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Última actualización: 10-10-2007
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Indemnización a las víctimas de delitos - Italia

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ÍNDICE

1. Obtención de indemnización frente al autor de la infracción en concepto de daños y perjuicios 1.
1.1. ¿Quién puede reclamar los daños y perjuicios frente al autor del delito y en qué condiciones (en el procedimiento penal)? 1.1.
1.2. ¿En qué momento procesal hay que interponer la demanda? 1.2.
1.3. ¿Cómo debería plantear esa demanda y ante quién? 1.3.
1.4. ¿Cómo tendría que plantear la demanda (indicando un monto global y/o precisando los daños y perjuicios específicos)? 1.4.
1.5. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita antes y/o durante el proceso? 1.5.
1.6. ¿Qué pruebas se me requerirán en apoyo de mi demanda? 1.6.
1.7. Si el tribunal me concede la indemnización por daños y perjuicios, ¿existe a mi disposición alguna modalidad de asistencia especial, en mi calidad de víctima del delito, para la ejecución de la sentencia contra el autor de la infracción? 1.7.
2. Obtención de la indemnización por el Estado o por un organismo público 2.
2.1. ¿Existe la posibilidad de obtener una indemnización con cargo al Estado o a un organismo público? 2.1.
2.2. ¿Está esa posibilidad limitada a las víctimas de determinados tipos de delitos? 2.2.
2.3. ¿Está esa posibilidad limitada a las víctimas de determinados tipos de daños o perjuicios? 2.3.
2.4. Si la víctima ha fallecido, ¿los parientes próximos o las personas a su cargo pueden obtener una indemnización? 2.4.
2.5. ¿Está la posibilidad de obtener una indemnización limitada a las personas de una determinada nacionalidad, o a personas con residencia en un determinado país? 2.5.
2.6. ¿Puedo reclamar una indemnización en (el Estado miembro) si el delito ha sido cometido en otro país? Si es así, ¿en qué condiciones? 2.6.
2.7. ¿Es necesario haber denunciado el delito a la policía? 2.7.
2.8. ¿Es necesario esperar al resultado de la investigación policial, o del procedimiento penal, antes de interponer una demanda? 2.8.
2.9. Si el autor de la infracción penal ha sido identificado, ¿es preciso intentar primero obtener la indemnización por daños y perjuicios con cargo al autor de la infracción? 2.9.
2.10. Si el autor de la infracción penal no ha sido identificado o condenado, ¿existe alguna posibilidad de recibir una indemnización? En tal caso, ¿qué pruebas tengo que proporcionar en apoyo de mi demanda? 2.10.
2.11. ¿Hay un plazo para plantear la demanda de indemnización por daños y perjuicios? 2.11.
2.12. ¿Respecto de qué daños y perjuicios puedo ser indemnizado? 2.12.
2.13. ¿Cómo se calculará la indemnización? 2.13.
2.14. ¿Existe un montante mínimo y/o máximo que me puede ser atribuido? 2.14.
2.15. ¿La indemnización que yo he recibido, o que puedo recibir, por los mismos daños y perjuicios pero proveniente de otras fuentes (tales como un seguro), será deducida de la indemnización del Estado? 2.15.
2.16. ¿Existen otros elementos que pueden influir en mi posibilidad de recibir una indemnización, o en el modo de calcular su montante, tal como mi comportamiento durante los hechos que causaron los daños y perjuicios? 2.16.
2.17. ¿Puedo obtener un anticipo de la indemnización? Si es así, ¿bajo qué condiciones? 2.17.
2.18. ¿Dónde puedo obtener los formularios necesarios y las informaciones complementarias sobre el proceso a seguir para interponer la demanda? ¿Existe un número de teléfono especial, o un sitio web, que yo pueda utilizar? 2.18.
2.19. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita para interponer la demanda? 2.19.
2.20. ¿Dónde tengo que enviar la solicitud de asistencia jurídica gratuita? 2.20.
2.21. ¿Existen asociaciones de ayuda a las víctimas que puedan ofrecer una asistencia suplementaria? 2.21.

 

1. Obtención de indemnización frente al autor de la infracción en concepto de daños y perjuicios

1.1. ¿Quién puede reclamar los daños y perjuicios frente al autor del delito y en qué condiciones (en el procedimiento penal)?

Mediante la constitución en parte civil: en el ordenamiento italiano, el derecho a ejercer la acción civil en el ámbito de un proceso penal se rige por el "codice di procedura penale" (Código de Procedimiento Penal, en lo sucesivo c.p.p.), y más concretamente por el título V (artículos 74 y 75) del libro I, consagrado a las partes en el proceso.

En particular, el artículo 74 del c.p.p. atribuye el derecho a ejercer la acción civil con vistas a la restitución y el resarcimiento de los daños y perjuicios en el proceso penal al sujeto que ha sufrido el daño, o bien a sus herederos universales, frente al inculpado y al responsable civil (particular que, según las leyes civiles, debe responder de los actos de otro).

Por sujetos con derecho a ejercer la acción civil en el proceso penal, sobre la base del citado artículo 74 del c.p.p., se entienden tanto las personas físicas como las jurídicas.

Este derecho puede ejercerse independientemente de la interposición de una acción para obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios por la vía civil.

La legitimación para constituirse en parte civil en el proceso penal sobre la base de las disposiciones específicas se extiende también a quienes no han sufrido directamente el daño derivado del delito, a los que el ordenamiento reconoce este derecho en razón del interés de que son portadores (como, por ejemplo, tutores, síndicos, comisarios judiciales, administradores judiciales y asociaciones y consorcios varios).

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La acción civil es inadmisible en el proceso penal contra inculpados menores de edad con arreglo a lo establecido en el artículo 10 del D.P.R. 448/98.

Las condiciones para promover la acción civil en el ámbito de un proceso penal se rigen por lo dispuesto en el libro I, título V, artículos 76-82, del c.p.p., dedicado a las partes en el proceso.

La acción civil puede ejercerse sólo por personas que tienen reconocidos el libre ejercicio de sus derechos y una plena capacidad jurídica.

A falta de tales requisitos, las personas interesadas pueden ejercer la acción civil a través de personas debidamente autorizadas de conformidad con las normas del "codice di procedura civile" (Código de Procedimiento Civil) expresamente invocadas por el "codice di procedura penale" (art. 77 c.p.p.).

1.2. ¿En qué momento procesal hay que interponer la demanda?

La constitución en parte civil debe producirse, so pena de prescripción, antes de que el juez proceda a las comprobaciones relativas a la constitución regular de las partes en el juicio (audiencia preliminar o vista). Si la constitución se produce pasado este plazo, la parte civil no podrá servirse de la facultad de presentar listas de testigos, peritos o asesores técnicos.

Aunque ya se haya interpuesto ante la jurisdicción civil, la acción puede trasferirse a la jurisdicción penal, siempre que no haya recaído sentencia en el proceso civil, con la consiguiente renuncia del interesado a la acción civil y determinación de las costas del proceso civil por el juez de lo penal. La constitución en parte civil en el proceso penal suspende el proceso civil incoado posteriormente, que se reanuda una vez que el juez de lo penal ha dictado sentencia (artículo 75 c.p.p.).

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1.3. ¿Cómo debería plantear esa demanda y ante quién?

El acto de constitución en parte civil debe contener, so pena de inadmisibilidad, la indicación formal de todos los requisitos subjetivos y objetivos del proceso al cual se refiere, taxativamente enumerados en el artículo 78 c.p.p., y puede depositarse tanto ante la secretaría del tribunal competente como directamente en la vista. Si se presenta fuera de la vista, la declaración de constitución en parte civil debe ser notificada por la parte civil a las otras partes y produce efecto para cada una de ellas desde el día en que se realiza la notificación.

1.4. ¿Cómo tendría que plantear la demanda (indicando un monto global y/o precisando los daños y perjuicios específicos)?

La declaración de constitución en parte civil debe depositarse ante la secretaría del tribunal que proceda o presentarse en la vista, y debe contener, so pena de inadmisibilidad:

  1. la identidad de la persona física o la denominación de la asociación o del ente que se constituye en parte civil y la identidad de su representante legal;
  2. la identidad del demandado contra el que se ejerce la acción civil u otras indicaciones personales que sirvan para identificarlo;
  3. el nombre y los apellidos del abogado y el poder otorgado;
  4. la exposición de los motivos que justifican la demanda;
  5. la firma del abogado.
1.5. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita antes y/o durante el proceso?

Sí. La nueva ley nº 206, de 3 agosto de 2004, establece que en los procesos penales, civiles, administrativos y contables la defensa tanto de la víctimas de actos terroristas y similares como sus familiares corre enteramente a cargo del Estado.

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1.6. ¿Qué pruebas se me requerirán en apoyo de mi demanda?

Cualquier prueba que sirva para demostrar el daño sufrido como consecuencia del comportamiento del demandado.

1.7. Si el tribunal me concede la indemnización por daños y perjuicios, ¿existe a mi disposición alguna modalidad de asistencia especial, en mi calidad de víctima del delito, para la ejecución de la sentencia contra el autor de la infracción?

No.

2. Obtención de la indemnización por el Estado o por un organismo público

2.1. ¿Existe la posibilidad de obtener una indemnización con cargo al Estado o a un organismo público?

Sí.

2.2. ¿Está esa posibilidad limitada a las víctimas de determinados tipos de delitos?

En algunos casos, cuando se trata de delitos especialmente graves (como los relacionados con actos terroristas y similares o con la delincuencia organizada, la usura, el tráfico de seres humanos, etc.). En particular, por lo que se refiere a las víctimas de actos terroristas, la nueva Ley nº 206, de 3 de agosto de 2004, ha establecido, colmando así una importante laguna legislativa, que las nuevas disposiciones se apliquen a todas las víctimas de actos terroristas y similares, acaecidos en el territorio nacional o fuera de él, cuando afecten a ciudadanos italianos, así como a sus familiares supervivientes, ampliando de este modo el alcance de la normativa a los actos sufridos por las víctimas del terrorismo fuera, también, del territorio nacional.

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2.3. ¿Está esa posibilidad limitada a las víctimas de determinados tipos de daños o perjuicios?

Sí. Por ejemplo, en el caso de las víctimas de delitos de terrorismo, a todos los que sufren una invalidez permanente inferior al 80 por ciento de la capacidad laboral causada por actos de terrorismo o similares, se les reconoce un aumento equivalente a diez años de cotizaciones que incrementa, proporcionalmente a esta antigüedad, el nivel de sus pensiones, así como el subsidio de desempleo o cualquier otra prestación equivalente. Las personas que sufren una invalidez permanente igual o superior al 80 por ciento de la capacidad laboral causada por actos terroristas y similares se equiparan, a todos los efectos legales, a los grandes inválidos de guerra a que se refiere el artículo 14 del texto único recogido en el decreto del Presidente de la República nº 915, de 23 de diciembre de 1978.

A todas las personas que sufren una invalidez permanente igual o superior al 80 por ciento de la capacidad laboral causada por actos terroristas y similares se les reconoce además el derecho inmediato a la pensión directa, calculada sobre la base de la última retribución percibida íntegramente por el derechohabiente y reajustada según las disposiciones del artículo 2, párrafo 2. Los mismos criterios mencionados en el párrafo 2 se aplican para el reajuste del nivel de la pensión de supervivencia o indirecta en favor de los supérstites en caso de muerte de la víctima de actos terroristas y similares, y tales pensiones, además, a todos los efectos son irreducibles.

Para cualquier persona que sufra o haya sufrido, como consecuencia de heridas o lesiones causadas por actos terroristas o similares, una invalidez permanente no inferior a un cuarto de la capacidad laboral, así como para los supervivientes de las víctimas, incluidos los hijos mayores de edad, está actualmente previsto, desde la fecha de entrada en vigor de la ley, además de la citada asignación, una pensión vitalicia especial, intransferible, de 1.033 euros mensuales, sujeta a la indización automática a que se refiere el artículo 11 del decreto legislativo nº 503, de 30 de diciembre de 1992, y sus sucesivas modificaciones. En caso de fallecimiento, a los supervivientes con derecho a recibir la pensión de supervivencia se les asignan dos anualidades, que incluyen la decimotercera mensualidad, de la citada pensión, limitada al cónyuge superviviente, a los hijos menores de edad, a los hijos mayores de edad y a los padres y hermanos, en la medida en que convivieran con la víctima y estuvieran a su cargo. Los porcentajes de invalidez ya reconocidos y satisfechos sobre la base de los criterios y disposiciones de la normativa vigente en la fecha de entrada en vigor de la ley se revisan teniendo en cuenta el eventual agravamiento físico ocurrido y el reconocimiento del daño biológico y moral.

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Por otra parte, tanto las víctimas de actos terroristas y similares como sus familiares reciben asistencia psicológica a cargo del Estado. A los jubilados víctimas de actos terroristas y similares, así como a sus supervivientes, se les garantiza la adecuación constante del nivel de las respectivas pensiones al tratamiento del que gozan los trabajadores activos en las situaciones económicas correspondientes y con igual antigüedad.

2.4. Si la víctima ha fallecido, ¿los parientes próximos o las personas a su cargo pueden obtener una indemnización?

Sí. Véase asimismo la respuesta a la pregunta anterior.

2.5. ¿Está la posibilidad de obtener una indemnización limitada a las personas de una determinada nacionalidad, o a personas con residencia en un determinado país?

El derecho a obtener un resarcimiento asiste a los ciudadanos italianos, extranjeros y apátridas.

2.6. ¿Puedo reclamar una indemnización en (el Estado miembro) si el delito ha sido cometido en otro país? Si es así, ¿en qué condiciones?

La nueva ley nº 206, de 3 de agosto de 2004, destinada a colmar una importante laguna legislativa, ha establecido que las nuevas disposiciones se apliquen a todas las víctimas de actos terroristas y similares, acaecidos tanto en el territorio nacional como fuera de él, en la medida en que afecten a ciudadanos italianos, así como a sus familiares supervivientes, extendiendo así el alcance de la normativa a los actos sufridos por las víctimas del terrorismo fuera, también, del territorio nacional.

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2.7. ¿Es necesario haber denunciado el delito a la policía?

Sí.

2.8. ¿Es necesario esperar al resultado de la investigación policial, o del procedimiento penal, antes de interponer una demanda?

No.

2.9. Si el autor de la infracción penal ha sido identificado, ¿es preciso intentar primero obtener la indemnización por daños y perjuicios con cargo al autor de la infracción?

No.

2.10. Si el autor de la infracción penal no ha sido identificado o condenado, ¿existe alguna posibilidad de recibir una indemnización? En tal caso, ¿qué pruebas tengo que proporcionar en apoyo de mi demanda?

Sí, en el ámbito de los delitos a que se refiere el presente punto. Se precisan las pruebas en que se fundamenta la solicitud de resarcimiento.

2.11. ¿Hay un plazo para plantear la demanda de indemnización por daños y perjuicios?

Si la demanda se presenta en el ámbito de un proceso penal mediante constitución en parte civil, los plazos son los previstos para ello, ya ilustrados anteriormente. Si la demanda se presenta fuera del ámbito procesal, se aplican los plazos legales normales de prescripción y caducidad.

2.12. ¿Respecto de qué daños y perjuicios puedo ser indemnizado?

Muerte e invalidez permanente en los porcentajes previstos por la ley.

2.13. ¿Cómo se calculará la indemnización?

Véase la respuesta a la pregunta 2.3.

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2.14. ¿Existe un montante mínimo y/o máximo que me puede ser atribuido?

Sí, pero varía en función de la naturaleza del delito.

En materia de víctimas de delitos terroristas, la nueva ley nº 206, de 3 de agosto de 2004, destinada a colmar una importante laguna legislativa, ha establecido que las nuevas disposiciones se apliquen a todas las víctimas de actos terroristas y similares cometidos en el territorio nacional o fuera de él, en la medida en que afecten a ciudadanos italianos, así como a sus familiares supervivientes, extendiendo así el alcance de la normativa a los actos sufridos por las víctimas del terrorismo fuera, también, del territorio nacional.

Por otra parte, la ley ha “actualizado” el nivel de la asignación ya prevista anteriormente para las víctimas de actos terroristas.

La asignación, introducida en prime lugar por el artículo 1, párrafo primero, de la ley nº 302, de 20 de octubre de 1990, y sus sucesivas modificaciones, se prevé actualmente en el nivel máximo de 200.000 euros en proporción al porcentaje de invalidez declarada y en razón de 2.000 euros por cada punto porcentual.

Incluso antes del inicio de acciones judiciales o administrativas, la administración competente del Estado puede, de oficio o a instancia de parte, ofrecer a la víctima de actos terroristas y similares o a los herederos una suma a título de compensación definitiva, que, en caso de ser aceptada, excluye cualquier otra acción y constituye una transacción a todos los efectos.

2.15. ¿La indemnización que yo he recibido, o que puedo recibir, por los mismos daños y perjuicios pero proveniente de otras fuentes (tales como un seguro), será deducida de la indemnización del Estado?

Sí.

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2.16. ¿Existen otros elementos que pueden influir en mi posibilidad de recibir una indemnización, o en el modo de calcular su montante, tal como mi comportamiento durante los hechos que causaron los daños y perjuicios?

En materia de víctimas de terrorismo, el individuo lesionado no debe haber participado en la comisión de los actos lesivos o en delitos conexos.

2.17. ¿Puedo obtener un anticipo de la indemnización? Si es así, ¿bajo qué condiciones?

En materia de víctimas de delitos de terrorismo, a raíz de las modificaciones introducidas por el decreto ley nº 13, de 4 de febrero de 2003, convertido en la ley nº 56 de 2 de abril de 2003, se ha previsto el pago de una pensión vitalicia a los derechohabientes (ex Decreto del Presidente de la República nº 510, de 28 de julio de 1999), incluso no habiéndose dictado sentencia, siempre que los supuestos para la concesión sean evidentes y tanto las informaciones obtenidas como las investigaciones realizadas evidencien inequívoca e indiscutiblemente la naturaleza terrorista o subversiva de la acción, o bien su connotación de hecho adscribible a la delincuencia organizada, así como el nexo de causalidad entre la propia acción y el hecho invalidante o mortal.

Por otra parte, esta normativa ha elevado hasta el 90% la asignación concedida a título provisional a las víctimas del terrorismo y la delincuencia organizada, contemplando asimismo la posibilidad de extender la pensión vitalicia ya prevista por las leyes vigentes a los ciudadanos italianos, a los extranjeros, a los apátridas y a los supervivientes, antes incluso de que se dicte la sentencia, cuando las investigaciones evidencien con absoluta claridad la naturaleza terrorista, subversiva o imputable a formas de delincuencia organizada de las acciones causantes del daño.

2.18. ¿Dónde puedo obtener los formularios necesarios y las informaciones complementarias sobre el proceso a seguir para interponer la demanda? ¿Existe un número de teléfono especial, o un sitio web, que yo pueda utilizar?

En el Ministerio del Interior.

2.19. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita para interponer la demanda?

Sí, pero los gastos de tramitación corren a cargo del solicitante.

2.20. ¿Dónde tengo que enviar la solicitud de asistencia jurídica gratuita?

Al Ministerio del Interior.

2.21. ¿Existen asociaciones de ayuda a las víctimas que puedan ofrecer una asistencia suplementaria?

Tanto las víctimas de actos terroristas y similares como sus familiares reciben asistencia psicológica a cargo del Estado.

Información complementaria

¿Existen otras opciones para obtener una indemnización con cargo al autor de la infracción penal ("compensation orders")?

No.

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