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Última actualización: 06-06-2006
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Quiebra - Malta

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos? 1.
2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia? 2.
3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos? 3.
4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento? 4.
5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 5.
6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿Qué requisitos deben concurrir en la presentación y admisión de demandas? 7.
8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización? 8.
9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación? 9.
10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento? 10.

 

 

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos?

  • La insolvencia de una persona o de una sociedad mercantil distinta de una empresa está regulada en el Código mercantil (artículos 477 y ss., capítulo 13, Laws of Malta). La insolvencia de las empresas está regulada en el capítulo 386, título II, parte V, de la Ley de empresas (Companies Act).
  • El procedimiento de insolvencia puede comenzar cuando la empresa es incapaz de pagar sus deudas.
  • Se considera que una persona es insolvente cuando suspende el pago de sus deudas. Dicha persona puede hacer una declaración voluntaria de insolvencia ante la sala primera (First Hall) del tribunal civil. El procedimiento de insolvencia también puede ser iniciado por los acreedores.
  • Cuando una empresa está en dificultades financieras, puede llegar a un acuerdo o compromiso con sus acreedores o socios. Este acuerdo debe tener el apoyo de la mayoría (3/4 del valor representado por los presentes que voten en una reunión convocada al efecto) de los acreedores o socios, así como la aprobación del juez. El acuerdo también se refiere a la reestructuración del capital social de la empresa o a la fusión.
  • Cuando los directivos constaten que la empresa está en dificultades financieras, deben convocar una asamblea general en el plazo de un mes desde la constatación. Por otra parte, pueden presentar una solicitud de saneamiento de la empresa ante los tribunales, con arreglo a un procedimiento que prevé la designación de un administrador especial para hacerse cargo de la gestión de la empresa. La solicitud puede ser presentada por la empresa, por los directivos o por los acreedores. Sin embargo, este procedimiento no se aplica a las pequeñas empresas (tal como se definen en el artículo 185 de la Ley de las empresas) cuyas deudas frente a los acreedores son inferiores a 200.000 Lm. También existen disposiciones referentes al comercio ilícito y fraudulento que se aplican a los administradores de la empresa que actúen de forma fraudulenta durante el período en que la empresa está en dificultades.
  • Los procedimientos de insolvencia pueden ser de distinto tipo:
    • la empresa, por decisión extraordinaria, decide su disolución y liquidación voluntaria;
    • la empresa, por decisión extraordinaria, decide su disolución y liquidación ante los tribunales;
    • el órgano jurisdiccional, a instancia de parte, puede ordenar la liquidación si considera que la empresa es incapaz de pagar sus deudas.

2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia?

Insolvencia de un comerciante o de una persona física:
  • si hace una declaración voluntaria de insolvencia, la declaración debe contener sus datos, los de sus acreedores y la naturaleza de las deudas. Debe también presentar ante el juez todos sus libros y documentos.
  • En tal caso, el secretario judicial convoca a los acreedores a comparecer y presentar sus reclamaciones. También publica la declaración del comerciante en el Diario Oficial (Government Gazette) y en un periódico.
  • El acreedor también puede iniciar el procedimiento contra el comerciante solicitando que éste se declare insolvente. Si el acreedor no procede a iniciar el procedimiento para establecer el orden de preferencia de los acreedores después de que se ha dictado la declaración judicial de la quiebra, cualquier otro acreedor podrá hacerlo.
La liquidación voluntaria de una empresa requiere:
  • una decisión extraordinaria de la empresa, debidamente notificada al Registro mercantil (Registrar of Companies). La decisión extraordinaria adoptada por los socios debe ir acompañada por el formulario B (1) firmado por un director o gerente de la empresa. Este formulario establece la fecha de la disolución.
  • Si los directivos hacen una declaración de solvencia que muestra que la empresa podrá pagar sus deudas en un plazo determinado, el procedimiento se denominará liquidación voluntaria de los socios.
  • Si los directivos no hacen esa declaración, el proceso será una liquidación voluntaria de los acreedores.
  • La declaración de solvencia se hace en el impreso B (2) y debe ir acompañada por un balance de activos y pasivos que muestren la situación existente tres meses antes de la fecha de la liquidación o en la fecha de la misma.
La liquidación judicial requiere:
  • una solicitud presentada ante el juez por la empresa, la junta directiva, tenedores de obligaciones, asociación de acreedores, accionistas, directivos o el administrador oficial, y notificada al Registro mercantil.

3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos?

La fecha de presentación de la declaración voluntaria del comerciante ante el juez, o la fecha de la resolución de quiebra son las fechas en que el insolvente queda desposeído de sus bienes. En su lugar se nombra a un curador que se hace cargo de los bienes del insolvente y vende los perecederos. Con la autorización del juez, el curador puede continuar la actividad empresarial en sustitución del comerciante. Su deber consiste en preservar los derechos del deudor, registrar cualquier hipoteca que no lo esté, e incluso acudir a los tribunales en nombre del insolvente para cobrar todo tipo de deudas.

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Liquidación voluntaria de una empresa:

  • en la liquidación voluntaria de los socios, la empresa designa a un administrador judicial y lo notifica al Registro mercantil.
  • El administrador judicial puede ser un abogado o un contable. Es responsable de la gestión de la empresa y sus activos durante el período de liquidación, y asume la representación legal y judicial de la empresa. Informa a los socios al terminar el proceso de recogida de toda la información sobre el activo y pasivo de la empresa, y una vez elaborado el plan de distribución. En caso necesario convoca reuniones, la más importante de las cuales es la reunión final.
  • En la liquidación voluntaria de los acreedores, éstos, en una reunión convocada al efecto, designan a un administrador judicial con las funciones indicadas anteriormente.

En la liquidación judicial:

  • Tras comprobar que la empresa no puede pagar sus deudas, después de oír a los directivos, al gerente de la empresa, accionistas y acreedores, el juez procede, según su criterio, a admitir la demanda y dictar una orden de liquidación, así como todas las medidas provisionales que considere convenientes.
  • Si el juez dicta una resolución de liquidación, se considera que la disolución de la empresa se produce a partir de la fecha de presentación de la demanda de liquidación. A partir de esa fecha serán nulas las transferencias de bienes o acciones, y las garantías, excepto las de interdicto prohibitivo.
  • El tribunal puede designar a un liquidador o administrador provisional en la orden de liquidación. Estas personas desempeñan tareas similares a las del liquidador en una liquidación voluntaria. Sin embargo, una vez dictada la resolución de liquidación, todas las acciones contra la empresa o sus bienes requieren la autorización del juez.
  • En ausencia de liquidador, el administrador oficial que actúa en una liquidación voluntaria o en una liquidación judicial lo puede hacer desempeñando las funciones de liquidador, y puede convocar reuniones. Recibe informes financieros sobre empresas liquidadas. Estos informes deben ir acompañados de declaraciones juradas, exponer los activos, las deudas y las obligaciones, con datos detallados sobre acreedores y sus garantías. Los informes son verificados por los directivos. Los acreedores pueden examinar los informes previo pago de una cantidad. Una vez recibidos estos informes, el administrador oficial informa al tribunal.

Los acreedores que se sientan perjudicados por cualquier forma de acuerdo concluido por la empresa, pueden impugnarlo en un plazo de catorce días ante el tribunal.

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4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento?

Al incoarse el procedimiento, y a fin de proteger sus reclamaciones relativas a los bienes del comerciante, los acreedores pueden hacer uso de las medidas cautelares previstas en el artículo 829 y ss del Código de organización y procedimiento civil (Organisation and Civil Procedure), capítulo 12, Law of Malta.

Insolvencia de las empresas:

  • al nombrarse un administrador judicial, los directivos de la empresa cesan en sus funciones;
  • pueden presentarse reclamaciones al administrador judicial, al liquidador o al tribunal, siempre que el acreedor pueda demostrarlas;
  • las medidas provisionales disponibles para cualquier persona interesada son las medidas cautelares previstas para los acreedores. Las normas aplicables son el artículo 829 y ss del Código de organización y procedimiento civil, capítulo 12, Laws of Malta.

El liquidador que presente una solicitud de registro o publicidad en un registro público deberá dirigirse al Registro Mercantil, Malta Financial Services Authority English

5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos?

El orden de preferencia de los créditos se establece según las normas habituales del Derecho civil, recogidas en el título XXIII del Código civil, capítulo 16. Entre los créditos prioritarios, se encuentran las contribuciones a la seguridad social pagadas por el empresario en nombre de los empleados, gastos fúnebres y  salarios del personal de servicio.

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6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales?

Todos los actos mercantiles fraudulentos son nulos.

En la insolvencia de empresas:

  • La ley establece la nulidad de toda transferencia de bienes o activos y de cualquier carga contra la empresa, realizada en el periodo de seis meses anterior a la disolución.
  • Cualquier persona interesada puede presentar una demanda judicial en el plazo de cinco años a partir de la fecha en que la empresa fue suprimida del registro, solicitando que el nombre de la misma vuelva a incluirse en el Registro mercantil, y la reapertura del proceso de liquidación. El órgano jurisdiccional tiene que estar convencido de que este es el único medio para conceder lo que se reclama.
  • Cualquier persona interesada puede presentar una demanda al órgano jurisdiccional, después de que el nombre de la empresa haya sido suprimido, solicitando que se rectifique el sistema de distribución para que incluya cualquier activo de la empresa que haya quedado fuera de dicho sistema.

El acreedor al que no se le haya pagado puede, mediante una demanda judicial presentada en el plazo de cinco años desde la supresión del nombre de la empresa, exigir que se le pague proporcionalmente a la parte recibida por los accionistas, según el sistema de distribución.

7. ¿Qué requisitos deben concurrir en la presentación y admisión de demandas?

En todos los casos, las demandas contra el deudor, ya sea éste una persona física o una empresa, deben ir acompañadas de los documentos justificativos y demás pruebas que demuestren su autenticidad y establezcan un orden de preferencia. La clasificación de demandas se hace según lo descrito anteriormente en el punto 4.

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8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización?

Véase punto 1

9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación?

  • El curador elabora la lista de acreedores y convoca una reunión. Los acreedores pueden presentar demandas de participación en el procedimiento para establecer el orden de preferencia. El órgano jurisdiccional decide qué demandas son admisibles y, en la misma resolución, prevé la celebración de una reunión de acreedores a la que pueden asistir tanto el insolvente como los acreedores; el insolvente presenta un plan denominado convenio de acreedores (composition). Si lo aprueban los acreedores, el insolvente queda rehabilitado para seguir ejerciendo actividades comerciales. Si no lo aprueban, el curador procede a vender los bienes de la quiebra, y el órgano jurisdiccional, en una resolución diferente, establece el orden de preferencia de los acreedores. Posteriormente, el insolvente será rehabilitado por resolución judicial, a no ser que se le haya declarado culpable por quiebra fraudulenta.
  • Liquidación voluntaria: tanto en la liquidación de acreedores como en la de socios, tras la aprobación del plan de distribución en la reunión final y su debida notificación al Registro mercantil, el nombre de la empresa se suprime de éste.
  • Liquidación judicial: el órgano jurisdiccional analiza al informe del administrador judicial o del liquidador en lo que respecta al pago de los acreedores, y si está de acuerdo con las conclusiones, ordena la supresión del nombre de la empresa del Registro mercantil.

10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento?

El efecto de la conclusión de todos los procedimientos de liquidación es que el nombre de empresa se suprime del Registro mercantil.

Se pueden entablar acciones penales contra cualquier empleado de la empresa que en los doce meses anteriores a la fecha de la disolución haya ocultado activos o documentos, dispuesto de activos o actuado de manera fraudulenta. En el ámbito civil, estos empleados pueden ser declarados responsables y obligados a reembolsar a la empresa las cantidades debidas, e incluso indemnizaciones por daños. La ley también prevé procedimientos en caso de comercio ilícito por parte de los directivos y de comercio fraudulento por cualquier empleado de la empresa.

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