Comisión Europea > RJE > Quiebra > Bélgica

Última actualización: 31-05-2006
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Quiebra - Bélgica

EJN logo

Esta página está obsoleta. Está en curso de actualización y en breve estará disponible en el Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimiento de insolvencia y sus objetivos? 1.
2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia? 2.
3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos? 3.
4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento? 4.
5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos? 5.
6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales? 6.
7. ¿Qué condiciones deben concurrir en la comunicación y reconocimiento de créditos? 7.
8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización? 8.
9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación? 9.
10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento? 10.

 

1. ¿Cuáles son los distintos tipos de procedimiento de insolvencia y sus objetivos?

El artículo 8 de la Ley hipotecaria1 dispone que "los bienes del deudor servirán de garantía común para los acreedores; el valor de dichos bienes se repartirá de forma equitativa entre los acreedores, salvo en el caso de que a determinados acreedores se les reconozca legalmente un derecho preferencial.”

Existe insolvencia cuando un deudor es incapaz de pagar sus deudas a su(s) acreedor(es). Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del deudor respecto de sus acreedores, existen procedimientos que permiten al acreedor obtener el pago completo o parcial de la deuda.

Los procedimientos de insolvencia más importantes son la administración judicial (Gerechtelijk akkoord), la quiebra (faillissement) y el convenio de acreedores (collectieve schuldenregeling).

El ordenamiento jurídico belga establece una diferencia entre comerciantes y no comerciantes. La actividad profesional principal o secundaria de los comerciantes es la realización de actos de carácter mercantil. La característica principal de los actos mercantiles es que se realizan para obtener beneficios. Sólo los comerciantes pueden solicitar la administración judicial y ser declarados en quiebra.

El procedimiento de quiebra está regulado en la Ley de 8 de agosto de 1997 [Diario Oficial belga (Belgische Staatsblad/Moniteur belge) de 28 de octubre de 1997 y de 7 de febrero de 2001] como un mero mecanismo de liquidación. La Ley de 17 de julio de 1997 (Belgische Staatsblad/Moniteur belge de 28 de octubre de 1997 y de 4 de diciembre de 1997) regula la administración judicial como una fase previa a la quiebra. Durante la administración judicial, el deudor está protegido frente a sus acreedores y nadie puede solicitar que se le declare en quiebra.

ComienzoComienzo

El procedimiento de convenio aplicable a los no comerciantes está regulado en el Código civil (Gerechtelijk Wetboek/Code Civil). Las personas físicas residentes en Bélgica que no realizan ninguna actividad mercantil pueden solicitar un convenio de acreedores cuando no estén en condiciones, a largo plazo, de pagar sus deudas, y no hayan manifestado su intención de solicitar la declaración de insolvencia (artículo 1675/2, 1, Código civil).

2. ¿Qué requisitos se requieren para iniciar cada tipo de procedimiento de insolvencia?

Administración judicial

La administración judicial está prevista para los comerciantes deudores que no hayan demostrado mala fe, cuando no puedan pagar sus deudas en los plazos previstos, o cuando la continuidad de sus empresas esté amenazada por dificultades que en un plazo relativamente breve puedan obligarles a suspender los pagos [artículo 9, apartado 1, de la Ley sobre la administración judicial (Wet Gerechtelijk Akkoord/Loi relative au concordat judiciaire)]. También se exige, como condición suplementaria, que la empresa pueda ser saneada desde el punto de vista financiero y de rentabilidad (artículo 9, apartado 2, de la Ley sobre la administración judicial).

El deudor debe solicitar por escrito al tribunal de comercio la aplicación del procedimiento de administración judicial (artículo 11, apartado 1, de la Ley sobre la administración judicial). El fiscal del Rey también puede iniciar, mediante citación, el procedimiento de administración judicial (artículo 11, apartado 2, de la citada Ley).

El registro del tribunal de comercio contiene y actualiza información útil sobre los comerciantes con dificultades financieras; a esta información sólo pueden acceder el Fiscal del rey y el comerciante interesado (artículo 5 de la citada Ley). La Ley denomina esta actividad "recogida de datos".

ComienzoComienzo

Quiebra

Para que un comerciante se encuentre en estado de quiebra deben reunirse dos condiciones: haber cesado los pagos de forma duradera y carecer de crédito (artículo 2, apartado 1, de la Ley de quiebra).

El procedimiento de quiebra ante el tribunal de comercio puede iniciarse a instancia del propio deudor o por citación de uno o más acreedores, del ministerio fiscal, del administrador concursal designado por el tribunal o del liquidador, en caso de procedimiento territorial de insolvencia internacional en la Unión Europea (artículo 6 de la Ley de quiebra). El tribunal ya no puede declarar de oficio la quiebra de una persona

El tribunal no debe declarar inmediatamente la quiebra; puede suspender su decisión durante un plazo de quince días para que el comerciante o el ministerio fiscal dispongan de tiempo suficiente para solicitar la administración judicial (artículo 7 de la Ley de quiebra).

El artículo 10 de la Ley de quiebra establece que la solicitud del deudor deberá adjuntar el balance financiero, los registros contables, la lista del personal y los nombres y direcciones de los clientes y proveedores.

3. ¿Qué papel corresponde a cada una de las partes en los diferentes procedimientos?

Administración judicial

El tribunal de comercio es competente en esta materia. La competencia territorial corresponde al tribunal del distrito judicial donde el deudor tiene su establecimiento principal - o, si se trata de una persona jurídica, su sede – el día de iniciación del procedimiento de administración judicial (artículo 53 de la Ley sobre administración judicial). El tribunal se pronuncia sobre la solicitud de administración judicial (artículo 14), concede la suspensión temporal de pagos (artículo 15, apartado 1, 1), designa a uno o más administradores (artículo 15, apartados 1 y 2) y, en su caso, autoriza la suspensión de pagos definitiva (artículo 33, apartado 1).

ComienzoComienzo

El administrador concursal desempeña una función de crucial importancia. Es el encargado de prestar asistencia al deudor en la gestión de sus bienes, bajo la supervisión del tribunal (artículo 19, apartado 1). Informa de su gestión siempre que las circunstancias lo requieren y que se lo pida el tribunal (artículo 19, apartado 1). Al administrador concursal se le exige que ofrezca garantías de imparcialidad e independencia, que tenga experiencia en gestión de empresas y contabilidad, y que respete las reglas deontológicas de la profesión (artículo 19, apartado 2).

Las tareas específicas del administrador concursal son la asistencia al deudor en la elaboración del plan de saneamiento o de pagos (artículo 29, apartados 1 y 2), supervisar y controlar el plan y el procedimiento de administración (sección 36, apartado 1), informar al tribunal sobre la aplicación del plan y la administración (artículo 36, apartado 2), e informar al tribunal al final del procedimiento de administración (artículo 40, apartado 1). El administrador concursal también debe examinar, con la asistencia del deudor, las declaraciones de créditos presentadas por los acreedores (artículo 26).

El deudor debe elaborar un plan de saneamiento o de pago (artículo 29). Puede ser procesado por lo penal si, intencionadamente, oculta, amplifica o infravalora una parte de sus bienes o pasivos, o si suministra deliberadamente datos erróneos (artículo 46). El deudor no debe actuar de forma fraudulenta. Tampoco puede realizar actos de gestión ni tomar decisiones sin la autorización del administrador concursal (artículo 15, apartados 1 y 3).

El acreedor tiene derecho a ser oído por el tribunal (artículo 13), a consultar el expediente de forma gratuita y a recibir una copia del mismo previo pago de su coste al registro del tribunal (artículo 18, apartado 2), a solicitar que cese la suspensión de pagos si sus créditos no se satisfacen (artículo 37, apartados 1 y 2), y a modificar el plan si puede demostrar que la aplicación de éste le crearía graves dificultades (artículo 38, apartado 2).

ComienzoComienzo

Quiebra

El tribunal de comercio es competente en esta materia. La competencia territorial corresponde al tribunal del distrito judicial donde el deudor tiene su establecimiento principal - o, si se trata de una persona jurídica, su sede – el día de iniciación del procedimiento de quiebra (artículo 115 de la Ley de quiebra). En la resolución que declara la quiebra de una persona, el tribunal designa a uno o más liquidadores de la quiebra (artículo 11, apartado 1 de la Ley mencionada).

El administrador concursal designado por el tribunal es responsable de supervisar la gestión y liquidación de la quiebra, y de agilizar todas las medidas necesarias. Informa al tribunal de todos los litigios derivados de la quiebra (salvo los relativos a los créditos que se incluirán en el pasivo). Adopta las medidas urgentes necesarias para proteger los bienes que integran la masa de la quiebra y preside las reuniones de acreedores (artículo 35).

Para ser liquidador se exige ser abogado y haber recibido una formación especial que garantice el conocimiento de los procedimientos de liquidación (artículo 27, apartado 2). Anualmente, el liquidador envía al administrador de la quiebra un informe completo sobre la situación de la masa de la quiebra (artículo 34, apartado 1). Los liquidadores administran el patrimonio de la quiebra bajo la supervisión del administrador (artículo 40), y proceden a inventariar los bienes de la quiebra (artículo 43, apartado 1). Representan a los acreedores, salvo a los denominados separatisten (acreedores que disfrutan de créditos pignoraticios, hipotecarios u otros preferentes).

Según el artículo 9 de la Ley de quiebra, el deudor debe declarar ante el registro del tribunal de comercio el cese de los pagos. Así, queda automáticamente desautorizado para gestionar los bienes integrantes de la masa de la quiebra (artículo 16, apartado 1, de la Ley de quiebra), que se someten al control de los liquidadores. Está previsto expresamente que determinados bienes no se incluirán en la quiebra, como son los bienes necesarios para el ejercicio profesional, y las sumas y bienes que el Código judicial excluye del procedimiento de quiebra.

ComienzoComienzo

Los acreedores representados por los administradores concursales, es decir, los acreedores escriturarios y los acreedores privilegiados generales, tienen derecho a una parte proporcional de los bienes integrantes de la masa de la quiebra, una vez deducidos los costes de gestión de la masa y los pagos a los acreedores privilegiados (artículo 99). Los separatisten actúan por su cuenta para obtener la satisfacción de sus reclamaciones de créditos (infra).

4. ¿Qué efectos jurídicos surte la incoación de un procedimiento?

5. ¿Cuáles son las normas específicas relacionadas con ciertas categorías de créditos?

Administración judicial

La administración judicial da lugar, inicialmente, a la suspensión temporal de pagos durante un periodo de observación de seis meses como máximo (artículo 15, apartado 1 de la Ley de administración judicial). En consecuencia, el deudor puede sufrir de una incapacidad parcial, en la medida en que decida el tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la situación. Ahora bien, es imposible transferir al administrador la capacidad plena de administrar y disponer de los bienes. Sólo se le puede reconocer un papel de asistencia, representación o supervisión.

También se suspenden los derechos de ejecución de los acreedores: las medidas de ejecución ya iniciadas no pueden seguir adelante, y los acreedores no pueden adoptar nuevas medidas. Durante el periodo de observación, no pueden embargarse ni incautarse bienes (artículo 22).

La doctrina ha clasificado a los acreedores en diferentes categorías. Se distingue entre acreedores generales (generalisten) y acreedores especiales (separatisten). Los generalisten son los acreedores escriturarios y los acreedores privilegiados generales. Los separatisten son los acreedores pignoraticios, los acreedores hipotecarios y los acreedores que gozan de privilegios especiales.

ComienzoComienzo

Los acreedores generales están obligados a someterse al plan de saneamiento o de pagos, mientras que los acreedores especiales sólo lo están si han manifestado individual y expresamente su consentimiento. Los acreedores especiales no pueden tomar nuevas medidas de ejecución, ya que estas medidas han sido suspendidas. No obstante, pueden solicitar garantías adicionales si demuestran que las garantías de que disponen pueden experimentar una disminución de su valor.

Quiebra

Desde el momento en que el tribunal de comercio pronuncia la declaración de insolvencia o quiebra, el insolvente pierde, automáticamente, todo el control sobre sus bienes (artículo 16, apartado 1, de la Ley de quiebra). Los liquidadores asumen el control de la masa de la quiebra a efectos de su liquidación.

La liquidación consiste en convertir en efectivo los bienes integrantes de la masa de la quiebra con vistas a pagar a los acreedores. Si hay varios acreedores, se conocen como acreedores concurrentes. En principio, todos tienen derecho a recibir el mismo trato (artículo 8 de la Ley hipotecaria), si no hay razones jurídicas para conceder un trato preferente. El fundamento jurídico para conceder preferencia son los privilegios y las hipotecas. La cláusula por la que el vendedor se reserva el derecho de no entregar la mercancía hasta el momento en que el comprador pague, y las garantías reales como la pignoración, también sitúan al acreedor en una situación más fuerte respecto de los demás acreedores.

La doctrina ha clasificado a los acreedores en diferentes categorías. Se distingue entre acreedores generales (generalisten) y acreedores especiales (separatisten). Los generalisten son los acreedores escriturarios (que se rigen por la regla de distribución a partes iguales) y los acreedores privilegiados generales, y están representados por el liquidador. No obstante, esta categoría de acreedores debe dar preferencia a los separatisten a la hora de participar en el reparto de los bienes que integran la masa de la quiebra. Los separatisten actúan por cuenta propia y, por tanto, no están representados por el administrador. Se trata de los acreedores que gozan de privilegios especiales, de acreedores hipotecarios y de acreedores pignoraticios.

ComienzoComienzo

Para garantizar la igualdad de trato a los acreedores generales, éstos, una vez que sus derechos han sido reconocidos en el concurso de acreedores, no pueden recurrir a técnicas para mejorar su posición. En consecuencia, no pueden solicitar el embargo de los bienes integrantes de la masa de la quiebra, ni provisionalmente ni por vía de ejecución (artículos 24 y 25 de la Ley de quiebra).

Los acreedores especiales están sometidos al principio de que todas las medidas de ejecución adoptadas para obtener el pago de sus créditos quedan suspendidas (artículo 26).

Los vendedores que no han recibido el pago por los bienes muebles que todavía forman parte de la masa de la quiebra y no se han incorporado tras su conversión en efectivo, pueden acogerse a la cláusula de reserva de propiedad (artículo 101).

Con arreglo al artículo 21 del Reglamento relativo al procedimiento de insolvencia, cuando se inicia un procedimiento de insolvencia en el extranjero y el deudor tiene un establecimiento en Bélgica, el contenido esencial de la decisión de apertura del procedimiento de insolvencia y la identidad del liquidador se publican en el Diario Oficial belga (artículo 3, apartado 2).

Las resoluciones judiciales de declaración de quiebra, revocación de quiebra, conclusión de quiebra, de declaración de la quiebra como fortuita o como culpable y de reapertura de la quiebra, se publican en el Registro central de empresas (artículo 23, apartado 1, 12, de la Ley de 16 de enero de 2003 relativa a la creación de un Registro central de empresas, a la modernización de los registros comerciales y a la creación de centros de contacto para empresas y otras disposiciones).

ComienzoComienzo

6. ¿Cuáles son las disposiciones vigentes respecto a los actos perjudiciales?

Administración judicial

Durante la fase de administración judicial, la legislación no fija ningún periodo sospechosos. Existe, en cambio, un periodo de observación durante la suspensión temporal de pagos (artículo 15, apartado 1, de la Ley de administración judicial). Por regla general, éste no debe ser superior a seis meses, pero puede prorrogarse una vez durante tres meses como máximo (artículo 23 de la citada Ley).

Quiebra

El periodo sospechoso está regulado en el artículo 12, apartado 6, de la Ley de quiebra. En principio, se trata de un periodo de seis meses como máximo, anterior a la resolución judicial de declaración de quiebra. El plazo empieza a correr desde el momento en que el comerciante no puede pagar sus deudas ni conseguir crédito; concluye el día en que el tribunal de comercio declara insolvente al comerciante. La suspensión de pagos sólo podrá fijarse en una fecha anterior a la declaración judicial de quiebra si existen elementos objetivos relevantes que indiquen inequívocamente que la suspensión comenzó antes de la declaración de quiebra.

El comerciante que se enfrenta a la quiebra puede sentirse inclinado a actuar de una forma diferente a como actuaría en otras circunstancias. En tal caso, el liquidador puede solicitar que los actos del comerciante sean declarados nulos. Así, pueden recuperarse los bienes que el insolvente haya enajenado o vendido a bajo precio. El objetivo es garantizar al máximo la igualdad de trato a todos los acreedores representados por el liquidador.

ComienzoComienzo

7. ¿Qué condiciones deben concurrir en la comunicación y reconocimiento de créditos?

Administración judicial

En el periodo de observación, el administrador concursal también debe examinar las declaraciones de créditos presentadas, con la asistencia del deudor. A tal fin, debe cumplir lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley de administración judicial.

Mientras no se dicte una decisión sobre un crédito eventualmente impugnado, éste será incluido provisionalmente en las operaciones de administración judicial, a instancia del administrador concursal y por el importe que el tribunal determine. En la elaboración del plan, se tendrá en cuenta dicho crédito (artículo 27, apartado 3).

Quiebra

Los acreedores deben declarar sus créditos en el plazo fijado en la declaración de quiebra. A los acreedores se les notifica este plazo mediante la publicación, en el Diario Oficial belga, de un extracto de dicha declaración de quiebra, y mediante una circular difundida por el liquidador una vez conocidos los acreedores (artículo 62 de la Ley de quiebra). El liquidador comprueba los créditos en presencia del insolvente, o al menos tras convocarle a comparecer (artículo 65 de la Ley de quiebra).

Al distribuirse los bienes de la quiebra, los acreedores escriturarios y los acreedores generales privilegiados deben dar preferencia a los acreedores pignoraticios, los acreedores hipotecarios y a los acreedores que disfrutan de privilegios especiales.

8. ¿Qué normativa se aplica en los procedimientos de reorganización?

Administración judicial

Durante el periodo de observación no puede adoptarse ni aplicarse ninguna medida de ejecución sobre bienes muebles o inmuebles. Esta suspensión se aplica a todos los acreedores, independientemente de las garantías de que dispongan, y a todas las demandas de reconvención de los acreedores-propietarios. La suspensión no afecta a los codeudores ni a los avalistas del deudor (artículo 21, apartado 1, 1, de la Ley de administración judicial).

ComienzoComienzo

La ley establece que el tribunal - a instancia de los acreedores propietarios, acreedores hipotecarios, acreedores con créditos pignoraticios y otros acreedores preferentes especiales que demuestren que sus garantías o propiedades experimentan o pueden experimentar una disminución de valor – puede conceder a éstos garantías complementarias a título de compensación, teniendo en cuenta el importe de los créditos (artículo 21, apartados 1 y 2 de la Ley de administración judicial).

Durante el periodo de observación no se permite ningún embargo ni pignoración. Las medidas de embargo dictadas antes de la suspensión de pagos siguen siendo válidas como medidas cautelares, pero el tribunal de comercio, en función de las circunstancias, puede suspenderlas después de oír al deudor, al acreedor y al administrador concursal (artículo 22 de la Ley).

La orden de suspensión pierde su validez y los acreedores recuperan el pleno ejercicio de sus derechos en el caso de que no se paguen los intereses y gastos sobre los créditos durante el periodo posterior a la concesión de la administración judicial.

La resolución judicial que autoriza la suspensión temporal no pone fin a los acuerdos concluidos antes de esa fecha (artículo 28).

Si la cesión de la empresa contribuye a rembolsar a los acreedores y a mantener la actividad económica y puestos de trabajo, el tribunal puede autorizar al administrador concursal a realizar la cesión parcial o total de la empresa (artículo 41, apartado 1).

Al final del periodo de negociación, durante el cual el administrador concursal examina las diversas ofertas de adquisición y las discute con los órganos de gestión de la empresa y los representantes de los trabajadores (artículo 41, apartado 2), el administrador presenta al tribunal, para su aprobación, una propuesta de cesión total o parcial de la empresa. Antes de pronunciarse, el tribunal oye a los representantes de la empresa y de los trabajadores.

ComienzoComienzo

Si se propone la cesión total de la empresa, el tribunal sólo puede autorizarla si están de acuerdo más de la mitad de los acreedores que han declarado sus créditos, que han participado en la votación y que representan más de la mitad del valor total de los créditos. De la consulta a los acreedores se deduce que una cesión total de la empresa sólo es factible si se han comprobado todos los créditos registrados.

Quiebra

El único objetivo del procedimiento de quiebra es la liquidación de los bienes de la empresa en quiebra en favor de los acreedores. La empresa insolvente desaparece del panorama económico y legal.

9. ¿Qué disposiciones rigen los procesos de liquidación?

Administración judicial

La finalidad de la administración judicial es proteger temporalmente a las empresas con dificultades y evitar así su quiebra. Mientras el procedimiento de administración judicial esté en curso, no se puede proceder a ninguna liquidación.

Quiebra

Desde la declaración judicial de la quiebra, todo el procedimiento de quiebra está dirigido a liquidar los bienes de la masa. En consecuencia, todo lo expuesto a continuación en relación con la quiebra se refiere necesaria y automáticamente a la liquidación.

Pueden mencionarse determinadas reglas. Todos los años, y por primera vez transcurridos doce meses desde la asunción de sus funciones, los liquidadores presentan al administrador concursal un informe detallado sobre el estado de la quiebra (artículo 34 de la Ley de quiebra). El administrador concursal también informa de los litigios surgidos de la quiebra y adopta, en su caso, medidas urgentes para proteger los bienes de la empresa en quiebra (artículo 35).

ComienzoComienzo

El administrador concursal convoca al insolvente para oírlo, en presencia de los liquidadores, sobre la mejor forma de liquidar sus bienes. Se levanta acta formal de la audiencia. Los liquidadores venden los bienes inmuebles, las mercancías y los bienes muebles, bajo la supervisión del administrador concursal y con arreglo a los artículos 51 y 52, sin necesidad de convocar de nuevo al insolvente (artículo 75, apartado 1, de la Ley de quiebra).

A petición de los liquidadores, el tribunal, en el marco de la actividad de liquidación, puede adecuar la cesión de la empresa a las condiciones fijadas por las partes; la ejecución de la cesión en estas condiciones puede ser controlada por los liquidadores o, tras la terminación de la quiebra, por cualquier persona que sea parte interesada (artículo 75, apartado 4).

En determinados casos, el administrador concursal puede ordenar el reparto entre los acreedores y fijar la cantidad. Todo pago efectuado por orden del administrador concursal o con su consentimiento, supone una descarga de las obligaciones de los liquidadores (artículo 77 de la Ley de quiebra).

10. ¿Qué condiciones se requieren para que concluya el procedimiento?

Administración judicial

Si el tribunal de comercio aprueba la suspensión definitiva de los pagos, el deudor queda liberado, definitivamente, de todas las deudas que figuran en el plan de saneamiento y pago, una vez ejecutado éste completamente (artículo 35, apartado 3, Ley de administración judicial). Así, el deudor puede continuar su actividad sobre una base saneada y, si es una empresa, puede seguir funcionando.

ComienzoComienzo

Si el tribunal de comercio no autoriza la suspensión definitiva de los pagos, puede declarar, en la misma resolución, la quiebra del deudor tras oír la declaración de éste sobre las condiciones de la quiebra (artículo 33, apartado 1).

Quiebra

El procedimiento de quiebra no es más que un mecanismo de liquidación. En primer lugar, el tribunal se pronuncia sobre los litigios relativos a los registros contables y, si es necesario, los rectifica. A continuación, a propuesta del administrador concursal, declara el fin de la quiebra. El administrador concursal informa al tribunal, reunido con carácter reservado, de las deliberaciones de los acreedores sobre la cuestión de la protección de que debe disfrutar el insolvente y sobre las circunstancias de la quiebra (artículo 80 de la Ley de quiebra).

Una vez concluido el procedimiento de quiebra, por regla general se concede protección al insolvente, si es una persona física (es decir, si no es una persona jurídica), carece de antecedentes penales y ha actuado correctamente en el ámbito contable. El resultado de la protección es la condonación definitiva de las deudas, y que las personas jurídicas que, a título gratuito, han avalado al insolvente, quedan liberadas de sus obligaciones. La liberación de las obligaciones del insolvente, cuando éste es una persona física, también se extiende al cónyuge que se haya declarado codeudor (artículos 81 y 82 de la Ley de quiebra).

El insolvente al que se concede protección puede empezar una actividad comercial nueva y se considera que está rehabilitado (artículo 110). El insolvente al que no se concede protección puede solicitar la rehabilitación si ha pagado las cantidades exigidas (artículo 109, apartado 1).

El secretario comunica al insolvente la resolución judicial que pone fin al procedimiento de quiebra. El tribunal también puede ordenar la publicación en el Diario Oficial belga de un extracto de dicha resolución. Si el tribunal ha concedido protección al insolvente, la resolución debe publicarse (artículo 80).

La terminación del procedimiento de quiebra pone fin a las funciones de los liquidadores, a excepción de las actividades relacionadas con la propia terminación, y les libera de sus obligaciones.

Información complementaria

1 Se puede consultar en: www.just.fgov.be Deutsch - français - Nederlands , “geconsolideerde wetgeving/législation consolidée”; cf. Código civil, artículo 2091.

« Quiebra - Información general | Bélgica - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 31-05-2006

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido