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La insolvencia se define alternativamente como la falta de activos suficientes para satisfacer todas las deudas o la incapacidad para saldar deudas pendientes.
Las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios formales con sus acreedores para aceptar una cantidad inferior a la de la deuda total; estos acuerdos son vinculantes jurídicamente para todos los acreedores a los que se les haya comunicado.
Las personas jurídicas y físicas pueden establecer convenios informales con sus acreedores para aceptar una cantidad inferior a la de la deuda total; estos acuerdos no son jurídicamente vinculantes.
Este procedimiento está pensado principalmente para salvar la empresa u obtener un resultado para los acreedores mejor del que se hubiera logrado con una liquidación. El administrator (administrador) tiene que actuar en interés de los acreedores en su conjunto.
El administrative receiver es el profesional en insolvencias nombrado por el titular de créditos con una garantía indeterminada (floating charge) sobre el conjunto o una parte sustancial de los activos de la empresa. Una garantía indeterminada es aquella que no otorga a su titular ningún derecho real inmediato sobre los activos cubiertos por ella. La empresa puede negociar con los activos garantizados hasta que la garantía se materialice. La tarea del administrative receiver, que es fundamentalmente responsable sólo ante el tenedor de la garantía indeterminada, es liquidar esos activos en nombre de éste.
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La liquidación supone la realización y distribución del patrimonio de una empresa y generalmente su cierre. Hay tres tipos de liquidación:
Supone la realización y distribución de los activos de una persona y generalmente el cese de toda actividad. En el caso de los particulares corresponde a un órgano jurisdiccional declarar la bankruptcy a instancias de un acreedor o del propio deudor.
Conforme a lo establecido por artículo 123 de la Ley de Insolvencia (Insolvency Act) de 1986, la empresa tiene que ser incapaz de pagar sus deudas o puede llegar a serlo. En el caso de un titular de una garantía indeterminada (floating charge), la única condición es que la garantía sea ejecutiva.
Están legitimados para solicitar al órgano jurisdiccional que dicte una administration order (auto de administración):
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El titular de una floating charge con fuerza ejecutiva y la empresa o sus representantes pueden designar un administrator (administrador), notificándolo al tribunal.
Cuando haya sido designado, el administrador tiene que comunicar su nombramiento de varias formas, entre ellas publicando un anuncio en el periódico más apropiado y en la London Gazette y notificándolo al Registro Mercantil (Registrar of Companies) y a todos los acreedores conocidos.
La garantía indeterminada que tiene el acreedor sobre los activos de la empresa debe ser ejecutiva.
El administrative receiver se nombra con arreglo a los términos del documento de garantía, que es aquél que otorga al acreedor una garantía sobre los activos de una persona jurídica o física. La garantía puede ser determinada (fixed charge)), es decir, sobre unos activos concretos o, en el caso de una empresa, indeterminada (floating charge) según se ha señalado en la respuesta a la pregunta 1.
Una vez designado, el administrative receiver tiene que hacer público su nombramiento de varias formas, entre ellas publicando un anuncio en el periódico más apropiado y en la London Gazette y comunicándolo al Registro Mercantil (Registrar of Companies) y a todos los acreedores conocidos.
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Las circunstancias en que el tribunal puede liquidar una empresa se establecen en el artículo 122 de la Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act); la mayoría de las empresas que se liquidan no tienen capacidad para pagar sus deudas, según lo previsto en el artículo 123 de dicha ley.
Debe enviarse al Registro Mercantil una copia del auto del tribunal que debe publicarse en un periódico apropiado y en la London Gazette.
Cuando, como liquidator (síndico), se designe un insolvency practitioner (profesional en insolvencias), en lugar de un Official Receiver (funcionario público adscrito a un órgano jurisdiccional), debe archivarse en el órgano jurisdiccional una copia del certificado de su designación como tal. Una vez designado, el insolvency practitioner tiene que hacerlo público de varias maneras, dependiente del método de designación, entre ellas publicando un anuncio en el periódico más apropiado y en la London Gazette y notificándolo al Registro Mercantil (Registrar of Companies) y a todos los acreedores conocidos.
Las circunstancias bajo las cuales una empresa puede ser liquidada voluntariamente se establecen en el artículo 84 de Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act).
En el caso de la liquidación voluntaria a instancias de los acreedores la empresa decide mediante resolución extraordinaria que no puede continuar su actividad empresarial a causa de sus deudas y que es aconsejable su liquidación.
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Dentro de los catorce días siguientes a dicha decisión la empresa debe hacerlo público en la London Gazette.
La empresa tiene que convocar la junta de acreedores que debe celebrarse dentro de los catorce días siguientes a la fecha de la decisión para proceder al nombramiento del liquidator (síndico) .
Cuando haya sido designado, el liquidator tiene que hacerlo público mediante un anuncio en el periódico más apropiado y en la London Gazette y comunicarlo al Registro Mercantil (Registrar of Companies).
La diferencia entre la liquidación voluntaria por los acreedores y la liquidación voluntaria por los socios es que en esta última la empresa debe ser solvente.
Dentro de los catorce días siguientes a la decisión la empresa debe hacerla publica en la London Gazette.
Una vez designado, el liquidator (liquidador) tiene que hacerlo público publicando un anuncio en el periódico más apropiado y en la London Gazette y comunicarlo al Registro Mercantil (Registrar of Companies) y a todos los acreedores conocidos.
El juez puede declarar a una persona que no puede hacer frente a sus deudas en bankrupcy (concurso de acreedores).
La declaración de concurso se envía al Registrador territorial (Chief Land Registrar) y se publica en un periódico apropiado y en la London Gazette.
Cuando, como trustee (síndico), se designe un insolvency practitioner (profesional en insolvencias), en lugar de un Official Receiver (funcionario público adscrito a un órgano jurisdiccional), debe archivarse en el órgano jurisdiccional una copia del certificado de su designación como tal. Una vez designado, el insolvency practitioner tiene que hacerlo público de varias maneras, dependiente del método de designación, entre ellas publicando un anuncio en el periódico más apropiado y notificándolo a todos los acreedores conocidos.
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El órgano jurisdiccional
Su papel y función dependen del tipo de procedimiento:
Éste es un procedimiento judicial en el que el administrator (administrador) es un funcionario de la Administración de Justicia y puede recabar directrices del tribunal. Las acciones del administrador pueden ser supervisadas por el juez y los acreedores pueden acudir a éste si creen que aquél está actuando, o se propone actuar, de una manera que perjudique injustamente sus intereses.
No es un procedimiento judicial.
Éste es un procedimiento judicial en el que un órgano jurisdiccional dictamina la liquidación de una sociedad. El liquidator (síndico) puede recabar instrucciones de la autoridad judicial.
No es un procedimiento judicial, pero se puede acudir a un órgano jurisdiccional para reemplazar al liquidator o cuando haya algún litigio.
Es un procedimiento judicial mediante el que un órgano jurisdiccional declara una persona física en concurso de acreedores. El síndico del concurso (trustee) puede dirigirse a la autoridad judicial para recabar directrices.
Para poder actuar como administrador concursal en cualquier procedimiento concursal un individuo debe ser un insolvency practitioner habilitado por el Secretario de Estado o por uno de los siete colegios profesionales reconocidos.
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Los poderes de los administradores concursales oficiales en los procedimientos de administración judicial, liquidación y concurso se establecen en la Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act), además los insolvency practitioners también tienen que actuar de conformidad con las buenas prácticas y principios éticos.
Los poderes del admnistrative receiver se establecen fundamentalmente en el correspondiente documento constitutivo de la garantía
En las administraciones, liquidaciones y concursos hay que tener en cuenta los intereses de todos los acreedores. El deber del admnistrative receiver es principalmente actuar en interés del titular de la garantía que lo ha nombrado.
En todas las formas de procedimientos de insolvencia los directivos de la empresa tienen un deber legal de cooperar con el administrador concursal y, en las liquidaciones forzosas, con el Official Receiver, así como el de proporcionarles la información pertinente..
Los concursados tiene un deber legal de cooperar con el official receiver y el trustee y de proporcionarles información.
Los recursos en procedimientos de insolvencia están recogidos en las normas 7.47 a 7.50 del Reglamento de Insolvencia de 1986 (Insolvency Rules). Aunque la norma 7.47 haga referencia a la liquidación, los tribunales han sostenido que también cubre las administraciones.
Activos es todo lo que pertenece a la empresa o al deudor que puede ser utilizado para pagar sus deudas.
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La sociedad mercantil sigue siendo propietaria de los activos después de iniciado el procedimiento de insolvencia.
La propiedad de los activos del concursado se transfiere automáticamente al trustee.
Los tipos de créditos que un acreedor puede tener son los siguientes:
Cuando una empresa solicita, o se propone hacerlo, un procedimiento de administración judicial, entra en vigor una moratoria que, entre otros efectos, impide que los acreedores puedan entablar acciones contra la empresa.
Cuando se dicta una resolución judicial de liquidación contra una empresa no puede ejecutarse ni iniciarse ninguna acción o proceso contra ella o sus activos a menos que el juez lo permita.
Cuando se haya dictado o solicitado una declaración de concurso de acreedores, el juez puede impedir cualquier demanda legal contra la persona en cuestión.
En Inglaterra y el País de Gales no se ha adoptado ninguna norma específica respecto de estos artículos. Sin embargo, cuando un síndico presenta tales solicitudes se aplica el procedimiento ordinario previsto en Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) y en el Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules).
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Los tenedores de una garantía determinada (fixed charge) sobre los activos de una persona jurídica o física tienen derecho preferente sobre los demás acreedores.
La legislación de insolvencia prevé la compensación cuando haya negocios jurídicos mutuos entre terceros y una persona jurídica o física previos a la administración, la liquidación o al concurso de acreedores.
Los acreedores que hayan suministrado mercancías conforme a un contrato provisto de una cláusula de reserva de dominio tienen derecho, en ciertas circunstancias, a pedir al administrador concursal la devolución de sus mercancías.
El efecto de la insolvencia en los empleados depende del tipo de procedimiento. Por ejemplo en las administraciones y en la intervención del administrative receiver, el administrador concursal tiene 14 días para decidir si conserva a todos o sólo a algunos de los empleados. Por el contrario, en una liquidación forzosa los contratos de los empleados se rescinden automáticamente cuando el juez dicta el auto.
Los créditos de los empleados son privilegiados y tienen prioridad sobre los acreedores titulares de garantía indeterminada (floating charge) y los acreedores ordinarios sin garantías.
En términos generales se paga a los acreedores con el siguiente orden de prioridad:
Hay varias disposiciones que se aplican a los procedimientos de administración, liquidación y concurso por las cuales el administrador concursal puede solicitar al juez que rescinda los actos que perjudiquen a los acreedores. Las disposiciones principales son:
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Si el administrador concursal tiene pruebas de que se ha transferido cualquier activo de la empresa a titulo gratuito o a un precio perceptiblemente menor que su valor, puede solicitar al juez que dicte una resolución que reintegre la situación que habría existido si la transacción en cuestión no hubiera tenido lugar.
Para que se pueda aplicar esta disposición, la transacción debe haber tenido lugar dentro de los dos años anteriores a la fecha pertinente, es decir el comienzo de la liquidación o cuando se presentó al juez una solicitud de administración o se notificó la intención de designar un administrador; o si dicha notificación no se hubiera producido, la fecha en que la empresa fue declarada bajo administración concursal.
Esta disposición se aplica también a las transacciones efectuadas en el período transitorio entre el registro de los documentos en el órgano jurisdiccional y el inicio de la administración judicial o liquidación de la empresa.
Si el administrador concursal tiene pruebas de que se ha transferido cualquier activo de la empresa en las siguientes circunstancias: a título gratuito, o a un precio perceptiblemente menor que su valor, o con ocasión de un matrimonio, puede solicitar al juez que dicte una resolución que reintegre la situación que habría existido si la transacción en cuestión no hubiera tenido lugar.
Para que se pueda aplicar esta disposición, la transacción debe haber tenido lugar dentro de los cinco años anteriores a fecha en que se presentó la solicitud en que se basa la declaración de bankrupcy.
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Si el administrador concursal tiene pruebas de que un tercero, un acreedor o un garante de una deuda, ha obtenido una posición más favorable que la que habría tenido si la transacción no hubiera tenido lugar, puede solicitar al juez que dicte una resolución que reintegre la situación que habría existido si la empresa no hubiera dado ese trato preferente.
Para que se pueda aplicar esta disposición, el trato preferente debe haber tenido lugar, en el caso de una persona relacionada con el concursado, dentro de los dos años anteriores a la fecha pertinente, es decir el comienzo de la liquidación o cuando se presentó al juez una solicitud de administración o se notificó la intención de designar un administrador; o si dicha notificación no se hubiera producido, la fecha en que la empresa fue declarada bajo administración concursal. En cualquier otro caso el período pertinente es seis meses.
Esta disposición se aplica también a las transacciones efectuadas en el período transitorio entre el registro de los documentos en el órgano jurisdiccional y el inicio de la administración judicial o liquidación de la empresa.
Si el síndico (trustee) tiene pruebas de que un tercero, un acreedor o un garante de una deuda, ha obtenido una posición más favorable que la que habría tenido si tenía la transacción no hubiera tenido lugar, puede solicitar al juez que dicte una resolución que reintegre la situación que habría existido si no se hubiera dado ese trato preferente.
Para que se pueda aplicar esta disposición, el trato preferente debe haber tenido lugar, en el caso de una persona asociada, dentro de los dos años anteriores a la fecha en que se presentó la solicitud en que se basa la declaración de bankrupcy. En cualquier otro caso, el período pertinente es seis meses.
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La Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) y el Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules) establecen que los administradores concursales están obligados a informar a los acreedores de créditos ordinarios.
En el caso de Administrative Receivership no se produce el pago de los acreedores de créditos ordinarios por lo que no hay ninguna norma relativa a la prueba de sus créditos.
En los demás procedimientos de insolvencia de personas jurídicas o físicas, las normas de comunicación de los créditos al administrador concursal son muy similares, las disposiciones pertinentes se recogen en el Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules). Las normas también establecen las disposiciones relativas al reconocimiento de esos créditos por el administrador concursal.
Dentro de las respectivas categorías de créditos privilegiados y no garantizados todos los acreedores son iguales y reciben una parte de los activos disponibles en proporción a la cantidad debida.
Si una empresa tiene más de un acreedor privilegiado con un crédito de garantía variable se les paga por orden de prioridad, que se determina por la fecha en que se originó la garantía o por un orden establecido en un acuerdo prioritario.
Las empresas viables que pasan por dificultades financieras pueden tratar de sanearse mediante la administración o un convenio voluntario de empresa, CVA (company voluntary arrangement). Muchos saneamientos de empresa que resultan de una administración se hacen a través de un CVA. Para obtener un CVA el 75% de los acreedores, como mínimo, tiene que aprobar las propuestas presentadas por los directivos de la empresa, o por el administrador si está sometida a un procedimiento de administración. Una vez aprobado, el convenio es vinculante para todos los acreedores que fueron informados de las propuestas.
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Las disposiciones relativas al CVA y a las administraciones se establecen en los Títulos I e II de Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) y en los Títulos 1 y 2, de Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules), respectivamente.
Las personas que están en dificultades financieras pueden evitar la ejecución patrimonial mediante la firma de un convenio voluntario individual, IVA (individual voluntary arrangement). Para obtener un IVA el 75% de los acreedores como mínimo tiene que aprobar las propuestas presentadas por el deudor. Una vez aprobado, el acuerdo es vinculante para todos los acreedores que fueron informados de las propuestas.
Las disposiciones relativas al IVA se establecen en el Título VIII Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) y en el Titulo 5 Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules).
Las disposiciones relativas a procedimientos de liquidación se establecen en el Título IV de Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) y en el título 4 del Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules). La disposición que autoriza a un síndico a vender los activos de la empresa se establece en el párrafo 6 del anexo 4 de Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act). Las disposiciones relativas a la distribución a los acreedores se establecen en el capítulo 14 del Título 4 y en el Título 11 del Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules).
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Las disposiciones relativas la conclusión de los procedimientos de administración judicial, liquidación y concurso de acreedores se establecen en la Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) y en el Reglamento de Insolvencia (Insolvency Rules).
Las condiciones relativas la conclusión de un administrative receivership serán reguladas por el documento constitutivo de la garantía
La Enterprise Act 2002 (Ley de empresas de 2002) intenta reducir el estigma del fracaso y fomentar el saneamiento.
El Gobierno reconoce que el fracaso financiero no supone necesariamente la culpa del deudor. El objetivo de la Ley es que cada quiebra se analice según sus propias características y evitar el planteamiento de “café para todos”. El período de quiebra se ha reducido de los tres años habituales a un máximo de un año. Como compensación se ha introducido un nuevo régimen (Bankruptcy Restrictions Orders) cuyo efecto es que las personas culpables o imprudentes estarán sujetas a restricciones en materia de quiebra que van de dos a quince años. Estas disposiciones entrarán en vigor el 1 de abril de 2004.
En cuanto a las empresas la Enterprise Act ha introducido cambios en el procedimiento de administración para hacerlo más rápido, más justo y centrado en el saneamiento. El objetivo es animar a las empresas viables que pasan por dificultades financieras a buscar la ayuda a tiempo cuando todavía hay tiempo de sanearse en lugar de liquidarse. Estas disposiciones entraron en vigor el 15 de septiembre de 2003.
Hay sanciones civiles y penales que pueden imponerse a los directivos que abusen del privilegio de la responsabilidad limitada
Cuando una empresa sometida a un procedimiento de administración o de administrative receivership o entra en el de liquidación, si un director actúa de forma impropia a su cargo, puede ser inhabilitado para ejercer como directivo o participar en la gestión de una empresa por un período de dos a quince años.
En las liquidaciones, el juez puede condenar a un director a que contribuya a los activos de la empresa cuando le conste que el director, sabiendo que la empresa era insolvente, ha mantenido relaciones comerciales en detrimento de los acreedores.
En el caso de empresas en proceso de liquidación, la Ley de Insolvencia de 1986 (Insolvency Act) tipifica varias infracciones, por las que un directivo puede ser procesado. Además, es posible procesar a directores por infringir el derecho de sociedades y por cualquier otra conducta delictiva que pueda probarse, por ejemplo las previstas en la Ley de delitos contra la propiedad (Theft Act).
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Última actualización: 06-10-2006
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