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Última actualización: 22-05-2006
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Quiebra - Finlandia

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ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los diversos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos? 1.
2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia? 2.
2.1. Concurso 2.1.
2.2. Reorganización de una empresa 2.2.
2.3. Liquidación de deudas de un particular 2.3.
3. ¿ Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos? 3.
3.1. Concurso 3.1.
3.2. Reorganización de una empresa 3.2.
3.3. Liquidación de deudas de un particular 3.3.
4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento? 4.
4.1. Concurso 4.1.
4.2. Reorganización de una empresa 4.2.
4.3. Liquidación de deudas de un particular 4.3.
5. ¿ Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 5.
5.1. Concurso 5.1.
5.2. Reorganización de una empresa 5.2.
5.3. Liquidación de deudas de un particular 5.3.
6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿ Qué condiciones deben concurrir en la comunicación y reconocimiento de créditos? 7.
7.1. Concurso 7.1.
7.2. Reorganización de una empresa 7.2.
7.3. Liquidación de deudas de un particular 7.3.
8. ¿Qué normativa se aplica a los procedimientos de reorganización? 8.
9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación (realización de los bienes y reparto del producto) ? 9.
10. ¿Qué condiciones se requieren para que se concluya el procedimiento? 10.
10.1. Concurso 10.1.
10.2. Reorganización de una empresa 10.2.
10.3. Liquidación de deudas de un particular 10.3.

 

1. ¿Cuáles son los diversos tipos de procedimientos de insolvencia y sus objetivos?

La insolvencia implica algo distinto a una incapacidad temporal de pagar las deudas a su debido tiempo. En estos casos los procedimientos de insolvencia constituyen un procedimiento de ejecución que se aplica simultáneamente a todas las deudas del deudor.

En Finlandia hay tres tipos de procedimientos de insolvencia: el concurso, la reorganización de empresas y la liquidación de deudas de particulares. Las respuestas sobre el concurso se basan en las disposiciones de la Ley concursal (120/2004) , que entró en vigor 1 de septiembre de 2004. La ley sobre reorganización de empresas (47/1993) y la Ley sobre liquidación de deudas de particulares (57/1993) entraron en vigor el 8 de febrero de 1993.

El concurso es un procedimiento de liquidación de los activos de un deudor y su reparto entre los acreedores. La reorganización de empresas y la liquidación de deudas de particulares son procedimientos de rehabilitación para restaurar la solidez financiera y permitir a los deudores superar sus dificultades económicas.

El deudor puede también alcanzar un acuerdo con sus acreedores sobre el pago de sus deudas y llegar a otros acuerdos ajenos a los procedimientos oficiales de insolvencia. No hay disposiciones legales que regulen los acuerdos voluntarios.

2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia?

La condición general para iniciar los tres tipos de procedimientos de insolvencia es que el deudor sea insolvente.

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2.1. Concurso

El concurso es de aplicación general, por lo que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden ser declaradas en concurso. La solicitud de declaración de concurso puede ser presentada por el deudor o por el acreedor.

La condición general para una declaración de concurso es la insolvencia del deudor. Las normas que regulan el concurso prevén varios posibles grupos de circunstancias que ayudan a establecer la insolvencia; se considera que un deudor es insolvente si se encuentra en alguna de esas circunstancias, salvo que exista una prueba en contra.

Circunstancias de insolvencia posibles:

cuando el deudor declara que es insolvente y no existen especiales motivos para oponerse a su declaración;.

cuando el deudor no ha efectuado sus pagos;

cuando durante el procedimiento de cobro correspondiente al periodo de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de la declaración de concurso ha quedado patente que no se podrán reunir los fondos suficientes procedentes del patrimonio del deudor para hacer frente a la totalidad de la deuda; o

cuando el deudor que está o ha estado obligado por ley a llevar una contabilidad de su actividad económica durante el año inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de concurso no pague una cantidad pendiente establecida en el plazo de una semana a partir de la recepción del requerimiento de pago de un acreedor. El acreedor debe hacer su solicitud de concurso dentro de los tres meses que siguen al vencimiento del plazo establecido para el pago de la deuda en el requerimiento de pago.

Cuando el acreedor presenta la solicitud de declaración de concurso, la cantidad que reclama debe basarse en una sentencia, tener otro fundamento ejecutorio o, en otro caso, resultar evidente. El crédito reivindicado no debe haber vencido. Se imponen restricciones a las solicitudes de concurso basadas en reclamaciones pequeñas.

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El órgano jurisdiccional se ocupa de que se publique puntualmente un anuncio del inicio del procedimiento concursal en el Boletín Oficial. El anuncio puede también publicarse en cualquier periódico. El administrador concursal deberá informar a los acreedores del inicio del procedimiento. Este inicio se inscribe asimismo, entre otros, en el registro de procedimientos concursales y reorganización, registro mercantil, registro de la propiedad, registro de buques, registro de mantenimiento de buques, registro de aeronaves, registro de hipotecas comerciales, registro de vehículos y en el registro de valores.

2.2. Reorganización de una empresa

Al igual que un comerciante privado, cualquier empresa, con independencia de la actividad que realice, puede someterse al procedimiento de reorganización. Sin embargo algunas compañías, como las aseguradoras y las instituciones de crédito, están sujetas a un control y una regulación especial y se excluyen de este procedimiento. Tanto el deudor como el acreedor pueden solicitar su apertura, aunque casi siempre suelen hacerlo los deudores.

El procedimiento de reorganización puede iniciarse cuando el deudor no es capaz de hace frente a un pago y no existe ningún obstáculo legal. Podría darse un obstáculo cuando la insolvencia no puede resolverse mediante un programa de de reorganización o cuando el patrimonio del deudor es insuficiente para cubrir los gastos inherentes al procedimiento. La reorganización puede también comenzar si el deudor está en el peligro de insolvencia. En estos casos el acreedor está facultado para incoar el procedimiento sólo en circunstancias especiales. Además, el deudor y dos acreedores pueden presentar una solicitud conjunta para abrir el procedimiento de reorganización. Las reclamaciones conjuntas de los acreedores deben representar al menos una quinta parte de las deudas conocidas del deudor.

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El órgano jurisdiccional publica en el Boletín Oficial el anuncio de la decisión de iniciar el procedimiento de reorganización. Compete al administrador comunicarlo a los acreedores. La incoación del procedimiento de insolvencia se anota también, entre otros sitios, en el registro de procedimientos de insolvencia y de reorganización, el registro mercantil, el registro de la propiedad y de hipotecas y el registro de valores.

2.3. Liquidación de deudas de un particular

Sólo las personas físicas pueden solicitar la liquidación de deudas. El procedimiento permite también liquidar deudas relacionadas con una actividad empresarial a la que se pone fin.

Para abrir este procedimiento el deudor debe ser insolvente y razonablemente capaz de mejorar su insolvencia para pagar sus deudas. También son importantes los motivos de la insolvencia (comprendidos la enfermedad y el desempleo) , el importe total de la deuda y la capacidad del deudor para pagar. Las personas físicas que lleven un negocio están facultadas para solicitar la liquidación de deudas con ciertas condiciones. Es preciso que no exista ningún impedimento legal que se interponga en el procedimiento (por ejemplo, que se trate de deudas contraídas en la actividad criminal o en las que se haya incurrido de manera negligente).

El aviso del inicio del procedimiento se comunica al deudor y a los acreedores. Normalmente se encarga de ello el órgano jurisdiccional, a no ser que él mismo instruya en este sentido al administrador. El órgano jurisdiccional también debe avisar del comienzo del procedimiento de liquidación a las autoridades competentes para ejecutar el embargo, tanto a las del domicilio del deudor como a las autoridades del lugar donde se encuentren los bienes inmuebles.

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3. ¿ Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos?

3.1. Concurso

La declaración de concurso la dicta un órgano jurisdiccional. Compete a un órgano jurisdiccional ordinario de primera instancia (käräjäoikeus (Tribunal de distrito) ). Corresponde asimismo a un órgano jurisdiccional dictar la terminación u otro tipo de archivo del procedimiento concursal. También este órgano designa al administrador, confirma el sistema de reparto y resuelve conflictos sobre reclamaciones. Las decisiones del órgano jurisdiccional pueden recurrirse, con algunas excepciones.

Los acreedores ejercen pleno poder sobre un patrimonio en concurso. El órgano decisorio más importante es la junta de acreedores. Los votos de los acreedores se calibran con arreglo a la cuantía de sus reclamaciones. Las decisiones de la junta de acreedores pueden recurrirse ante los tribunales.

El administrador tiene un papel crucial en la gestión de un patrimonio declarado en concurso. Entre otras cosas, su trabajo consiste en representar el patrimonio y ocuparse de su administración rutinaria, elaborar el inventario patrimonial y un informe sobre el deudor, recibir los documentos con las reclamaciones y preparar una propuesta de reparto. El administrador se ocupa también de los valores del patrimonio y de su venta y distribución. La persona que se designe como administrador concursar debe reunir los requisitos de competencia exigidos por ley y ser independiente tanto respecto del deudor como de los acreedores.

El deudor tiene que colaborar en la liquidación del patrimonio. Es su obligación facilitar al administrador concursal la información que le permita elaborar el inventario y confirmar su exactitud. El deudor tiene asimismo derecho a recibir información del patrimonio y a participar y expresar su opinión en las juntas de acreedores en las que deban adoptarse decisiones.

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3.2. Reorganización de una empresa

Corresponde a un órgano jurisdiccional iniciar los procedimientos para reorganizar una empresa. También debe designar un administrador y, si es necesario, una junta de acreedores. El órgano jurisdiccional confirma asimismo el programa de reorganización. Los asuntos relativos a la reorganización de una empresa competen a algunos tribunales de primera instancia. Sus decisiones, salvo en ciertos casos, pueden recurrirse.

El administrador elabora un informe sobre los activos y las deudas de los deudores y una propuesta de programa de reorganización. También supervisa el funcionamiento de la empresa del deudor. La persona designada como administrador debe cumplir los requisitos de competencia establecidos por ley y ser independiente tanto del deudor como de los acreedores.

La junta de acreedores representa a estos y ayuda al administrador con carácter consultivo. No se designa junta cuando, a causa del número bajo de acreedores, no resulta necesario.

Los acreedores tienen derecho a ser oídos en diversas etapas del procedimiento. La propuesta de programa de reorganización elaborada por el administrador se envía a los acreedores para que manifiesten sus comentarios. En caso de que no todos estén de acuerdo en aprobar el programa, se vota el programa final. Los acreedores se dividen en grupos para la votación y el programa puede aprobarse con el voto favorable de mayorías de grupo.

El deudor debe facilitar información al órgano jurisdiccional y al administrador y ayudar a ejecutar el procedimiento de reorganización. El deudor puede presentar sus propias sugerencias para el programa de reorganización.

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3.3. Liquidación de deudas de un particular

Corresponde a un órgano jurisdiccional iniciar el procedimiento de liquidación de deudas de un particular. En caso necesario, se designa asimismo un liquidador. El órgano jurisdiccional es también responsable de confirmar el programa de pago. Sus decisiones pueden recurrirse, salvo algunas excepciones.

La tarea del liquidador es elaborar una propuesta de programa de pago y llevar a cabo los cometidos que le asigne el órgano jurisdiccional, por ejemplo, el de liquidar los activos del deudor. El liquidador debe cumplir los requisitos de competencia establecidos por ley y ser independiente tanto del deudor como de los acreedores.

En caso de que no se designe ningún liquidador, el deudor elabora él mismo una propuesta de programa de pago. El deudor está obligado a proporcionar información al órgano jurisdiccional, al liquidador y a los acreedores, y debe contribuir a que el procedimiento de liquidación de deudas se lleve a cabo tal como está establecido. El deudor es asistido por el servicio de asesoramiento de deudas y finanzas de las autoridades locales.

Los acreedores están facultados para hacer observaciones sobre la solicitud del deudor y la propuesta de programa de pago.

4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento?

4.1. Concurso

Toda lo que sea propiedad del deudor en el momento de incoar un procedimiento concursal y lo que el deudor reciba antes del cierre de este procedimiento pertenece a la masa. Sin embargo, cuando el concurso afecta a una persona física, la propiedad y los rendimientos de capital percibidos tras el inicio del procedimiento concursal no forman parte de la masa.

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Al incoarse el procedimiento el deudor pierde su poder sobre los activos que forman parte de la masa. Esa autoridad se transfiere a los acreedores.

Durante el transcurso del procedimiento el deudor puede, en ciertas circunstancias, ver limitada su libertad personal (por ejemplo tener prohibido salir del país). La competencia del deudor para actuar también se restringe en ciertos aspectos. Mientras el procedimiento está abierto, el deudor no puede, por ejemplo, fundar una empresa o ser miembro de un consejo de administración. Esas limitaciones cobran importancia cuando el deudor es una persona física.

El concurso no libera al deudor de sus deudas. El deudor sigue siendo responsable de las deudas que no se paguen durante el procedimiento concursal. La responsabilidad por las deudas adquiere relevancia en la práctica sólo cuando el deudor es una persona física, ya que, por regla general, el concurso supone la liquidación de la persona jurídica. No obstante, el deudor puede quedar liberado de las deudas que exceden su capacidad de pago con arreglo al procedimiento de liquidación de deudas de un particular.

La incoación de un procedimiento concursal excluye la ejecución por separado de las reclamaciones, como el embargo, con algunas excepciones como los créditos privilegiados.

De conformidad con el Reglamento (CE) N° 1346 /2000 del Consejo, el síndico podrá pedir que se publique en cualquier otro Estado miembro el contenido esencial de la decisión por la que se abre el procedimiento de insolvencia (artículo 21) y se inscriba en los registros públicos llevados en los demás Estados miembros (artículo 22). Los procedimientos de insolvencia abiertos en otros Estados miembros se publican en el Boletín Oficial de Finlandia previa petición del síndico. Se ocupa de su publicación el «Oikeusrekisterikesku» (centro de registro legal - www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/).

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En Finlandia, los procedimientos concursales abiertos en otros Estados miembros se registran también, previa solicitud del administrador, en el registro de la propiedad y de hipotecas, el registro mercantil, el registro de hipotecas comerciales, el registro de buques, el registro de mantenimiento de buques, el registro de aeronaves, el registro de vehículos y en el registro de valores. Se encarga de la inscripción el secretario del registro de que se trate.

Para solicitar la inscripción en el registro de la propiedad y de hipotecas hay que dirigirse al Tribunal de distrito que tenga jurisdicción en el territorio en que se encuentre el bien inmueble (www.oikeus.fi/).

El encargado del registro mercantil y del registro de hipotecas comerciales es el Consejo nacional de patentes y registro (www.prh.fi/).

El responsable del registro de buques y del registro de mantenimiento de buques es el departamento marítimo finlandés (www.fma.fi/palvelut/alusrekisteri/).

El encargado del registro de aeronaves es el departamento de aviación civil (www.ilmailulaitos.fi/ilma_alusrekisteri/).

El responsable del registro de vehículos es el departamento de vehículos (www.ake.fi/).

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Se encarga del registro de valores la autoridad central de valores (www.apk.fi/).

La ley no exige el registro y la publicación si el deudor desarrolla su actividad empresarial en Finlandia.

4.2. Reorganización de una empresa

No puede haber declaración concursal de un deudor que tiene pendiente un procedimiento de reorganización de empresa. El órgano jurisdiccional ante el cual hay una solicitud en curso puede aplicar una prohibición temporal de pago, cobro y ejecución, incluso antes de que se haya iniciado el procedimiento.

La prohibición de pago, cobro y ejecución está en vigor durante el procedimiento de reorganización. La prohibición alcanza a todas las deudas en las que se haya incurrido con anterioridad a la apertura del procedimiento, incluidos los créditos privilegiados.

Durante el procedimiento el deudor no pierde su autoridad. La empresa prosigue su actividad, aunque bajo la supervisión del administrador. El deudor debe contar con la aprobación del administrador para realizar determinadas actividades.

En el transcurso del procedimiento de reorganización se confirma al deudor el programa de reorganización, que puede prever diversas medidas para recuperar la solvencia financiera de las actividades del deudor. Entre ellas está la liquidación de deudas, que puede afectar a las condiciones de las deudas, incluidos los créditos privilegiados, contraídas con anterioridad a la apertura del procedimiento. Las medidas también pueden contemplar la transferencia, el funcionamiento, la gestión, la organización, el personal o el capital de la empresa. Cuando el deudor cumpla sus obligaciones de pago con arreglo al programa de reorganización confirmado, queda libre de pagar la cantidad de la deuda que exceda la suma confirmada en el programa.

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Por lo que se refiere a la publicación y a la inscripción en registros llevados en Finlandia de los procedimientos de reorganización abiertos en otros Estados miembros de la Unión Europea, véanse los puntos 2.2 y 4.1.

4.3. Liquidación de deudas de un particular

No puede haber declaración concursal de un deudor que tiene pendiente un procedimiento de liquidación de deudas. El órgano jurisdiccional puede aplicar una prohibición temporal de pago, cobro y ejecución, incluso antes de que se haya iniciado el procedimiento.

La prohibición de pago, cobro y ejecución está en vigor durante el procedimiento de liquidación de deudas. La prohibición alcanza a todas las deudas en las que se haya incurrido con anterioridad a la apertura del procedimiento, incluidos los créditos privilegiados.

Como parte de este procedimiento se confirma al deudor un programa de pago adaptado su capacidad real de pagar. El programa de pago tiene una duración concreta, por lo general, de cinco años. En él se recogen todas las deudas contraídas con anterioridad a la apertura del procedimiento, incluidos los créditos privilegiados. Cuando el deudor cumple sus obligaciones de pago confirmadas en el programa, queda libre de pagar el resto de sus deudas.

En los procedimientos de liquidación de deudas se liquidan los activos no esenciales del deudor. En ciertas circunstancias el deudor puede conservar una vivienda de su propiedad.

5. ¿ Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos?

5.1. Concurso

El concurso no afecta esencialmente al derecho de un acreedor garantizado a liquidar su crédito. Sin embargo, la masa concursal está facultada para prohibir la venta de activos garantizados (por ejemplo, bienes inmuebles) durante un plazo establecido, cuando sea necesario para proteger sus intereses. Por otra parte, en determinadas circunstancias puede vender activos garantizados con el permiso del órgano jurisdiccional. El acreedor garantizado debe también notificar al administrador concursal su crédito. La finalidad es facilitar la liquidación de la masa. Los bienes muebles de una empresa deudora pueden ser objeto de una hipoteca comercial. Este tipo de hipoteca da origen a derechos preferenciales especiales relacionados con el recibo de los pagos. El cincuenta por ciento del valor de los activos hipotecados se paga en función del crédito. Los créditos finales se consideran no preferenciales con independencia de las hipotecas comerciales que se hayan registrado para garantizar esos activos.

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Cuando un deudor haya adquirido activos preservando las condiciones del título, estas condiciones serán también vinculantes, en determinadas circunstancias, para la masa concursal. La masa está facultada para ser parte de un acuerdo en sustitución del deudor y conservar así la administración de los activos.

El acreedor tiene el derecho de compensar la cantidad que reclama con sus obligaciones con el deudor en el momento de la apertura del procedimiento concursal. El derecho de una entidad de crédito a efectuar la compensación está restringido cuando el deudor tiene una cuenta en ella que puede ser utilizada para realizar pagos. Por lo demás, las restricciones que se aplican a la compensación se dirigen principalmente a evitar que se abuse de ella.

Por regla general se informa del inicio del procedimiento concursal a los empleados de una empresa deudora. El administrador debe fijar las cantidades que se adeudan a los empleados y en qué medida pueden satisfacerse en forma de garantía salarial.

5.2. Reorganización de una empresa

La empresa sometida a reorganización prosigue su actividad comercial. La incoación de un procedimiento de reorganización afecta a los compromisos ya adquiridos por el deudor, salvo que la ley prevea otra cosa.

Para garantizar el éxito del procedimiento, la reorganización repercute asimismo en el estatus de los acreedores garantizados. A ellos también se les aplica la prohibición de pago, cobro y ejecución. El programa de reorganización puede tener efectos, con algunas restricciones, en las condiciones de las deudas garantizadas.

Salvo algunas excepciones, en los procedimientos de reorganización los acreedores no están facultados para efectuar la compensación.

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Pueden tener que aplicarse acuerdos sobre personal como medida de reorganización.

5.3. Liquidación de deudas de un particular

Las deudas garantizadas pueden también liquidarse, con algunas restricciones, como parte del procedimiento de liquidación. La prohibición de pago, cobro y ejecución se aplica también a las deudas garantizadas

6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales?

La Ley de recuperación de patrimonios en quiebra, que entró en vigor en 1992, trata la anulación de transacciones. Tanto en el procedimiento concursal como en el de reorganización de una empresa o en la liquidación de deudas de particulares pueden anularse transacciones.

Como parte de la recuperación, se anula una transacción intrínsecamente legitima realizada por el deudor con anterioridad al procedimiento concursal. La recuperación es, por tanto, diferente de los instrumentos de Derecho civil por los que una transacción puede declararse nula o inválida.

Los fundamentos de la recuperación pueden clasificarse en subjetivos u objetivos. Para que existan fundamentos subjetivos el deudor debe haberse comportado incorrectamente con los acreedores y la otra parte debe haber actuado de mala fe. Este fundamento sirve para todos los tipos de transacción.

Los fundamentos objetivos para la recuperación pueden ser un medio de anular transacciones que son, típicamente, inoportunas y perjudiciales para los acreedores. No es necesaria una voluntad fraudulenta. Los fundamentos objetivos se aplican a transacciones determinadas, como la liquidación de la deuda o la constitución de una garantía durante el período de recuperación, que es normalmente los tres meses anteriores a la fecha fijada. Por ejemplo en el procedimiento concursal la fecha fijada es aquélla en que se presenta la solicitud de declaración de concurso ante el órgano jurisdiccional.

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7. ¿ Qué condiciones deben concurrir en la comunicación y reconocimiento de créditos?

7.1. Concurso

En los procedimientos concursales, los acreedores cuyos títulos contra el deudor fueran anteriores a la apertura del procedimiento (crédito dentro del pasivo de un concurso) pueden participar en el reparto. El acreedor debe formular su pretensión. La comunicación no es sin embargo necesaria cuando el administrador considera que resulta evidente que el crédito pertenece al pasivo del concurso.

Las pretensiones deben formularse por escrito. La declaración que contiene la pretensión debe recoger, entre otras cosas la cantidad y fundamentos del crédito y el estatus preferencial que se reclama para el mismo, así como los motivos que justifican ese estatus. La declaración debe señalar el documento que constituye la base del crédito preferencial si no se ha enviado al administrador.

El acreedor debe enviar la declaración en que comunica su crédito a más tardar en la fecha de la presentación. Esta la fija el administrador, que también se ocupa de la publicación de la presentación y la notifica a los acreedores. Los acreedores pueden comunicar su crédito después de la fecha fijada, siempre y cuando abonen una tasa de demora a la masa concursal.

El administrador examina los créditos presentados y elabora una propuesta de cómo repartir entre los acreedores los activos de la masa (propuesta de programa de reparto). El órgano jurisdiccional confirma la propuesta. En el procedimiento concursal los créditos presentados que no hayan sido impugnados se consideran admitidos.

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Los acreedores reciben un pago de los fondos del deudor de conformidad con lo dispuesto en la Ley de modalidades de pago de los acreedores. No hay muchos créditos preferenciales. Cuando existen, son principalmente créditos garantizados que se han originado en relación con la reorganización de una empresa y las pensiones alimenticias. Por lo demás, los activos del deudor se dividen proporcionalmente con arreglo a los importes de los créditos.

7.2. Reorganización de una empresa

La reorganización de una empresa cubre todas las deudas que surgen antes de la apertura del procedimiento. La tarea del administrador es establecer los acreedores y las deudas del deudor. Los acreedores tienen la oportunidad de corregir la información sobre un crédito en una fecha concreta. Asimismo se les paga de conformidad con el programa de reorganización confirmado por el órgano jurisdiccional.

La confirmación del programa de reorganización implica, con algunas excepciones, la extinción de las deudas de reorganización que se desconocieran a efectos de ésta.

7.3. Liquidación de deudas de un particular

La liquidación de deudas abarca a todas aquellas surgidas antes de la apertura del procedimiento. El deudor debe dar a conocer todas sus deudas. No se exige la comunicación de créditos. El deudor o el liquidador elaboran una propuesta de programa de pago. Los acreedores tienen la oportunidad de hacer observaciones sobre el programa. El deudor paga a los acreedores de conformidad con el programa de pago confirmado por el órgano jurisdiccional.

8. ¿Qué normativa se aplica a los procedimientos de reorganización?

Véanse las respuestas de los puntos 3.2, 3.3, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.2 y 7.3.

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9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación (realización de los bienes y reparto del producto) ?

En el procedimiento concursal los activos de la masa se realizan en la forma en que resulte más ventajoso para aquella, de manera que el producto de las ventas sea lo más elevado posible. No está prevista la modalidad de venta, que deben determinar los acreedores. Hay disposiciones especiales que regulan los activos garantizados (véase el punto 5.1). Una vez liquidada la masa y realizados los bienes, el producto se distribuye enseguida entre los acreedores con arreglo al programa de reparto confirmado por el órgano jurisdiccional.

10. ¿Qué condiciones se requieren para que se concluya el procedimiento?

10.1. Concurso

El administrador concursal elabora un cálculo definitivo una vez liquidada la masa y realizados los bienes de la misma. El procedimiento concursal se considera concluido cuando los acreedores han aprobado el cálculo final.

El procedimiento concursal también puede concluir mediante decisión de un órgano jurisdiccional de finalizar los trámites cuando los activos de la masa resultan insuficientes para cubrir los costes del procedimiento concursal o cuando el procedimiento es inadecuado por otros motivos. Sin embargo, no pueden finalizarse los trámites cuando el procedimiento concursal se lleva como una liquidación administrada públicamente. A propuesta del representante legal de la masa , un órgano jurisdiccional puede dictar que un procedimiento concursal se tramite como liquidación administrada públicamente. Los motivos para ello pueden estar relacionados con el deudor o con la escasez de los activos de la masa. Los costes de la liquidación administrada públicamente se pagan con fondos del Estado cuando los bienes de la masa son insuficientes para afrontarlos.

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El procedimiento concursal puede concluirse también por el «convenio obligatorio» por el que el deudor y los acreedores llegan a un acuerdo sobre el pago de las deudas.

Asimismo, puede terminarse el procedimiento concursal cuando existe una razón válida en el plazo de ocho días contados a partir del comienzo del procedimiento.

A consecuencia del concurso, se limita la capacidad de actuar del deudor (véase el punto 4.1) hasta que haya validado el inventario de su patrimonio, durante un período máximo de cuatro meses desde la apertura del procedimiento concursal. Transcurrido este período el deudor puede, por ejemplo, iniciar otra actividad empresarial.

La negligencia profesional que como resultado pueda dar lugar a un procedimiento concursal contra el deudor puede constituir un delito (por ejemplo delitos contables o actividad fraudulenta). El deudor o su representante pueden ser también culpables de un delito durante el procedimiento concursal (por ejemplo, engaño por parte del deudor). Asimismo el deudor o su representante pueden ser objeto de una prohibición que les impida llevar a cabo una actividad económica. La condición de esta prohibición es que la persona de que se trate haya incumplido de manera esencial las obligaciones que la ley impone a la actividad empresarial o haya incurrido en una práctica criminal que no puede considerarse leve con motivo de su actividad económica. La prohibición de la actividad económica tiene una duración concreta (de tres a siete años) y se anota en el registro público. La persona que está sujeta a una prohibición de actividad económica no puede, entre otras cosas, continuar por cuenta propia o a través de un agente, un negocio que precise contabilidad ni fundar una empresa o ser responsable de ella.

10.2. Reorganización de una empresa

El programa de reorganización está en vigor hasta que se hayan cumplido las obligaciones establecidas en él. Puede finalizarse mediante decisión judicial cuando el deudor incumpla el programa de manera importante. También se termina cuando se dicta una declaración de concurso antes que se haya concluido el programa. El órgano jurisdiccional puede asimismo dar por finalizado un convenio con un acreedor concreto, tal y como se prevé en el programa cuando, por ejemplo, el deudor ha incumplido sus obligaciones de pago con respecto a ese acreedor.

10.3. Liquidación de deudas de un particular

Los deudores quedan liberados de la última parte de sus deudas cuando hayan cumplido las obligaciones establecidas en el programa de pago. No obstante, el programa puede concluirlo una decisión del órgano jurisdiccional cuando el deudor lo incumple de manera esencial por motivos que no son aceptables o cuando el deudor no puede cumplir con su obligación de colaborar. También se termina el programa si se declara concurso o el deudor fallece durante su vigencia. La terminación del programa da lugar a la restauración de las condiciones originales de los acreedores.



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