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Última actualización: 03-04-2007
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Quiebra - Italia

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos? 1.
2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia? 2.
3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos? 3.
4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento? 4.
5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 5.
6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿Qué requisitos deben concurrir en la presentación y admisión de demandas? 7.
8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización? 8.
9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación? 9.
10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento? 10.

 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos?

  • Hay insolvencia cuanto el empresario no puede cumplir satisfactoriamente sus obligaciones.

La ley italiana considera que la insolvencia es una situación de hecho que puede dar lugar a la declaración de insolvencia o a la aplicación de otros procedimientos dirigidos a sustraer bienes disponibles del deudor y liquidarlos para satisfacer a los acreedores con los activos obtenidos.

  • El ordenamiento jurídico italiano establece dos procedimientos preventivos. El primero se basa en un acuerdo extrajudicial entre el empresario deudor y sus acreedores, en virtud del cual el empresario puede seguir ejerciendo su actividad si, eventualmente, cede una parte de los bienes de la empresa a los acreedores, o si obtiene de éstos una prórroga del pago o la renuncia total o parcial a los créditos o los intereses.

El segundo procedimiento está previsto en la ley concursal y consiste en un convenio denominado concordato preventivo. El deudor propone a los acreedores un plan de saneamiento o reestructuración de deudas elaborado por él. La propuesta es examinada por el órgano jurisdiccional del lugar en que se encuentra la sede principal de la empresa, que puede ordenar la incoación del procedimiento o declarar inadmisible la demanda, en cuyo caso declara de oficio la insolvencia del empresario. Durante el procedimiento de concordato, una vez admitido éste, el deudor conserva la administración de sus bienes y la dirección de la empresa, bajo la vigilancia de un administrador del convenio con los acreedores (commissario giudiziale).

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Los procedimientos formales a que dar lugar la insolvencia son: la quiebra (fallimento), el convenio con los acreedores (concordato preventivo) y la liquidación forzosa (liquidazione coatta amministrativa).A esta última se someten determinadas empresas que, por su carácter público (por ejemplo, entidades de crédito, grandes sociedades de seguros) están excluidas legalmente de la quiebra.

2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia?

El único requisito sustancial que se exige en todos los procedimientos es la existencia de una situación de insolvencia.

  • Los acreedores, el ministerio fiscal o los deudores pueden solicitar la quiebra de las personas o empresas que ejercen una actividad comercial. Dichas personas y la autoridad de supervisión de la empresa pueden solicitar la liquidación forzosa de las sociedades sujetas a este procedimiento particular. Sólo los deudores pueden solicitar el concordato preventivo.

En cuanto a los requisitos de publicidad, la sentencia por la que se declara la quiebra se comunica a todos los interesados y se publica en la oficina del registro de empresas donde tenga su sede el empresario. Los interesados pueden acceder a este registro, incluso por medios electrónicos.

El auto de incoación del procedimiento de concordato preventivo se publica mediante un anuncio en el registro del órgano jurisdiccional, mediante inscripción en la oficina del registro de empresas y, si el deudor posee bienes inmuebles o bienes que deben inscribirse en el registro público, mediante la inscripción de los mismos en los correspondientes registros públicos. Por otra parte, el órgano jurisdiccional puede decidir publicar el auto en uno o más periódicos de su elección.

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El órgano jurisdiccional puede utilizar, eventualmente, otras formas de publicidad, que indicará en la sentencia.

3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos?

Los órganos que intervienen en la quiebra son: el órgano jurisdiccional, el juez delegado, el síndico (curatore) y la junta de acreedores.

El órgano jurisdiccional dicta sentencia en los casos de declaración de quiebra o de liquidación forzosa, y dicta un auto en el caso de demanda de concordato preventivo. El órgano jurisdiccional también interviene en la quiebra, en el procedimiento de liquidación forzosa, y homologa el concordato, en el ejercicio de las facultades que le confiere la ley.

El juez delegado ejerce funciones de vigilancia y control de la legalidad del procedimiento.

El síndico gestiona las operaciones materiales del procedimiento y procede a la liquidación del patrimonio.

La junta de acreedores vigila la actuación del síndico autorizando actos y emitiendo dictámenes en los casos previstos en la ley, a instancia del órgano jurisdiccional o del juez delegado.

El deudor, tras la sentencia declarativa de quiebra, no debe efectuar ningún pago a acreedores individuales, sino que debe consignar al síndico los bienes y ganancias adquiridos sucesivamente. También debe comunicar al síndico cualquier cambio de residencia o domicilio, y presentarse, si se le convoca, ante el juez delegado, el síndico o la junta de acreedores, para suministrar toda la información o las aclaraciones necesarias al final del procedimiento. También debe entregar al síndico la correspondencia relativa a las relaciones económico-patrimoniales en el marco de la quiebra. Por último, si se le autoriza a ocupar la vivienda de su propiedad por necesidad propia o de su familia, no podrá destinar este bien a ningún otro uso.

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Cualquier acreedor tiene derecho a solicitar la declaración judicial de quiebra de los empresarios (sus deudores) que se encuentran en situación de insolvencia. Además, los acreedores “preferentes”, es decir, aquellos cuyos créditos tienen una “causa justificada de preferencia” (privilegio, garantía pignoraticia o hipoteca), disfrutan de ventajas particulares para satisfacer sus créditos, según modalidades establecidas detalladamente en la ley.

4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento?

  • El patrimonio es objeto de un inventario elaborado por el síndico.
  • El empresario no pierde la propiedad de los bienes, pero no puede disponer de ellos. Tiene derecho a controlar la gestión de todo lo cedido y la legalidad de la formación del patrimonio.
  • Los acreedores tienen derecho a satisfacer sus reclamaciones mediante el producto de la venta de los bienes del deudor. La ley establece el orden decreciente de satisfacción de los acreedores.
  • El juez delegado puede adoptar, directamente, o a través de las autoridades competentes, las medidas urgentes que sean necesarias para la conservación del patrimonio. Entre estas medidas figuran los embargos preventivos y otros procedimientos especiales previstos en el Código de procedimiento civil, así como la venta inmediata de bienes perecederos.

5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos?

  • Los terceros que tengan derechos reales sobre los bienes muebles o inmuebles de propiedad y en posesión del insolvente serán informados de ello mediante un aviso del síndico, y podrán presentar demanda de devolución o reconocimiento de sus derechos sobre tales bienes mediante un recurso de admisión en el pasivo ante el órgano jurisdiccional.

En cuanto a la compensación por quiebra, los acreedores tienen derecho a compensar los créditos frente al insolvente con sus deudas, salvo en el caso de que no los hayan adquirido por un acto inter vivos tras la declaración de quiebra o en el año anterior.

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No existen normas particulares sobre la reparación de años. En este tipo de créditos, la declaración de quiebra suspende el devengo de intereses legales.

En cuanto a la venta condicionada, la quiebra del vendedor no es causa de rescisión del contrato.

En lo que respecta a los contratos de alquiler de inmuebles, la quiebra del arrendador no pone fin al contrato de alquiler, y el síndico se hace cargo del contrato. El síndico puede rescindir el contrato en cualquier momento, y al arrendatario le corresponderá una indemnización justa por la anticipación de la rescisión. En ausencia de acuerdo entre las partes, el juez delegado fijará el importe de la indemnización, tras oír a los interesados.

Las relaciones de trabajo por cuenta ajena se extinguirán si la empresa en quiebra cesa su actividad. En caso de venta total o parcial de la empresa a terceros, es posible, a través de un procedimiento específico, transferir parcialmente los trabajadores de la empresa en quiebra a las dependencias del comprador, o modificar las relaciones laborales previas.

En cuanto a los derechos de los acreedores, la ley concursal los regula detalladamente. Se protegen especialmente los créditos que tienen una causa justificada de preferencia y, mediante una acción revocatoria, aquellos respecto de los cuales los deudores hayan realizado actos de disposición perjudiciales.

El principal deber de los acreedores es abstenerse de realizar acciones individuales, ejecutivas o cautelares, a partir de la fecha de la quiebra.

Los derechos de los acreedores que tienen preferencia respecto de determinados bienes muebles también pueden hacerse efectivos en el curso del procedimiento de quiebra, siempre que hayan sido admitidos con carácter preferente en el pasivo.

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6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales?

  • Las reglas aplicables son las que establece la ley concursal en materia de acción revocatoria, declaración de invalidez de actos a título gratuito, revocación de actos como los actos a título oneroso, pagos efectuados por el deudor o garantías concedidas por éste sobre sus bienes en la fase de quiebra. La propia ley regula individualmente, en cada caso, las causas de anulación de los mencionados actos.
  • El periodo de sospecha es anterior a la declaración de quiebra. Se considera que durante ese periodo se ponen de manifiesto las dificultades del empresario, que puede ser inducido a realizar actos perjudiciales para los acreedores.

7. ¿Qué requisitos deben concurrir en la presentación y admisión de demandas?

  • En lo que respecta a la comunicación a los acreedores de las modalidades de presentación de sus demandas de admisión en el pasivo, en las que figuran los correspondientes créditos, el síndico tiene la obligación de comunicar a cada uno de los acreedores el aviso correspondiente, a través del correo ordinario, correo electrónico o fax.
  • La comprobación y admisión de los créditos se realiza en el curso de una vista destinada a la formación del pasivo en la que se decide la admisión o no de las demandas de los acreedores, así como el orden de preferencia y los privilegios.

8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización?

La ley concursal prevé planes de reestructuración en el marco del procedimiento de concordato preventivo. El deudor debe adjuntar dichos planes a la propuesta que presenta al órgano jurisdiccional. Los planes deben prever la reestructuración de las deudas y la satisfacción de los créditos por cualquier medio.

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El deudor y los acreedores también pueden alcanzar extrajudicialmente un acuerdo específico de reestructuración antes de la deliberación para homologar el concordato preventivo.

En la vista convocada para esta deliberación el deudor puede depositar dicho acuerdo, siempre que haya sido aprobado por un grupo de acreedores que representen al menos el 60 % de los créditos, y vaya acompañado por el informe de un experto sobre la viabilidad el propio acuerdo.

El plan de reestructuración del deudor y el acuerdo alcanzado con los acreedores pueden prever la suspensión provisional de los pagos y medidas ejecutivas, así como una reducción de los créditos.

9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación?

En el procedimiento de insolvencia, el síndico procede a cobrar créditos, vender bienes y a evaluar el pasivo en función de las reclamaciones presentadas por los acreedores.

Si el resultado de las operaciones de liquidación es un activo, su importe se distribuye entre los acreedores según los derechos de preferencia de éstos. Si el pasivo es superior al activo, los acreedores conservan el derecho a que se les pague todo lo adeudado, incluso después del fin del procedimiento, a menos que al deudor, si ha colaborado positivamente en el procedimiento de quiebra, se le conceda, mediante un auto judicial, el beneficio de liberación de las deudas residuales en virtud de una nueva figura denominada esdebitazione, que ha sido introducida recientemente en la reforma de la ley concursal.

10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento?

Las condiciones para poner fin al procedimiento de liquidación por quiebra son: la extinción íntegra de las deudas o el reparto del activo entre los acreedores según el orden de su admisión en el pasivo, o en el caso de acreedores insatisfechos, la declaración de que la continuación del procedimiento de quiebra no permite cobrar los créditos que han permanecido descubiertos.

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Las consecuencias de la quiebra para el insolvente son:

  1. privación de administrar y disponer de sus bienes. Los actos de disposición que realice será inválidos.
  2. pérdida de la capacidad procesal para los litigios relativos a relaciones de Derecho patrimonial sobre los bienes de la quiebra. La iniciación del procedimiento de quiebra suspende otros procesos en los que, no obstante, puede intervenir el síndico, que actúa en el juicio en lugar del insolvente.
  3. el juez tutelar, tras oír al síndico y la junta de acreedores, puede conceder al insolvente o a su familia una pensión de alimentos.

En cuanto a la posibilidad de que el insolvente reanude una actividad comercial tras el fin del procedimiento de quiebra, la reciente reforma de la ley concursal ha eliminado las limitaciones previstas en la normativa anterior. Por tanto, no se descarta la posibilidad de que el empresario desarrolle de nuevo, tras la quiebra, una actividad comercial, si no ha sido condenado por ningún delito relacionado con la quiebra y no se encuentra, por tanto, en situación de inhabilitación para el ejercicio de una actividad comercial, ni de incapacidad para ejercer puestos directivos en empresas, como consecuencia de penas accesorias por los delitos mencionados.

Con respecto a las sanciones al insolvente o a terceros, la ley concursal regula una serie de delitos cometidos por empresarios individuales o administradores de las sociedades comerciales que han sido declaradas en quiebra (bancarrota simple o fraudulenta, recurso abusivo al crédito, denuncia de acreedores inexistentes e incumplimiento de otras obligaciones), castigados con penas de privación de libertad y sanciones accesorias relativas al ejercicio de la actividad empresarial.

También se regulan otros delitos cometidos por el síndico o por terceros.

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