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Última actualización: 12-05-2009
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¿Cómo acudir a los tribunales? - Polonia

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ÍNDICE

1. ¿Debo necesariamente acudir a un órgano jurisdiccional, debo hacerlo sin representación, por ejemplo, representado por un abogado? 1.
2. A quién debo dirigirme concretamente: ¿a la recepción o a la secretaría del tribunal, o bien a cualquier otra administración? 2.
3. ¿En qué lengua debo formular mi solicitud? ¿Puedo hacerlo oralmente o debe ser necesariamente por escrito? ¿Puedo hacerlo por fax o por correo electrónico? 3.
4. ¿Existen formularios para presentar la demanda? Y en caso de que no los hubiera, ¿cómo debe estar constituido el expediente? ¿Existen elementos que deban incluirse obligatoriamente en el expediente? 4.
5. ¿Se deben pagar costas judiciales al tribunal? En caso afirmativo, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Hay que pagar los honorarios de abogado desde el principio? 5.
6. ¿Puedo acceder a la asistencia jurídica gratuita? (tema "Justicia gratuita") 6.

 

1. ¿Debo necesariamente acudir a un órgano jurisdiccional, debo hacerlo sin representación, por ejemplo, representado por un abogado?

En principio, el Código de Procedimiento Civil polaco (en lo sucesivo CPC) no contempla la representación obligatoria por un abogado. Las partes y sus órganos o sus representantes legales pueden actuar ante los tribunales en persona o a través de un representante legal. De conformidad con el artículo 87, apartado 1, del CPC, es obligatorio estar representado por un abogado en los procedimientos ante el Tribunal Supremo. En tales procedimientos, una parte sólo puede actuar si está representada por un abogado o asesor jurídico. De esta obligación están excluidas las solicitudes de exención de las costas judiciales y las designaciones de un abogado o asesor jurídico de oficio.

La acción judicial puede ser entablada por una persona física con plena capacidad jurídica, por una persona jurídica o por una organización social autorizada a actuar con arreglo a la legislación, aunque no posea personalidad jurídica. Las personas físicas adquieren capacidad jurídica al cumplir 18 años. Las personas físicas que no tengan capacidad jurídica sólo pueden realizar actos procesales a través de un representante legal. Las personas jurídicas y las demás organizaciones con capacidad jurídica realizan actos procesales a través de los órganos autorizados en su nombre. Estos órganos deben acreditar su legitimidad para actuar por medio de una procuración que han de presentar en el momento de realización de la primera actuación procesal.

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El tribunal puede autorizar temporalmente a actuar a aquellas personas que no gocen de capacidad de obrar o que no dispongan de legitimidad siempre que, antes de que expire el plazo establecido, sea subsanada toda carencia y de que los actos sean aprobados por la persona designada a tal efecto. En relación con las partes que no tengan capacidad procesal o representante legal, o con las partes que no hayan designado a un órgano para representarlas, el tribunal, a instancia de la parte contraria, designa a un tutor, en caso de que la parte entable una acción procesal contra la otra parte.

De conformidad con el artículo 87 CPC, el representante puede ser un abogado o un asesor jurídico y, en casos de propiedad industrial, también un agente de patentes, una persona responsable de la gestión de los activos o intereses de la parte o una persona con una relación contractual fija con la parte, si el objeto de la acción estuviera comprendido en el ámbito de tal contrato, un colitigante, así como los padres, el cónyuge, los hermanos o descendientes de la partes y personas relacionadas con la parte por adopción.

El representante de una persona jurídica o de una empresa, aunque no tenga personalidad jurídica, también puede ser empleado o superior jerárquico de dicha entidad. Toda persona jurídica que, en aplicación de disposiciones legislativas específicas, preste servicios jurídicos a una empresa, a una persona jurídica o a otra entidad, puede conferir poderes de representación ad litem, en nombre de la entidad a la que preste servicios jurídicos, a un abogado o a un asesor jurídico, siempre que haya sido autorizada a tal efecto por dicha entidad.

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En casos de determinación de la paternidad o de alimentos, el representante también puede representar a una autoridad local responsable de la previsión social o de una organización social que tenga por objeto la prestación de ayuda familiar.

En casos relativos al funcionamiento de una explotación agrícola, el representante del agricultor también puede representar a una asociación independiente de agricultores de la que sea miembro el agricultor en cuestión.

En casos relativos a la defensa de los consumidores, el representante puede ser el que represente a la organización entre cuyas obligaciones legales se incluyan la defensa de los consumidores.

En casos relacionados con la protección de la propiedad industrial, el representante del autor de una propuesta de invención también puede ser un representante de una organización cuyas obligaciones legales incluyan el apoyo a la propiedad industrial y la asistencia a los autores de propuestas de invención.

2. A quién debo dirigirme concretamente: ¿a la recepción o a la secretaría del tribunal, o bien a cualquier otra administración?

Se debe presentar una reclamación inicial (demanda) directamente en el edificio del tribunal (secretaría del tribunal) o por correo postal.

3. ¿En qué lengua debo formular mi solicitud? ¿Puedo hacerlo oralmente o debe ser necesariamente por escrito? ¿Puedo hacerlo por fax o por correo electrónico?

La demanda y cualquier otro documento debe redactarse en polaco o ir acompañado de una traducción a esta lengua.

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La demanda debe presentarse por escrito. Constituyen una excepción a esta regla los casos relacionados con el Derecho del trabajo y la seguridad social en los cuales el empleado o el asegurado que actúen sin abogado o asesor jurídico pueden entablar oralmente ante el tribunal competente una acción judicial así como cualquier recurso y otros actos procesales (art. 466 CPC).

En los casos enumerados en el artículo 187, apartados 1 y 2, del CPC y en los procedimientos abreviados (véase la documentación relativa a los procedimientos abreviados) se deben utilizar formularios oficiales.

Aunque el escrito inicial (demanda) se envíe por correo electrónico o fax, se ha de entregar posteriormente en la secretaría del tribunal o se ha de enviar por correo postal.

4. ¿Existen formularios para presentar la demanda? Y en caso de que no los hubiera, ¿cómo debe estar constituido el expediente? ¿Existen elementos que deban incluirse obligatoriamente en el expediente?

La acción se entabla mediante la presentación del escrito de demanda, que debe cumplir los requisitos procesales (art. 125-128 CPC) y debe incluir los elementos adicionales previstos en los artículos 187 y siguientes del CPC.

El escrito de demanda ha de incluir:

  1. la denominación del tribunal al que se dirige la demanda, los nombres y apellidos o la denominación de las partes, así como de los respectivos representante legales y procuradores;
  2. la cuantía de la reclamación (o del recurso) en zlotis polacos, redondeado en zlotis;
  3. cuando se trate del primer acto del procedimiento, la designación del lugar de residencia o del domicilio social de las partes, de sus representantes legales; cuando se trate de actos posteriores, la referencia del asunto;
  4. la especificación del tipo de acto;
  5. el objeto de la reclamación y las pruebas que acrediten las circunstancias citadas;
  6. en los documentos preparatorios de la vista (actos preparatorios) se ha de describir brevemente el asunto, se deben abordar las declaraciones de la parte contraria y la prueba por ella presentada y, por último, se han de identificar y adjuntar las pruebas que se han de presentar en la vista;
  7. la firma de la parte o de su representante; si una parte no pudiera firmar una demanda, debe ser firmada por una persona autorizada por dicha parte, indicando la razón por la que la parte no firmó la demanda;
  8. una lista de las pruebas;
  9. cada demanda deberá ir acompañada de copias y de copias de las pruebas que se han de entregar a las personas que participen en la causa, y, si no se hubieran remitido al tribunal los originales de las pruebas, una copia de cada prueba para que sea registrada por el tribunal; en asuntos mercantiles, existe la obligación de remitir directamente a la parte contraria una copia de la demanda con pruebas y de adjuntar a ésta el acuse de entrega o de envío por correo certificado a la parte contraria (art. 4799 CPC);
  10. además, la demanda ha de ir acompañada de un poder; si al abogado que interpone la demanda no se le han conferido poderes de representación.

De conformidad con el art. 187 CPC el escrito de demanda también debe incluir:

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  1. la demanda especificada en detalle;
  2. los hechos que acreditan la demanda y, en caso necesario, que demuestran la competencia del tribunal.

El escrito de demanda también puede incluir:

  • solicitudes en las que se requiera la seguridad de la demanda, solicitudes para que la sentencia sea firme de forma inmediata y para llevar a cabo la vista en ausencia del demandante;
  • solicitudes para preparar la vista, en especial para citar a los testigos y peritos designados por el demandante, para llevar a cabo una inspección ocular, para ordenar al demandado que aporte a la vista cualquier documento que obre en su poder y sea necesario a efectos probatorios o de la inspección ocular, para reclamar cualquier elemento de prueba en posesión de los tribunales, instituciones oficiales o terceros para la vista.

5. ¿Se deben pagar costas judiciales al tribunal? En caso afirmativo, ¿cuándo hay que hacerlo? ¿Hay que pagar los honorarios de abogado desde el principio?

De conformidad con la Ley de 28 de julio de 2005 de costas judiciales en asuntos civiles, las costas judiciales (honorarios y gastos) han de ser sufragadas por la parte que presenta al órgano jurisdiccional un acto sujeto al pago de tasas o que genere gastos. Los gastos se han de abonar en el momento en que se interponga ante el órgano jurisdiccional un acto sujeto al pago de gastos. Si no se abonase, el tribunal no tomará acción alguna (art. 126, apartado 2, del CPC).

De conformidad con el artículo 130 CPC, si no se pudiera tramitar correctamente una demanda por incumplimiento de los requisitos formales, ausencia de un formulario oficial o impago de honorarios, se exigirá a la parte que corrija, complete o abone dicha demanda en el plazo de una semana. De no ser así, la demanda se devolverá a la parte. Si la demanda hubiera sido interpuesta por una persona que residiera o tuviera su domicilio social en el extranjero sin representante en Polonia, el plazo establecido para completar la demanda no deberá ser inferior a un mes. Si no se hubiera actuado en el plazo establecido en el auto, se devolverá la demanda. Las demandas devueltas no surtirán los efectos jurídicos de la interposición de una reclamación judicial ante los tribunales. Toda demanda corregida o completada dentro del plazo establecido surte efecto desde el momento de su interposición (art. 130 CPC).

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De conformidad con el artículo 130, apartado 2, del CPC, las demandas que contengan defectos de forma o no se hayan abonado correctamente y hayan sido interpuestas por un abogado, un asesor jurídico, un agente de patentes o, en procedimientos mercantiles, una empresa, se devolverán sin notificación. En principio, los medios de recurso legales (recursos, reclamaciones, denuncias, denuncias definitivas, solicitudes para que se declare ilegal una resolución legalmente válida, objeciones contra una resolución en rebeldía, alegaciones contra un requerimiento de pago, objeciones contra una resolución de un funcionario de la sala del tribunal) que no respeten los procedimientos formales o no hayan sido pagados, presentados por las entidades antes mencionadas, también son rechazados sin notificación adicional para que sean completados.

El reembolso de las costas de los procedimientos entre las partes se lleva a cabo de conformidad con los principios previstos en los artículos 98 a 110 y en el artículo 520 CPC. La regla básica establecida en el artículo 98 CPC dispone que la parte perdedora reembolsa a la otra parte, previa solicitud, las costas necesarias para el ejercicio voluntario de sus derechos y su defensa voluntaria (costas procesales). Por otra parte, de conformidad con el artículo 100 CPC, si la demanda sólo se hubiera atendido parcialmente, las costas serán soportadas a partes iguales o de forma proporcional. No obstante, el tribunal puede imponer a una de las partes la obligación de reembolsar la totalidad de las costas, si sólo se reconociera a la otra una parte de su demanda o si el importe en cuestión dependiese de un cálculo mutuo o de la evaluación del tribunal. En procesos no litigiosos, cada parte sufraga las costas relativas a su participación en la causa. El tribunal puede determinar las costas sobre la base de la culpa o en razón a la equidad, en caso de que las circunstancias del asunto así lo justifiquen.

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Las costas de los procesos llevados a cabo personalmente por una parte o a través de un representante que no sea abogado o asesor jurídico, incluyen las costas judiciales en que incurre la parte, los gastos de desplazamiento ante el tribunal de la parte o de su representante y el importe equivalente al lucro cesante resultante de la comparecencia de la parte en el juicio. Los gastos totales de desplazamiento y el importe correspondiente al lucro cesante no pueden exceder de los honorarios de un abogado que ejerza en la sede del tribunal ante el que se desarrolle el proceso. En las costas procesales de una parte representada por un abogado se incluye una tasa (que no puede ser más elevada que las fijadas en otras disposiciones), los honorarios del abogado, las costas judiciales y los gastos derivados de la comparecencia personal de la parte en el juicio, ordenada por el tribunal (art. 98 y art. 99 CPC).

La cuantía de las costas judiciales la regula la Ley de 28 de julio de 2005 relativa a las costas judiciales en procesos civiles. Los niveles mínimos de los honorarios de los abogados y de los asesores jurídicos se fijan en dos reglamentos del Ministerio de Justicia, de 28 de septiembre de 2002. Todas las demás cuestiones relacionadas con los honorarios de los abogados o asesores jurídicos se rigen por las disposiciones de los artículos 735 y siguientes del Código Civil (CC). El plazo de pago de los honorarios se fija por acuerdo entre las partes.

En los artículos 94 a 118 de la Ley de 28 de julio de 2005, relativa a las costas judiciales en procesos civiles se establece la exención de las costas judiciales. En los artículos 94 a 98 de dicha Ley se enumeran las entidades y los procesos exentos de la obligación del pago de costas judiciales en virtud de la Ley. Así por ejemplo, quedan exentas las demandas de determinación de la paternidad y las demandas por alimentos.

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Por otra parte, es posible declarar exentas del pago de las costas judiciales a las personas físicas que declaren su incapacidad para soportar tales costas porque iría en detrimento de su manutención o la de su familia (art. 102). El tribunal puede conceder una exención del pago de las costas judiciales a las personas jurídicas o las entidades que no sean personas jurídicas a las que la ley haya conferido capacidad jurídica, si demuestran que no disponen de medios para sufragarlas (art.103). Por otra parte, por lo que respecta a las organizaciones sociales que no desarrollan actividades económicas, el tribunal puede concederles una exención del pago de las costas judiciales en procesos en que sean partes relacionados con actividades sociales, científicas, educativas, culturales, caritativas o de autoayuda, en materia de defensa del consumidor, protección del medio ambiente y seguridad social. Para conceder una exención del pago de las costas judiciales, el tribunal tiene sobre todo en cuenta los objetivos y capacidades de funcionamiento de la organización, así como la necesidad de alcanzar estos objetivos a través de procesos civiles.

Las solicitudes de exención del pago de las costas judiciales deben ser presentadas por escrito o verbalmente para su registro en el tribunal en el que el proceso deba iniciarse o ya esté en curso. La solicitud de exención de las costas debe ir acompañada de una declaración que incluya los pormenores de la situación familiar, los bienes, los ingresos y los medios de subsistencia de la persona que solicite la exención. La declaración se ha de realizar mediante el formulario previsto a tal efecto. Si la declaración no se presentara o no incluyera todos los datos exigidos, se invitará a la parte a completar las carencias dentro del plazo prescrito, sin lo cual se denegará la solicitud. Las personas físicas cuyo domicilio no se encuentre dentro del ámbito competencial del tribunal pueden solicitar la exención del pago de las costas judiciales ante el tribunal de distrito competente de su lugar de residencia. El tribunal remitirá inmediatamente tales solicitudes al tribunal competente.

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En los procesos de registro de la propiedad inmobiliaria, la exención del pago de las costas sólo puede concederse previa presentación de la solicitud de registro. Si la solicitud de registro se presentase por medio de un instrumento notarial, la exención de las costas sólo podrá concederse antes de la conclusión de dicho instrumento.

Las costas judiciales que la parte no esté obligada a pagar o cuyo pago no corresponda al tutor designado por el tribunal o al fiscal serán imputadas a la otra parte en la resolución que ponga término al proceso en esa instancia, siempre que esté justificado o se apliquen adecuadamente las reglas por las que se rige el reembolso de las costas procesales. Las costas no imputadas a la otra parte serán fijadas por el tribunal en la resolución firme que ponga término al proceso en esa instancia, deduciéndose de la reclamación concedida al demandante. En los casos en los que esa solución sea especialmente aconsejable, el tribunal puede abstenerse de la imputación de esas costas (art. 113).

La exención del pago de las costas judiciales no dispensa a la parte de la obligación de reembolsar las costas procesales de la parte contraria.

6. ¿Puedo acceder a la asistencia jurídica gratuita? (tema "Justicia gratuita")

Con arreglo al art. 117 CPC, toda parte que haya quedado exenta total o parcialmente del pago de las costas judiciales por un tribunal, o toda parte que se beneficie de una exención legal relativa al pago de tales costas, puede presentar (oralmente o por escrito) una solicitud para que se le asigne un representante de oficio. La parte debe presentar dicha solicitud al tribunal ante el cual se vaya a iniciar el proceso o en el que ya se esté en curso. La parte que tenga su domicilio en un lugar sobre el que el tribunal no sea competente puede presentar la solicitud al tribunal de distrito que sea competente para su lugar de residencia. El tribunal deberá remitir inmediatamente tales solicitudes al tribunal competente. Las solicitudes de designación de un abogado o un asesor jurídico presentadas por primera vez en un procedimiento de recurso o de apelación, pueden ser remitidas por el tribunal para su examen por parte del tribunal de primera instancia.

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En caso de que el tribunal estime que la participación de un abogado o un asesor jurídico es necesaria en el asunto en cuestión, el tribunal tendrá en cuenta la solicitud. El tribunal solicita al Consejo de distrito del Colegio de Abogados o Asesores Jurídicos correspondiente la designación de un abogado o asesor jurídico. Si el abogado o el asesor jurídico así designado tuviera que adoptar cualquier medida al margen de la jurisdicción del tribunal competente, el Consejo de distrito del Colegio de Abogados correspondiente designará, a instancias del abogado o asesor jurídico designado, a un abogado o asesor jurídico de otro distrito, en caso necesario. La presentación de una solicitud de designación de un abogado o asesor jurídico y la interposición de un recurso contra una recusación de dicha designación no suspenden los procesos pendientes, a menos que la cuestión se refiera a la designación de un abogado o asesor jurídico a raíz de un requerimiento presentado en la petición inicial o antes de la interposición de la acción. No obstante, el tribunal puede suspender el examen del asunto si la solicitud no se presentase de forma legalmente válida y, en consecuencia, puede abstenerse de fijar una fecha para la audiencia o puede cancelar o posponer una audiencia ya fijada (art. 124 CPC).

La cuestión de la exención del pago de las costas y la designación de un abogado de oficio en litigios transfronterizos se regula en la Ley, de 17 de diciembre de 2004, relativa a la asistencia jurídica gratuita en procesos civiles celebrados en los Estados miembros de la UE y a la asistencia jurídica gratuita para la resolución de litigios antes de la realización de tales procesos (véase la ficha sobre la asistencia jurídica gratuita).

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