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Última actualización: 20-03-2007
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Legislación aplicable - Suecia

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ÍNDICE

I. Fuentes del Derecho positivo I.
I.1. Derecho interno I.1.
I.2. Convenios internacionales multilaterales en vigor I.2.
I.3. Principales convenios bilaterales I.3.
II. Aplicación de la regla de conflicto II.
II.1. Aplicación de oficio de la regla de conflicto II.1.
II.2. El reenvío II.2.
II.3. Cambio de la norma de conexidad II.3.
II.4. Excepciones a la aplicación habitual de las reglas de conflicto II.4.
II.5. La prueba de la ley extranjera II.5.
III. Las reglas de conflicto de leyes III.
III.1. Las obligaciones contractuales y los actos jurídicos III.1.
III.2. Las obligaciones no contractuales III.2.
III.3. El status personal III.3.
III.4. La filiación, comprendiendo la adopción III.4.
III.5. El matrimonio, las parejas de hecho, el divorcio, la separación, las obligaciones alimenticias. III.5.
III.6. Los regímenes matrimoniales III.6.
III.7. Sucesiones y testamentos III.7.
III.8. Propiedades. Muebles e inmuebles III.8.
III.9. Insolvencia III.9.

 

I. Fuentes del Derecho positivo

I.1. Derecho interno

En Suecia el Derecho internacional privado sólo está codificado parcialmente y consiste en un conjunto de leyes emanadas del Parlamento y en la jurisprudencia. Las leyes emanadas del Parlamento tienen como objeto, en su mayoría, dar aplicación a los convenios internacionales suscritos por Suecia. Las principales disposiciones legales son las siguientes:

Matrimonio e hijos

  • Capítulo 3, artículos 4 y 6, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela (1904:26 s. 1).
  • Artículos 9, 12 y 13 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela (1931:429).
  • Artículo 2 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales en relación con la adopción (1971:796).
  • Artículos 2, 3 y 6 de la Ley sobre asuntos relacionados con la paternidad internacional (1985:367).
  • Artículos 3 a 5 de la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con los regímenes matrimoniales (1990:272).

Sucesiones

  • Artículos 1 a 5, 7 a 19 y 21 de la Ley sobre el patrimonio de los causantes de nacionaldad danesa, finlandesa, islandesa o noruega con residencia habitual en Suecia (1935:44).
  • Capítulo 1 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el patrimonio de personas fallecidas (1937:81).

Contratos y venta

  • Artículos 79 a 87 de la Ley sobre letras de cambio (1932:130).
  • Artículos 58 a 65 de la Ley del cheque (1932:131).
  • Ley sobre el Derecho aplicable a la venta de mercancías (1964:528).
  • Artículos 25a, 31a y 42 de la Ley de codecisión en el trabajo (1976:580).
  • Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros (1993:645).
  • Capítulo 13, artículo 2, de la Ley del Transporte marítimo de mercancías (Merchant Shipping Act) (1994:1009).
  • Artículo 13 de la Ley sobre las condiciones contractuales en las relaciones de consumo (1994:1512).
  • Artículo 18 de la Ley de protección de los consumidores en relación con la multipropiedad (1997:218).
  • Ley sobre el Derecho aplicable a las relaciones contractuales (1998:167).
  • Capítulo 5, artículo 2, de la Ley sobre venta a distancia y a domicilio (2005:59).

Daños y perjuicios

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  • Artículos 8, 14 y 38 de la Ley de accidentes de tráfico rodado (1975:1410).
  • Arículo 1 de la Ley (1972:114) en relación con el Convenio de 9 de febrero de 1972 sobre pastoreo de renos celebrado entre Suecia y Noruega.
  • Artículo 1 de la Ley (1974:268) en relación con el Convenio sobre protección del medioambiente de 19 de febrero de 1974 celebrado entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.

I.2. Convenios internacionales multilaterales en vigor

Suecia ha suscrito los siguientes convenios internacionales multilaterales que establecen normas sobre legislación aplicable. Suecia adopta un enfoque dualista en relación con los tratados internacionales y estos convenios multilaterales han entrado en aplicación a través de normativa nacional (véase lo anteriormente expuesto).

Liga de las Naciones

  • El Convenio de 1930 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden
  • El Convenio de 1931 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques

Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado

  • El Convenio de 1955 sobre la Ley Aplicable a la Venta Internacional de Mercancías
  • El Convenio de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias

UE

  • El Convenio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales

Convenios nórdicos

  • El Convenio de 1931 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia (cuya última modificación la constituye el Convenio de 2001)
  • El Convenio de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, en materia de sucesiones, últimas voluntades y liquidación de herencias (cuya última modificación la constituye el Convenio de 1975)
  • El Convenio de 1974 sobre protección del medio ambiente entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

I.3. Principales convenios bilaterales

  • El Convenio de 1972 sobre el pastoreo de renos entre Suecia y Noruega.

II. Aplicación de la regla de conflicto

II.1. Aplicación de oficio de la regla de conflicto

El Derecho sueco no dispone de ninguna norma que exija a un tribunal que aplique de oficio leyes extranjeras. La cuestión se ha planteado principalmente en la jurisprudencia y parece que los procedimientos se dividen en facultativos (dispositiva mål), es decir, procedimientos sobre asuntos que las partes pueden resolver mediante acuerdo, y obligatorios (indispositiva mål), a saber, procedimientos sobre asuntos que sólo puede resolver un órgano jurisdiccional. En los procedimientos facultativos parece que es necesario que una de las partes apele a la ley extranjera para que esta pueda aplicarse. Se han dado muchos casos con un claro elemento extranjero en los que se ha aplicado sin más el Derecho sueco porque ninguna de las partes ha solicitado la aplicación de una ley extranjera. Por lo que respecta a los procedimientos obligatorios, por ejemplo sobre la determinación de la paternidad, ha habido casos en los que los tribunales han aplicado de oficio el Derecho extranjero.

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II.2. El reenvío

El enfoque general que adopta el Derecho internacional privado sueco respecto al reenvío es negativo. Existe, sin embargo una excepción en el artículo 79, apartado 2, de la Ley sobre letras de cambio y en el artículo 58, apartado 2, de la Ley del cheque en relación con la capacidad de los ciudadanos extranjeros de celebrar transacciones en las que se utilicen letras de cambio o cheques. El motivo es que estas disposiciones se basan en convenios internacionales. Se encuentran otras excepciones en el artículo 9, apartado 2, de la Ley sobre los efectos de la insolvencia, cuando esta se produce en otro país nórdico (1981:7) y en los artículos 5 a 7 de la Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros (1993:645). Por último, se admite el reenvío en relación con la validez formal del matrimonio en el artículo 1, apartado 7, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela (1904:26 s. 1).

II.3. Cambio de la norma de conexidad

El Derecho internacional privado sueco no dispone de una regla general sobre los efectos del cambio de la norma de conexidad: la cuestión se regula específicamente en cada norma. Por ejemplo, el artículo 4, apartado 1, de la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con los regímenes matrimoniales (1990:272) establece que «Si la ley aplicable no se ha determinado mediante acuerdo, será la del país en el que los cónyuges establecieron su residencia habitual (hemvist) cuando contrajeron matrimonio», y el artículo 4, apartado 2, de la misma Ley dispone que «Cuando ambos cónyuges establecieron posteriormente su residencia habitual en otro Estado y vivieron allí por un periodo de dos años, será aplicable la ley de dicho Estado».

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II.4. Excepciones a la aplicación habitual de las reglas de conflicto

Se considera un principio general del Derecho internacional privado sueco que no podrá aplicarse ninguna disposición de Derecho extranjero cuando ello sea manifiestamente incompatible con los principios del ordenamiento jurídico de este país. Pueden encontrarse disposiciones en este sentido en gran parte de la normativa sobre Derecho internacional privado. Sin embargo no debe inferirse de ello que las restricciones de orden público tengan que basarse en la legislación. Han habido muy pocas resoluciones judiciales en las que no se haya aplicado la ley extranjera por motivos de orden público.

Normalmente compete a los tribunales determinar que normas de Derecho sueco son obligatorias a nivel internacional.

II.5. La prueba de la ley extranjera

Cuando el tribunal no está familiarizado con el contenido de la ley extranjera que considera que debe aplicar, puede optar por dos soluciones: iniciar una investigación por su cuenta o solicitar a la parte interesada que facilite la información necesaria. La alternativa suele decidirse en función de la oportunidad. Si el tribunal decide investigar la cuestión por sí mismo puede solicitar la colaboración del Ministerio de Justicia. Por regla general, el órgano jurisdiccional adoptará un papel más activo en los procedimientos obligatorios que en los facultativos (véase supra); en estos últimos dejará la investigación en gran medida en manos de las partes.

III. Las reglas de conflicto de leyes

III.1. Las obligaciones contractuales y los actos jurídicos

Suecia es Estado signatario del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. En algunos ámbitos se aplican otras disposiciones.

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La venta de mercancías se rige por la Ley sobre el Derecho aplicable a la venta de mercancías (1964:528), que incorpora al Derecho interno el Convenio de 1955 sobre la Ley Aplicable a la Venta Internacional de Mercancías. La Ley se basa en las disposiciones del Convenio de Roma. Sin embargo, no regula los contratos de consumo. El artículo 3 faculta al comprador y al vendedor para determinar la ley aplicable mediante acuerdo. El artículo 4 establece que si las partes no han optado por una ley aplicable, se aplicará la del país de residencia habitual del vendedor. Existe una excepción a esta regla cuando el vendedor aceptó el pedido en el país de residencia habitual del comprador, y para los casos de adquisiciones mediante intercambio o en subastas.

Hay otra excepción a las disposiciones del Convenio de Roma para algunos contratos de consumo. Se trata de normas especiales destinadas a proteger a los consumidores de las cláusulas sobre la ley aplicable y se encuentran en el artículo 13 de la Ley sobre las condiciones contractuales en las relaciones de consumo (1994:1512), el artículo 18 de la Ley de protección de los consumidores en relación con la multipropiedad (1997:218) y el artículo 5, apartado 2, de la Ley sobre venta a distancia y a domicilio (2005:59). Todas ellas prevén que en determinadas circunstancias se aplicará la ley de un Estado del EEE cuando esta mejore la protección del consumidor.

Se encuentran disposiciones específicas para las letras de cambio y los cheques en los artículos 79 a 87 de la Ley sobre letras de cambio (1932:130) y en los artículos 58 a 65 de la Ley del cheque (1932:131). Estas normas se basan en el Convenio de Ginebra de 1930 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés a la orden y en el Convenio de Ginebra de 1931 destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques.

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Algunos contratos de seguro de vida y de otros tipos de seguro se rigen por la Ley sobre el Derecho aplicable a determinados contratos de seguros (1993:645).

III.2. Las obligaciones no contractuales

En general, la cuestión de la ley aplicable a las obligaciones no contractuales no se regula en la legislación. En la sentencia del asunto ref. NJA 1969 s. 163, se sostuvo que en las cuestiones no contractuales la responsabilidad para indemnizar por daños se determinaba con arreglo a la ley del país en el que se había producido el acto causante del daño (lex loci delicti). En ese caso no se tuvo en cuenta el hecho de que la persona que produjo el perjuicio y la que lo sufrió tuvieran la misma residencia habitual. No existe jurisprudencia que responda a la cuestión de cuál sería la ley aplicable cuando el país en el que se realizó el acto que originó el perjuicio y aquél en el que el perjuicio tuvo efectivamente lugar sean distintos.

III.3. El status personal

En el Derecho internacional privado sueco el factor de conexidad decisivo para determinar el status personal ha sido tradicionalmente la nacionalidad. Pero en la actualidad hay tantos casos en los que la nacionalidad ha hado paso a la residencia habitual como factor de conexidad principal que resulta dudoso si podemos seguir hablando de un sólo factor principal para el status personal. El Derecho internacional privado sueco considera cuestiones «status personal» básicamente las relacionadas con la capacidad jurídica y el nombre.

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Con arreglo a lo dispuesto en el  capítulo 1, artículo 1, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela (1904:26 s. 1), la capacidad para contraer matrimonio ante una autoridad sueca se establece en principio con arreglo al Derecho sueco, si alguna de las partes tiene nacionalidad sueca o residencia habitual en Suecia. En el ámbito nórdico se aplican normas similares con arreglo al artículo 1, de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela (1931:429).

Existen disposiciones especiales sobre tutela y fideicomiso en los capítulos 4 y 5 de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela (1904:26 s. 1) y en los artículos 14 a 21a de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela (1931:429).

Según se establece en el capítulo 1, artículo 3, de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el patrimonio de personas fallecidas (1937:81), la capacidad para otorgar testamento o revocarlo se rige por la ley del país de la nacionalidad del testador.

Por lo que respecta al Derecho aplicable a la capacidad para contratar, existe una respuesta parcial en el artículo 11 del Convenio de Roma. La capacidad para celebrar transacciones en las que se utilicen letras de cambio o cheques se regula por disposiciones especiales recogidas en el artículo 79 de la Ley de letras de cambio y en el 58 de la Ley del cheque.

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En el capítulo 11, artículo 3, de la Ley de enjuiciamiento judicial se recoge una norma especial sobre la capacidad para demandar y ser demandado que establece que un extranjero que en su propio país no tenga capacidad para ser parte en procedimientos judiciales podrá, sin embargo, serlo en Suecia cuando el Derecho sueco así lo reconozca.

El Derecho internacional privado sueco enmarca las cuestiones relacionadas con el nombre entre las que se regulan por la ley del status personal. Esto implica, por ejemplo, que el hecho de que un cónyuge adopte el nombre del otro al contraer matrimonio no se considera una cuestión relativa a los efectos jurídicos del contrato matrimonial en la esfera personal. Con arreglo al artículo 50 de la Ley de nombres personales (1982:670), la Ley no se aplica a los ciudadanos suecos que residen habitualmente en Dinamarca, Noruega o Finlandia; puede concluirse a contrario que se aplica a los ciudadanos suecos que residan en cualquier otro sitio. El capítulo 51 establece que la Ley se aplica asimismo a los ciudadanos extranjeros que sean residentes habituales en Suecia.

III.4. La filiación, comprendiendo la adopción

El Derecho sustantivo sueco no distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, y el Derecho internacional privado sueco no prevé normas concretas de conflicto de leyes para establecer cuándo un hijo se considera nacido dentro o fuera del matrimonio, o si un hijo puede legitimarse con posterioridad.

Por lo que respecta a la ley aplicable a la determinación de la paternidad, existen diversas normas sobre presunción de la paternidad y sobre la determinación de esta por parte de un órgano jurisdiccional. La presunción de paternidad está regulada en el artículo 2 de la Ley sobre cuestiones de paternidad internacional (1985:367). Esta disposición prevé que el hombre que ha estado casado con la madre de un hijo se considera el padre del hijo si así lo establece la ley del país del que hijo se convirtiera en residente habitual en el momento de su nacimiento o, en caso de que dicha ley no considere ser el padre a ninguna persona en particular, si así lo establece la ley del país del que el hijo se convirtió en ciudadano en el momento de su nacimiento. Sin embargo, si la residencia habitual del hijo en el momento de su nacimiento era Suecia, la cuestión se dirimirá con arreglo al Derecho sueco. Si corresponde determinar la paternidad a un órgano jurisdiccional, este aplicará la ley del país en el que el hijo era residente habitual en el momento en que se dicto sentencia en primera instancia.

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Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1 de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales en relación con la adopción (1971:796), cuando un tribunal examina una solicitud de adopción, se aplica el Derecho sueco. Sin embargo, el apartado 2 del mismo artículo estipula que si la solicitud afecta a un menor de 18 años, el tribunal deberá tener en cuenta si el solicitante o el menor están vinculados con otro país por nacionalidad, residencia habitual u otros motivos, y si ello podría ser perjudicial para el menor en caso de que la adopción no se reconociera en ese país.

Por lo que se refiere a los efectos jurídicos de la adopción, cuando una orden de adopción extranjera es válida en Suecia, el hijo adoptado es considerado como hijo (en relación con el padre adoptivo) de matrimonio sueco a efectos de guardia, custodia y manutención. Sin embargo, en lo que respecta a la sucesión, la ley impone igualdad entre los hijos adoptados y los hijos biológicos del padre adoptivo sólo en el caso de que la adopción haya tenido lugar en Suecia. Si la adopción se produjo en el extranjero, el derecho del hijo a heredar se regirá por la ley que regula normalmente la legitimación para ser heredero, es decir, la ley del país de la nacionalidad.  

III.5. El matrimonio, las parejas de hecho, el divorcio, la separación, las obligaciones alimenticias.

En relación con la capacidad para contraer matrimonio, véase en punto 3.3. supra. El matrimonio se considera válido en cuanto a la forma si lo es en el país en el que se contrajo (capítulo 1, artículo 7, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela (1904:26 s. 1)).

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Los efectos jurídicos del matrimonio pueden dividirse en dos categorías fundamentales, los que afectan a la esfera personal y los que se refieren al patrimonio de los cónyuges. El principal efecto del matrimonio en términos personales es que los cónyuges contraen la obligación de mantenerse mutuamente. En el Derecho internacional privado sueco, cuestiones como la legitimación para heredar, la adquisición del nombre del otro, o el deber de mantener a los hijos del otro cónyuge no se consideran efectos jurídicos del matrimonio, y la ley aplicable se determina por las normas de conflicto de leyes que regulan la sucesión, los nombres personales, etc.

La legislación sueca no se ocupa de la ley aplicable en materia de manutención de un cónyuge. La ley del país de residencia habitual del cónyuge con derecho a manutención se ha aplicado en casos en que los esposos tuvieron también su residencia común habitual en ese país durante el matrimonio. El Tribunal supremo no ha decidido todavía qué ley es de aplicación cuando la persona con derecho a manutención se ha trasladado a otro país, pero existen resoluciones de tribunales de apelación que señalan la voluntad de aplicar la ley del país al que esa persona se ha mudado. Se ha respetado el acuerdo sobre Derecho aplicable en los casos en que aquél se celebró con posterioridad al nacimiento del conflicto.

Por lo que respecta a asuntos de divorcio, el capítulo 3, capítulo 4, apartado 1, de la Ley sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio y la tutela (1904:26 s. 1) prevé que los tribunales suecos apliquen el Derecho sueco. El artículo 4, apartado 2, contempla una excepción cuando ambos cónyuges son de nacionalidad extranjera y ninguno ha sido residente habitual en Suecia durante al menos un año.

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El Derecho sustantivo sueco no contempla las figuras jurídicas de la separación legal ni de la anulación matrimonial y no existen normas de conflicto de leyes aplicables con carácter general a estos casos. Por lo que se refiere a los países nórdicos, el artículo 9 de la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela (1931:429) estipula que en los asuntos de separación legal el tribunal aplicará su propia ley.

Según se establece en el capítulo 3, artículo 1, de la Ley del registro de parejas de hecho (1994:1117), en el caso de las parejas de hecho constituidas por dos personas del mismo sexo se producen los mismos efectos legales que en el matrimonio. Sin embargo, en el capítulo 3, artículo 4, se recoge una excepción cuando se trata de la aplicación de la orden ya mencionada, a saber, la Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela (1931:429).

III.6. Los regímenes matrimoniales

La ley aplicable al régimen matrimonial se regula en la Ley sobre determinados asuntos internacionales relacionados con los regímenes matrimoniales (1990:272). El artículo 3 de la Ley faculta a las personas casadas o que tengan intención de contraer matrimonio para que celebren un acuerdo escrito que establezca que su régimen matrimonial se regirá por la ley del país del que uno de ellos o bien sea ciudadano o bien tenga su residencia habitual en el momento en que se concluya el acuerdo.

Si los cónyuges no han celebrado un acuerdo válido sobre conflicto de leyes, el artículo 4 de la Ley dispone que el Derecho aplicable será el del país en el que establezcan su residencia habitual tras contraer matrimonio. Si con posterioridad ambos cónyuges se establecen en otro país y viven en él durante al menos dos años, se aplicará entonces el Derecho del país de que se trate. Pero si ambos cónyuges hubieran residido ya habitualmente en ese país durante el matrimonio o si ambos fueran ciudadanos del mismo, el Derecho de ese país se aplicará a partir del momento en que trasladan allí su residencia habitual.

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El artículo 5 de la Ley determina que el acuerdo sobre conflicto de leyes es válido si respeta la ley aplicable al régimen matrimonial en el momento en que se celebra. Si el acuerdo se concluye antes de la boda, será válido en el caso de que se atenga a lo dispuesto por la ley aplicable en el momento en que se contrajo matrimonio. Por lo que respecta a la forma, el acuerdo tendrá validez siempre que cumpla los requisitos formales del Derecho del país en el que se celebró o en el que los esposos residen habitualmente.

La Orden sobre determinadas relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el matrimonio, la adopción y la tutela (1931:429) recoge normas especiales para los países nórdicos.

III.7. Sucesiones y testamentos

Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 1, artículo 1, apartado 1, de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el patrimonio de personas fallecidas (1937:81), la legitimidad para heredar se rige sólo por la ley del país del que el fallecido fuera ciudadano en el momento de su muerte. Esta ley regula cuestiones como quiénes están legitimados para heredar, qué cuota del patrimonio puede corresponderles y si existen partes alícuotas establecidas por ley. También se rige por la ley que regula las sucesiones el derecho de un heredero a una pensión alimenticia con independencia de su cuota correspondiente de la herencia.

Según se establece en el capítulo 1, artículo 8, de la Ley sobre relaciones jurídicas internacionales relacionadas con el patrimonio de personas fallecidas (1937:81), para saber si una donación se considera un adelanto sobre la herencia debe acudirse a la ley del país del que el fallecido era ciudadano en el momento de la donación. En el mismo sentido, el capítulo 7 de la Ley dispone que el carácter vinculante de los acuerdos celebrados por el fallecido en relación con su futura sucesión y las donaciones realizadas en previsión de la muerte se dilucidará asimismo de acuerdo con la ley del país del que el fallecido era ciudadano en el momento en que se concluyó el acuerdo.

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En el capítulo 1, artículo 9, de la Ley se estipula que la capacidad de una persona para heredar se decide de acuerdo con la ley del país de la nacionalidad del interesado.

Según lo dispuesto en el capítulo 1, artículo 3, de la Ley, la capacidad para otorgar testamento o revocarlo se rige por la ley del país de la nacionalidad del testador en el momento del otorgamiento.

Con arreglo a lo establecido en el capítulo 1, artículo 4, los testamentos se consideran válidos en cuanto a su forma si satisfacen los requisitos de la ley del lugar en el que se otorgaron o de la ley del país del que el testador era ciudadano cuando lo otorgó o en el momento de su muerte. Cuando el testamento afecta a propiedades inmobiliarias también se considerará formalmente válido si reúne los requisitos de forma que exige la ley del lugar en el que se encuentra el bien inmueble. Los mismos criterios se aplican a la revocación de testamentos. Esta disposición pone en aplicación el Convenio de La Haya de 1961 sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias.

En el capítulo 1, artículo 5, de la Ley se prevé que la validez del contenido de un testamento se determina de acuerdo con la ley del país de la nacionalidad del testador en el momento de su fallecimiento. Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 1, artículo 6 de la Ley, se aplica el mismo criterio a la cuestión de si el testamento carece de validez por razón de perturbación de las facultades mentales, fraude, error, coacción u otro tipo de influencia indebida.

Existen normas especiales que regulan los casos que conciernen a los países nórdicos en la Ley sobre el patrimonio de los causantes de nacionalidad danesa, finlandesa, islandesa o noruega con residencia en Suecia (1935:44).

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III.8. Propiedades. Muebles e inmuebles

En el Derecho que regula la propiedad existen normas escritas de conflicto de leyes sólo para determinadas cuestiones relativas a naves, aeronaves, instrumentos financieros y objetos de valor cultural obtenidos de forma ilegal, así como para algunas situaciones que se contemplan en la Convención nórdica sobre insolvencia y en el Reglamento sobre procedimientos de insolvencia de la Comunidad Europea.

Los efectos que, por ejemplo, tiene en el Derecho de propiedad la adquisición o la hipoteca de bienes muebles o inmuebles se determinan de acuerdo con la ley del país en el que se encuentre la propiedad en el momento de la adquisición o del nacimiento de la hipoteca. Esa ley establecerá la naturaleza de los derechos de propiedad, cómo surgen o se extinguen, los requisitos formales que puedan existir y los derechos que la titularidad de la propiedad confiere frente a terceros.

Por lo que respecta a los derechos de garantía, la jurisprudencia establece que si en el momento en que nació el derecho el vendedor sabía que el bien iba a ser trasladado a Suecia y que el derecho de garantía no tenía validez en este país, debería haber obtenido otra garantía que se acogiera a los requisitos de la ley sueca. Por otra parte, las garantías extranjeras no surten efectos jurídicos una vez transcurrido cierto tiempo desde que el bien se trasladó a Suecia. Se considera que el acreedor extranjero tuvo ocasión de conseguir una nueva garantía o de cobrar la deuda.

III.9. Insolvencia

Cuando se trata de un asunto de insolvencia sueco se aplica la ley sueca tanto al procedimiento en sí como a otras cuestiones relacionadas con la insolvencia, como los requisitos para iniciar el procedimiento.

El Reglamento nº 1346/2000 sobre procedimientos de insolvencia recoge normas especiales sobre cuestiones en las que aparecen implicados otros Estados miembros de la UE.

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