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Última actualización: 09-12-2008
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Quiebra - Portugal

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos de concurso y sus objetivos? 1.
2. ¿Qué presupuestos deben darse para la apertura de los procedimientos de concurso? 2.
3. ¿Cuál es el papel de los distintos participantes en cada tipo de procedimiento? 3.
4. ¿Qué efectos surte la apertura del procedimiento? 4.
5. ¿Existen normas específicas para determinadas categorías de créditos? 5.
6. ¿Qué normas se aplican a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿Qué condiciones deben cumplir la comunicación y el reconocimiento de créditos? 7.
8. ¿Cuáles son las normas relativas a los procedimientos de reestructuración? 8.
9. ¿En qué consiste un procedimiento de liquidación? 9.
10. ¿Qué condiciones deben darse para la conclusión del procedimiento? 10.

 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos de concurso y sus objetivos?

El legislador portugués definió la «insolvencia» como la imposibilidad del deudor de cumplir con sus obligaciones vencidas.

Las personas jurídicas y los patrimonios autónomos de cuyas deudas no responda personal e ilimitadamente una persona natural también se consideran insolventes cuando su pasivo sea manifiestamente superior a su activo.

La insolvencia inminente se equipara a la insolvencia actual en los casos en que el deudor solicite, en un tribunal, su declaración.

La Ley prevé un procedimiento de conciliación extrajudicial para garantizar la viabilidad de las empresas que tienen que hacer frente a una situación de insolvencia o que atraviesan por una difícil situación económica. Un organismo público, el Instituto de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas y a las Inversiones [Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI)] se encarga de dirigir este procedimiento.

El objetivo de este último procedimiento es que la empresa celebre con todos o algunos de sus acreedores un convenio en unas condiciones que hagan posible su recuperación.

La existencia de un procedimiento judicial de concurso pendiente no es óbice para que se recurra al procedimiento de conciliación. En este caso, si aún no se ha declarado la insolvencia, el procedimiento judicial puede ser suspendido, tanto a petición de la empresa como de cualquier interesado.

El convenio alcanzado a través del procedimiento de conciliación debe formalizarse por escrito, incluso en documento público cuando así lo exija la Ley.

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El Código de Insolvencia y Recuperación de Empresas (Código da Insolvência e da Recuperão de Empresas) establece una única forma procesal, sin distinguir entre procedimientos de recuperación de empresas y procedimientos de concurso. Compete a los acreedores evaluar la viabilidad económica de la empresa y decidir conjuntamente si se debe reflotar o liquidar la empresa y en qué condiciones. La Ley prevé además otro procedimiento para la liquidación del patrimonio del deudor y la concesión a los acreedores de la posibilidad de aprobar un plan que no contemple la liquidación.

2. ¿Qué presupuestos deben darse para la apertura de los procedimientos de concurso?

Sólo existe un tipo de procedimiento de concurso.

Para que el procedimiento pueda iniciarse, hay que demostrar que el deudor no puede cumplir sus obligaciones vencidas o, tratándose de personas jurídicas o patrimonios autónomos, que el pasivo es manifiestamente superior al activo.

El procedimiento de concurso puede iniciarse si se da alguno de los siguientes hechos:

  1. la suspensión generalizada del pago de las obligaciones vencidas;
  2. el incumplimiento de una o más obligaciones que, por su cuantía o por las circunstancias del incumplimiento, ponga de manifiesto la imposibilidad del deudor de cumplir puntualmente el conjunto de sus obligaciones;
  3. la fuga del propietario de la empresa o de los administradores del deudor o el abandono del local en el que la empresa tenga su sede o ejerza su actividad principal como consecuencia de la insolvencia del deudor, sin que se haya nombrado un substituto idóneo;
  4. el malbaratamiento, abandono, liquidación apresurada o ruinosa de los bienes y la constitución ficticia de créditos;
  5. la insuficiencia de bienes embargables del deudor para el pago del crédito reconocida en un procedimiento ejecutivo dirigido contra aquél;
  6. el incumplimiento de las obligaciones previstas en un plan de insolvencia o de los pagos aprobados por los acreedores en un procedimiento de concurso pendiente;
  7. el incumplimiento generalizado, en los últimos seis meses, del pago de deudas tributarias, cuotas y cotizaciones a la Seguridad Social, deudas derivadas de un contrato de trabajo o el quebrantamiento o resolución de ese contrato, rentas por cualquier tipo de alquileres, incluidos los arrendamientos financieros, plazos del precio de compra o del reembolso de un crédito garantizado por una hipoteca sobre el local en el que el deudor lleve a cabo su actividad o tenga su sede o residencia;
  8. una manifiesta superioridad del pasivo sobre el activo de acuerdo con el último balance aprobado o un retraso superior a nueve meses en la aprobación y el depósito de las cuentas, en caso de que exista obligación jurídica en este sentido, cuando el deudor sea una persona jurídica o un patrimonio autónomo.

3. ¿Cuál es el papel de los distintos participantes en cada tipo de procedimiento?

Tribunal

El procedimiento de concurso debe tramitarse ante el tribunal de la sede o del domicilio del deudor o, cuando se trate de una declaración de concurso de herencia yacente, ante el tribunal del domicilio del causante de la herencia en la fecha de su fallecimiento.

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La declaración de concurso también puede solicitarse ante el tribunal del lugar en que el deudor tenga el centro de sus intereses principales, entendiéndose por tal el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses.

Corresponde al tribunal la función primordial de garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan el procedimiento, debiendo, en particular, proceder a una evaluación previa de la solicitud de la declaración de concurso y a la verificación de la legalidad, a efectos de su homologación, de los planes de insolvencia y de pago, aprobados por los acreedores.

También debe evaluar la situación de insolvencia alegada por el deudor de acuerdo con los hechos que se pongan de manifiesto en el procedimiento y dictar, en el caso de que considere que los mismos apuntan en esa dirección, un auto por el que se declare el concurso, sin que a tal efecto tenga que pronunciarse sobre la recuperación financiera de la empresa.

Compete al juez proceder al reconocimiento y graduación de los créditos, designar un representante a las personas que carezcan de capacidad jurídica, ordenar la suspensión de la liquidación de la masa del concurso, así como repartir el producto entre los acreedores.

De la misma manera, compete al tribunal declarar la conclusión del procedimiento.

Administrador concursal

El administrador concursal es nombrado por el juez que, a tal efecto, deberá tener en cuenta las sugerencias del deudor o de la junta de acreedores, cuando ésta exista. Sin embargo, los titulares de los créditos pueden deliberar reunidos en asamblea la substitución del administrador nombrado por el juez.

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Compete al administrador concursal, en colaboración con la junta de acreedores:

  1. preparar el pago de las deudas del concursado con las sumas de dinero existentes en la masa del concurso (patrimonio del deudor), en particular con las que sean producto de la enajenación de los bienes incluidos en esa masa, enajenación que debe promover;
  2. proteger, a medio plazo, los derechos del concursado, haciendo posible que sigan surtiendo frutos y permitir, caso de ser factible, la continuidad de la explotación de la empresa, evitando, en la medida de lo posible, un empeoramiento de su situación económica.
Junta de acreedores

La junta de acreedores es un órgano de carácter facultativo, cuya existencia y composición depende de la voluntad del conjunto de acreedores. Ésta puede prescindir de la comisión nombrada por el juez, nombrar una en caso de que el juez no lo haya hecho y, en cualquiera de ambos supuestos, modificar su composición.

El tribunal puede no constituir la junta cuando lo considere justificado debido a la escasa cuantía de la masa del concurso, la facilidad de la liquidación o el reducido número de acreedores.

Caso de existir la junta, su consentimiento será necesario para la realización de aquellos actos jurídicos que revistan especial importancia para el procedimiento.

Deudor

El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, excepto en el caso de que se trate de una persona natural que, en la fecha en que se produzca la insolvencia, no sea propietario de una empresa.

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Si el deudor es propietario de una empresa, la Ley presume el conocimiento de la situación de insolvencia transcurridos tres meses desde el incumplimiento generalizado de las obligaciones tributarias, de seguridad social, laborales o derivadas de contratos de alquiler.

Durante el procedimiento, el deudor insolvente está obligado a:

  1. proporcionar cualquier información pertinente que el administrador concursal, la junta de acreedores o el tribunal le solicite;
  2. comparecer personalmente ante el tribunal, siempre que lo soliciten el juez o el administrador concursal, salvo que concurra un impedimento legítimo o se le haya autorizado de forma expresa a estar representado por un mandatario;
  3. prestar la colaboración que le solicite el administrador concursal para el desempeño de sus funciones.
Acreedor

El acreedor es la figura principal del procedimiento de insolvencia.

Tiene derecho a instar la declaración de concurso del deudor, así como a retirar la demanda o desistir del procedimiento, siempre que no se haya dictado auto.

Si el tribunal desestima la declaración de concurso, el deudor puede, siempre que sea el solicitante, recurrir la decisión.

Puede participar en la junta de acreedores, en la que será libre para pronunciarse, con total discrecionalidad, sobre el futuro de la empresa, en particular sobre si se debe proceder a su recuperación o liquidación y en qué condiciones.

Puede aceptar o rechazar el plan de pagos en caso de que el deudor presente uno.

Le asiste el derecho de solicitar la substitución del administrador concursal nombrado por el juez y puede ejercer, dentro de la junta de acreedores, las competencias antes mencionadas.

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El acreedor sólo puede recurrir en primera instancia, es decir, únicamente ante el tribunal de apelación. La única excepción es la de los recursos contra resoluciones dictadas en ámbitos en los que la jurisprudencia no es uniforme.

4. ¿Qué efectos surte la apertura del procedimiento?

Determinación de la masa del concurso

Salvo disposición en contrario, la masa del concurso comprende todo el patrimonio del deudor en la fecha en que el tribunal declare el concurso, así como los bienes y derechos que el deudor adquiera durante el procedimiento.

Los bienes exentos de embargo sólo se integrarán en la masa si el deudor lo autoriza y la inembargabilidad no es absoluta.

El legislador distingue entre deudas concursales y deudas de la masa del concurso.

Las primeras corresponden a los créditos contra el concursado generados antes de la fecha de declaración de concurso. Se equiparan a éstos los créditos que el acreedor pruebe haber adquirido en el transcurso del procedimiento.

Son deudas de la masa del concurso las que se generen durante el procedimiento, entre las que se incluyen, por ejemplo, las costas procesales y la remuneración del administrador concursal.

Efectos sobre el patrimonio del deudor

En lo que respecta al patrimonio del deudor, el auto de declaración de concurso provoca la suspensión inmediata del ejercicio por el deudor o por sus administradores de las facultades de administración y disposición sobre los bienes que constituyan la masa del concurso. A partir de ese momento, esas facultades pasan al administrador concursal, que asume la representación del deudor a todos los efectos de carácter patrimonial que tengan relación con el concurso.

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Por regla general, los actos realizados por el concursado que infrinjan esta disposición no surtirán efectos.

La declaración de concurso provoca el vencimiento de todas las obligaciones del concursado que no estén sujetas a una condición suspensiva.

Créditos exigibles

Los créditos concursales se dividen en cuatro categorías: garantizados, privilegiados, subordinados y ordinarios.

Los créditos garantizados son los que gozan de garantías reales sobre los bienes que constituyen la masa del concurso, hasta el importe correspondiente al valor de dichos bienes. En esta categoría se incluyen también los privilegios crediticios especiales. Esta categoría abarca no sólo los créditos, sino también los intereses correspondientes.

Los créditos privilegiados son aquellos que gozan de privilegios crediticios generales sobre los bienes que constituyen la masa del concurso, hasta el importe correspondiente al valor de esos bienes, siempre que no se extingan como consecuencia de la declaración de concurso.

Los créditos subordinados son aquellos cuyo pago sólo se realiza una vez que se hayan pagado íntegramente los créditos ordinarios.

Son créditos subordinados, excepto en el caso de que gocen de privilegios crediticios, generales o especiales, o estén garantizados por hipotecas legales que no se hayan extinguido como consecuencia de la declaración de concurso:

  1. los créditos de aquellas personas especialmente relacionadas con el deudor - por ejemplo, el cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos del deudor, cuando éste sea una persona natural, o los accionistas, socios o personas que hayan tenido una relación de dominio o colectiva con el deudor, cuando éste sea una persona jurídica - y los de las personas a quienes se hayan transmitido esos créditos en los dos años anteriores al inicio del procedimiento de concurso;
  2. los intereses de créditos no subordinados constituidos después de la declaración de concurso, excepto los que gocen de una garantía real o de privilegios crediticios generales, hasta el valor de los bienes respectivos;
  3. los créditos cuya subordinación hayan acordado las partes;
  4. los créditos que tengan por objeto prestaciones del deudor a título gratuito;
  5. los créditos concursales que, como consecuencia de una resolución favorable a la masa del concurso, tenga un tercero de mala fe;
  6. los intereses de créditos subordinados constituidos después de la declaración de concurso;
  7. los créditos por préstamos.

Son ordinarios los créditos no incluidos en las categorías anteriores.

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Medidas cautelares

En caso de que existan temores fundados de mala administración, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar las medidas cautelares que resulten necesarias o convenientes para impedir un empeoramiento de la situación patrimonial del deudor hasta que se dicte resolución.

Estas medidas pueden consistir en la designación de un administrador judicial provisional con facultades exclusivas para administrar el patrimonio del deudor o para ayudarle en su administración.

5. ¿Existen normas específicas para determinadas categorías de créditos?

Se extinguen con la declaración de concurso:

  1. los privilegios crediticios generales accesorios de créditos concursales del Estado, de las colectividades locales y de los organismos de la Seguridad Social, constituidos más de doce meses antes de la fecha de inicio del procedimiento de concurso;
  2. los privilegios crediticios especiales accesorios de créditos concursales del Estado, de las colectividades locales y de los organismos de la Seguridad Social, que hayan vencido más de doce meses antes de la fecha de inicio del procedimiento de concurso;
  3. las hipotecas legales cuyo registro se haya solicitado dentro de los dos meses anteriores a la fecha de inicio del procedimiento de concurso y que sean accesorias de créditos concursales del Estado, de las colectividades locales y de los organismos de la Seguridad Social;
  4. deben registrarse las garantías reales sobre bienes inmuebles o bienes muebles registrables que formen parte de la masa del concurso, accesorias de créditos concursales ya constituidas, pero cuyo registro no se haya realizado ni solicitado todavía;
  5. las garantías reales sobre bienes que formen parte de la masa accesorias de los créditos considerados subordinados.

6. ¿Qué normas se aplican a los actos perjudiciales?

La Ley establece, como regla general, que todos los actos realizados en los cuatro años anteriores a la fecha de inicio del procedimiento de concurso serán rescindibles en caso de que mengüen, frustren, dificulten, pongan en peligro o retrasen la satisfacción de los créditos de los acreedores.

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En general, la rescisión presupone la mala fe del tercero, la cual se presume cuando se trata de actos realizados u omitidos durante los dos años anteriores al inicio del procedimiento de concurso en los que haya participado o de los que se haya beneficiado una persona especialmente relacionada con el deudor, aun cuando la relación especial no existiera en esa fecha.

Tras la rescisión, con efecto retroactivo, de los actos perjudiciales para la masa del concurso, debe reconstituirse la situación que existiría si el acto no se hubiera realizado u omitido.

7. ¿Qué condiciones deben cumplir la comunicación y el reconocimiento de créditos?

El auto de declaración de concurso fija un plazo máximo de treinta días durante el cual los acreedores deben reclamar el reconocimiento de sus créditos. Dicho plazo empieza a contar, para los acreedores conocidos, desde la fecha de su citación o notificación. Para los demás, ese plazo se amplía en cinco días y comienza a correr a partir de la publicación del último anuncio en el Diário da República o en un diario de gran tirada nacional.

8. ¿Cuáles son las normas relativas a los procedimientos de reestructuración?

En Derecho portugués, compete a los acreedores decidir si el pago de sus créditos se obtendrá mediante la liquidación íntegra del patrimonio del deudor o a través de la reestructuración de la empresa y su mantenimiento en actividad, bajo titularidad del deudor o de terceros. Su opinión deberá constar en un plan de insolvencia que tendrá que ser aprobado por la junta de acreedores.

Los propietarios pueden, en caso de optar por la recuperación, escoger libremente las medidas adecuadas con ese fin.

9. ¿En qué consiste un procedimiento de liquidación?

En la junta de acreedores convocada para examinar el informe del administrador concursal, que se realiza una vez dictado el auto de declaración de concurso, también deberá decidirse si el establecimiento o establecimientos del deudor incluidos en la masa, deben mantenerse en funcionamiento o cerrarse.

No obstante, si la junta de acreedores lo autoriza o, de no existir ésta, el deudor no se opone, o incluso oponiéndose, el juez lo autoriza, el administrador concursal podrá proceder al cierre de los establecimientos del deudor antes de que se celebre la junta de acreedores en la que se vaya a examinar su informe.

Si la junta de acreedores encarga al administrador concursal la elaboración de un plan de insolvencia, éste podrá decidir la suspensión de la liquidación y la distribución de la masa del concurso. Esta suspensión cesará si el plan de insolvencia no es presentado en los sesenta días siguientes o no es aprobado.

10. ¿Qué condiciones deben darse para la conclusión del procedimiento?

El procedimiento de concurso puede cerrase con la declaración de concurso si existen indicios de que el activo de la empresa es insuficiente para garantizar el pago de las costas procesales y de las deudas previsibles de la masa.

Información complementaria

La versión íntegra de esta ficha informativa se puede consultar en http://www.redecivil.mj.pt/ português

Podrá obtener información adicional consultando las siguientes direcciones electrónicas:

  • http://www.stj.pt English - français - português - Supremo Tribunal de Justiça;
  • http://www.conselhosuperiordamagistratura.pt/ English - português - Conselho Superior da Magistratura;
  • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português -Tribunal Constitucional;
  • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça;
  • http://trl.pt/ português -Tribunal da Relação de Lisboa;
  • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação de Coimbra;
  • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação de Évora;
  • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação de Oporto;
  • http://www.pgr.pt/ português - Procuradoria-Geral da República;
  • http://www.itij.mj.pt português -Bases de dados jurídicos;
  • http://www.cej.pt/ English - français - português -Centro de Estudios Judiciários (entidad responsable de la formación de los magistrados portugueses);
  • http://www.dgsj.pt português -Direcção-Geral da Administração da Justiça (facilita, por ejemplo, información sobre las direcciones de los tribunales y su jurisdicción territorial y permite acceder a la página en Internet de los Oficiais de Justiça);
  • http://www.gplp.mj.pt/ English - português -Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justicia;
  • http://www.dgrn.mj.pt português -Direcção-Geral dos Registros e dol Notariado;
  • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses;
  • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público
  • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados;
  • http://dre.pt/ português - Legislação «on-line»;
  • http://www.solicitador.net/ português - Câmada dos Solicitadores;
  • http://www.sfj.pt/ português - Sindicato dos Funcionários Judiciais;
  • correio@lisboa.tcom.mj.pt - Tribunal de Comércio de Lisboa - Rua do Ouro, 49 - 2º, 110-060 Lisboa, Portugal;
  • correio@lisboa.sgciveis.mj.pt - Tribunal Civel de Lisboa - Rua Marquês da Fronteira, Palácio da Justiça, 1098-001 Lisboa, Portugal.

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