos existe también una reserva de embargo similar: los derechos sobre reembolso de gastos, los subsidios para cuidados especiales y los subsidios familiares son inembargables. La remuneración corriente y las pensiones son parcialmente embargables; el monto de la parte inembargable ("mínimo de subsistencia") depende del nivel de las percepciones y del número de obligaciones de alimentos del ejecutado.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Los actos de disposición del obligado sobre su patrimonio surten en principio efectos jurídicos aunque se haya iniciado la ejecución, pero pueden tener consecuencias penales, cuando la enajenación de una parte de su patrimonio o su disminución impida o reduzca la satisfacción de un acreedor. También se penaliza al obligado que sustraiga de la ejecución una cosa oficialmente embargada. Si la ejecutabilidad del crédito se ve afectada, el acreedor puede, en determinadas circunstancias, impugnar judicialmente dicho acto jurídico, solicitar que se declare su ineficacia y exigir que el bien que el deudor había excluido de la satisfacción de los acreedores cubra su crédito.

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La ejecución sobre los fondos bancarios del obligado se realiza mediante embargo y transferencia: el despacho de ejecución contiene la prohibición de que la institución donde está la cuenta pague al obligado y la prohibición de que el obligado disponga del crédito frente a la institución. Con la notificación del despacho de ejecución a la institución bancaria el embargo surte efectos. Ésta emite, entonces, para el tribunal y el acreedor ejecutante un certificado sobre la situación y alcance del crédito. La realización del derecho embargado tiene lugar mediante transferencia. La resolución que da curso a la solicitud de transferencia otorga al acreedor ejecutante el derecho de obtener el pago de terceros deudores (institución bancaria donde está la cuenta) , en su caso, mediante demanda judicial. Los pagos del banco al titular de la cuenta, a pesar del embargo de ésta, no surten efecto alguno sobre la liberación de la deuda.

3.3. ¿Qué periodo de validez tienen las medidas de ejecución? ¿El periodo de validez está limitado por ley o por resolución judicial?

El despacho de la ejecución (para la satisfacción de los acreedores) se concede sin limitación temporal. (Sólo la ejecución para garantía y las disposiciones provisionales se despachan para un periodo de tiempo determinado).

El ejecutor judicial debe detener las actividades ejecutivas en caso de satisfacción o aplazamiento del derecho, o renuncia a la prosecución de la ejecución, si lo alega el acreedor o el obligado puede probarlo mediante un documento público o autenticado públicamente.

Además, el obligado o un tercero, con un interés creíble en el aplazamiento, puede solicitar el aplazamiento de la ejecución. Los motivos del aplazamiento los establece la ley con carácter taxativo y comprenden, en particular, las demandas de ejecución y los recursos. De ello se sigue que cuando el aplazamiento de la ejecución ponga en peligro la satisfacción del acreedor ejecutante, sólo podrá concederse mediando la correspondiente garantía por parte del solicitante del aplazamiento.

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El proceso de ejecución, por otra parte, se interrumpe a instancia del acreedor ejecutante, del obligado o de un tercero, por ejemplo, cuando el acreedor ejecutante renuncie a la prosecución de la ejecución, cuando el obligado acredite mediante documentos cualificados la satisfacción de los derechos o el aplazamiento o si el título ejecutivo se declara ulteriormente inválido tras un recurso de nulidad o de revisión. En caso de que el despacho de la ejecución esté viciado o la realización de la ejecución adolezca de defectos graves (por ejemplo, las ejecuciones inútiles, en las que con el patrimonio del obligado no puedan cubrirse ni las costas procesales) , el proceso de ejecución también puede interrumpirse de oficio.

4. ¿Existe recurso contra el despacho de la ejecución? ¿Quién puede interponerlo? ¿Ante qué órgano jurisdiccional y en qué plazo debe interponerse? ¿Qué efectos surte la presentación del recurso?

Contra el despacho de ejecución y, en la medida en que la ley no disponga otra cosa, contra las demás resoluciones dictadas en procesos de ejecución en primera instancia, cabe recurso por la vía jerárquica y sin efectos suspensivos. El recurso debe interponerse en el plazo de 14 días ante el tribunal de ejecución. Las partes en el proceso están facultadas para interponer el recurso. La interposición del recurso contra el despacho de ejecución constituye un motivo de aplazamiento de la ejecución. Por otra parte, el obligado, en determinadas circunstancias (por ejemplo, renuncia a la ejecución) también tiene la posibilidad de invocar la invalidez del despacho de la ejecución mediante demanda contra el acreedor ejecutante.



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