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Última actualización: 23-08-2005
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Quiebra - España

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ÍNDICE

1. CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE INSOLVENCIA Y QUE OBJETIVOS PERSIGUEN 1.
2. CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA 2.
3. CUÁL ES EL ROL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 3.
4. CUALES SON LOS EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO 4.
5. CUÁLES SON LAS REGLAS ESPECIALES PARA CIERTOS CATEGORÍAS DE CRÉDITOS 5.
6. CUALES SON LAS REGLAS EN RELACIÓN CON LOS ACTOS PERJUDICIALES 6.
7. CUALES SON LAS REGLAS SOBRE COMUNICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 7.
8. CUALES SON LAS REGLAS SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS 8.
9. CUALES SON LAS REGLAS SOBRE LA LIQUIDACIÓN 9.
10. CUALES SON LAS CONDICIONES PARA TERMINAR EL PROCEDIMIENTO 10.

 

1. CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE INSOLVENCIA Y QUE OBJETIVOS PERSIGUEN

La nueva Ley concursal (22/2003, de 9 de julio) ha establecido un solo procedimiento judicial para tramitar la crisis generada por la insolvencia de un deudor común, denominado “Concurso de acreedores”. El deudor se encuentra en estado o situación de insolvencia cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

El concurso de acreedores es el único procedimiento aplicable tanto al deudor civil como al comerciante, con independencia de que sea persona natural o jurídica. Su objetivo principal es la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores, aunque para la consecución de esta finalidad la Ley concursal prima las soluciones que faciliten la continuidad de la empresa y de los puestos de trabajos.

Una vez declarado el concurso, el procedimiento discurre por una fase común en la que se trata de determinar el activo del deudor y la lista de acreedores, debidamente clasificados. Una vez aprobado el inventario y la lista de acreedores, puede optarse por cualquiera de la dos soluciones legales:

  • o tramitar un convenio entre el deudor y sus acreedores ordinarios, cuyo contenido básico es una quita no superior al 50% y/o una espera no superior a 5 años;
  • o acudir a la liquidación, dando preferencia a la venta de la empresa o de unidades productivas, para con lo obtenido pagar los créditos por el orden aprobado.

2. CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

La Ley exige como presupuesto subjetivo que el deudor, ya sea persona natural o jurídica, tenga personalidad jurídica. Sólo están excluidos del concurso las entidades u organismos que forman parte la Administración publica del Estado.

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El presupuesto objetivo, o situación económica en la que debe encontrarse el deudor para que pueda ser declarado en concurso de acreedores, es la insolvencia, entendida no tanto como situación de desbalance patrimonial y sí como imposibilidad de pagar regularmente sus obligaciones exigibles.

El concurso puede ser solicitado por el deudor, sus acreedores o los socios que respondan personalmente de las deudas de la sociedad deudora. Cuando lo pida el deudor, hablamos de un concurso voluntario, y cuando lo pidan el resto de legitimados, lo denominaremos concurso necesario.

El deudor puede solicitar que se le declare en concurso no sólo cuando se encuentre en estado de insolvencia sino también antes, cuando ésta sea inminente. Pero este derecho se convierte en un deber para el deudor cuando la insolvencia sea una realidad, teniendo dos meses para formular formalmente su solicitud. Esta solicitud deberá ir unida a una memoria jurídica y económica, un inventario de sus bienes, una relación de acreedores, y las cuentas anuales de los últimos 3 años, si fuera comerciante. El Juez examinará la documentación presentada y si se justifica la insolvencia o su inminencia, declarará al deudor en concurso de acreedores.

Cuando sean los acreedores quienes pidan el concurso, el Juez concederá audiencia previa al deudor para que pueda oponerse. Para facilitar la acreditación de la insolvencia, la Ley enumera una serie de hechos externos (relacionados con el impago de determinados créditos o la generalidad de ellos, así como el alzamiento de bienes o las ejecuciones de bienes infructuosas) que por sí solos evidencian el estado de insolvencia. El deudor puede oponerse no solo porque niegue el hecho externo sino también porque en realidad no se encuentre en situación de insolvencia. Si no hay oposición, el Juez declara al deudor en concurso, mientras que si hay oposición, se celebrará una vista de juicio para practicar la prueba y luego el Juez resolverá.

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La Ley concursal española, siguiendo el Reglamento de insolvencia 1346/00, atribuye la competencia para conocer del concurso al Juez mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales, que en el caso de las personas jurídicas se presume coincide con su domicilio social. Pero, a estos efectos, el cambio de domicilio social realizado dentro de los seis últimos meses resultará ineficaz.

Si se pide el concurso territorial de un deudor cuyo centro de intereses principales radica en el extranjero, la competencia corresponderá al Juez mercantil en cuyo territorio radique un establecimiento del deudor.

De la resolución que declara el concurso se dará publicidad general y registral. Se publicará, además de en el diario oficial, en alguno de los de máxima difusión en la provincia del deudor. También se anotará en el Registro civil y mercantil, así como en los registro de la bienes en los que el deudor tenga inscrito algún derecho a su favor.

3. CUÁL ES EL ROL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO

El Juez es el órgano rector del procedimiento concursal. A él le corresponde abrirlo y cerrarlo, impulsa su tramitación, supervisa la actuación de la administración concursal y resuelve todas las controversias que pudieran surgir en cualquiera de sus fases.

La administración concursal desempeña un rol complejo: sin dejar de ser un órgano técnico que informa y colabora con el Juez, actúa también en representación de los intereses generales de todos los acreedores, y controla la administración y disposición del patrimonio del deudor.

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Una vez declarado el concurso, los acreedores deberán comunicar sus créditos en el plazo de un mes, a través de un escrito al que se unirá el documento en el que se instrumenté su crédito. Los acreedores pueden personarse y ser parte en el procedimiento, aunque deben hacerlo formalmente a través de procurador; pero no será necesaria dicha representación por procurador y asistencia letrada para comunicar los créditos y para asistir a la Junta de acreedores convocada para votar el convenio.

La junta de acreedores será convocada cuando, una vez aprobados el inventario y la lista de acreedores, se proponga un convenio para su aceptación. Forman parte de ella todos los acreedores ordinarios, y para su constitución se exige un quórum de la mitad del pasivo ordinario.

El deudor mantiene su representación propia dentro del concurso y tiene la obligación de auxiliar a la administración concursal cuando sea requerido para ello.

4. CUALES SON LOS EFECTOS DE LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO

Desde la declaración de concurso quedan afectados todos los bienes y derechos del deudor, presentes y futuros, de contenido patrimonial, salvo los bienes y derechos inembargables. La declaración de concurso se anotará en los registros de bienes en los que estén inscritos estos bienes y derechos.

Para garantizar la integridad del patrimonio del deudor, el Juez puede optar entre suspender al deudor en el ejercicio de la administración y disposición de estos bienes, sustituyendole en estas funciones la administración concursal, o mantener al deudor estas funciones bajo la supervisión de la administración concursal.

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La actividad económica o profesional del deudor continurá, salvo que el Juez acuerde su terminación, por resultar ruinógena.

La adopción de cualquier medida limitativa de derechos fundamentales sobre el deudor (vg. intervención de correspondencia, entrada y registro, arresto domiciliario…) deberá justificarse porque la medida acordada sea imprescindible para la consecución de un objetivo necesario, y se adoptará por el tiempo estrictamente necesario.

Quedan afectados por el concurso todos los créditos anteriores a la declaración de concurso. Los acreedores deberán comunicar sus créditos para que sean reconocidos y clasificados. Tras la declaración de concurso los créditos concursales dejan de devengar intereses, salvo los que gocen de garantía real.

Cualquier reclamación judicial del crédito debe hacerse ante el Juez del concurso, suspendiéndose el efecto de los convenios arbitrales. No obstante, las reclamaciones judiciales y los procedimientos arbitrales iniciados con anterioridad continuaran hasta que se dicte sentencia o laudo, para cuya ejecución habrá que acudir al concurso.

La declaración de concurso paraliza las ejecuciones sobre bienes y derechos del deudor afectados por el concurso, e impide que puedan iniciarse otras nuevas, debiendo los acreedores acudir al concurso para obtener la satisfacción de sus créditos. Excepcionalmente podrán continuar las ejecuciones laborales y administrativas, ya iniciadas antes de la apertura del concurso, salvo que recaigan sobre bienes necesarios para la continuación de la actividad empresarial o profesional del deudor.

La declaración de concurso no constituye por sí una causa de resolución de los contratos, siendo nula la cláusula contractual que legitime a las partes para resolver por este motivo. Lo anterior no impide que puedan resolverse los contratos por otras causas, como por ejemplo el incumplimiento del contrato. Pero en estos caso, una vez declarado el concurso, la resolución de los contratos deberá instarse ante el Juez del concurso.

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Los contratos laborales no quedarán afectados por la declaración de concurso, salvo que se traslada al Juez la competencia para aprobar expedientes de regulación de empleo y de modificación de condiciones de trabajo. El Juez también está facultado para reducir las indemnizaciones pactadas en caso de resolución de contrato de alta dirección. .

5. CUÁLES SON LAS REGLAS ESPECIALES PARA CIERTOS CATEGORÍAS DE CRÉDITOS

En principio, el concurso no afecta a los acreedores cuyos créditos gocen de una garantía real sobre un bien o derecho del deudor, que pueden someterse al concurso, conservando su preferencia de cobro, o ejercitar la garantía real al margen del concurso. La garantía real podrá ejecutarse en cualquier momento, separándose el bien de la masa activa del concurso.

No obstante, si el bien estuviera afecto a la actividad profesional o empresarial del deudor, la ejecución de la garantía real se paralizará hasta que se apruebe un convenio que no le afecte o se abra la liquidación, y nunca más de un año. Transcurrido este término podrá iniciarse o reanudarse, pero de esta ejecución conocerá el Juez del concurso.

Esta misma suspensión se aplicará a las acciones de recuperación de bienes muebles vendidos a plazos o cedidos en leasing, así como a las acciones resolución de contratos de compraventa de bienes inmuebles por falta de pago del precio aplazado.

Se prohibe la compensación de los créditos y deudas que un mismo acreedor tenga con el deudor concursado.

Los créditos desde la declaración de concurso dejan de devengar intereses, salvo los que gocen de garantía real y los créditos salariales, aunque estos últimos tendrán la consideración de créditos subordinados.

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6. CUALES SON LAS REGLAS EN RELACIÓN CON LOS ACTOS PERJUDICIALES

La Ley establece un periodo sospechoso de dos años, anteriores a la declaración de concurso.

Los actos de disposición patrimonial realizados por el deudor en este periodo pueden ser rescindidos, siempre que sean perjudiciales. Con carácter general, la carga de la prueba del perjuicio le corresponde a la administración concursal.

Sin embargo, para facilitar el ejercicio de la rescisión la Ley presume el perjuicio, unas veces iuris tantum, y otras iuris et de iure. Presume el perjuicio sin prueba en contrario en todos las donaciones y disposiciones intervivos a título gratuito, así como en los pagos de créditos que vencían después de la declaración de concurso. Y presume el perjuicio admitiendo la prueba en contrario respecto de la constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes y en los negocios a titulo oneroso realizados con los parientes, y en caso de una persona jurídica, con el administrador de derecho o de hecho, los socios relevantes o las sociedades del grupo.

El efecto de la rescisión es la recíproca restitución de las prestaciones, y cuando no sea posible restituir el bien enajenado, habrá que reintegrar su valor al tiempo de su disposición más los intereses devengados desde entonces. No obstante si hubiera actuado de mala fe, el adquirente estará también obligado a indemnizar los daños y perjuicios.

La acción rescisoria es compatible con otras acciones de reintegración (nulidad, anulabilidad, rescisión por fraude de acreedores…). De todas ellas conocerá el Juez del concurso, a través de un juicio incidental que se tramitará de forma paralela al concurso. El incidente concursal tiene una fase de alegaciones por escrito (demanda y contestación a la demanda), una vista de juicio en la que se practican las pruebas propuestas y declaradas pertinentes, y luego el Juez resuelve por medio de sentencia. Este procedimiento incidental se utiliza para resolver cualquier litigio declarativo dentro del concurso, y discurre de forma paralela a la tramitación del concurso.

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La legitimación activa para ejercitar esta acción le corresponde a la administración concursal, y, sólo en el caso en que ésta no la ejercite, estará legitimado cualquier acreedor que previamente hubiera requerido a la administración concursal. La acción se dirigirá contra el deudor y el adquirente del bien o derecho transmitido. Si el bien hubiera ido a parar a un subadquirente, y se pretende su restitución a la masa, será necesario demandar a dicho subadquirente y probar en su caso la ausencia de buena fe.

7. CUALES SON LAS REGLAS SOBRE COMUNICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS

La administración concursal tiene que elaborar una lista de acreedores, en la que se reconozcan y gradúen los créditos del deudor, en el plazo de dos meses desde la declaración de concurso. Antes, los acreedores deben comunicar sus créditos dentro del mes siguiente a la publicación general de la declaración de concurso. Para ello, deberán dirigir un escrito firmado a la administración concursal, acompañando la factura o el documento en el que se reconozca el crédito. El retraso en la comunicación puede dar lugar a que el crédito pierda su clasificación originaria, y pase a ser subordinado.

La administración concursal tendrá en cuenta no solo los créditos comunicados sino también todos aquellos de los que tuviere conocimiento al examinar la contabilidad del deudor. Si el crédito está reconocido por sentencia o por una certificación administrativa, no podrá discutir su existencia, aunque sí su clasificación.

La Ley prevé tres clases de créditos: privilegiados, ordinarios y subordinados. Los ordinarios serán aquellos que no sean privilegiados ni subordinados.

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Dentro de los privilegiados, la Ley concursal distingue entre privilegios especiales y generales. Los acreedores con privilegio especial gozan de una preferencia de cobro respecto de un bien o derecho concreto, coincidiendo con aquellos créditos con garantía real. Los acreedores con privilegio general gozan de una preferencia de cobro respecto de todo el patrimonio del deudor incorporado a la masa activa del concurso, de acuerdo con el orden siguiente:

  1. Créditos laborales, con algunas limitaciones;
  2. Retenciones tributarias y de seguridad social debidas por el deudor concursado en virtud de un obligación legal;
  3. Créditos por trabajo no dependiente y por la explotación de los derechos de propiedad intelectual;
  4. Créditos de la Hacienda Pública y la seguridad Social, hasta el 50% de sus respectivos importes;
  5. Créditos por responsabilidad civil extracontractual
  6. y 1/4 del crédito del acreedor que hubiera pedido el concurso

Los créditos subordinados no cobraran hasta que no se hayan abonado los privilegiados y los ordinarios. Los créditos subordinados son: los créditos comunicados tardíamente, los intereses, las multas y sanciones y los de aquellos que tengan especial relación con el deudor (en caso de persona natural, sus parientes; y en caso de persona jurídica, los administradores de derecho o de hecho, las sociedades del grupo, los socios con un participación relevante en la sociedad…).

8. CUALES SON LAS REGLAS SOBRE REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS

Ordinariamente, la restructuración de la empresa para su conservación y continuación en el mercado se realizará optando por la solución del convenio. Una vez terminada la fase común, con la determinación del activo y del pasivo, el deudor puede proponer un convenio a sus acreedores, cuyo contenido esencial consistirá en una quita que no supere el 50% y/o una espera no superior a cinco años. Este contenido puede complementarse con proposiciones alternativas para los acreedores de conversión de los créditos en participaciones sociales, la enajenación total o parcial de la empresa siempre que el adquirente asuma el cumplimiento del convenio, o incluso la fusión o escisión de la sociedad deudora.

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El convenio se presentará con una propuesta de pagos y un plan de viabilidad de la empresa, sobre el que informarán los administradores concursales.

Este convenio será presentado a los acreedores, que convocados en Junta podrán mostrar su aceptación o rechazo. Ordinariamente, para su aprobación será necesario el voto favorable de los acreedores que representen la mitad del pasivo ordinario.

El convenio aceptado por los acreedores, será más tarde aprobado por el Juez, quien examinará en su caso las impugnaciones, y cuando menos que no se hayan conculcado ninguna norma legal sobre el contenido del convenio y la forma de aceptación.

La quita y/o espera aprobada en el convenio afectará a los acreedores ordinarios y subordinados, pero no a los privilegiados.

El concurso no acabará hasta que no se haya cumplido el convenio, y hasta entonces su incumplimiento permitirá acudir a la fase de liquidación.

Paralelamente a la tramitación del concurso, puede solicitarse del Juez del concurso una regulación de empleo –una extinción o suspensión colectiva de contratos de trabajo-, con una reducción del importe de las indemnizaciones, siempre que sea necesaria para superar la crisis. También cabe solicitar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, siempre que se justifiquen necesarias para superar la crisis de la empresa.

9. CUALES SON LAS REGLAS SOBRE LA LIQUIDACIÓN

La liquidación es la solución alternativa al convenio, y tiene un carácter subsidiario. Sólo se abre la liquidación cuando se solicite expresamente, y cuando no prospere la aceptación, aprobación o cumplimiento del convenio.

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La liquidación supone la disolución de la sociedad o de la persona jurídica deudora.

El sistema de liquidación es muy flexible, pues cabe tanto la venta de la empresa o de las unidades productivas, como la enajenación aislada de los distintos bienes y derechos del deudor, o por lotes. La administración concursal puede presentar un plan específico de liquidación, y en su defecto se aplicarán las reglas legales que dan preferencia a la venta de empresa o de las unidades productivas, para fomentar la conservación de la empresa y de los puestos de trabajo. En cualquier caso tanto el plan de liquidación, como las enajenaciones deben ser autorizadas por el Juez.

El adquirente de la empresa la recibirá sin deudas, salvo las laborales, aunque los créditos que hubieran sido abonados por el Fondo de Garantía Salarial, se le podrían condonar por el Juez.

Con lo obtenido de la venta de un bien que garantice un crédito con privilegio especial, se satisfará esté con preferencia frente al resto. Luego, con lo obtenido de la realización del resto de los bienes, se pagará a los acreedores con privilegio general, por el orden indicado. Si quedara algo, se pagará a prorrata a los acreedores ordinarios, y si todavía queda algo, a los acreedores subordinados.

No obstante, existen otros créditos denominados contra la masa, generados después de la declaración de concurso, que deben satisfacerse conforme se devenguen, y que en caso de no existir liquidez, al tiempo de la realización de los bienes, cobraran con preferencia a los acreedores concursales, salvo los privilegiados especiales respecto de lo obtenido con la venta de los bienes especialmente gravados.

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10. CUALES SON LAS CONDICIONES PARA TERMINAR EL PROCEDIMIENTO

El concurso de acreedores se terminará por el cumplimiento íntegro del convenio; o por la liquidación de los bienes y derechos del deudor, con pago de lo obtenido a los acreedores. En este caso, no podrá extinguirse el concurso mientras queden bienes o expectativas de reintegrar bienes o derechos a la masa activa. Y tampoco podrá extinguirse el concurso hasta que no se haya terminado la calificación del concurso.

Mediante la calificación, se pretende juzgar sobre las causas que motivaron el concurso. El concurso puede ser calificado como fortuito o culpable. Será fortuito cuando no sea culpable. El concurso se calificará culpable cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor y, en el caso de las personas jurídicas, sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho. Aunque para facilitar su prueba, la Ley concursal establece una relación de conductas que en un caso presumen la culpabilidad sin prueba en contrario y en otros admitiendo prueba en contrario. La calificación culpable del concurso llevará consigo la inhabilitación temporal del deudor o, en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores de derecho o de hecho, para realizar actos de comercio y administrar bienes ajenos; así como la pérdida de los derechos económicos en el concurso de estas personas afectadas por la calificación y de los cómplices. También puede contener una condena a los administradores de derecho o de hecho de los dos últimos años anteriores a la declaración de concurso, a pagar la totalidad o parte de los créditos concursales no satisfechos con la liquidación.

La propuesta de calificación le corresponde exclusivamente a la administración concursal y al Ministerio Fiscal. Los acreedores tan sólo podrán comparecer al principio para formular sus alegaciones. Si la propuesta de calificación fuera de culpabilidad, se dará traslado al deudor y a las demás personas afectadas con la calificación, para que puedan oponerse. En caso de oposición, se celebrará un juicio para la practica de la prueba pertinente, y luego el Juez resolverá a través de sentencia.

Con la terminación del concurso se procederá a la rendición de cuentas de la administración concursal, para que pueda ser impugnada y en su caso aprobada judicialmente.

Si el concurso ha terminado por inexistencia de activo realizable, el concurso podría reabrirse en el futuro si se encuentran nuevos bienes o derechos. En el caso de la persona jurídica, siempre que esto ocurra, y en el caso de la persona natural si los bienes o derechos aparecen dentro de los cinco años siguientes a la terminación.

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Última actualización: 23-08-2005

 
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