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Última actualización: 29-07-2004
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Quiebra - Alemania

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos? 1.
2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia? 2.
3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos? 3.
4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento? 4.
5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 5.
6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿Qué requisitos deben concurrir en la presentación y admisión de demandas? 7.
8. ¿Que normativa se aplica en los procedimientos de reorganización? 8.
9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación? 9.
10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento? 10.

 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos?

La legislación concursal alemana establece un procedimiento único de insolvencia cuya finalidad es satisfacer a los acreedores de la forma más equitativa posible (primera frase del apartado 1 de la ley concursal alemana (Insolvenzordnung)). El procedimiento de insolvencia discurre de conformidad con las normas legislativas que regulan la administración, determinación y distribución de la masa de la quiebra (Regelinsolvenzverfahren, procedimiento de insolvencia ordinario). Sin embargo, las partes pueden convenir en otra cosa como, por ejemplo, mantener la empresa.

El procedimiento de insolvencia también debe permitir a las personas físicas empezar su actividad económica desde cero, lo cual se consigue renunciando al cobro de las deudas no pagadas tras la conclusión del procedimiento de insolvencia (la denominada condonación de la deuda restante (Restschuldbefreiung)).

2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia?

El procedimiento de insolvencia puede iniciarse en relación con los bienes de cualquier persona física o jurídica, aunque ésta no desarrolle ninguna actividad empresarial (consumidores).

En primer lugar, el deudor o el acreedor deben presentar la solicitud de iniciación del procedimiento de insolvencia. Las entidades públicas no pueden presentar la solicitud. En caso de insolvencia de sociedades anónimas, la presentación de la solicitud es obligatoria. Si no se cumple esta obligación, los acreedores pueden reclamar una indemnización y el deudor puede incurrir en un delito.

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Los motivos para iniciar el procedimiento de insolvencia son la incapacidad de hacer frente a los pagos o el endeudamiento excesivo. El primer supuesto se da cuando un deudor no puede cumplir sus obligaciones de pagos debidos (artículo 17, apartado 2, InsO). El endeudamiento excesivo se produce cuando los bienes del deudor ya no cubren las obligaciones existentes (véase el artículo 18, apartado 2, InsO). La valoración de los bienes del deudor debe basarse en la continuidad de la empresa, cuando las circunstancias permitan prever esta posibilidad. El riesgo inminente de impago puede ser motivo suficiente para que el deudor solicite la iniciación del procedimiento de insolvencia (artículo 18, apartado 1 InsO).

Para proteger a los órganos jurisdiccionales y a los deudores frente a solicitudes precipitadas o de mala fe, el acreedor debe presentar la solicitud junto con indicios razonables de que existe insolvencia y de su derecho a reclamar.

Por último, también hay que garantizar la financiación del procedimiento de insolvencia. La solicitud de incoación del procedimiento se desestimará si los bienes del deudor resultan insuficientes para cubrir los costes del procedimiento (artículo 26, apartado 1, InsO).

Si se reúnen todas las condiciones, el juez dictará un auto de declaración de concurso que se hará público a través de Internet (www.Insolvenzbekanntmachungen.de Deutsch), o de la publicación del órgano jurisdiccional dedicada a comunicaciones públicas. Una propuesta de Ley prevé que en el futuro las comunicaciones se harán exclusivamente en Internet.

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3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos?

La misión del tribunal competente en materia de quiebra es seguir y controlar la legalidad del procedimiento de insolvencia. También puede ejercer funciones de mediación y conciliación en las negociaciones entre las partes para procurar la resolución del conflicto. Las decisiones principales del procedimiento de insolvencia (determinación de los bienes, liquidación, convenio y plan de la quiebra) las toman los acreedores. El juez tiene competencias y funciones importantes en la fase de incoación del procedimiento. Entre otras cosas, decide adoptar la declaración de concurso, las medidas cautelares provisionales y el nombramiento del administrador concursal. Al juez le corresponde también controlar al administrador concursal, pero sólo en cuanto a la legalidad de su actuación, no en cuanto a su finalidad; tampoco puede darle instrucciones.

La figura central del procedimiento de insolvencia es el administrador concursal. Generalmente, se trata de abogados, hombres de negocios, auditores de cuentas o asesores fiscales. Con la apertura del procedimiento de insolvencia se confiere al administrador concursal la administración y la facultad de disposición de los bienes del deudor. Su función principal consiste en separar los bienes existentes en el momento de la apertura del procedimiento de todo aquello que no pertenezca al deudor. Además, tiene que incorporar a los bienes del deudor todos los activos que deberán considerarse en la determinación de la masa, pero que en el momento de iniciación del procedimiento de insolvencia todavía no figuran entre los bienes del deudor. Los bienes del deudor determinados de esta forma constituyen la denominada “masa de la quiebra” (artículo 35, InsO), con la que se deberá satisfacer a los acreedores. Otras funciones del administrador concursal son:

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  • pago de salarios a los empleados del deudor en quiebra
  • decidir sobre contratos pendientes (artículo 103, InsO)
  • elaborar el inventario de los bienes (artículo 153, apartado. 1 p. 1 InsO)
  • liquidar la masa de la quiebra (artículo 159, InsO)
  • reparto de los activos (artículo 187, InsO).

La ley concursal alemana (Insolvenzordnung) permite a los acreedores ejercer una influencia considerable en el procedimiento de insolvencia. En todos los casos está prevista la Gläubigerversammlung (junta de acreedores) y además existe la posibilidad de establecer una Gläubigerausschuss (comité de acreedores). Mientras que la junta de acreedores es el órgano principal de administración de los acreedores, el comité es el órgano central de control cuya función es similar a la de un consejo de administración.

El juez competente en materia de quiebra convoca (artículo 74, apartado 1, primera frase, InsO) y dirige (artículo 76, apartado 1, InsO) la junta de acreedores. Tienen derecho a asistir a la junta todos los acreedores a los que se reconozca este derecho, todos los acreedores concursales, el administrador concursal y el concursado (artículo 74, apartado 1, InsO). Las decisiones de la junta de acreedores se adoptan cuando el total de los créditos de los acreedores que aprueban la decisión es superior a la mitad del total de los créditos de los acreedores que participan en la votación (Summenmehrheit).

La junta de acreedores decide cuál será la composición del comité de acreedores (artículo 68, InsO). Si el tribunal competente en materia de quiebra designa al comité de acreedores antes de la primera junta de acreedores, la composición del comité deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 67, apartado 2, InsO. La junta de acreedores tiene derecho a disolver el comité de acreedores designado provisionalmente de esta manera.

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La junta de acreedores desempeña funciones importantes como decidir si el procedimiento de insolvencia debe continuar y, en particular, determinar cómo se realizarán los activos. También tiene las siguientes obligaciones:

  • elegir a otro administrador concursal (artículo 57, p. 1 InsO)
  • supervisar al administrador concursal (artículos 66, 79, 197 apartado 1, nº 1, InsO)
  • aprobar los actos jurídicos especialmente importantes del administrador concursal (artículo 160, apartado 1, InsO)
  • participar en la preparación y ejecución del convenio (Insolvenzplan) (artículo 218, apartado 2, artículo 231, apartado 2, artículo 232, apartado 1, nº 1, artículo 233, segunda frase, artículo 248, apartado 2, artículo 258, apartado 2, tercera frase, artículo 261, apartado 2, segunda frase, artículo 262, InsO).

El concursado es el titular de los bienes que deberán enajenarse y contra los que se dirigen las reclamaciones de los acreedores (artículos 38 y 39, InsO). Responde con todo su patrimonio. Tras la incoación del procedimiento de insolvencia, sigue siendo el propietario de sus bienes y debe cumplir sus obligaciones. Sin embargo, la administración y disposición de los bienes de su patrimonio se transfieren al administrador concursal (excepción: la administración directa prevista en el artículo 270 ss., InsO). Además, el procedimiento de insolvencia, una vez iniciado, le impone numerosos deberes de información y colaboración. Al mismo tiempo, el concursado tiene derecho a participar en el proceso.

Al objeto de agilizar el procedimiento de insolvencia, las resoluciones del tribunal competente en materia de quiebra sólo pueden recurrirse en los supuestos en que la ley prevé el recurso inmediato (sofortige Beschwerde) (véase el artículo 6, apartado 1, InsO) que puede presentarse ante el propio tribunal competente en materia de quiebra o ante el tribunal de apelación (tribunal regional superior al tribunal competente en materia de quiera). El recurso se presentará por escrito o se entregará en mano para su registro en la secretaría del tribunal. El recurso no tiene efectos suspensivos, pero tras su interposición, el tribunal de apelación o el tribunal competente en materia de quiebras pueden ordenar la suspensión temporal de la ejecución.

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4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento?

Al incoarse el procedimiento de insolvencia, el derecho del deudor a administrar y disponer de los bienes que constituyen la masa de la quiebra pasa al administrador concursal (artículo 80, apartado 1, InsO). Esto se aplica no sólo a los bienes que le pertenecen al iniciarse el procedimiento, sino también a los que pueda adquirir durante el procedimiento. No se incluyen en esta “confiscación” los bienes muebles que el deudor necesita para su vida cotidiana. Los ingresos procedentes de una actividad laboral forman parte de la masa sólo en la medida en que superen el nivel mínimo de subsistencia del deudor.

Para proteger la masa de la quiebra de, por ejemplo, intromisiones del deudor o los acreedores, el administrador concursal tiene el deber de entrar inmediatamente en posesión de los bienes. Si el deudor no cede voluntariamente los bienes, el administrador concursal puede actuar contra él mediante ejecución forzosa (Zwangsvollstreckung). El auto de incoación del procedimiento sirve de orden de ejecución. El administrador también tiene que proceder a elaborar un inventario de los bienes que refleje la situación financiera de los activos y pasivos del deudor (artículo 153, InsO). Asimismo, debe elaborar una lista de acreedores que incluya los créditos y distinga entre acreedores privilegiados y acreedores subordinados (artículo 152, InsO).

Dado que la finalidad del procedimiento de insolvencia es satisfacer por igual a todos los acreedores, la incoación del procedimiento implica la prohibición de la ejecución forzosa individual por parte de los acreedores, es decir, que mientras dura el procedimiento de insolvencia los acreedores no pueden entablar acciones de ejecución forzosa sobre los bienes de la masa ni sobre el patrimonio del deudor.

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5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 

Tienen preferencia los denominados acreedores de la masa (artículo 53, InsO), que son aquellos cuyos derechos, tras la incoación del procedimiento, han sido reconocidos por el administrador concursal en el marco del procedimiento de insolvencia (por ejemplo, reclamaciones salariales de los que siguen empleados en la empresa, o créditos de un abogado encargado por el administrador concursal para defender por vía judicial derechos contra el concursado). La razón de esta prioridad es que el administrador concursal pueda llevar a cabo el procedimiento de insolvencia contrayendo nuevas obligaciones, siempre que disponga de medios para cumplirlas.

Los acreedores que hayan recibido en garantía bienes pertenecientes a la masa de la quiebra, tienen preferencia para obtener satisfacción de la liquidación de estos bienes. Los ingresos obtenidos de la venta de esos bienes se entregarán al acreedor beneficiario de la garantía hasta el montante del crédito garantizado. Todo excedente se incorporará a la masa de la quiebra y se emplear para satisfacer a los demás acreedores. Este derecho de preferencia puede basarse, entre otras cosas, en derechos hipotecarios, gravámenes y garantías sobre bienes inmuebles (artículos 50 y 51, InsO).

Los acreedores que tienen derecho a un trato preferencial no están incluidos entre los acreedores ordinarios (artículo 47, InsO). El embargo sólo afecta a los activos del deudor. Si en el momento de incoación del procedimiento de insolvencia, el deudor tiene en su posesión bienes sobre los cuales un tercero tiene un derecho real o personal, éste podrá hacer valer plenamente su derecho (“derecho de separación de créditos”). El tercero, al margen del procedimiento de insolvencia, puede actuar contra el administrador concursal para obtener la restitución del bien. La separación de créditos puede fundamentarse en la propiedad, la mera reserva de propiedad, e incluso en derechos contractuales de restitución (Rückgewähranspruch) (por ejemplo, el derecho del arrendador respecto del arrendatario).

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6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales?

La revocación prevista en los artículos 129 y siguientes de la InsO tiene por finalidad evitar que el deudor sustraiga los bienes incautados o que los acreedores individuales obtengan ventajas especiales inmediatamente antes de la incoación del procedimiento de insolvencia. Si el administrador concursal declara la revocación, el beneficiario del acto revocado tiene que restituir todo lo sustraído del patrimonio del deudor con arreglo al acto legal revocado. Si esta restitución no fuera posible, por la naturaleza de los bienes de que se trate, el beneficiario deberá pagar una indemnización. No obstante, el beneficiario podrá proponer otras deducciones, en la medida en que haya restituido lo que adquirió por el acto anulado (artículo 144 InsO).

Para llevar a cabo la revocación, es necesario que los acreedores hayan sufrido un perjuicio por un acto jurídico anterior a la incoación del procedimiento de insolvencia (artículo 129, InsO) y que concurra uno de los motivos de revocación establecidos en los artículos 136 de la InsO. Son causas de revocación, en particular:

  • los actos a título gratuito del deudor realizados en los cuatro años anteriores a la solicitud de concurso (artículo 134, InsO);
  • los actos que el deudor haya realizado en los diez años anteriores a la solicitud de concurso, con la intención de perjudicar a sus acreedores, si la parte beneficiaria conocía la intención del deudor (artículo 133, InsO);
  • los negocios jurídicos realizados por el deudor en los tres meses anteriores a la solicitud de concurso, si ya era insolvente y la otra parte lo sabía (artículo 132 apartado 1, nº 1, InsO);
  • los actos jurídicos que otorgan a un acreedor una garantía a la que no tenía derecho, realizados en el mes anterior a la solicitud de concurso (artículo 131, apartado 1, nº 1, InsO).

A estos supuestos hay que añadir la responsabilidad penal del deudor y del acreedor beneficiario (artículos 283 – 283d del Código penal alemán).

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7. ¿Qué requisitos deben concurrir en la presentación y admisión de demandas?

Los créditos no se reconocen de oficio, sino sólo y en la medida en que el acreedor hace valer su derecho presentando el escrito de solicitud de declaración de concurso. En el auto de declaración, el tribunal competente en materia de quiebra debe pedir a los acreedores que presenten sus reclamaciones de créditos al administrador concursal, en un plazo de entre dos semanas como mínimo y tres meses como máximo (frases primera y segunda del artículo 28, apartado 1, InsO). Sin embargo, este plazo no es perentorio, ya que también es posible presentar la reclamación de créditos tras la expiración del mismo (véase el artículo 177 aptartado1, primera frase, InsO).

Los créditos reconocidos judicialmente (titulierte Forderungen) también deben ser declarados por escrito. Al presentar el escrito, hay que hacer constar el fundamento del crédito, es decir, los hechos en que se basa. Esto es especialmente importante cuando la declaración pretende suspender un plazo de prescripción. Hay que adjuntar a la declaración todos los documentos justificativos del crédito (artículo 174, apartado 1, InsO) como, por ejemplo, contratos y facturas.

El administrador concursal incluye los créditos declarados en la lista de acreedores (Insolvenztabelle) (artículo175, apartado 1, p. 1 InsO) que, al finalizar el plazo de comunicación, deposita en el tribunal competente para ser examinada por las partes.

En la denominada audiencia de control (Prüfungstermin), el tribunal examina de manera puramente formal los créditos comunicados. La fecha de esta audiencia se fija en el momento de la incoación del procedimiento; se convoca a los acreedores que han comunicado créditos, al administrador concursal y al deudor. El tribunal no examina el fundamento de los créditos, sino que se limita simplemente a comprobar si su existencia ha sido cuestionada por el administrador concursal, el deudor o alguno de los acreedores. Del resultado de este examen se deja constancia en la lista de acreedores (artículo 178, apartado 2, InsO).

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Un crédito se considera reconocido cuando su existencia no ha sido cuestionada por el administrador concursal ni por ningún acreedor. Así, se incluirá sin necesidad de ninguna diligencia en la distribución de la masa de la quiebra. La inclusión de un crédito reconocido en la lista de acreedores durante el procedimiento de insolvencia surte los mismos efectos que una sentencia judicial firme (artículo 178, apartado 3, InsO). En el caso de impugnación, el acreedor deberá demostrar la existencia del crédito mediante una acción declarativa. Si lo consigue, deberá solicitar al tribunal competente que rectifique la lista de acreedores (artículo 183, apartado 2, InsO). Si al acreedor ya se le ha reconocido un derecho contra el deudor antes de la incoación del procedimiento de insolvencia, la impugnación no surte, en principio, ningún efecto.

El deudor no puede oponerse a los créditos comunicados durante el procedimiento de insolvencia. No obstante, si el deudor no ha impugnado crédito, el acreedor, basándose en la lista de acreedores, puede emprender una acción individual de ejecución forzosa contra el deudor, una vez concluido el procedimiento de insolvencia (artículo 201, apartado 2, InsO). Si el deudor se opone a esta acción, el acreedor se remitirá al procedimiento anterior.

8. ¿Que normativa se aplica en los procedimientos de reorganización?

La junta de acreedores (Gläubigerversammlung) determina cómo transcurrirá el procedimiento; decidirá si la empresa del deudor debe cerrar o seguir en funcionamiento. Puede encargar al administrador concursal la preparación de un convenio (Insolvenzplan) y fijarle el objetivo del mismo (artículo 218, apartado 2, InsO). El deudor y el administrador concursal también tienen derecho a presentar un convenio de insolvencia (artículo 218, apartado 1, InsO). En este convenio se pueden establecer reglas que difieran de las normas legales, especialmente con objeto de mantener la empresa.

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El convenio consta de una parte descriptiva y una parte normativa. La finalidad de la parte descriptiva es informar a las partes y describir las medidas que se han adoptado desde la incoación del procedimiento, y las que se van a adoptar en adelante (artículo 220, InsO). La parte normativa expone cómo el convenio puede afectar a los derechos de las partes (artículo 221, InsO).

La junta de acreedores (Gläubigerversammlung) no tiene derecho de iniciativa, pero puede encargar al administrador concursal la elaboración del convenio, que tras su presentación es examinado por el tribunal competente en materia de quiebra (artículo 231, InsO), a fin de evitar a las partes un convenio ilegal o inviable que retrase el procedimiento de insolvencia. Si el examen inicial del convenio tiene un resultado positivo, el tribunal presenta el convenio al comité de acreedores (Gläubigerausschuss), al deudor, al administrador concursal y al comité de empresa, y fija un plazo para que formulen sus comentarios (artículo 232, InsO). Por último, fija las fechas de la audiencia de debate y la votación. La fecha de la audiencia se hará pública, y en ella se convocará especialmente a los acreedores que hayan comunicado sus créditos, los acreedores prioritarios, al administrador concursal, al deudor y al comité de empresa (artículo 235, apartado 3, InsO). En la audiencia, las partes presentes podrán expresar su opinión acerca del convenio y, por último, se procederá a la votación (artículos 243 a 246, InsO). En principio, el deudor debe aceptar el convenio; su rechazo del convenio es irrelevante si la situación para él resultante del convenio no es peor que la que tendría si el convenio no existiera, y si ninguno de los acreedores resulta satisfecho con una suma superior al total de su crédito (artículo 247, apartado 2, InsO). Si la mayoría de los acreedores acepta el convenio, éste será confirmado por el tribunal competente (artículo 248, apartado 1, InsO).

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Todos los efectos previstos en la parte normativa del convenio concursal, ya sean favorables o contrarios a los intereses de las partes, tendrán fuerza de cosa juzgada (artículo 254, apartado 1, InsO). El tribunal decide poner fin al procedimiento de insolvencia (artículo 258, apartado 1, InsO). Con ello cesan el administrador concursal y los miembros de la junta de acreedores, y el deudor recobra el derecho a disponer libremente de la masa (artículo 259, apartado 1, InsO). Tras la conclusión del procedimiento de insolvencia, el antiguo deudor tiene la obligación de satisfacer los créditos regulados en el convenio concursal. No obstante, la parte dispositiva del convenio también puede prever que la satisfacción de los créditos será controlada por el administrador concursal (artículo 261, apartado 1, InsO).

9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación?

Si no se propone ningún convenio, el administrador concursal procede a la venta de los bienes de la masa para obtener los fondos que se entregarán a los acreedores. El acreedor concursal decide la forma concreta de liquidación de los bienes, a fin de obtener el máximo resultado posible. Se podrá optar por la venta de la empresa o del conjunto de las propiedades particulares del deudor, o bien por la división de la empresa y la venta por separado de los bienes individuales que forman parte del patrimonio del deudor.

El administrador concursal reparte los ingresos obtenidos por la venta en función de una lista de reparto que deberá elaborar a partir de la lista de acreedores (artículo 175, InsO). En dicha lista se recogen todos los créditos que deberán considerarse a efectos de reparto. Los resultados obtenidos por la venta se reparten entre los acreedores, en proporción al nivel de sus créditos.

Por regla general, el reparto no comienza al concluir la venta de los bienes de la masa, ya que antes se producen son los llamados pagos parciales de la deuda, que se efectúan en cuanto se dispone de suficiente liquidez (artículo 187, apartado 2, primera frase, 1 InsO). El reparto final se produce tras la conclusión de la venta de la masa (artículo 188, primera frase 1, InsO), para lo cual se requiere la autorización del tribunal competente (artículo 196, apartado 2, InsO). Si se pueden satisfacer completamente todos los créditos, el administrador concursal entrega al deudor la suma restante (artículo 199, primera frase, InsO).

10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento?

Una vez finalizado el reparto, el procedimiento de insolvencia concluye de oficio. La decisión de terminación se hace pública y los acreedores pueden reclamar al deudor el pago de los créditos restantes. Otra cosa ocurre cuando el deudor es una persona física y ha solicitado la quita de la deuda pendiente. En el caso de que se le conceda, los acreedores ya no podrán reclamar los pagos al deudor (con la excepción de los créditos enumerados en el artículo 302, InsO). Con la terminación del procedimiento de insolvencia, el deudor recupera el derecho de administrar y disponer de los bienes que hasta entonces formaban parte de la masa.

En lo que respecta al convenio, el procedimiento de insolvencia finaliza en cuanto se aprueba definitivamente el convenio (artículo 258 I, apartado 2, InsO).

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