Comisión Europea > RJE > Legislación aplicable > Portugal

Última actualización: 07-01-2009
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Legislación aplicable - Portugal

EJN logo

Esta página está obsoleta. Está en curso de actualización y en breve estará disponible en el Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

I. FUENTES DEL DERECHO POSITIVO I.
I.1. Derecho interno I.1.
I.2. Convenios internacionales multilaterales en vigor I.2.
I.3. Principales convenios bilaterales en vigor I.3.
II. APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CONFLICTO DE LEYES II.
II.1. Aplicación de oficio de las reglas de conflicto de leyes II.1.
II.2. Reenvío II.2.
II.3. Cambio de la norma de conexidad II.3.
II.4. Excepciones a la aplicación de las reglas de conflicto de leyes II.4.
II.5. Prueba del Derecho extranjero II.5.
III. REGLAS DE CONFLICTO DE LEYES III.
III.1. Obligaciones contractuales y actos jurídicos III.1.
III.2. Obligaciones no contractuales III.2.
III.3. Estatuto personal y aspectos relacionados con el estado civil (nombre, domicilio y capacidad) III.3.
III.4. Filiación y adopción III.4.
III.5. Matrimonio, parejas de hecho, divorcio, separación y obligaciones alimentarias III.5.
III.6. Régimen económico matrimonial III.6.
III.7. Testamentos y sucesiones III.7.
III.8. Estatuto real III.8.
III.9. Concurso III.9.

 

I. FUENTES DEL DERECHO POSITIVO

I.1. Derecho interno

Las normas de Derecho internacional privado portugués se asientan en normas jurídicas escritas que emanan de autoridades con capacidad para generarlas, es decir, en disposiciones imperativas destinadas a establecer criterios generales aplicables a situaciones concretas, producidas por los órganos estatales competentes. Esas normas se materializan en textos que determinan su eficacia y su ámbito de aplicación .

El Código civil portugués no contempla la costumbre (la práctica social reiterada asumida con la convicción de la obligatoriedad de la norma con la que se corresponde), entre las fuentes primarias del Derecho. Sin embargo, en algunos ámbitos, sobre todo en el del Derecho internacional público, todavía tiene importancia como tal.

En Portugal, la doctrina (el resultado de la labor de los estudiosos de la ciencia jurídica) y la jurisprudencia (el conjunto de las decisiones de los órganos jurisdiccionales) no se consideran, en general, fuentes del Derecho, aunque se reconoce su influencia en la elaboración y aplicación de las leyes. No obstante, las sentencias del Tribunal constitucional dotadas de fuerza obligatoria general se erigen en verdaderas fuentes del Derecho.

I.2. Convenios internacionales multilaterales en vigor

Consulte, por favor, la lista de convenios recogida en la versión íntegra de la presente ficha, incluida en la página del Punto de Contacto portugués de la Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil: http://www.redecivil.mj.pt/ português.

ComienzoComienzo

I.3. Principales convenios bilaterales en vigor

Consulte, por favor, la lista de convenios recogida en la versión íntegra de la presente ficha, incluida en la página del Punto de Contacto portugués de la Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil: http://www.redecivil.mj.pt/ português.

II. APLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CONFLICTO DE LEYES

II.1. Aplicación de oficio de las reglas de conflicto de leyes

El órgano jurisdiccional competente tiene la obligación de ponderar la aplicabilidad de las reglas de conflicto de leyes aun cuando ninguna de las partes haya invocado un Derecho extranjero. 

Existen, sin embargo, determinadas materias, especialmente en el ámbito contractual, en las que se reserva a las partes libertad para determinar la ley aplicable. Esto significa que las partes pueden escoger el Derecho material extranjero por el que se regirán sus relaciones específicas. Esta elección excluye la aplicación de las reglas de conflicto de leyes.

II.2. Reenvío

¿El Derecho internacional privado portugués conoce el mecanismo del reenvío? En caso afirmativo, ¿en qué medida acepta que el Derecho extranjero aplicable reenvíe al Derecho nacional o al Derecho de un tercer Estado?

Rige, en Derecho portugués, el principio general según el cual la remisión a una ley extranjera realizada por las normas de conflicto sólo determina, salvo precepto en contrario, la aplicación del Derecho señalado, dado que esa atribución de competencia abarca únicamente las normas que, por su contenido y función jurídica, regulan la figura jurídica contemplada en la regla conflictual.

ComienzoComienzo

A pesar de esta declaración de principio, el Derecho portugués acepta la figura del reenvío en aquellos casos en que la ley extranjera a la que remite la regla de conflicto nacional no se considera aplicable y reenvía a otro ordenamiento jurídico, que puede ser el portugués o el de un tercer Estado.

Por lo tanto, si el Derecho internacional privado del ordenamiento jurídico al que remite la norma de conflicto de leyes portuguesa reenvía a la legislación de un tercer Estado y ésta se considera competente para regular la situación, deberá aplicarse la legislación indicada.

El reenvío también se deberá aceptar en el supuesto de que haya no tres sino cuatro o más leyes teóricamente aplicables, siempre que todas ellas estén de acuerdo en aceptar la misma como la más idónea para regular la cuestión de Derecho internacional privado.

Este sistema no se aplica si la ley a la que remite el Derecho internacional privado portugués es la ley personal (en Portugal, la ley personal es la determinada por la nacionalidad del individuo) y el interesado reside habitualmente en territorio portugués o en un país cuyas reglas de conflicto de leyes consideren competente el Derecho interno del Estado de su nacionalidad.

Sin embargo, la regla anteriormente mencionada no deja de aplicarse en los casos de tutela y curatela, relaciones patrimoniales entre los cónyuges, responsabilidad parental, relaciones entre adoptante y adoptado y sucesión, si la ley nacional señalada por la regla de conflicto de leyes reenvía a la ley del lugar en que estén ubicados los bienes inmuebles y ésta se considera competente.

ComienzoComienzo

II.3. Cambio de la norma de conexidad

¿Qué sucedería en el caso de que se modificara la norma de conexidad, por ejemplo en el caso de traslado de bienes muebles?

El punto de conexión es el referente del que se vale el legislador para determinar cuál es la ley más adecuada para regular una determinada situación jurídica.

El contenido del punto de conexión puede ser variable o fijo, en función de que se pueda o no modificar. Ejemplos de puntos de conexión variables son la nacionalidad, el domicilio, la situación de un bien mueble o el domicilio social de una persona jurídica. Ejemplos de puntos de conexión fijos son la ubicación de un bien inmueble o el lugar de celebración de un negocio jurídico.

Cuando la regla de conflicto de leyes utiliza un punto de conexión variable, también determina, en general, el momento en que ese punto de conexión debe tenerse en cuenta.

La alteración del punto de conexión utilizado puede dar lugar a la competencia sucesiva de varias leyes, generando lo que se denomina conflicto móvil.

En estos casos, rige la regla según la cual la aplicación del nuevo estatuto (por ejemplo, la nueva ubicación del bien mueble o el nuevo estatuto personal) no puede menoscabar los derechos adquiridos con anterioridad.

Algunos puntos de conexión variables pueden sufrir alteraciones de contenido por voluntad de las partes, que, de esta forma y en cierta medida, pueden escoger el orden jurídico aplicable. Para evitar los abusos derivados de estas alteraciones voluntarias, el legislador introdujo la noción de fraude de ley, en virtud de la cual, en la aplicación de las reglas de conflicto de leyes, no se toman en consideración aquellas situaciones de hecho o de Derecho creadas con el ánimo fraudulento de evitar la aplicación de la ley que, en otras circunstancias, sería competente, es decir, la sanción del fraude de ley consiste en la aplicación de la norma que se ha tratado de eludir por medio de la acción fraudulenta.

ComienzoComienzo

II.4. Excepciones a la aplicación de las reglas de conflicto de leyes

¿Pueden los jueces rechazar la ley aplicable, en caso de incompatibilidad con el orden público internacional?

Sí. Los preceptos del ordenamiento jurídico extranjero designado por la norma de conflicto de leyes no se aplican si conculcan los principios fundamentales del orden público internacional del Estado portugués.

Estos principios son conceptos que encarnan intereses de naturaleza jurídica, política, ética, social, económica y religiosa, esenciales para la comunidad que los asume, y de la que son asimismo rasgos distintivos. Debido a su particular importancia, estos conceptos no pueden ser ignorados ni conculcados a través de la aplicación de una ley extranjera que los contradiga de manera intolerable.

Cuando razones de orden público obliguen a ignorar una norma especial de la ley extranjera, será de aplicación la norma general correspondiente de ese sistema normativo, aplicándose la ley del foro (la ley del país del tribunal que conozca del asunto) únicamente en el caso de que la aplicación de la ley extranjera sea absolutamente inviable.

II.5. Prueba del Derecho extranjero

¿Qué papel juegan el juez y las partes?

El ordenamiento jurídico portugués trata el Derecho extranjero como Derecho y no como hecho.

De acuerdo con el Derecho portugués, compete a la parte que invoca el Derecho extranjero probar su existencia y contenido, si bien el órgano jurisdiccional debe, de oficio, intentar obtener información sobre él.

ComienzoComienzo

Otro tanto sucede en el caso de que el juez tenga que pronunciarse sobre la base del Derecho extranjero y ninguna de las partes lo haya invocado o la parte contraria haya reconocido su existencia y contenido o no se haya opuesto a él.

¿Qué medios de prueba se aceptan?

La ley no exige un medio de prueba concreto, por lo que la parte o el juez podrán utilizar cualquier medio de prueba idóneo en apoyo de sus tesis (por ejemplo, prueba pericial o documental).

¿Qué consecuencias prácticas se desprenden del hecho de que no se haya probado el Derecho extranjero?

En caso de que resulte imposible determinar el contenido de la ley extranjera aplicable se recurrirá a la ley aplicable subsidiariamente, debiendo seguirse el mismo procedimiento siempre que no se puedan determinar los elementos de hecho o de derecho de los que dependa la aplicabilidad de esa ley.

Cuando no se pueda establecer una conexión subsidiaria o resulte imposible averiguar el contenido del Derecho designado por medio de esa conexión, el órgano jurisdiccional deberá recurrir a las normas del Derecho común portugués.

III. REGLAS DE CONFLICTO DE LEYES

III.1. Obligaciones contractuales y actos jurídicos

El Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (1980), que entró en vigor en Portugal el 1 de septiembre de 1994, se aplica a las obligaciones asumidas con posterioridad a esa fecha que impliquen un conflicto de leyes.

El Convenio de Roma consagró el principio según el cual las partes pueden escoger la ley aplicable al contrato o a una parte de éste, pudiendo incluso convenir la sustitución de la ley elegida. Sin embargo, la elección de la ley extranjera no puede impedir la aplicación de las normas imperativas del ordenamiento jurídico del Estado en que, en el momento de la elección, se encuentren los otros elementos de la situación de que se trate.

ComienzoComienzo

A falta de elección, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente lazos mas estrechos.

Para la determinación de esta conexión se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso en cuestión (lugar de residencia o domicilio social de las partes, lugar de la administración central, del establecimiento principal o del establecimiento que deba realizar la prestación, ubicación del inmueble, lugar del establecimiento del transportista, lengua del contrato, situación de su objeto y lugar de ejecución, nacionalidad de las partes contratantes, etc.).

III.2. Obligaciones no contractuales

Responsabilidad civil extracontractual

Como regla general, el Código civil portugués considera aplicable, en materia de responsabilidad civil extracontractual (la nacida de la violación ilícita y culposa del derecho de otro o de una disposición destinada a proteger los intereses ajenos, o de actividades peligrosas o conductas lícitas que provoquen daños a terceros), la ley del Estado en que haya tenido lugar la actividad principal causante del perjuicio. En caso de responsabilidad por omisión de una conducta debida, será aplicable la ley del lugar en el que la persona responsable hubiera debido actuar.

La ley designada por las reglas de conflicto de leyes regula los motivos y las consecuencias de la obligación de indemnizar.

Enriquecimiento indebido

Según el Código civil portugués, el enriquecimiento indebido (que se produce cuando alguien obtiene un beneficio de carácter patrimonial a costa de otro, sin mediar una causa que lo justifique) está regulado por la ley con arreglo a la cual se ha realizado la transferencia del valor patrimonial en favor de la parte enriquecida.

ComienzoComienzo

La ley designada por la regla de conflicto regula los motivos, el contenido y las obligaciones derivadas del enriquecimiento indebido.

Gestión de negocios (negotiorum gestio)

La gestión de negocios (figura que consiste en que una persona asume la dirección de un negocio ajeno, en interés y por cuenta del propietario, sin estar autorizada para ello) que conlleva la realización de actos jurídicos está regulada por el Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978 sobre la ley aplicable a los contratos de intermediación y a la representación.

III.3. Estatuto personal y aspectos relacionados con el estado civil (nombre, domicilio y capacidad)

El estatuto personal se rige en general por la ley personal de las personas de que se trate, de conformidad con la regla de conflicto de leyes del Código civil portugués.

La ley personal es la ley de la nacionalidad del individuo o, si éste fuera apátrida, la del lugar de su residencia habitual (si el ciudadano es mayor de edad) o del domicilio legal (si se trata de un menor o incapaz). A falta de residencia habitual, la ley personal será la del lugar de residencia ocasional o, en el caso de que ésta no se pueda establecer, la del lugar donde se encuentre.

La ley personal de las personas jurídicas es la ley del Estado donde esté situado el domicilio social principal y efectivo de sus órganos de administración. La transferencia del domicilio de un Estado a otro no extingue su personalidad jurídica, si las leyes de ambos países coinciden sobre este punto. La fusión de entidades con leyes personales diferentes se regirá por las leyes personales de las diferentes entidades fusionadas.

ComienzoComienzo

La ley personal de las personas jurídicas internacionales será la que se determine en el convenio por el que se hayan constituido o en los respectivos estatutos. A falta de esa determinación, será la ley del país en el que tengan su sede principal.

III.4. Filiación y adopción

Esta materia se rige por el Código civil portugués.

En este ámbito, la regla general es la aplicación de la ley personal de las personas de que se trate.

La determinación de la filiación se rige por la ley personal del progenitor en la fecha de nacimiento de la relación. Tratándose de hijo de mujer casada, la determinación de la filiación, por lo que al padre concierne, se rige por la ley nacional común de la madre y del marido; a falta de ésta, por la ley de la residencia habitual común de los cónyuges, y si ésta tampoco pudiera determinarse, por la ley personal del hijo. A los efectos de la filiación, el momento determinante es el del nacimiento del hijo o el de la disolución del matrimonio, en caso de que ésta se produzca antes que aquél.

Las relaciones paterno filiales se rigen por la ley común de los padres y, a falta de ésta, por la ley de su residencia habitual común; si los progenitores residiesen habitualmente en Estados diferentes, será aplicable la ley personal del hijo. Si la filiación sólo estuviera establecida en relación con uno de los progenitores, se aplicará la legislación aplicable a éste; si uno de los progenitores hubiera fallecido, se aplicará la legislación del sobreviviente.

El establecimiento de la filiación adoptiva se rige por la ley personal del adoptante. Sin embargo, si la adopción la realizan marido y mujer o el adoptado fuera hijo del cónyuge del adoptante, será aplicable la ley nacional común de los cónyuges y, a falta de ésta, la ley de su residencia habitual común; y a falta asimismo de esta última, será aplicable la ley del país con el que se tengan lazos más estrechos. Las relaciones entre adoptante y adoptado, y entre este último y la familia de origen, se rigen por la ley personal del adoptante.

ComienzoComienzo

Si la ley pertinente para regular las relaciones entre el adoptado y sus progenitores no reconociera la institución de la adopción, o no la admitiera en la situación familiar del adoptado, no se permitirá la adopción.

Si la ley personal de la persona que va a ser adoptada o cuya filiación se pretende establecer exigiera su consentimiento (como requisito para la filiación o la adopción) ese requisito se deberá respetar. También se deberá respetar el requisito del consentimiento del tercero con el que el interesado esté ligado por cualquier relación jurídica de naturaleza familiar o tutelar, en caso de que así lo exija la ley reguladora de esa relación.

El ámbito de aplicación de la ley reguladora de las relaciones entre padres e hijos cubre fundamentalmente la responsabilidad parental. No obstante, el Convenio de La Haya sobre competencia de las autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, de 5 de octubre de 1961 - aplicable siempre que el menor tenga su residencia habitual en uno de los Estados contratantes - somete la responsabilidad parental a la ley de la nacionalidad del menor. Así pues, cuando se aplique el citado Convenio, el Código civil tendrá un campo de aplicación muy limitado (por ejemplo, se aplicará a efectos de la determinación del domicilio legal del hijo menor de edad).

Además, el Convenio de Munich sobre la Ley aplicable a los Nombres y Apellidos, somete los efectos de la filiación sobre el nombre del hijo a la ley de su nacionalidad.

La obligación de prestar alimentos a los hijos se rige, a su vez, por el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias con los hijos, de 24 de octubre de 1956, y por el Convenio de la Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, de 2 de octubre de 1973, este último sustituyó al anterior en lo que atañe a las relaciones entre los Estados vinculados por dicho Convenio.

ComienzoComienzo

III.5. Matrimonio, parejas de hecho, divorcio, separación y obligaciones alimentarias

Por lo que se refiere a las condiciones de validez del matrimonio, rige en Portugal el Convenio de La Haya de 1902, relativo a la regulación de los conflictos de leyes en materia de matrimonio, de 12 de junio de 1902. No obstante, este convenio internacional tiene una importancia muy limitada debido al reducido número de países que se han adherido a él.

Por esta razón, el ámbito de aplicación de las normas de conflicto de leyes del Código civil portugués es mayor.

En cuanto al divorcio y la separación judicial, rige el Convenio de La Haya sobre resolución de conflictos de leyes y jurisdicciones en materia de divorcio y separación de cuerpos, de 12 de junio de 1902. Como en el caso anterior, son pocos los Estados que lo han suscrito y, por ello, su importancia en la práctica es reducida.

Así pues, en esta materia también se aplican en mayor medida las normas sobre resolución de conflictos del Código civil.

De conformidad con este último, las relaciones entre los cónyuges se rigen por la ley nacional común. En caso de que los cónyuges tengan nacionalidades distintas, será aplicable la ley de su lugar de residencia habitual común y, a falta de ésta, la del país con el que mantengan lazos más estrechos.

La obligación de alimentos derivada de las relaciones de familia (parentesco, matrimonio, adopción y afinidad) se rige, en principio, por el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, de 2 de octubre de 1973.

ComienzoComienzo

III.6. Régimen económico matrimonial

Por lo que se refiere a los efectos (personales y patrimoniales) del matrimonio rige en Portugal el Convenio de La Haya sobre los conflictos de leyes relativos a los efectos del matrimonio sobre los derechos y deberes de los cónyuges en sus relaciones personales así como sobre los bienes de los cónyuges, de 17 de julio de 1905. Este texto tiene, no obstante, una importancia relativa, puesto que vincula a un reducido número de Estados. Cabe asimismo señalar que, al incluir entre sus criterios el de la elección de la ley de la nacionalidad del marido, este texto internacional entra en colisión con el principio constitucional de la igualdad de los cónyuges, lo que hace inviable su plena aplicación en Derecho portugués.

En consecuencia, la ley que, por regla general, regula los efectos del matrimonio es la designada por las normas de conflicto permanentes del Código civil portugués.

III.7. Testamentos y sucesiones

El Código civil portugués define las leyes aplicables  en materia de sucesión por causa de muerte.

En general, es la ley personal del fallecido la que regula la sucesión. Por esta ley se rigen también la sucesión y los poderes del contador-partidor de la herencia y del albacea testamentario. Esta ley personal es, en principio, la ley de la nacionalidad.

El Convenio de La Haya sobre Administración internacional de Herencias de 2 de octubre de 1973, está en vigor en Portugal. Sin embargo, su ámbito de aplicación es muy reducido debido al escaso número de países que se han adherido a él.

ComienzoComienzo

En lo que atañe a los aspectos formales, rige el Convenio relativo a una ley uniforme sobre la forma de un testamento internacional, de 26 de octubre de 1973.

III.8. Estatuto real

En materia de posesión, propiedad u otros derechos reales (usufructo, uso y habitación, multipropiedad, derecho de superficie y servidumbres prediales) es aplicable la ley del Estado en cuyo territorio se hallen situadas las cosas a las que se refieren tales derechos. Esta regla es válida tanto para los bienes inmuebles como para los muebles.

En principio, los hechos por los que se constituyen, transmiten, modifican o extinguen derechos reales, están regulados por la ley aplicable al derecho real en el momento en que se producen.

En materia de sucesión de estatutos, el principio que debe seguirse es el del respeto de los derechos adquiridos.

III.9. Concurso

Los procedimientos de concurso o saneamiento empresarial seguidos ante los órganos jurisdiccionales portugueses, cuando el deudor tiene su domicilio personal o social en Portugal, afectan, en principio, no sólo a los bienes situados en territorio luso sino también a los que se encuentran en el extranjero. En estas situaciones serán competentes los órganos jurisdiccionales portugueses, que aplicarán bien el Derecho procesal bien el Derecho sustantivo portugués.

Sin embargo, cuando se diriman litigios relativos a derechos reales sobre bienes que formen parte del patrimonio del quebrado o de la empresa en proceso de saneamiento, la ley aplicable será la que determinen las normas sobre derechos reales, es decir, la ley del lugar en que se hallen los bienes.

En principio, el procedimiento de concurso y sus efectos se rigen por la ley del Estado miembro en cuyo territorio se interponga la acción. No obstante, determinados efectos se rigen por la ley aplicable a los derechos de que se trate (por ejemplo, en materia de derechos reales y de reserva de la propiedad).

Información complementaria

Podrá obtener más información en las siguientes direcciones en Internet:

  • http://www.gddc.pt/siii/tratados.html English - français - português - Gabinete de Documentação e Direito Comparado;
  • http://www.stj.pt English - français - português -Supremo Tribunal de Justiça;
  • http://www.tribunalconstitucional.pt/ português - Tribunal Constitucional;
  • http://www.mj.gov.pt/ English - português - Ministério da Justiça;
  • http://trl.pt/ português - Tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Lisboa;
  • http://www.trc.pt/ português - Tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Coimbra;
  • http://www.tre.pt English - français - português - Tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Évora;
  • http://www.trp.pt português - Tribunal da Relação (Audiencia territorial) de Oporto;
  • http://www.pgr.pt/ português - Procaduria Geral da República;
  • http://www.itij.mj.pt português - Bases de dados jurídicos;
  • http://www.cej.pt/ English - français - português - Centro de Estudos Judiciários (entidad responsable de la formación de los magistrados portugueses);
  • http://www.dgsj.pt português - Direcção Geral da Administração da Justiça (facilita, entre otras, información sobre los contactos de los tribunales y sobre su jurisdicción territorial y permite acceder a la página en Internet de los agentes judiciales);
  • http://www.gplp.mj.pt/ English - português - Gabinete de Política Legislativa e Planeamento del Ministério de Justiça;
  • http://www.dgrn.mj.pt português - Direcção Geral dos Registos e do Notariado;
  • http://www.asjp.pt/ português - Associação Sindical dos Juízes Portugueses;
  • http://www.smmp.pt/ português - Sindicato dos Magistrados do Ministério Público;
  • http://www.oa.pt/ português - Ordem dos Advogados;
  • http://www.dr.incm.pt/dr/ português - Base de legislación «on-line» (contiene las leyes y actos publicados en la serie I del Diario de la República desde el 1. 1.1970; permite el acceso gratuito a la legislación publicada en la Serie I desde el 1.1.2000);
  • http://www.solicitador.net/ português - Câmara dos Solicitadores (Colegio Oficial de Procuradores).

« Legislación aplicable - Información general | Portugal - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 07-01-2009

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido