Comisión Europea > RJE > Quiebra > Grecia

Última actualización: 07-03-2008
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Quiebra - Grecia

EJN logo

Esta página está obsoleta. Está en curso de actualización y en breve estará disponible en el Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

1. Tipos de insolvencia y objetivos que persiguen 1.
2. Condiciones de apertura de los diferentes procedimientos de insolvencia 2.
3. Rol de los participantes en los diferentes procedimientos 3.
4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento? 4.
5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 5.
6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿Cuáles son los requisitos para la comunicación y reconocimiento de créditos? 7.
8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización? 8.
9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación? 9.
10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento? 10.

 

1. Tipos de insolvencia y objetivos que persiguen

Por insolvencia se entiende una situación en la que el pasivo de una persona excede el activo, lo que imposibilita satisfacer a sus acreedores. La adopción de medidas cautelares y el requerimiento de pago constituyen los procedimientos previos con fines preventivos. Los procedimientos formales son la quiebra, la liquidación especial, la gestión temporal, la administración y gestión por los acreedores y la administración judicial para poder alcanzar un convenio con los acreedores.

2. Condiciones de apertura de los diferentes procedimientos de insolvencia

Se puede declarar quebrados a particulares y empresas, pero solamente las empresas pueden ser sometidas a los regímenes de liquidación especial, administración temporal, administración y gestión por los acreedores o administración judicial. Para ser declarado en quiebra hay que ser comerciante, haber cesado en los pagos de deudas comerciales o declararse en suspensión de pagos y recaer resolución judicial. Cualquier acreedor puede solicitarla por escrito si presenta prueba de su crédito. Una empresa sólo puede someterse a liquidación especial si lo solicitan el 51 % de los acreedores cuyos créditos figuren en su contabilidad. Los requisitos son la suspensión o cese de la actividad comercial, la cesación en los pagos, estar en quiebra, o en administración y gestión por los acreedores, o en administración temporal o liquidación, siempre que no se hayan subastado los activos básicos relacionados con la producción y exista una incapacidad manifiesta de pagar las deudas vencidas. Una empresa puede someterse a liquidación especial en las mismas condiciones a petición del 20 % de los acreedores, en cuyo caso se nombra a un administrador especial. En idénticas condiciones, los acreedores cuyos créditos estén inscritos en los libros de la empresa o en el balance del último ejercicio financiero, o la propia empresa, pueden solicitar que se nombre a un representante para llegar a un acuerdo entre los acreedores y la empresa para determinar o reducir los créditos. Puede adoptarse una decisión que resuelva someter a la empresa a la administración y gestión de sus acreedores cuando conste que ha incurrido en cesación de pagos, lo solicite el 55 % de los acreedores inscritos en los registros de la empresa y se instaure una comisión especial del Banco de Grecia. El administrador temporal hará lo necesario para mantener la actividad comercial y convocará una asamblea de accionistas con el fin de adoptar una resolución que someta a la empresa a la administración de sus acreedores.

ComienzoComienzo

3. Rol de los participantes en los diferentes procedimientos

Una vez publicada la declaración de quiebra, se nombra a un juez ponente encargado de supervisar el procedimiento y a un abogado en calidad de administrador temporal, que pasará a ser permanente si es aprobado por la junta de acreedores, y que representa al quebrado y a su grupo. El administrador establece el pasivo y el activo del quebrado y le representa en las vistas relacionadas con la masa concursal. Una vez finalizado el procedimiento de quiebra, procede a la venta y distribución del patrimonio entre los acreedores que declaran sus créditos en la junta general, que se recogen en una lista. Si, según el informe del juez ponente, no hay activos, el tribunal declara el caso cerrado. Durante el procedimiento de quiebra, el quebrado no tiene derecho a administrar la masa concursal, aunque puede tomar medidas de salvaguardia si el administrador no actúa. Las empresas se someten a liquidación especial y el tribunal de apelación designa a los liquidadores y a un administrador y ratifica el acuerdo a petición de los acreedores. La publicación de las decisiones pone término a la administración de la empresa por los órganos estatutarios propios. En caso de aplicación del artículo 46, el liquidador realiza una subasta forzosa de los activos individualmente o en lote, para satisfacer a los acreedores registrados; en caso de aplicación del artículo 46a, la empresa se vende como un lote en subasta judicial y el liquidador redacta el contrato de venta, cobra los beneficios obtenidos y los distribuye de acuerdo con la lista. Si la empresa se somete a un régimen de administración temporal, el administrador interviene para salvaguardar el patrimonio en representación de la empresa ante los tribunales y las autoridades públicas, elabora el inventario y el balance, convoca a los accionistas para la presentación de los créditos, elabora una lista y solicita el consenso de los accionistas para obtener un acuerdo respecto a la continuidad de la actividad empresarial bajo administración y gestión de los acreedores. Éstos designan un comité directivo, que procede al aumento del capital social mediante la emisión de acciones, que les son asignadas en proporción a sus propios créditos. Pasados tres años, los acreedores pueden autorizar al comité directivo a declarar la disolución de la empresa o someterla a liquidación especial.

ComienzoComienzo

4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento?

Una vez publicada la decisión judicial, el quebrado pierde la capacidad de disponer de su patrimonio; esto no se aplica a los créditos inembargables, derechos intransferibles o activos posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia. Los acreedores de la quiebra se dividen en acreedores de créditos ordinarios o sin garantía, con garantía y con privilegio general. Las acciones individuales de los acreedores ordinarios y con privilegio general se suspenden, mientras que se mantienen las de los acreedores colectivos, posteriores a la declaración de quiebra y con garantía in rem o privilegio especial. En un plazo de 24 horas tras la declaración de la quiebra, el juez de paz sella y hace inventario de la masa concursal. Los bienes se entregan al administrador y el dinero al Tesoro Público. Tras el nombramiento del administrador judicial de la empresa y la publicación de esta decisión, se suspenden las medidas de ejecución individuales, pero no el proceso judicial ni los recursos. Para disponer del capital o cambiar los estatutos es necesario el acuerdo del administrador judicial. El convenio aprobado por el tribunal vincula igualmente a los acreedores que no sean parte en él. En caso de liquidación especial, la ejecución forzosa, la adopción de medidas cautelares y la declaración de quiebra están prohibidas a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Tras la publicación de la declaración, la administración y gestión del patrimonio pasa al liquidador especial. Cuando una empresa se somete a administración temporal o a administración y gestión por los acreedores a instancia de los acreedores, se prohíbe la ejecución forzosa, la adopción de medidas cautelares y la declaración de quiebra respecto a las deudas devengadas antes de la solicitud. La administración corresponde inicialmente al gestor y posteriormente al comité directivo de los acreedores.

ComienzoComienzo

5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos?

El momento de la declaración de la quiebra determina el patrimonio afectado por la enajenación derivada de la quiebra. Los bienes en su tenencia o posesión pueden ser reclamados por el propietario. Las otras partes contratantes no están obligadas a cumplir en primer lugar sus obligaciones contractuales pendientes. Los contratos laborales se mantienen y los empleadores quebrados no quedan exentos del pago de los salarios atrasados. La quiebra de arrendatarios o arrendadores no cancela los contratos de arrendamiento. La quiebra de un socio implica la disolución de la sociedad no mercantil o personal, excepto si los demás socios acordaron mantenerla. Las sociedades de capital se disuelven en caso de quiebra, pero durante la liquidación mantienen su carácter mercantil y su personalidad jurídica; sin embargo, la quiebra de un socio no provoca su disolución. Automáticamente las órdenes se cancelan, las cuentas corrientes se cierran y los préstamos se anulan. La compensación unilateral contractual es nula. Someter una empresa a liquidación especial no causa su disolución, ni tiene efectos sobre los contratos pendientes, salvo cuando se hayan basado específicamente en la confianza mutua o en la situación personal de uno de los contratantes. La liquidación especial implica la resolución de los contratos laborales, aunque el tribunal, a solicitud de los acreedores, puede ordenar que se mantenga temporalmente a parte de los empleados en interés de la empresa. Se rescinden los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, vehículos, maquinaria y otras instalaciones, y todos los acuerdos en cuya virtud un tercero los ocupa, posee o utiliza. Por el contrario, las garantías a favor de terceros no se ven afectadas. El liquidador puede pagar deudas vencidas y compensar los créditos de la empresa con créditos de terceros o venderlos. En situación de administración judicial, se mantienen las garantías, hipotecas, prendas u otros derechos reales conexos o que no constituyan garantía de los créditos y sus prerrogativas. En caso de administración temporal o de administración por los acreedores, la actividad de la empresa continúa normalmente, pero no se pueden vender ni gravar sus activos, ni se pueden celebrar negocios jurídicos cuya duración sea superior a un año sin autorización judicial. Las hipotecas, prendas y privilegios se mantienen hasta la satisfacción de las obligaciones para con los acreedores hipotecarios, pignoraticios y privilegiados; las garantías no se ven afectadas.

ComienzoComienzo

6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales?

Se revocan los actos del quebrado realizados durante el periodo de sospecha en detrimento del patrimonio. Son inoponibles frente a los acreedores todos los actos unilaterales que reduzcan la masa concursal, como pagos en efectivo, pagos por cesión, venta, compensación o de otro tipo, por créditos vencidos o no, ya sea en efectivo o en títulos de pago, y la constitución de garantías in rem para deudas previas, realizados durante el período de cesación de pagos o en los 10 días anteriores a su inicio.

7. ¿Cuáles son los requisitos para la comunicación y reconocimiento de créditos?

La quiebra se da a conocer a los acreedores mediante la publicación de la declaración en la que se nombra al juez de la quiebra y al administrador y se fija el lugar y la fecha de la asamblea general de accionistas. Los acreedores acreditan su condición presentando resguardos de acciones y notas de crédito inicialmente al administrador nombrado por el juez o al propio juez. A los acreedores que no se dan a conocer se les convoca individualmente mediante la publicación de un anuncio en el Boletín del Fondo de Pensiones de los Abogados. Se examinan los créditos y el juez elabora un informe. En caso de reconocimiento del crédito, el acreedor declara bajo juramento su carácter verdadero y no fraudulento. Si el acreedor no reclama su crédito puede oponerse a la distribución del producto de la liquidación hasta el último acto de ésta y, una vez aceptada su oposición, se le incluye en la distribución. Los créditos de los acreedores colectivos se satisfacen antes de los de los firmantes del convenio y de cualquier distribución de activos y después de los de los acreedores con privilegio general, acreedores con privilegio especial, hipotecas y prendas. En las liquidaciones especiales, los acreedores se dirigen al liquidador, que elabora una lista. Este procedimiento incluye los créditos devengados antes de la intervención de la Agencia de Reorganización de Sociedades en la empresa, la solicitud de liquidación especial por la empresa y el nombramiento de administrador judicial. Los costes de la liquidación especial y de funcionamiento de la empresa, de gestión de la quiebra y de ejecución no se incluyen ni se consignan. Después se elabora un cuadro de clasificación. Los créditos dudosos o erróneos se inscriben como tales y condicionalmente. De conformidad con el artículo 46a relativo a la liquidación, el liquidador publica una invitación a la presentación de créditos y se aplican las normas de clasificación del artículo 46. En caso de liquidación especial de empresas bajo administración y gestión de los acreedores, se aplica lo dispuesto en los artículos 975 y ss. del Código de Procedimiento Civil y el 61 del Código Fiscal.

ComienzoComienzo

8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización?

Los procedimientos de reestructuración hacen referencia a la gestión y administración por los acreedores para la recuperación de la empresa, de conformidad con los artículos 44 y 45. La ejecución judicial, la adopción de medidas cautelares o la declaración de quiebra no están permitidas durante el proceso de reorganización. El comité de gestión administra la empresa, examina los créditos, aumenta el capital social y distribuye los resguardos de acciones. Pasados tres años desde la solicitud, 3/5 de los acreedores pueden solicitar la disolución de la empresa o someterla a liquidación especial. La empresa o los acreedores pueden solicitar que se aplique el procedimiento de reorganización de la empresa por decisión del Ministro, en cuyo caso la Agencia de Reorganización de Sociedades es designada administrador provisional y se establece un convenio con los acreedores. Se suspenden el pago de las obligaciones vencidas, las medidas de ejecución forzosa, el devengo de intereses y los plazos de caducidad de los créditos. El convenio entre los accionistas, los acreedores y la Agencia de Reorganización de Sociedades no afecta a las garantías, hipotecas, prendas u otros privilegios especiales que impliquen una disminución de créditos o la concesión de plazos para reembolso. La orden ministerial y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial da fin a la administración provisional y la suspensión de los créditos individuales y demás medidas. Compete al administrador lograr un convenio entre los acreedores y la empresa, que también vincula a los acreedores que no son parte en él, prevé un plazo para el pago de los créditos, reduce su importe (el saldo remanente se pierde), limita las garantías in rem al importe convenido del pago y revoca la declaración de quiebra. Cuando se publica la decisión del comité de someter a la empresa a administración judicial, se suspenden las medidas de ejecución forzosa, la adopción de medidas cautelares y el devengo de intereses.

ComienzoComienzo

9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación?

En ausencia de convenio, los acreedores se asocian para proceder a la liquidación de los activos y la distribución del beneficio, y el administrador pone en venta los bienes muebles e inmuebles. Si la liquidación resultara imposible o poco rentable, el tribunal, a solicitud del juez ponente, pone fin a los trabajos; cuando el patrimonio es suficiente, los bienes muebles se venden en subasta pública o por acuerdo y los inmuebles con la autorización del juez ponente. El capital se deposita en la Caja de Depósitos y Préstamos. Antes de la distribución entre los acreedores ordinarios, se sustraen las costas judiciales y los gastos de administración de la quiebra, la ayuda económica para el insolvente y su familia, los créditos con privilegios generales, los créditos colectivos y los créditos con garantías in rem, y se retiene una proporción para los acreedores cuyos créditos se aceptaron provisionalmente, no fueron presentados dentro de plazo y formularon oposición a la distribución del beneficio y que solicitaron su reconocimiento, que residen en el extranjero (si sus créditos figuran en el balance) o que tienen créditos condicionales en el momento de la distribución. El juez ponente convoca una asamblea de acreedores en la que el administrador informa al insolvente del grado de satisfacción de los acreedores tras la distribución. Las empresas bajo gestión y administración de los acreedores son declaradas en situación de liquidación por el tribunal, que fija una fecha para la cesación de los pagos. El administrador vende todos los bienes muebles e inmuebles en subasta pública. Si no hay ofertas, se pospone la subasta y el procedimiento se repite hasta que surja una. En la distribución del producto se da preferencia a los acreedores de hipotecas, a los acreedores garantizados y privilegiados, respetándose el orden de las hipotecas, prendas o privilegios. Si no se da cumplimiento a los convenios previstos en los artículos 44 y 45, el Tribunal de Apelación ordena la liquidación de conformidad con el artículo 46. El liquidador procede a la subasta forzosa de los activos individualmente o en lote. En caso de liquidación especial de conformidad con el artículo 46a, el liquidador publica una convocatoria de manifestación de interés de adquisición de la empresa a la que deberá responderse por escrito, prepara una oferta, entrega a cada persona una copia y publica un aviso de subasta pública, que debe celebrarse como mínimo 35 días después de la publicación de la convocatoria y como máximo 60 días después. En la fase siguiente, se abren las propuestas y el liquidador elabora un informe de evaluación proponiendo la adjudicación al licitador, una vez aprobada por los acreedores. Éstos deben dar su acuerdo por escrito, en el plazo de un mes; la ausencia de reacción se entiende como aceptación tácita de la propuesta y se firma el contrato de transferencia de los activos al adjudicatario, el cual deposita el precio en un banco establecido legalmente en Grecia. A continuación, se lleva a cabo la cancelación de los gravámenes. Si no hay propuestas que satisfagan las condiciones legales, o se consideran inadecuadas o poco rentables por los acreedores, éstos pueden solicitar al liquidador una nueva subasta con las mismas formalidades. Si la segunda subasta tampoco da resultados, como alternativa existen tres posibilidades: el Tribunal de Apelación ordena la subasta pública del patrimonio en lotes; o se celebra una tercera subasta; o se solicita al Tribunal de Apelación la revocación de la declaración de liquidación especial. En el plazo de 15 días tras la transferencia de activos, el liquidador invita a la reclamación de créditos, que se recogen en la lista y el beneficio se distribuye.

10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento?

Los procedimientos de quiebra se concluyen: a) por convenio, que exige las propuestas de convenio del quebrado, la aprobación de la asamblea general de acreedores, que el quebrado no haya sido condenado por quiebra fraudulenta, y la aprobación del tribunal; b) por extinción de la asociación de acreedores, en cuyo caso, una vez liquidados el activo y el pasivo del patrimonio, el juez ponente convoca una asamblea general de los acreedores, en la que el administrador rinde cuentas y se pronuncia sobre la exculpación del insolvente, aunque decide el tribunal. En caso de liquidación, el proceso concluye: a) con la adquisición de los nuevos títulos; b) cuando se alcanza un convenio entre la empresa y los acreedores; y c) con la distribución del beneficio. Los procedimientos con arreglo a la ley 1386/83 concluyen: a) con la aprobación ministerial de garantía de viabilidad de la empresa y su publicación en el Boletín Oficial del Estado; b) con la liquidación y distribución del beneficio. Los procedimientos con arreglo a los artículos 44 y 45 concluyen mediante la aprobación por el Tribunal de Apelación del convenio entre los acreedores y la empresa. La liquidación especial concluye tras la distribución del beneficio.

« Quiebra - Información general | Grecia - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 07-03-2008

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido