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Última actualización: 30-06-2006
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Quiebra - Luxemburgo

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ÍNDICE

1. Los distintos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos 1.
1.a) Definición de insolvencia 1.a)
1.b) Tipos de procedimiento 1.b)
2. Condiciones aplicables a cada tipo de procedimiento de insolvencia 2.
2.a) Requisitos fundamentales 2.a)
2.b) Publicidad 2.b)
3. El papel de cada participante 3.
3.a) Quiebra 3.a)
3.b) Convenio 3.b)
3.c) Suspensión de pagos 3.c)
3.d) Gestión controlada 3.d)
3.e) Concurso de acreedores 3.e)
4. Efectos de la incoación del procedimiento 4.
5. Normas aplicables a determinadas categorías de créditos 5.
6. Normas relativas a los actos perjudiciales 6.
7. Condiciones de producción y admisión de créditos 7.
8. Normas relativas a los procedimientos de reestructuración 8.
8.a) Concurso de acreedores 8.a)
8.b) Gestión controlada 8.b)
9. Normas relativas al procedimiento de liquidación 9.
10. Condiciones para clausurar el procedimiento 10.

 

1. Los distintos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos

1.a) Definición de insolvencia

La doctrina luxemburguesa, inspirada en la doctrina belga, define la insolvencia como el rebasamiento del activo de un deudor por su pasivo.

1.b) Tipos de procedimiento

El Gran Ducado de Luxemburgo dispone de cinco procedimientos de insolvencia. Tres de éstos se refieren a los comerciantes exclusivamente (personas físicas y personas jurídicas), otro solamente a personas físicas no comerciantes.

El último sólo se aplica en el caso de los notarios (por ser específico a una categoría profesional no figura en la presente ficha).

Además de estos procedimientos, existe en Derecho luxemburgués un procedimiento contemplado en los artículos 593 y siguientes del Código de Comercio que permite al comerciante obtener una suspensión de pagos bajo determinadas condiciones.

El procedimiento de gestión controlada es un procedimiento destinado a reorganizar los negocios del comerciante que la solicite. Sin embargo, el comerciante también puede solicitar acogerse a este procedimiento cuando desea liquidar su activo en buenas condiciones.

El procedimiento de quiebra es un procedimiento destinado a liquidar el patrimonio del comerciante que ha pasado a ser insolvente.

El convenio preventivo de quiebra es un procedimiento que, bajo determinadas condiciones, se incoa contra el deudor que cumple las condiciones de quiebra. Cuando el convenio se haga por abandono del activo, el objetivo del procedimiento será, como en el caso del procedimiento de quiebra, permitir la liquidación del activo del comerciante que haya procedido a su abandono.

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No obstante, este procedimiento difiere del de quiebra por el hecho de que el comerciante elude los efectos generados por el procedimiento de quiebra.

También se ha creado un procedimiento de saneamiento destinado a los notarios para que, si se deteriora su crédito, puedan acogerse a un régimen especial para reorganizar sus asuntos o liquidar su activo en buenas condiciones.

El procedimiento de concurso de acreedores es un procedimiento al que sólo tienen acceso personas físicas que no ejerzan actividades comerciales y se encuentren en situación de insolvencia. Su objetivo es permitir al solicitante rectificar su situación financiera mediante el establecimiento de un plan de reembolso de sus deudas.

2. Condiciones aplicables a cada tipo de procedimiento de insolvencia

2.a) Requisitos fundamentales

Para la gestión controlada, las condiciones requeridas dependen de quién sea el solicitante, que deberá ser obligatoriamente un comerciante de probada buena fe.

Su crédito deberá haberse deteriorado.

No obstante, a pesar de ello, deberá existir una posibilidad de reorganizar la actividad de modo que se reduzca el pasivo.

En el procedimiento de quiebra, las condiciones dependen, además de que el deudor sea comerciante, de que éste haya cesado sus pagos y su crédito se haya deteriorado.

Para el procedimiento de convenio, las condiciones son las mismas que para la quiebra con la diferencia de que el deudor que lo solicite debe ser un deudor desafortunado y de buena fe (artículo 2 de la Ley de 14 de abril de 1886 relativa al convenio preventivo de quiebra).

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El comerciante que, a raíz de acontecimientos extraordinarios, no pueda pagar sus deudas podrá pedir una suspensión de pagos al Tribunal de Comercio.

Ésta podrá concederse siempre y cuando existan elementos en la situación del comerciante que permitan restablecer el equilibrio entre pasivo y activo.

Sólo tienen acceso al procedimiento de concurso de acredores las personas físicas que no ejerzan actividades comerciales, siempre y cuando éstas no hayan organizado su propia insolvencia, y si el deudor que solicita acogerse al procedimiento está autorizado a residir en el Gran Ducado de Luxemburgo.

Los procedimientos de gestión controlada (artículo 1 del Decreto gran ducal de 25 de mayo de 1935 que completa la legislación relativa a suspensión de pagos, convenio preventivo de quiebra y quiebra mediante la instauración del régimen de gestión controlada); de convenio (artículo 3 de la Ley de 14 de abril de 1886 relativa al convenio preventivo de quiebra); de concurso de acreedores en caso de endeudamiento excesivo (artículo 3 de la Ley de 8 de diciembre de 2000 relativa a la prevención del endeudamiento excesivo y por la que se introduce un procedimiento de concurso de acreedores en caso de endeudamiento excesivo) y el procedimiento de suspensión de pagos se aplican exclusivamente a petición del deudor.

El procedimiento de quiebra puede iniciarse de distintas maneras.

La ley, por ejemplo, obliga al deudor quebrado a que la reconozca ante el Tribunal de Comercio territorialmente competente (artículo 440 del Código de Comercio).

No obstante, el artículo 442 del Código de Comercio permite también a los acreedores de un comerciante solicitar que se le declare en quiebra.

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El mismo artículo permite, asimismo, al Tribunal de Comercio declarar de oficio la quiebra del comerciante (en particular, cuando fracasa el procedimiento de convenio preventivo de quiebra).

2.b) Publicidad

En el marco de los procedimientos de quiebra, convenio, suspensión de pagos y gestión controlada se han previsto diversas medidas de publicidad.

Se trata de medidas de publicación por anuncios en lugares públicos o en la prensa.

3. El papel de cada participante

3.a) Quiebra

Como en todos los procedimientos de que aquí se trata referentes a comerciantes, la competencia en materia de quiebra corresponde al Tribunal de distrito en materia comercial territorialmente competente (en lo sucesivo «el Tribunal de Comercio»).

Dicho Tribunal pronuncia la sentencia declaratoria de quiebra, determina la fecha de la cesación de los pagos, nombra a los distintos participantes (juez-comisario, síndico), fija la fecha de declaración de créditos y la fecha de cierre del acta de comprobación de créditos, y pronuncia la clausura del procedimiento de quiebra.

De la administración de los bienes se encarga a un síndico designado por el Tribunal que deberá encargarse de liquidar los bienes del deudor y distribuir el producto de esta liquidación entre los distintos acreedores, al tiempo que respeta las normas relativas a los privilegios y garantías reales.

El síndico ejercerá sus funciones bajo el control de un juez-comisario nombrado por el Tribunal de Comercio.

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A partir de la declaración de quiebra, el comerciante quebrado pierde la capacidad de administrar sus bienes y no puede realizar ningún pago, operación u otros actos relacionados con dichos bienes.

3.b) Convenio

A raíz de la presentación de la solicitud, el Tribunal de Comercio delega en uno de sus jueces para comprobar la situación del solicitante y redactar un informe.

Sobre la base de este informe, el Tribunal podrá conceder un plazo con el fin de que el comerciante pueda presentar sus propuestas de convenio a los acreedores.

Por último, podrá decidir si aprueba o no el convenio.

En el marco de este procedimiento, el Tribunal designa a uno de sus miembros para, por una parte, entregar un informe sobre la situación del deudor y, por otra, supervisar el desarrollo satisfactorio de las operaciones del convenio.

Al igual que en el caso de la quiebra, el deudor no podrá enajenar, hipotecar o comprometer sus bienes sin autorización del juez-comisario (artículo 6 de la Ley de 14 de abril de 1886).

3.c) Suspensión de pagos

El Tribunal de Comercio nombra a un juez-comisario que se encargará de informarle sobre la situación del deudor y podrá conceder la suspensión de pagos. En este caso nombrará a uno o más comisarios que deberán encargarse de controlar las operaciones del deudor durante la suspensión de pagos.

Durante este plazo, el deudor no puede enajenar, hipotecar ni comprometer sus bienes.

3.d) Gestión controlada

La solicitud se presenta ante el Tribunal de Comercio del distrito en el que se encuentre el principal establecimiento del comerciante o el domicilio social de la empresa en cuestión.

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Si se cumplen las condiciones, el Tribunal delega en uno de sus jueces para que informe de la situación del comerciante.

A partir de ese momento, el comerciante pierde el derecho a disponer de sus bienes (de venderlos o empeñarlos, por ejemplo), salvo si el delegado por el Tribunal le concede la aprobación por escrito.

Cuando haya recibido el informe, el Tribunal podrá estimar o desestimar la demanda.

En caso de desestimación, podrá declarar en la misma resolución la quiebra del comerciante.

En el caso contrario, la gestión del patrimonio del solicitante se pondrá bajo el control de uno o más comisarios nombrados por el Tribunal (los comisarios no tienen por qué ser necesariamente jueces del Tribunal), que deberán realizar un inventario de los bienes del comerciante y un balance para determinar el estado del pasivo y del activo de este último.

A continuación, deberán elaborar un proyecto de reorganización de la empresa o un proyecto de liquidación del activo.

Este proyecto deberá ser comunicado después a los acreedores del comerciante, así como a sus codeudores y garantes.

Cuando se le someta el plan, el Tribunal podrá rechazarlo y declarar la quiebra del deudor, o aceptarlo con lo que el plan pasará a ser obligatorio para el comerciante, sus garantes y codeudores, frente a los acreedores.

3.e) Concurso de acreedores

Según se trate de la fase convencional o de la judicial intervendrán dos tipos de instancia.

En el primer caso, se trata del Servicio de información y asesoramiento sobre endeudamiento excesivo («Service d’information et de Conseil o SIC») que se encarga de tramitar el expediente y establecer, con el deudor y sus acreedores, un proyecto de plan de saneamiento.

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Una vez establecido este proyecto se presentará a la Comisión de mediación que, a su vez, propondrá a los interesados (deudor y acreedores) un plan de saneamiento que incluirá un conjunto de medidas: desde un simple aplazamiento o reprogramación del pago de las deudas hasta la condonación parcial o total de éstas.

Si fracasa la fase convencional, podrá comenzar la fase jurisdiccional.

El procedimiento se incoará ante el juez de paz del domicilio del deudor.

Se convocará entonces a las partes ante el juez de paz que podrá exigir la entrega de todos los documentos o elementos que permitan determinar el patrimonio del deudor (activo y pasivo).

Sobre la base de los elementos que se le hayan entregado, el juez decidirá un plan de saneamiento con inclusión de las medidas necesarias para que el deudor pueda cumplir sus compromisos.

El plan de saneamiento decidido por el juez tendrá una duración máxima de siete años y, en una serie limitada de casos, podrá declararse caduco, en particular, si el deudor no respeta las obligaciones que le impone el plan de saneamiento.

4. Efectos de la incoación del procedimiento

En los procedimientos de convenio, quiebra, suspensión de pagos y gestión controlada, se suspenderán los actos de ejecución forzosa sobre los bienes del deudor. En cambio, ninguno de los textos legales vigentes en el Gran Ducado impide a los acreedores realizar actos que tengan por objeto mantener la integridad del patrimonio del deudor.

En todos estos procedimientos, el deudor pierde la capacidad de disponer libremente de sus bienes.

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Sin embargo, en ciertos casos, los actos de disposición seguirán pudiendo realizarse todavía, aunque con el aval de la persona delegada por el Tribunal de Comercio (en materia de suspensión de pagos o de gestión controlada).

En materia de concurso de acreedores, la presentación de la solicitud del deudor ante el SIC implica automáticamente la suspensión de las medidas de ejecución sobre los bienes de éste, excepto las referentes a obligaciones de alimentos (artículo 3 de la Ley de 8 de diciembre de 2000).

En caso de que la fase convencional no dé resultados, el juez de paz ante quien se tramite la fase judicial podrá suspender las medidas de ejecución en las mismas condiciones que las anteriormente mencionadas.

5. Normas aplicables a determinadas categorías de créditos

En principio, los distintos procedimientos contemplados en la presente ficha no ponen fin a los contratos del deudor.

No obstante, esta norma admite excepciones en materia de quiebra. En efecto, en el marco de ésta, la decisión dictada por el tribunal que declara la quiebra pone fin a los contratos laborales (artículo 30 de la Ley de 24 de mayo de 1989 sobre el contrato laboral).

Los distintos procedimientos anteriormente mencionados no ponen fin a los privilegios de los acreedores, excepto en el caso del procedimiento de convenio.

En efecto, si participan en la votación sobre el convenio, los acreedores que se benefician de garantías reales (artículo 10 de la Ley de 14 de abril de 1886) pierden la posición de acreedores privilegiados.

En materia de quiebra y gestión controlada, es posible proceder a la compensación de dos deudas siempre que éstas sean líquidas y exigibles antes del juicio por el que se declara la quiebra o la gestión controlada, si las deudas son conexas y se derivan de la misma fuente (Tribunal de d’arrondissement de Luxemburgo, 14 de mayo de 1986, n° 32046 del registro).

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En caso de quiebra las compensaciones convencionales son nulas si se realizaron durante el período de sospecha.

En materia de gestión controlada, convenio o suspensión de pagos, tales compensaciones son imposibles cuando se realizan a partir del momento en que el deudor pierde la libre disposición de sus derechos y de sus bienes.

6. Normas relativas a los actos perjudiciales

En los procedimientos de quiebra, gestión controlada, suspensión de pagos y convenio, el deudor pierde la libertad de realizar determinados tipos de acto, en particular, de pago.

Excepto en el caso de la quiebra, la prohibición sólo se aplica si el deudor no ha sido avalado por la persona delegada por el tribunal.

Será nulo cualquier acto que vulnere esta prohibición.

Por otro lado, en materia de quiebra, el tribunal puede anular los actos realizados por el deudor durante el período de sospecha.

El período de sospecha se define como el período que se inicia a partir de la fecha en la que el deudor cesó en sus pagos. Todos los actos realizados por el deudor durante dicho período podrán ser anulados. Si se realizaron con carácter oneroso, será necesario aportar la prueba de que los cocontratantes del deudor sabían que había cesado en sus pagos.

7. Condiciones de producción y admisión de créditos

En el marco del procedimiento de quiebra, el juicio de quiebra se publicará por distintas vías (prensa, inscripción en el Tribunal de Comercio), con el fin de permitir que los acreedores del deudor quebrado se enteren de la situación y puedan manifestarse (artículo 472 del Código de Comercio).

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Los acreedores deberán entonces hacer una declaración de crédito a la secretaría del Tribunal de Comercio y depositar sus justificantes (artículo 496 del Código de Comercio).

Los créditos serán comprobados por el síndico encargado de la liquidación de la quiebra, que podrá rechazarlos (artículo 500 del Código de Comercio).

En materia de convenio, el deudor que lo solicite deberá indicar en su petición la identidad y el domicilio de sus acreedores así como el importe de sus créditos (artículo 3 de la Ley de 14 de abril de 1886).

Se procederá a la notificación a los acreedores por carta certificada (artículo 8 de la Ley de 14 de abril de 1886). En este correo se les invitará a participar en la asamblea del convenio preventivo de quiebra.

La convocatoria se publicará también en la prensa.

Durante la asamblea del convenio, éstos deberán declarar el importe de sus créditos.

Como ya se ha especificado, la participación en la votación conlleva que todos los créditos asegurados mediante una garantía real pierdan la calidad de créditos privilegiados (artículo 10 de la Ley de 14 de abril de 1886).

En materia de suspensión de ejecución, el deudor deberá también adjuntar una lista con la identidad y la dirección de sus acreedores, y el importe de sus créditos.

Los acreedores serán convocados por carta certificada (artículo 596 Código de Comercio) y por la prensa.

Durante la reunión a la que se les habrá invitado, deberán declarar el importe de sus créditos (artículo 597 del Código de Comercio).

En materia de gestión controlada, no habrá procedimiento de declaración de crédito ni de admisión. En su solicitud, el deudor deberá comunicar al Tribunal la identidad de sus acreedores.

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El Tribunal comunicará posteriormente a estos últimos el plan de reorganización o de liquidación del activo elaborado por los comisarios designados por el Tribunal.

8. Normas relativas a los procedimientos de reestructuración

8.a) Concurso de acreedores

El SIC procederá a instruir el expediente y, junto con el deudor y sus acreedores, elaborará un proyecto de plan de saneamiento.

Una vez establecido este proyecto se presentará a la Comisión de mediación que, a su vez, propondrá a los interesados (deudor y acreedores) un plan de saneamiento. Éste deberá incluir un conjunto de medidas que podrán ser desde un simple aplazamiento o reprogramación del pago de la deuda hasta la condonación parcial o total de las deudas.

En caso de acuerdo sobre las modalidades de saneamiento, el plan deberá ser firmado por todas las partes interesadas y por el presidente de la Comisión y quedará aceptado. Salvo excepción, las modalidades no cambiarán.

Cuando, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud del deudor, no se haya aceptado ningún plan de saneamiento, el SIC informará al deudor del fracaso del procedimiento de solución amistosa.

En el marco de la fase judicial, el juez decidirá un plan de saneamiento que incluya medidas que permitan al deudor hacer frente a sus compromisos.

El plan de saneamiento decidido por el juez tendrá una duración máxima de siete años y, en una serie limitada de casos, podrá declararse caduco, en particular, si el deudor no respeta las obligaciones que le impone el plan de saneamiento.

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8.b) Gestión controlada

El comisario o comisarios deberán realizar un inventario de los bienes del comerciante y efectuar un balance para determinar la situación del pasivo y del activo de este último.

A continuación, deberán elaborar un proyecto de reorganización de la empresa o un proyecto de liquidación y reparto del activo.

El proyecto de liquidación deberá respetar el rango que la ley otorgue a los privilegios e hipotecas.

Este proyecto deberá ser comunicado a continuación a los acreedores del comerciante, así como a sus codeudores y garantes.

Cuando se le someta el plan, el Tribunal podrá rechazarlo y declarar la quiebra del deudor, o aceptarlo con lo que el plan pasará a ser obligatorio para el comerciante, sus garantes y codeudores frente a los acreedores.

No obstante, si una mayoría de acreedores del comerciante se opone al plan, éste deberá rechazarlo (dicha mayoría deberá representar obligatoriamente el 50 % del volumen total de la deuda).

Si se acepta el plan de reorganización o de liquidación del activo, el comerciante recupera el libre ejercicio de sus derechos.

9. Normas relativas al procedimiento de liquidación

Las normas relativas a la liquidación se refieren esencialmente al caso de la liquidación del activo en caso de quiebra. No obstante, la ley sobre el convenio establece que, en caso de convenio por abandono del activo se aplican las normas de liquidación de la quiebra.

En caso de quiebra, el síndico procederá a la liquidación del activo del deudor y de su pasivo. Procederá a la venta de los distintos bienes de que el quebrado sea titular.

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A continuación, el síndico deberá establecer el orden de preferencia de los acreedores privilegiados y el remanente que corresponde a los acreedores que no dispongan de privilegios o de garantías. Convocará a todas las partes interesadas a la rendición de cuentas y les presentará las cuentas de la quiebra.

A raíz de la rendición de cuentas, podrá proceder a la indemnización de los acreedores respetando el orden derivado del acta de rendición de cuentas que haya establecido y que habrán firmado el juez comisario y el secretario del Tribunal de Comercio.

10. Condiciones para clausurar el procedimiento

En caso de quiebra, cuando se hayan efectuado los pagos, el síndico podrá introducir una petición de clausura del procedimiento, a la que seguirá la resolución de clausura que, como su nombre indica, termina el procedimiento de quiebra.

En materia de convenio, de suspensión de pagos o de gestión controlada, la decisión por la cual el Tribunal concede la medida requerida clausura el procedimiento.

La resolución declarativa de quiebra puede decidir dos tipos de sanción contra el deudor quebrado: sanciones penales y sanciones civiles.

El Tribunal podrá imponer sanciones civiles y penales contra el deudor quebrado.

Si el Tribunal constata que la quiebra es el resultado de faltas graves y caracterizadas cometidas por el quebrado, podrá declarar la prohibición de ejercer una actividad comercial tanto directamente como por la mediación de otra persona. Esta prohibición incluye también la de ejercer una función que implique capacidad de decisión en una sociedad.

Entre las demás sanciones civiles, para la quiebra de sociedades mercantiles existe la posibilidad de que la quiebra se amplíe a sus directivos, así como las posibilidades de acciones a que se refieren los artículos 1382 y 1383 del Código civil (responsabilidad de derecho común), y los artículos 59 y 192 de la Ley sobre las sociedades mercantiles.

También podrán imponerse sanciones penales (quiebras fraudulentas) contra el quebrado.

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