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Última actualización: 25-09-2006
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Quiebra - Derecho comunitario

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La Unión Europea ha establecido un sistema de coordinación de los procedimientos de insolvencia.

La Unión Europea adoptó el 29 de mayo de 2000 un Reglamento sobre procedimientos de insolvencia , que entró en vigor el 31 de mayo de 2002.

El principal objetivo de este Reglamento es evitar que las partes (la empresa concursada, es decir, el deudor, y sus acreedores) encuentren incentivos para trasladar sus haberes o procedimientos judiciales de un Estado miembro a otro para beneficiarse de un trato más favorable.

Las disposiciones de este Reglamento son directamente aplicables en todos los Estados miembros a excepción de Dinamarca, lo que quiere decir que las personas pueden acudir directamente ante los tribunales nacionales. No se aplica a las compañías de seguros y a las entidades de crédito e inversión.

Para lograr su objetivo, el Reglamento prevé normas comunes relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales, el reconocimiento de las decisiones y la ley aplicable, así como una coordinación obligatoria de los procesos que pudieran iniciarse en varios Estados miembros.

El Reglamento se aplica a los procedimientos de insolvencia que incluyan los siguientes elementos:

  • carácter colectivo de los procedimientos de insolvencia; en otros términos, el hecho de que los derechos de todos los acreedores se examinan al mismo tiempo y, por tanto, que se suspenden las reclamaciones individuales;
  • insolvencia del deudor, es decir, la constatación de la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones financieras;
  • desapoderamiento del deudor: sus poderes para disponer de sus bienes son limitados y están controlados por un liquidador;
  • métodos de designación del liquidador.

Los tribunales competentes para conocer del procedimiento de insolvencia son los del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre "el centro de intereses principal del deudor". En el caso de una sociedad mercantil, se trata en principio de su domicilio social.

Pueden, no obstante, iniciarse posteriormente procedimientos secundarios para liquidar bienes situados en otro Estado miembro. La ley del Estado miembro en el cual estén abiertos procesos de insolvencia determina todos los efectos de tal procedimiento.

Las disposiciones del Reglamento prevén la coordinación de los procedimientos abiertos en varios Estados miembros, en particular, por medio de una cooperación activa entre los distintos liquidadores.

Por último, en principio cualquier decisión adoptada por el tribunal de un Estado miembro competente para el proceso principal se reconoce inmediatamente en los otros Estados miembros sin examen ulterior.

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