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Última actualización: 06-07-2007
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Quiebra - Países Bajos

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ÍNDICE

1. ¿Qué clases de procedimientos de insolvencia existen y cuáles son sus objetivos? 1.
2. ¿Cuáles son las condiciones para cada uno de estos procedimientos? 2.
3. ¿Qué papel desempeñan los participantes en cada tipo de procedimiento? 3.
4. ¿Cuáles son las consecuencias de la apertura de los procedimientos? 4.
5. ¿Qué normas especiales se aplican a ciertos tipos de créditos? 5.
6. ¿Qué normas se aplican a las transacciones perjudiciales a la masa de la quiebra? 6.
7. ¿Qué condiciones se requieren para presentar y verificar los créditos? 7.
8. ¿Qué directrices se aplican a la reorganización y reestructuración? 8.
9. ¿Qué directrices se aplican a la liquidación? 9.
10. ¿Qué requisitos se requieren para que concluya el procedimiento? 10.

 

1. ¿Qué clases de procedimientos de insolvencia existen y cuáles son sus objetivos?

La Ley de quiebra admite tres diversos tipos de procedimientos judiciales de insolvencia: quiebra, suspensión de pagos y reestructuración de la deuda.

En los Países Bajos los tres tipos están incluidos en los anexos A, B y C del Reglamento europeo sobre procedimientos de insolvencia (CE) nº 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, L 160 (modificado en enero de 2005, COM 2004, 827).

Tipos

En el caso de la quiebra, el deudor (empresario o particular) deberá hallarse en una situación en la que haya dejado de efectuar pagos (con arreglo al artículo 1 de la Ley de quiebra).

En el caso de la suspensión de pagos, el deudor deberá prever que no podrá seguir pagando sus deudas exigibles (artículo 214 de la Ley de quiebra). Los procedimientos de suspensión de pagos están reservados a los empresarios.

En el caso de la aplicación de la Ley de reestructuración de la deuda de personas físicas (véase el artículo 284 de la Ley de quiebra):

  • o bien deberá poder preverse razonablemente que la persona no podrá seguir pagando sus deudas,
  • o bien la persona deberá hallarse en una situación en la que haya dejado de efectuar pagos.

Objetivos

El único objetivo del procedimiento de quiebra es la liquidación del capital disponible para su distribución entre los acreedores.

El procedimiento de suspensión de pagos tiene un objetivo de reestructuración en vez de liquidación para prevenir esta última.

Los procedimientos de reestructuración de la deuda ante el tribunal tienen un doble objetivo: liquidación del capital disponible y reestructuración de la deuda.

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2. ¿Cuáles son las condiciones para cada uno de estos procedimientos?

¿Cuándo?

  • Quiebra: el deudor deberá hallarse en una situación de cesación de pagos. Ello significa que habrá por lo menos una deuda exigible y un crédito correspondiente (artículo 6 de la Ley de quiebra).

La Ley de quiebra no requiere ningún procedimiento preparatorio (judicial o extrajudicial). El tribunal, sin embargo, exige una petición fundada.

  • En caso de suspensión de pagos, el deudor deberá prever que no podrá seguir pagando sus deudas exigibles (artículo 214 de la Ley de quiebra).
  • Se aplicarán varios criterios al régimen de reestructuración de la deuda:

Antes de la aplicación del régimen jurídico de reestructuración de la deuda, la legislación exige pasar por una fase extrajudicial. Sobre la base de una declaración modelo emitida por el municipio, deberá resultar evidente que se han producido intentos de alcanzar un acuerdo amistoso. La razón del fracaso de estas tentativas también deberá ser evidente. La disposición de ayuda frente al endeudamiento a nivel local apoya esta denominada fase amistosa.

Se aplicará lo siguiente al efectuarse la reestructuración de la deuda:

  1. Deberá existir una masa pasiva irreversible, es decir, no deberá haber perspectivas de reembolso.
  2. El deudor deberá adjuntar una declaración modelo con la solicitud de reestructuración, cumplimentada por el municipio y firmada por él personalmente, y deberá también presentar una petición completa al tribunal con arreglo a lo descrito en el artículo 285 de la Ley de quiebra.
  3. Las deudas deberán haber nacido o permanecido impagadas de buena fe. El tribunal interpretará este criterio abierto en cada caso. No se considerarán de buena fe las deudas derivadas de actos delictivos. De conformidad con la jurisprudencia del tribunal Supremo y las Directivas de política judicial, es importante que no se haya hecho ninguna tentativa para perjudicar a los acreedores. Es también importante considerar que las deudas no hayan nacido ni permanecido impagadas muy recientemente y que en la medida de lo posible haya habido reembolsos parciales, así como su frecuencia. Es decir, no deberá existir ninguna tendencia importante a incurrir en deudas sin que ello produzca ninguna mejora demostrable.

¿Para quién?

  • La quiebra está abierta tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas.
  • La suspensión de pagos no se concede a una persona física que no practique una profesión o una actividad empresarial independiente, ni tampoco a un asegurador.
  • La reestructuración de la deuda sólo está abierta a las personas físicas.

En principio, ello significa que cualquier particular podrá presentar una solicitud, al igual que las empresas que no funcionen en forma de persona jurídica, como por ejemplo las empresas unipersonales.

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  • La quiebra puede ser solicitada por el propio deudor (declaración propia), o por un acreedor, o por el ministerio fiscal por razones de interés público.
  • El propio deudor podrá solicitar la suspensión de pagos, siempre que esta parte no sea una persona física. Por lo tanto, los acreedores no podrán solicitarla.
  • La persona física que tenga un pasivo tal que no exista ninguna perspectiva de reembolso, deberá presentar una petición completa de reestructuración de la deuda al tribunal y deberá actuar de buena fe según el tribunal. Por lo tanto, los acreedores no podrán solicitar la reestructuración de la deuda.

El secretario del tribunal deberá publicar en el Boletín del Estado varios de los puntos clave de los datos de la declaración del tribunal mediante la cual se abran los procedimientos de quiebra, de suspensión de pagos o de reestructuración de la deuda. Entre otras cosas, ello incluirá el nombre y dirección completa del deudor y el nombre del juez supervisor en funciones y del síndico designado.

3. ¿Qué papel desempeñan los participantes en cada tipo de procedimiento?

El tribunal adoptará las decisiones más importantes en la quiebra y en la reestructuración de la deuda, como la admisión o la denegación de la incoación del procedimiento y la concesión de condonación en la reestructuración de la deuda, o el abandono de la quiebra o una posible conclusión anticipada de la reestructuración de la deuda. El tribunal también podrá destituir al síndico o administrador si éste descuida sus deberes jurídicos.

Se designará a un juez supervisor en funciones del tribunal para las numerosas decisiones de gestión y supervisión de la masa de la quiebra durante el transcurso del procedimiento. Éste supervisará al síndico o administrador, concederá permiso para algunas transacciones y decidirá sobre posibles reclamaciones de las partes interesadas.

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Tan pronto como el tribunal haya abierto el procedimiento de insolvencia, designará a un juez supervisor y a un administrador (en caso de quiebra) o a un síndico (en caso de suspensión de pagos o de reestructuración de la deuda). Las tareas del administrador y del síndico se describen del siguiente modo en la Ley: supervisión del cumplimiento por el deudor de las obligaciones derivadas de la legislación, y gestión y liquidación de la masa de la quiebra. Estas tareas se realizarán independientemente de que el deudor sea una persona privada o una empresa.

En el régimen de suspensión de pagos el síndico deberá llevar a cabo la gestión de la masa de la quiebra conjuntamente con el deudor.

  • A veces se declara una quiebra por propia iniciativa del deudor, pero suele hacerse más bien a iniciativa de un acreedor. Si se deniega esta posibilidad, el acreedor tendrá derecho a recurrir ante una instancia superior si se admite que el deudor tiene derecho a recurrir ante una instancia superior. En nombre de los acreedores, el administrador podrá anular ciertas transacciones jurídicas, llevadas a cabo por el deudor hasta un año antes de la quiebra, que hayan perjudicado al acreedor, como por ejemplo una venta de bienes de valor por un precio muy inferior al del mercado. La reunión de verificación ofrece a los acreedores la oportunidad de hacer oír su voz. Los acreedores podrán presentar una reclamación sobre el administrador al juez supervisor (artículo 69 de la Ley de quiebra).

Deber de esforzarse en caso de reestructuración de la deuda: el deudor deberá esforzarse al máximo de cara a sus acreedores durante un período de tres años, para incorporar el máximo dinero posible a la masa de la quiebra. Durante tres años tendrá que poner su capacidad de reembolso a disposición de sus acreedores hasta el 95 % del subsidio mínimo de subsistencia.

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Deber de información sobre la quiebra y la reestructuración de la deuda: deberá informar al administrador o al síndico completa y exactamente sobre todo lo que sabe o puede entender que es importante para la adecuada realización del procedimiento.

  • Un acreedor no podrá presentar un recurso ante una instancia superior contra la resolución que declara la apertura de la reestructuración de la deuda. Sin embargo, podrá presentar un recurso ante el tribunal para su conclusión anticipada (artículo 350 de la Ley de quiebra), por ejemplo si se contraen nuevas deudas durante el período de reestructuración de la deuda, o si hay indicios de que el deudor está tratando de perjudicar a sus acreedores. Podrá también hacer oír su voz durante la reunión de verificación, o presentar una reclamación sobre el desarrollo del procedimiento al juez supervisor. Los acreedores también podrán recurrir ante una instancia superior la resolución en la que se autorice al deudor a «partir de cero» (schone lei) a contar desde la expiración del plazo de reestructuración de la deuda (artículo 355 de la Ley de quiebra). El acreedor tendrá que respetar dicha resolución aunque no haya participado en el procedimiento de reestructuración de la deuda (artículo 358 de la Ley de quiebra).

4. ¿Cuáles son las consecuencias de la apertura de los procedimientos?

La masa de la quiebra incluirá todo el patrimonio del deudor en el momento de la resolución que declara la quiebra, así como todo el patrimonio que obtenga durante el procedimiento de quiebra o de reestructuración de la deuda con arreglo a los artículos 20 y 295 de la Ley de quiebra. Las posesiones que no sean excesivas permanecerán fuera de la masa de la quiebra, junto con lo demás bienes descritos en el artículo 21 y en el artículo 295, apartado 4, de la Ley de quiebra.

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El principio de fijación se aplicará tanto a la quiebra como a la reestructuración de la deuda. El hecho de que se produzca la quiebra o la reestructuración de la deuda implica que queda fijada la posición jurídica de todo cuanto esté relacionado con la masa de la quiebra.

Como consecuencia de la resolución de la declaración de quiebra o de reestructuración de la deuda, el deudor perderá la capacidad jurídica para disponer de sus bienes: a partir de ese momento dichos bienes pertenecerán a la masa de la quiebra, que será gestionada por el administrador o el síndico. También perderá la capacidad para efectuar y permitir transacciones efectivas respecto de esos bienes. Estará obligado a entregar todos los bienes que pertenezcan a la masa de la quiebra a petición del administrador o del síndico. El deudor deberá obtener el permiso de su administrador o síndico para ciertas transacciones jurídicas, como el acceso a una operación de crédito.

Los acreedores no tendrán ninguna obligación de presentar todos los créditos al síndico o al administrador. Cualquier persona que desee participar en los beneficios, que se pagarán mediante lo que se denomina una lista de distribución a los acreedores conocidos, podrá presentar su crédito sin más trámites.

Si se autoriza a «partir de cero» al deudor una vez culminada la reestructuración de la deuda, ello será oponible a todos los acreedores, incluso a los individuos que no hayan presentado su crédito al síndico. Hay aquí una restricción importante: el régimen de reestructuración de la deuda solamente afecta a los créditos que existan en el momento en que se declare la reestructuración (artículo 299 de la Ley de quiebra, principio de fijación). Los créditos nacidos después de la fecha de la resolución de declaración de reestructuración serán nuevas deudas, por lo que no se incluirán en la reestructuración de la deuda, y la condonación de la deuda tampoco podrá afectarles.

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En la quiebra, el juez supervisor podrá especificar a instancia de cada parte interesada que una competencia de recuperación de terceros no podrá ejercerse durante un máximo de un mes, que podrá ampliarse a un máximo de un mes, el llamado período de reflexión. El administrador podrá elaborar una descripción de la masa de la quiebra. Esta orden de reflexión, por lo tanto, podrá también implicar a un acreedor hipotecario o a un acreedor prendario, o a un individuo con una reserva de dominio.

Podrá declararse provisionalmente el régimen de reestructuración de la deuda antes de una sentencia judicial firme. Este recurso jurídico es utilizado raramente por el tribunal y únicamente en situaciones de extrema urgencia, como una amenaza de desahucio.

Tan pronto como la reestructuración de la deuda sea declarada aplicable de manera provisional o firme, se aplicará una suspensión de pagos global a los acreedores por lo que respecta a su ejercicio jurídico. Los embargos ya efectuados se anularán y se suspenderán las ejecuciones ya iniciadas. Del mismo modo, el interés legal o contractual no se devenga a partir de ese momento. En la reestructuración de la deuda el juez supervisor podrá también especificar mediante auto un período de reflexión a instancia de cada parte interesada.

El registro de todos los procedimientos actuales de insolvencia tendrá lugar en el Registro Central de Insolvencia (CIR) en el Consejo de Jurisprudencia en La Haya (Raad voor de Rechtspraak), que puede consultarse en www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands.

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5. ¿Qué normas especiales se aplican a ciertos tipos de créditos?

  • Los bienes entregados con una reserva de dominio no se incorporarán a la masa de la quiebra o a la reestructuración (véanse los artículos 20 y 295 de la Ley de quiebra), pero podrán verse afectados por un auto que determine un período de reflexión (véase más abajo).
  • El juez supervisor en la quiebra, a instancia de cada parte interesada, podrá especificar mediante auto un período de reflexión que se aplicará a la competencia de terceros para recuperar los bienes que pertenezcan a la masa de la quiebra.
  • En principio, las empresas que no funcionen en forma de persona jurídica podrán someterse al régimen de reestructuración de la deuda. También en principio, dichas empresas siempre se liquidarán mediante el procedimiento de reestructuración de la deuda de conformidad con la política judicial. En consecuencia, la continuación de la profesión o actividad empresarial, tal como se define en el artículo 311 de la Ley de quiebra, no se producirá rápidamente en la reestructuración de la deuda. Considerando el riesgo de un exceso en las deudas de la masa de la quiebra, el administrador o el síndico, como norma, cancelará cualquier contrato de empleo en curso en la actividad empresarial del deudor.
  • Véase la respuesta a la pregunta 2 por lo que respecta a los derechos de los acreedores.
  • La prelación de créditos (derecho preferencial) de los acreedores concurrentes es diferente en el régimen de reestructuración de la deuda y en la quiebra; hay un coeficiente de 2:1, respectivamente, con arreglo al artículo 349, apartado 2, de la Ley de quiebra. En la quiebra, el acreedor preferencial se halla, pues, en una situación más ventajosa. Una distribución más específica en el orden de prelación en las categorías de acreedores preferenciales o competidores, como la que existe en la quiebra, no existe en el marco del régimen de reestructuración de la deuda.

En principio, el régimen de reestructuración de la deuda no se aplicará a los créditos garantizados por una prenda o una hipoteca; incluso en la quiebra, el acreedor prendario o hipotecario podrá actuar como si no hubiera ninguna quiebra (para la quiebra véanse los artículos 57, 58 y 59 de la Ley de quiebra, que se aplican de manera correspondiente a la reestructuración de la deuda).

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6. ¿Qué normas se aplican a las transacciones perjudiciales a la masa de la quiebra?

Si antes de la quiebra o de la reestructuración de la deuda el deudor realizó transacciones jurídicas voluntarias que supo o debió haber sabido perjudicarían a los acreedores, el administrador o el síndico podrá invocar una «acción pauliana», y podrá invertir estas transacciones para beneficiar a la masa de la quiebra (artículos 42 y 43 de la Ley de quiebra).

Un deudor (pero también un acreedor o el síndico) podrá someter la reestructuración de la deuda ante el tribunal para su conclusión anticipada. Las condiciones se describen en el artículo 350 de la Ley de quiebra. Las causas más frecuentes de la conclusión anticipada son el surgimiento de nuevas deudas excesivas, o que el deudor esté intentando perjudicar a sus acreedores o esté informando a su síndico de manera incorrecta o incompleta. La consecuencia jurídica es que en este caso el deudor es puesto inmediatamente en situación de quiebra.

La legislación no especifica la duración del proceso de quiebra. La mayor parte finalizan en un plazo de dieciocho meses, generalmente con falta de ingresos y sobre la base de procedimientos simplificados sin verificación. Las quiebras más considerables y complicadas a menudo llevan más tiempo. El juez supervisor examina los progresos del administrador, de manera que se concluya dentro del plazo razonable requerido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Por regla general, la reestructuración de la deuda dura tres años. En casos excepcionales, este plazo puede ser más largo, pero nunca será superior a cinco años. En casos excepcionales, el plazo de reestructuración de la deuda podrá ser también más breve, hasta un mínimo de un año, si el tribunal no ve ninguna razón que justifique la celebración de una reunión de verificación. Este último procedimiento también se denomina reestructuración simplificada de la deuda y se reserva para los casos en que conste que prácticamente no se recobrará nada de los créditos.

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7. ¿Qué condiciones se requieren para presentar y verificar los créditos?

  • El secretario del tribunal publicará una declaración para abrir el procedimiento de quiebra o de reestructuración de la deuda en el Boletín Oficial del Estado, citando el nombre del administrador o del síndico, el deudor y el juez supervisor, así como el momento en que se celebrará una reunión de verificación.
  • Se recogerán varios datos clave en un registro público para cada procedimiento en curso de quiebra, suspensión de pagos o reestructuración de la deuda. Este registro (Registro Central de Insolvencia y Registro Nacional de Reestructuración de la Deuda) podrá ser consultado, por lo que respecta a las quiebras, en www.rechtspraak.nl/register English - Nederlands o, por lo que respecta a la reestructuración de la deuda, en el Comité de Dirección de Asistencia Jurídica de Den Bosch en www.wsnp.rvr.org Nederlands.
  • No siempre se celebrará una reunión de verificación en los procedimientos de quiebra o de reestructuración de la deuda. El tribunal decidirá si merece la pena celebrarla, teniendo en cuenta la situación de la masa de la quiebra (generalmente a instancia del administrador o del síndico), o si cabe optar por la realización simplificada. Véase la respuesta a la pregunta 5 para más detalles.
  • Si se planea una reunión de verificación, el administrador o el síndico lo comunicará a todos los acreedores conocidos. Los acreedores podrán presentar sus créditos junto con las pruebas acreditativas. La verificación de todos los créditos se desarrollará como en el caso de la quiebra, con arreglo a los artículos 110 a 116 inclusive de la Ley de quiebra. Los acreedores con un crédito, cuya existencia y dimensión son reconocidas, serán incluidos en una lista de créditos reconocidos.
  • En el régimen de reestructuración de la deuda sólo existe una distinción entre créditos preferenciales y concurrentes. No hay ningún orden de clasificación en estas dos categorías, al igual que en el caso de la quiebra (artículo 349, apartado 2, de la Ley de quiebra).

8. ¿Qué directrices se aplican a la reorganización y reestructuración?

Es posible reanudar una empresa en el marco de procedimientos de quiebra. El administrador cancelará los contratos del empleo (artículo 40 de la Ley de quiebra), ya que debe limitarse al máximo la aparición de deudas de la masa de la quiebra, y porque (contrariamente a la suspensión de pagos) la protección habitual contra el despido no se aplica durante la transición de la empresa a la quiebra. El administrador podrá continuar la actividad empresarial de la parte en quiebra a condición de que ello redunde en interés de la masa de la quiebra.

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La intención del procedimiento de suspensión de pagos es reorganizar las empresas. El plazo será como máximo de dieciocho meses con una posibilidad de prórroga. El deudor necesitará la autorización de su síndico para actos de gestión o de disposición. El deudor no podrá ser obligado a pagar sus deudas durante la suspensión de pagos. Todo embargo realizado sobre créditos no preferenciales se anulará. La suspensión de pagos no se aplicará de hecho respecto de los créditos preferenciales.

La esencia del régimen de reestructuración de la deuda es una reestructuración completa de la masa pasiva del deudor cuando éste sea una persona física. La resolución de declaración de la reestructuración implica impedir a los acreedores que ejerciten su derecho. Se anularán los embargos ya impuestos y las ejecuciones ya iniciadas (artículo 301 de la Ley de quiebra). El interés legal o contractual también dejará de devengarse a partir de ese momento (artículo 303 de la Ley de quiebra). Si un deudor se comporta correctamente durante la fase de tres años y liquida un máximo de sus deudas, las deudas restantes podrán ser convertidas mediante resolución judicial en obligaciones naturales (artículo 358 de la Ley de quiebra). Ello significa que las deudas restantes ya no podrán ser cobradas para un acreedor.

En la quiebra, el administrador dirige la reorganización y la reanudación. En una suspensión de pagos, el deudor y el síndico lo hacen conjuntamente. No se especifica el plazo de la quiebra, pero el plazo de una suspensión de pagos es en principio de dieciocho meses. Las reorganizaciones en las quiebras tienen generalmente más posibilidades de éxito, ya que no se aplica la protección jurídica contra el despido, al contrario que en la suspensión de pagos. El tribunal aprueba el plan de reestructuración en todos los casos.

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El plazo para la reestructuración de la deuda es tres años, y ello se establece en el plan de reestructuración (artículo 343 de la Ley de quiebra). El tribunal lo establece sobre la base de un modelo, en teoría utilizando un proyecto del deudor, y que contiene las obligaciones a las que debe atenerse el deudor. En la práctica, la mayor parte de los casos de reestructuración de la deuda carecen de semejante plan, porque el procedimiento se considera laborioso. La legislación también se cambiará próximamente en relación con este punto (Proyecto de Ley 29 942), de modo que el plan de reestructuración ya no forme parte del procedimiento.

9. ¿Qué directrices se aplican a la liquidación?

Tanto los procedimientos de quiebra como los procedimientos de reestructuración de la deuda se centran en la liquidación del capital disponible. Ello es contrario a la suspensión de pagos, que se centra precisamente en la retención de los activos, y cuya finalidad es en principio solucionar los problemas temporales de pagos de la empresa.

En la quiebra, el administrador puede imponer un plazo razonable al acreedor prendario o hipotecario para el ejercicio de sus derechos.

En la quiebra, la regla principal es la venta pública, a menos que el juez supervisor permita la venta privada (artículo 176 de la Ley de quiebra). El administrador está autorizado a proceder a la liquidación (artículo 68 de la Ley de quiebra). Por el contrario, en la reestructuración de la deuda el síndico siempre necesita en principio la autorización del juez supervisor para proceder a la liquidación, pero por lo general la venta pública es también innecesaria. La liquidación de los activos disponibles puede también tener lugar en forma de quiebra o de convenio de reestructuración de la deuda.

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Por regla general, el administrador o el síndico solamente efectuará una distribución a los acreedores, al final del procedimiento. La reestructuración de la deuda y la quiebra finalizan oficialmente cuando la lista final de distribución se hace vinculante. El administrador o el síndico informará de ello a los acreedores. Los acreedores podrán presentar objeciones (oponerse) a esta lista.

Los procedimientos simplificados existen tanto en la quiebra como en la reestructuración de la deuda. Se trata de procedimientos sin una reunión de verificación. En la quiebra se requiere que haya ingresos insuficientes para satisfacer los créditos concurrentes.

10. ¿Qué requisitos se requieren para que concluya el procedimiento?

La diferencia esencial entre la quiebra y la reestructuración de la deuda es que después de la finalización de una quiebra los créditos no pagados sobreviven y pueden por lo tanto ser cobrados para los acreedores (artículo 195 de la Ley de quiebra). Ello sucede en el momento en que la lista final de distribución se hace vinculante, es decir, cuando ya no es posible que un acreedor se oponga a ella. Una quiebra finaliza mediante un convenio, o mediante una realización simplificada (abandono en caso de falta de ingresos) o mediante una distribución a los acreedores tras la verificación de sus créditos.

El procedimiento de la suspensión de pagos finaliza por desistimiento del deudor o por un convenio aprobado por el tribunal.

La reestructuración de la deuda finaliza de manera positiva o negativa:

  • Si el deudor cumple correctamente sus obligaciones de reestructuración de la deuda (informando plenamente al síndico, incorporando el máximo dinero posible a la masa de la quiebra durante tres años, poniéndose a trabajar o siguiendo con su trabajo, según el caso), el tribunal le autorizará a «partir de cero» en la resolución firme. Ello implica (véase el artículo 358 de la Ley de quiebra) que las deudas restantes ya no podrán ser cobradas legalmente para los acreedores.
  • Si un deudor no cumple sus obligaciones de reestructuración de la deuda, la reestructuración de la deuda puede finalizar en el ínterin sin la autorización que le permite «partir de cero». En tal caso, el deudor estará legalmente en situación de quiebra (véase el artículo 350 de la Ley de quiebra). Por ejemplo, ello puede suceder si el deudor contrae un número excesivo de nuevas deudas durante el plazo de su reestructuración de la deuda, o si trata de perjudicar a sus acreedores.

La circunstancia de que alguien haya quebrado o haya participado en una suspensión de pagos o en una reestructuración de la deuda permanecerá registrada durante algún tiempo en la Oficina de Registro de Créditos de Tiel y en el Registro Central de Insolvencia en el Consejo de Jurisprudencia de La Haya (www.rechtspraak.nl/registers English - Nederlands). Éste es, después de todo, un importante factor de riesgo para los proveedores de crédito. No hay obstáculos jurídicos para reanudar una empresa. Tras un procedimiento de reestructuración fructuoso hay de nuevo perspectivas de un buen futuro financiero para los particulares, ya que se ha liquidado la deuda.

Un empresario que ha contribuido considerablemente a la quiebra mediante una administración aparentemente incorrecta de la empresa puede ser considerado responsable por el administrador con arreglo al Código Civil. El Código Penal contiene disposiciones referentes al peligro de bancarrota. No existe ninguna sanción específica para los empresarios que no sean personas jurídicas en caso de que no cumplan sus obligaciones de reestructuración de la deuda.

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