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Última actualización: 23-11-2007
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Indemnización a las víctimas de delitos - Polonia

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ÍNDICE

1. Obtención de una indemnización por daños y perjuicios a cargo del infractor 1.
1.1. ¿Cuáles son las condiciones para solicitar la indemnización por daños y perjuicios en el juicio contra el infractor? 1.1.
1.2. ¿Cómo debe presentarse la solicitud y ante quién? 1.2.
1.3. ¿Cuándo debería hacerlo? 1.3.
1.4. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita antes y/o durante el proceso? 1.4.
1.5. ¿Cómo debería presentar mi solicitud? ¿Qué pruebas deben presentarse en apoyo de la misma? 1.5.
1.6. ¿Hay otras posibilidades de ser indemnizado por el infractor (resolución de indemnización)? 1.6.
1.7. Si el tribunal me reconoce el derecho a una indemnización, ¿existe alguna ayuda especial para la víctima del delito a efectos de la ejecución de la sentencia contra el delincuente? 1.7.
2. Obtención de la indemnización del Estado 2.

 

1. Obtención de una indemnización por daños y perjuicios a cargo del infractor

La reforma del Derecho penal y del procedimiento penal de 1997 modificó significativamente el estatuto de la víctima en el procedimiento penal y la fase preliminar. Esta reforma plasmaba una nueva filosofía del procedimiento penal, pudiendo decirse que uno de los objetivos más importantes de las acciones penales es solucionar el conflicto entre el delincuente y la víctima, resultado del delito cometido contra esta última. Este conflicto puede resolverse o paliarse considerablemente si se indemniza a la víctima.

1.1. ¿Cuáles son las condiciones para solicitar la indemnización por daños y perjuicios en el juicio contra el infractor?

El artículo 39, punto 5, del Código Penal polaco establece, como una de las posibles penas, la obligación de reparar el daño. Esta obligación hace referencia tanto al daño emergente (damnum emergens) como al lucro cesante (lucrum cessans). El hecho de que la víctima haya sufrido daños es condición esencial para solicitar la indemnización por daños y perjuicios. Por otra parte, también se contempla la indemnización por un perjuicio moral, es decir, la pérdida de intereses no materiales.

Como es sabido, de conformidad con el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, la víctima es parte en la fase preliminar. Esta disposición tiene varias consecuencias significativas beneficiosas para la víctima a la hora de solicitar la presentación de las pruebas, la participación en la práctica de la prueba y la interposición de cualquier solicitud contemplada por la normativa. La disposición es crucial para el correcto desarrollo de las fases posteriores del procedimiento.

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Para defender sus derechos en los procedimientos judiciales, la víctima puede asumir el papel de acusador auxiliar (artículos 53 a 58 del Código de Procedimiento Penal), junto al Ministerio Fiscal (acusador auxiliar secundario) o en lugar del Ministerio Fiscal (acusador auxiliar subsidiario). En cuanto a los delitos y faltas perseguidos a instancia de parte, la víctima puede actuar como acusador privado (artículos 59 a 61 del Código de Procedimiento Penal). Por último, para interponer demandas pecuniarias, la víctima puede ejercitar una acción civil en el procedimiento penal.

Cuestión diferente es la demanda civil por daños y perjuicios interpuesta contra un delincuente. Esta clase de procedimientos se basan en las disposiciones del Código Civil polaco relativas a la responsabilidad civil generada por el acto delictivo (artículos 415 - 449).

La regla general establece que una persona culpable de causar un daño a otra está obligada a proceder a su reparación (artículo 415 del Código Civil). Las disposiciones en materia de delitos regulan pormenorizadamente la responsabilidad de los menores bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes. También existe reglamentación sobre la responsabilidad de personas que ejercen tareas de supervisión o son responsables de sus subordinados, etc. El artículo 444 del Código Civil regula la responsabilidad por lesiones corporales o daños en la salud física o mental. Puede reclamarse una indemnización por los perjuicios sufridos (artículo 445 del Código Civil) y el fallecimiento de los heridos (artículo 446 del Código Civil). El artículo 448 del Código Civil establece el procedimiento detallado para reclamar una indemnización por los intereses personales perjudicados, mencionados en el artículo 23 del Código Civil.

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Se ha de añadir que la culpa del infractor, que constituye una condición previa para poder interponer una demanda por daños y perjuicios, difiere ligeramente si se trata de Derecho civil o de Derecho penal; ello puede influir en la elección del método empleado para exigir la indemnización. La prescripción de los plazos relativos a esas demandas también difieren en derecho civil y en derecho penal (mucho más largos).

1.2. ¿Cómo debe presentarse la solicitud y ante quién?

El artículo 46 del Código Penal establece disposiciones detalladas sobre esta sanción penal. El legislador considera que la indemnización por los daños y perjuicios resultantes de un delito con resultado de muerte, daños graves en la salud física y mental, problemas en el funcionamiento de órganos corporales, o de delitos contra la seguridad vial o que impliquen daños ambientales o contra la propiedad y las transacciones comerciales, forma parte integrante de una resolución relativa a la responsabilidad penal del autor de la infracción. Se considera que un tribunal está obligado a dictaminar la indemnización de un daño causado por un delito, si la víctima u otra persona habilitada (por ejemplo, la persona más próxima con arreglo al Código Penal) presenta una demanda en ese sentido. Tal demanda debe interponerse directamente ante el tribunal durante el juicio. Si bien no presenta problema alguno el hecho de que la víctima desee presentar una demanda ya en la fase preliminar, sin embargo, compete al tribunal pronunciarse sobre la demanda en su resolución definitiva.

En ese caso, el tribunal está obligado a adoptar una resolución sobre la concesión, total o parcial, de indemnización. El tribunal no puede oponerse a dicha concesión en caso de que queden acreditados la responsabilidad del infractor y los daños ocasionados. En caso de que existan dudas en relación con el alcance del daño causado, el tribunal debe tenerlas en cuenta.

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Por lo que se refiere a la obligación de reparar el daño, el artículo 46 del Código Penal establece que no son de aplicación las disposiciones de Derecho civil relativas a la prescripción de las demandas y a la posibilidad de conceder una renta anual. Esta solución es ventajosa para la víctima, dado que el plazo de prescripción en el Derecho penal es mucho más prolongado que en el Derecho civil, especialmente por lo que se refiere a la referida lista de delitos.

Con frecuencia, especialmente si ha transcurrido mucho tiempo, no es posible determinar exactamente el alcance del daño ocasionado por un delito. El artículo 46, apartado 2, del Código Penal establece la posibilidad de conceder un pago adicional para indemnizar a la víctima por cualquier lesión corporal o daño grave contra su salud. La decisión sobre un pago adicional depende también de que lo reclame la víctima.

Con vistas a la futura indemnización de la víctima, es importante que el Ministerio Fiscal le informe de que se va a proceder al enjuiciamiento. La víctima debe ser informada de sus derechos en materia de indemnización pecuniaria y, cuando proceda, de su derecho a actuar en calidad de acusador auxiliar. Por tanto, las autoridades encargadas de la investigación penal deben informar convenientemente a las víctimas de sus derechos.

Entre estas disposiciones y las del artículo 415, apartado 6, del Código de Procedimiento Penal existe un vínculo indisociable que establece que, si se condena al acusado o se interrumpe condicionalmente el procedimiento, en casos especificados por la ley, el tribunal deberá pronunciarse sobre la concesión de un pago adicional o impondrá la obligación de indemnizar a la víctima por el daño padecido. En el apartado 5 de este artículo se concede una discreción aún mayor al tribunal, puesto que, si se condena al acusado o se interrumpe el procedimiento cautelarmente, el tribunal puede determinar de oficio que se conceda una indemnización a la víctima, a menos que la ley disponga otra cosa.

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Indemnizar por daños y perjuicios es obligatorio cuando tiene lugar una suspensión cautelar del proceso. En ese caso, de conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Código Penal, el tribunal debe obligar al infractor a indemnizar el daño.

La indemnización por daños y perjuicios es opcional cuando se aplica el instrumento de suspensión cautelar del proceso. En ese caso, de conformidad con el artículo 71, apartado 2, del Código Penal, el tribunal puede establecer una indemnización por daños y perjuicios, excepto cuando se trate de una sentencia dictada en aplicación del artículo 46 del Código Penal.

El legislador aspira a solucionar el conflicto ocasionado por el delito. El objetivo de la investigación y del procedimiento judicial debe ser la resolución amistosa del litigio, entre otras cosas, mediante el recurso a la mediación. En caso de acuerdo entre la víctima y el infractor en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios o a la forma de proceder a la misma, el tribunal puede otorgar, con carácter excepcional, una reducción de la pena. Aunque decida no dictar sentencia, el tribunal puede ordenar una indemnización penal, si el objetivo se puede satisfacer de esa forma.

En caso de que el artículo 46 del Código Penal no sea aplicable y que el Ministerio Fiscal haya solicitado una condena por un delito menor, el tribunal puede aceptar tal requerimiento con la condición de una indemnización total o parcial por los daños causados (véase el artículo 335 del Código de Procedimiento Penal).

Como es sabido, de conformidad con el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal, la víctima es parte en la fase preliminar. Esta disposición tiene consecuencias significativas en la presentación de pruebas individuales, en la participación en las pruebas presentadas y en la presentación de toda solicitud prevista por ley en beneficio de la víctima, lo que es esencial para el buen desarrollo de las fases posteriores del proceso.

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La víctima puede constituirse como acusador auxiliar (artículos 53 a 58 del Código de Procedimiento Penal), junto al Ministerio Fiscal (acusador auxiliar secundario) o en su lugar (acusador auxiliar subsidiario). En cuanto a los delitos perseguidos a instancia de parte, la víctima puede actuar como acusador particular (artículos 59 a 61 del Código de Procedimiento Penal). Por último, para interponer demandas pecuniarias la víctima puede unir una acción civil a las acciones penales.

De conformidad con el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal, las demandas que resulten de un delito pueden recuperarse mediante acciones civiles o, en los casos previstos por la ley (es decir, el Código de Procedimiento Penal), mediante acciones penales. La constitución en parte civil es un instrumento previsto en el Código de Procedimiento Penal, pero su finalidad es pronunciarse sobre las demandas civiles del demandante contra el acusado. El ejercicio de una acción civil en un procedimiento penal crea una situación de litispendencia (lis pendens) que descarta un proceso civil ulterior. Por otro lado, la litispendencia en un tribunal civil genera un impedimento para considerar la acción civil en un procedimiento penal, por lo que el asunto no se tomará en consideración o será sobreseído.

Del mismo modo, una sentencia del tribunal competente sobre las pretensiones de la víctima en un proceso penal crea una situación de cosa juzgada que impide que pueda juzgarse el mismo asunto en otro proceso civil. Sin embargo, cuando la indemnización concedida no cubra la totalidad de los daños o no constituya una compensación adecuada a la gravedad del delito, la víctima puede entablar una acción por daños adicionales en un procedimiento civil (artículo 415 del Código de Procedimiento Penal).

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1.3. ¿Cuándo debería hacerlo?

De conformidad con el artículo 46 del Código Penal, la solicitud de indemnización puede ser interpuesta por la víctima junto con la notificación del delito durante la fase preliminar o después de que el Ministerio Fiscal decrete el procesamiento. Una vez que se haya identificado como tal a la víctima, ésta puede interponer una solicitud de este tipo ante el tribunal; las autoridades responsables del procedimiento han de informar de esta posibilidad a la víctima.

En cuanto al momento más adecuado para interponer una demanda de naturaleza civil en un procedimiento penal, la víctima puede ejercitar una acción civil de indemnización pecuniaria contra la persona demandada por los daños y perjuicios directamente resultantes del delito, hasta la incoación del procedimiento. Se ha de subrayar que el procedimiento judicial se inicia en el momento de lectura del escrito de procesamiento.

La acción debe ejercitarse ante el tribunal competente en materia penal. La acción civil puede ejercitarse ya en el transcurso de la fase preliminar. En ese caso, la autoridad responsable del asunto adjunta la demanda a los autos y el tribunal se pronuncia sobre su admisibilidad. Entonces se considera que la fecha de la solicitud es la fecha en que se ejercitó la acción. Paralelamente a la presentación de la solicitud en la fase preliminar, la víctima puede solicitar que se asegure la pretensión. El Ministerio Fiscal debe pronunciarse sobre esta cuestión y su resolución puede ser objeto de recurso.

En caso de fallecimiento de la víctima, sus familiares más próximos pueden ejercitar la acción hasta el comienzo del procedimiento judicial. Si la víctima fallece después de que se hubiera iniciado el procedimiento (es decir, que fallece el demandante civil), los parientes más próximos pueden subrogarse en los derechos del fallecido y recuperar las sumas que se le adeudasen (véase el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal).

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Si el tribunal penal se niega a admitir la demanda, la víctima puede solicitar, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la inadmisión, que sea remitida a un tribunal civil.

El órgano jurisdiccional sólo debe decidir sobre el fondo de la demanda civil estimando o desestimando total o parcialmente la acción en los casos de condena o de suspensión condicional del procedimiento. En otros casos, el tribunal se abstendrá de juzgar. En tal caso, el perjudicado puede recurrir a los tribunales civiles.

El tribunal puede negarse a resolver una resolución sobre la obligación de indemnizar el daño. Si así fuere, se alza la fianza, si bien la víctima puede ejercitar una acción civil en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que la sentencia adquiere firmeza. Si se interpone una solicitud de indemnización por daños y perjuicios, la fianza sigue siendo válida, a menos que el tribunal decida lo contrario en el proceso civil (artículo 294 del Código de Procedimiento Penal).

El papel de acusador auxiliar también permite que la víctima reivindique sus derechos legales (incluidos los pecuniarios y de indemnización) ayudando al Ministerio Fiscal, que, como su propio nombre sugiere, representa sobre todo el interés público.

En caso de que el Ministerio Fiscal formule cargos, la víctima puede presentar una declaración (de forma escrita u oral adjunta a los autos) por la que asuma el papel de acusador auxiliar hasta el inicio del procedimiento en la vista principal. Otras víctimas del mismo delito disponen de idéntico plazo para adherirse al proceso principal.

En caso de que el Ministerio Fiscal decida no formular cargos, esta decisión no implica la pérdida de los derechos del acusador auxiliar.

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El fallecimiento del acusador auxiliar no impide la continuación del proceso. Los parientes más próximos pueden asumir ese papel en cualquier estadio del procedimiento. En cuanto al mismo papel con carácter subsidiario, el familiar más cercano puede adherirse al proceso en el plazo de tres meses.

La víctima puede hacer valer sus derechos a través de una acusación particular en el caso de delitos perseguidos a instancia de parte. Otras víctimas del mismo delito pueden adherirse al procedimiento en curso hasta el comienzo del procedimiento judicial en la vista principal. Si el interés público lo requiere, el Ministerio Fiscal puede iniciar el proceso o adherirse al proceso en curso. En la práctica ello se refiere a las situaciones en las que en la fase preliminar se desconoce si el delito es perseguible de oficio o a instancia de parte (por ejemplo, si el acto constituye una infracción a la que se aplica el artículo 156 del Código Penal, o sólo una infracción de la inviolabilidad de otro individuo).

La indemnización por daños y perjuicios puede estar estrechamente ligada a las medidas cautelares previstas en el Código de Procedimiento Penal, si el acusado u otra persona deposita una fianza, ya sea en forma pecuniaria, de valores, bonos o hipotecas (una hipoteca sobre bienes se considera una medida cautelar que se adopta para garantizar el buen desarrollo del procedimiento). Los bienes o la cuantía económica que constituye la fianza que se confisca o recauda se transfiere o se ingresa en el Tesoro Público. La víctima tiene entonces prioridad en la satisfacción de sus demandas resultantes del delito, si los daños y perjuicios no pueden ser indemnizados por otros medios.

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Cuando la víctima reclama una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por un hecho delictivo, la garantía previa sobre un bien a efectos de la obligación futura de compensar el daño es tan importante como el acto mismo de interponer una solicitud de indemnización de conformidad con el artículo 46 del Código Penal.

1.4. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita antes y/o durante el proceso?

Se puede designar a un abogado para el demandante civil, con arreglo a las normas previstas en el procedimiento civil. En el procedimiento puede actuar un abogado del acusador auxiliar y de la acusación particular.

En el caso de hechos delictivos sujetos a la imposición de multas, a la confiscación de bienes materiales, a la imposición de la obligación de compensar los daños ocasionados o de abonar un pago adicional, estas penas pueden garantizarse de oficio directamente con el patrimonio de los acusados (artículo 291 del Código de Procedimiento Penal). La garantía se obtiene conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Existe la posibilidad de embargar bienes muebles u otros derechos de propiedad y de imponer la prohibición de vender e hipotecar bienes inmuebles. Esta prohibición se ha de divulgar en el registro de la propiedad e hipotecario o, en caso de que el inmueble no esté inscrito en dicho registro, se ha de indicar en la lista de documentos que se adjunta. En la medida en que sea posible, se permite colocar bajo administración judicial los bienes inmuebles o las empresas que sean propiedad de los acusados.

El tribunal puede negarse a pronunciarse sobre la obligación de indemnizar por daños y perjuicios. De ser así, se alza la fianza, pero la víctima puede entablar una acción judicial ante el tribunal civil dentro de un plazo improrrogable de tres meses, contado a partir de la fecha en que la sentencia adquiere firmeza. Si se interpone una acción judicial con vistas a la indemnización por daños y perjuicios, la fianza sigue siendo válida, a menos que el tribunal decida de otro modo en el procedimiento civil (artículo 294 del Código de Procedimiento Penal).

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El Código de Procedimiento Penal contempla la posibilidad de garantizar demandas materiales de la víctima de un delito incluso en un fase preliminar del proceso (artículo 295). Por tanto, la policía puede llevar a cabo el embargo de bienes muebles propiedad del sospechoso, si hay indicios suficientes de que pudiera retirarlos en perjuicio de la víctima del delito. El embargo cautelar requiere autorización mediante orden del Ministerio Fiscal, dictado en un plazo de cinco días.

1.5. ¿Cómo debería presentar mi solicitud? ¿Qué pruebas deben presentarse en apoyo de la misma?

Por lo que se refiere a la indemnización por daños y perjuicios en el proceso penal (artículo 46 del Código Penal), la víctima debe interponer una solicitud y el tribunal debe examinarla y llegar a sus propias conclusiones referentes a la evaluación del daño sufrido por la víctima. Ello no significa, sin embargo, que ésta no tenga un papel que jugar, ya que cualquier declaración por su parte puede ser de utilidad al respecto.

En caso de acción civil, debe evaluarse el valor del objeto del litigio, de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. El tribunal debe decidir la suspensión del asunto civil acumulado al procedimiento penal, si las pruebas presentadas en el transcurso de la vista no bastan para pronunciarse sobre el caso y obtener pruebas adicionales ocasionaría una prolongación considerable del proceso. En una acción civil se exige a la víctima que desempeñe un papel más importante.

1.6. ¿Hay otras posibilidades de ser indemnizado por el infractor (resolución de indemnización)?

Cuando se trate de delitos tramitados en un procedimiento acelerado (artículo 469 del Código de Procedimiento Penal), es decir, por lo general, los delitos o faltas menores, el tribunal, sobre la base del material acumulado en las actuaciones preliminares, puede dictar una resolución penal (artículo 500 y siguientes del Código de Procedimiento Penal). Al dictar la resolución penal, el tribunal debe pronunciarse sobre la totalidad de la demanda interpuesta en el procedimiento civil y sobre los daños con arreglo a lo dispuesto en el artículo 415, apartado 5, del Código de Procedimiento Penal.

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1.7. Si el tribunal me reconoce el derecho a una indemnización, ¿existe alguna ayuda especial para la víctima del delito a efectos de la ejecución de la sentencia contra el delincuente?

El tribunal que se haya pronunciado sobre una demanda por daños en bienes ha de anexar una cláusula ejecutoria a la resolución objeto de ejecución (artículo 107 del Código de Procedimiento Penal) a instancias de la persona legitimada al efecto. Una decisión por la que se establece una obligación de indemnizar por daños también se considera una resolución sobre demandas por daños sobre bienes, si pudiera ser ejecutada mediante mandamiento judicial con arreglo al Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se puede anexar una cláusula ejecutoria a una transacción celebrada ante un tribunal.

2. Obtención de la indemnización del Estado

El 21 de septiembre de 2005 entró en vigor la Ley sobre la indemnización del Estado a las víctimas de determinados delitos dolosos. La indemnización es una prestación económica procedente del presupuesto del Estado que se abona a las víctimas de algunos delitos dolosos o a sus parientes más cercanos. Por «víctima» se entiende toda persona física (ciudadano de la República de Polonia y de cualquier otro Estado miembro) que, a consecuencia de un delito doloso cometido con violencia, haya fallecido o haya sufrido lesiones corporales o daños graves en su salud conforme a lo dispuesto en los artículos 156, apartado 1, y 157, apartado 1, del Código Penal.

La Ley se aplica a los delitos dolosos cometidos exclusivamente en el territorio de la República de Polonia e introdujo un principio de subsidiariedad de la indemnización del Estado, lo que implica que sólo se concede cuando la persona de que se trate no pueda obtenerla de cualquier otra fuente.

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La indemnización puede concederse con independencia de que se haya identificado a los delincuentes, se les haya procesado o se les haya condenado.

La concesión de la indemnización del Estado no exime al delincuente de su obligación de reparar el daño ni limita el derecho de la víctima a reclamar la indemnización del infractor en un procedimiento judicial.

En su artículo 3 la Ley incluye un catálogo muy exhaustivo de costes susceptibles de ser compensados: éstos sólo pueden ser pérdidas de ingresos u otros medios de subsistencia, gastos médicos o gastos funerarios. No están cubiertas las pérdidas de intereses materiales ni la indemnización por daños morales. La cuantía máxima de la indemnización se fijó en 12 000 PLN.

Las demandas de indemnización deben interponerse en un plazo de dos años a partir de la comisión del delito.

Otra condición para obtener la indemnización es que se inicie un procedimiento penal. Con carácter excepcional se tienen en cuenta aquellas situaciones en las que no se haya iniciado el procedimiento penal porque hubiera algo que lo impidiera, como por ejemplo, el fallecimiento del infractor. No obstante, no se ha de proceder a la indemnización, si los procesos penales iniciados se interrumpen por las razones siguientes:

  • no se ha cometido delito alguno o no hay pruebas suficientes que acrediten la comisión del delito;
  • la acción en cuestión no constituye un delito o la persona responsable no ha cometido un delito con arreglo a la ley;
  • el impacto del acto en cuestión en la sociedad es insignificante;
  • han finalizado conforme a Derecho diligencias penales en relación con el mismo delito cometido por el mismo individuo, o están pendientes diligencias abiertas con anterioridad;
  • ninguna acusación autorizada ha interpuesto denuncia alguna;

o si después del inicio de acciones legales, el tribunal, tras considerar acreditadas las circunstancias contempladas en el artículo 17, apartado 1, puntos 1 y 2, del Código de Procedimiento Penal, absuelve a los acusados.

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En caso de que, una vez que se hayan interrumpido las acciones penales o se haya absuelto al acusado, se acredite que no había razones para proceder a la indemnización abonada, el artículo 13, apartado 1, de la Ley establece la obligación de reembolsar la indemnización.

La autoridad que decide sobre la concesión de la indemnización y que al mismo tiempo desembolsa los medios económicos con cargo al presupuesto del Estado es el tribunal de distrito.

Existen formularios de solicitud de indemnización a disposición de cualquiera que los solicite.

El fiscal de distrito es la autoridad de ayuda en el territorio de Polonia.

Toda víctima de un delito puede reclamar que se le indemnice por los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado un funcionario de la administración del Estado o de la administración local en cumplimiento de sus funciones (artículos 415 a 421 del Código Civil). En algunos casos la responsabilidad se comparte entre el Tesoro Público y una entidad de la administración local, si el delito se cometió en el desempeño de tareas delegadas por la administración central. El 18 de diciembre de 2001, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad del artículo 418 del Código Civil, que cercenaba considerablemente la posibilidad de reclamar daños y perjuicios al Estado, por ser contrario a la Constitución.

El Código de Ejecución de Penas polaco (artículo 43, apartados 1, 2 y 3) establece la posibilidad de conceder ayudas a las víctimas de delitos y a sus familias, procedentes del Fondo de ayuda postpenitenciario, administrado por el ministro de Justicia. Se trata de ayudas sui generis a fondo perdido procedentes de las arcas del Estado, que no se otorgan a cuenta de futuras indemnizaciones. Tales ayudas las concede directamente el presidente de un tribunal competente o jueces autorizados y los funcionarios de vigilancia penitenciaria. Indirectamente, estas ayudas pueden se concedidas por una organización no gubernamental que haya obtenido medios procedentes del Fondo de asistencia a las víctimas de delitos y sus familias. Las ayudas consisten fundamentalmente en la concesión de prestaciones en metálico, la cobertura de los gastos de la adquisición de alimentos, medicinas, ropa, alquileres o el abono de los costes de asesoría jurídica o psicológica especializada.

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