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Última actualización: 05-05-2006
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Legislación aplicable - Gibraltar

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ÍNDICE

I. Fuentes de las normas vigentes I.
I.1. Normativa de ámbito nacional I.1.
I.2. Convenios internacionales multilaterales vigentes I.2.
I.3. Principales convenios bilaterales en vigor I.3.
II. Aplicación de las normas sobre conflictos de leyes II.
II.1. ¿Está el órgano jurisdiccional obligado a aplicar las normas sobre conflicto de leyes por iniciativa propia? II.1.
II.2. Remisión II.2.
II.3. Cambio del criterio de vinculación II.3.
II.4. Excepciones a la aplicación habitual de las normas de conflicto II.4.
II.5. Prueba de Derecho extranjero II.5.
III. Conflicto entre normas que regulan el conflicto de leyes III.
III.1. Obligaciones contractuales y actos jurídicos III.1.
III.2. Obligaciones no contractuales (delitos (torts and delicts), enriquecimiento injusto, gestión de negocios, etc.) III.2.
III.3. El estatus personal y sus aspectos en relación con el estatus familiar (nombre, domicilio y capacidad). III.3.
III.4. Filiación y adopción III.4.
III.5. Matrimonio, parejas de hecho y otras uniones, divorcio, separación judicial y obligación de alimentos III.5.
III.6. Matrimonio y régimen económico III.6.
III.7. Testamentos y sucesiones III.7.
III.8. Bienes reales III.8.
III.9. Insolvencia III.9.

 

I. Fuentes de las normas vigentes

I.1. Normativa de ámbito nacional

Las normas que regulan el conflicto de leyes en Gibraltar tienen sus fuentes tanto en la legislación como en el Common Law (jurisprudencia) y el equilibrio entre ambos varía en función del ámbito jurídico. Por ejemplo, en la regulación de los contratos la norma que predomina actualmente es la Contracts Ordinance. A su vez, puede observarse que algunas de estas leyes ponen en vigor acuerdos internacionales (estos acuerdos, salvo la legislación de la UE que surte efectos directos, precisan de una ley para ser aplicables en el Reino Unido y por extensión, en Gibraltar). Por ejemplo, la Contracts Ordinance otorga vigencia al Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

I.2. Convenios internacionales multilaterales vigentes

Convenio de la Haya sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias de 1961, ampliado a Gibraltar en 1964.

Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, ampliado a Gibraltar en 1994.

Convenio de La Haya, de 1 de julio de 1985, relativo a la Ley aplicable al fideicomiso y a su reconocimiento, ampliado a Gibraltar en 1989.

I.3. Principales convenios bilaterales en vigor

No conocemos ningún convenio bilateral que contenga disposiciones sobre conflicto de leyes en el que el Reino Unido sea parte.

No obstante, hay que señalar que, aunque el Convenio de Roma de 1980 y los Convenios de La Haya permiten a un Estado aplicar otro régimen jurídico a los conflictos «internos» - como los que puedan surgir entre las leyes de Inglaterra, País de Gales y Escocia -, el Reino Unido ha preferido no hacer uso de esta posibilidad. Por lo tanto, las disposiciones de los Convenios de Roma y La Haya se aplican tanto a los conflictos entre las diversas jurisdicciones del Reino Unido como a los conflictos internacionales.

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II. Aplicación de las normas sobre conflictos de leyes

II.1. ¿Está el órgano jurisdiccional obligado a aplicar las normas sobre conflicto de leyes por iniciativa propia?

La posición general es que las normas sobre conflicto de leyes se aplican solamente si al menos una de las partes lo solicita. En otro caso, o de no haber pruebas satisfactorias del contenido de la ley extranjera, el juez aplicará normalmente el Derecho de Gibraltar. Esta regla se refiere a pruebas y procedimiento y, por tanto, queda fuera del alcance del Convenio de Roma de 1980, etc.

II.2. Remisión

La aplicación de la remisión ha sido objeto de intenso debate académico en Inglaterra y País de Gales. La posición prevalente en la legislación sobre conflictos de leyes es rechazar la remisión. Por tanto, si en un caso de responsabilidad civil por negligencia (tort of negligence) la norma de conflicto de leyes de Gibraltar apunta al Derecho francés, será éste el que se aplique aun cuando un órgano jurisdiccional francés hubiera aplicado la ley de otro país. Una explicación del rechazo de la remisión en estos ámbitos parece ser que las complejas disposiciones de las leyes se contravendrían de aplicarse aquélla.

Sin embargo, la remisión parece ser habitual en los ámbitos de herencia de bienes muebles e inmuebles y de las posibles transmisiones de estas propiedades, en los que la norma gibraltareña se ha remitido al Derecho del domicilio o al del lugar en que se encuentre sito el bien inmueble, así como en los temas de Derecho de familia, en los que se remite a la ley del domicilio. En estos casos, existe el deseo pragmático de aplicar la misma ley del tribunal en cuya jurisdicción se sitúe la propiedad, con el fin de aumentar las posibilidades de que las decisiones de Gibraltar en materia de propiedad sean eficaces. Sin embargo, hay que señalar que a menudo la prueba del contenido de la norma extranjera sobre conflicto de leyes es costosa y las partes prefieren con frecuencia renunciar a su aplicación (véase 2.2 supra).

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II.3. Cambio del criterio de vinculación

Este problema se trata especificando en cada norma sobre conflicto de leyes el momento exacto en que se establece el criterio de vinculación. Por ejemplo, en el caso de las transmisiones de bienes muebles, la ley aplicable es la del lugar donde se encuentre el bien mueble en el momento en se alega que el acto de que se trate ha afectado al título de propiedad de ese bien mueble.

II.4. Excepciones a la aplicación habitual de las normas de conflicto

Los órganos jurisdiccionales de Gibraltar pueden negarse a aplicar una ley extranjera que sea contraria al orden público en Gibraltar. Sin embargo, la excepción permite un margen muy amplio: por ejemplo, cuando dicha aplicación conduzca a un resultado «completamente ajeno a los principios de justicia que administran los órganos jurisdiccionales ingleses». El contenido del concepto de orden público en Gibraltar tiene como referencia la Gibraltar Constitution Order de 1969, que está redactada en términos similares al Convenio europeo de derechos humanos; un buen ejemplo de excepción de orden público es la violación de los derechos humanos.

Además, el artículo 7, apartado 2, del Convenio de Roma de 1980 establece que las normas de la ley del país del juez que rijan imperativamente la situación pueden aplicarse con independencia de la ley que sea aplicable al contrato. Sin embargo, en Gibraltar hay pocas normas de este tipo. Las que existen generalmente se encuentran en los ámbitos de consumo y trabajo o en la legislación que complementa los convenios internacionales.

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Hay que señalar que el Reino Unido introdujo una reserva con respecto al artículo 7, apartado 1 del Convenio de Roma y no aplicará las disposiciones imperativas de otro país aplicables con independencia de la ley que rija el contrato (por ejemplo, «lois de police» extranjeras) simplemente porque la situación presente un vínculo estrecho con el contrato.

II.5. Prueba de Derecho extranjero

El contenido del Derecho extranjero se prueba como si fuera un hecho. Como tal, la prueba del contenido del Derecho extranjero corresponde a las partes; los jueces no están autorizados para investigar esta cuestión. En caso de conflicto entre las pruebas presentadas por las partes, el órgano jurisdiccional puede evaluar la credibilidad de los peritos y tener en cuenta las pruebas primarias (por ejemplo, leyes y jurisprudencia extranjera), especialmente cuando están redactadas en inglés y se refieren conceptos que resultan familiares a los jueces de Gibraltar.

Normalmente se realiza una prueba pericial del contenido del Derecho extranjero. No basta con presentar el texto, disposición o casuística extranjera ante el órgano jurisdiccional. La prueba pericial del Derecho extranjero puede realizarla cualquier persona «convenientemente cualificada para ello en virtud de sus conocimientos o experiencia», con independencia de que esté o no facultada para actuar como letrado ante la jurisdicción correspondiente. Sin embargo, lo habitual es que los expertos sean profesores de universidad o letrados de la jurisdicción de que se trate. Si el contenido del Derecho extranjero se ha determinado con anterioridad en un asunto gibraltareño o inglés, éste podrá citarse como prueba y se considerará que el contenido de que se trate es el mismo, a menos que se demuestre lo contrario.

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La carga de la prueba corresponde a la parte que invoca el Derecho extranjero. Si este no queda satisfactoriamente probado, se aplicará, por norma general, el Derecho de Gibraltar. No obstante, cuando no hay razón alguna para pensar que el Derecho extranjero se asemeje al gibraltareño (por ejemplo, una disposición fiscal de otra jurisdicción europea), podrá desestimarse la pretensión.

III. Conflicto entre normas que regulan el conflicto de leyes

III.1. Obligaciones contractuales y actos jurídicos

En todos los asuntos sobre obligaciones contractuales y conflicto de leyes se aplica el Convenio de Roma de 1980, con arreglo a lo dispuesto en la Contracts Ordinance. Las normas de conflicto de leyes del Convenio de Roma de 1980 regulan los asuntos que el Derecho interno de Gibraltar no consideraría contractuales (por ejemplo cuando no hay contraprestación, como es el caso de las donaciones). También parece probable que se regulen por el Convenio algunas cuestiones que la ley de Gibraltar trataría como responsabilidad civil (tort), por ejemplo, la que debe asumir un banco con un tercero cuando ha prestado un asesoramiento negligente en relación con la solvencia crediticia de un cliente. Por lo que se refiere a la línea divisoria entre contrato y enriquecimiento injusto, el Reino Unido introdujo una reserva en relación con el artículo 10, apartado1, letra e) del Convenio. Sin embargo, probablemente el Derecho de Gibraltar coincide con la esencia de esa disposición: la ley que habría regulado el contrato nulo de haber sido válido regula probablemente la demanda de enriquecimiento injusto.

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Hay que señalar que, como ocurre con todas las normas de conflicto de leyes, las cuestiones de procedimiento se determinan por la lex fori. Por tanto, la valoración de la intensidad de los daños (aunque no los tipos de daños) y los medios de prueba se regulan por la ley del foro. Los plazos de prescripción son objeto del Derecho sustantivo, por lo que en el caso de obligaciones contractuales se determinan por la ley aplicable con arreglo al Convenio. Las normas sustantivas primarias se describen a continuación.

Cuando las partes hayan optado expresamente por una ley, o la opción pueda demostrarse con certeza razonable, será esta ley la que se aplique. La opción puede demostrarse con certeza razonable cuando se trata de un contrato estándar que se sabe regulado por unas disposiciones concretas (por ejemplo una póliza de seguro marítimo de Lloyd), o si existen tratos previos entre las partes. En los casos en que existe un acuerdo de elección del tribunal, se considera a menudo que se ha optado por la ley de ese órgano jurisdiccional, pero no siempre es así. De haber un acuerdo arbitral, si se especifican los criterios de selección de los árbitros, será más fácil inferir el Derecho aplicable, pero si aquéllos se determinan por referencia a un organismo internacional, no es tan probable que la elección haya quedado demostrada con certeza razonable.

La libertad de elección está limitada en varios aspectos. Primero, en los contratos de los ámbitos de consumo y de trabajo, la elección de la ley no puede privar al consumidor o al trabajador de la protección de las disposiciones imperativas que existen conforme al Derecho que se habría aplicado al caso de no haber habido elección expresa. En segundo término, cuando todos los elementos de la situación están vinculados con un país, la opción a favor de un Derecho diferente no puede privar de efecto a las disposiciones imperativas de ese país. Hay que señalar que el Reino Unido ha introducido una reserva al artículo 7, apartado 1: los tribunales de Gibraltar no darán efecto a las disposiciones imperativas de un país extranjero simplemente porque el contrato tenga un vínculo estrecho con el país extranjero. Sin embargo, el órgano jurisdiccional de Gibraltar aplicará las disposiciones imperativas inglesas (es decir, normas cuya aplicación es independiente de la ley que regule el contrato). En tercer lugar, si el Derecho elegido contraviene el orden público de Gibraltar, la disposición de que se trate no será aplicable. Asimismo cabe señalar que cuando haya un desacuerdo respecto a la efectividad de la opción -por ejemplo, una denuncia de coacción- se dirimirá con arreglo a la ley supuestamente aplicable (es decir, la que regularía el contrato si la opción fuese válida), a menos que esta solución resulte «irrazonable» (caso en el que se podrá aplicar la ley de la residencia habitual de la parte que alega no haber consentido).

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Cuando no hay elección de ley expresamente hecha o demostrable con certeza razonable, en la mayoría de los contratos se aplica una prueba que consta de dos etapas. En la primera, se presume que la ley aplicable será la de la residencia habitual de quien realiza la prestación característica (characteristic performer), el cual no es siempre fácil de determinar, pero habitualmente es la parte que no efectúa pago alguno por la mercancía o servicio (por ejemplo el vendedor de un producto, el prestamista en una transacción bancaria o el garante en un contrato de garantía). Esta presunción puede rechazarse en favor de un país con el que el contrato tenga un vínculo más estrecho solamente «cuando las circunstancias demuestren con claridad la existencia de factores de conexión que justifican desestimarla (la presunción)». Cuando se trate de relaciones contractuales de los ámbitos de consumo y empleo, se aplicará la ley de la residencia habitual del consumidor y del lugar habitual de trabajo del empleado, respectivamente.

III.2. Obligaciones no contractuales (delitos (torts and delicts), enriquecimiento injusto, gestión de negocios, etc.)

La norma sustantiva tiene dos etapas. La primera es una regla general según la cual la ley aplicable es la del país en que suceden los acontecimientos que constituyen los delitos de que se trate. Cuando todos los hechos que constituyen el hecho delictivo ocurren en un lugar, la solución es fácil. Cuando suceden en diversos países, el Derecho aplicable con arreglo a la norma general se considerará:

  • en los daños personales (incluidos la enfermedad y la discapacidad psíquica) o en los que tienen resultado de muerte por negligencia, la ley del país en que se encontrara la persona cuando sufrió el daño;
  • en los casos de daños contra la propiedad, la ley del país en que estuviera la propiedad cuando fue objeto del daño; y
  • en los restantes casos, la ley del país en el que se hubieran producido los elementos más significativos de los hechos.(En este caso hay que valorar los diversos elementos que constituyen el supuesto daño, por ejemplo el acto o la omisión, o el perjuicio sufrido; la mayoría de las veces se tratará del lugar donde se produzca el efecto perjudicial directo.)

En la segunda etapa, existe la posibilidad de rechazar la ley establecida en la primera. En esta ocasión, el órgano jurisdiccional debe señalar los factores que vinculan el delito con el país cuyo Derecho se ha seleccionado en la primera etapa y los que vinculan el delito con otro país. Estos factores pueden ser relativos a las partes (por ejemplo que su presencia en la jurisdicción de que se trate fuera provisional o fortuita; que existiera cualquier contrato entre ellas o el hecho de que compartan un domicilio común), o relativos a cualesquiera hechos que constituyan el delito o a cualesquiera circunstancias o consecuencias de esos hechos (por ejemplo la residencia de la víctima). El órgano jurisdiccional valorará la importancia de cada uno de estos grupos de factores. Finalmente, el órgano jurisdiccional podrá descartar la ley seleccionada en la primera etapa sólo si resulta «más adecuado desde el punto de vista sustancial» aplicar la otra ley; para ello es necesario que exista una preponderancia clara de factores. Se cree que esta excepción se utiliza con menos frecuencia cuando en la primera etapa se ha determinado la norma mencionada en la letra c) supra.

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En casos de difamación, se aplica la regla de la «doble perseguibilidad»: el daño causado puede perseguirse en Gibraltar solamente si es civilmente perseguible conforme a la ley extranjera de la jurisdicción en que el hecho ocurrió (normalmente a través de alguna publicación) y además si, de haber ocurrido en Gibraltar, hubiera sido civilmente perseguible con arreglo al Derecho de Gibraltar. Sin embargo, esta regla presenta una excepción: cuando otro país tenga un vínculo más importante con el hecho y las partes, se aplicará la ley del mismo. Hay que señalar que esta cuestión resulta un tanto confusa.

Por lo que respecta al enriquecimiento injusto (incluidas las denuncias del hecho de la recepción con conocimiento de causa (knowing receipt)), el Derecho inglés no es del todo claro. En principio se piensa que rige la ley del lugar donde se haya producido el enriquecimiento injusto, pero puede no ser así, especialmente cuando haya existido una relación previa entre las partes (por ejemplo, un contrato nulo).

Aunque el Derecho inglés (Common Law) no contempla un motivo general de la demanda equivalente a la gestión de negocios, parece que las normas de conflicto de leyes aplicables a demandas de enriquecimiento injusto se aplicarán también a las de gestión de negocios. Hay que señalar que en los casos en que exista un intermediario, cuando se trate de cuestiones contractuales regirá el Convenio de Roma de 1980.

Con respecto a la administración de fideicomisos (administration of trusts), el Derecho aplicable es el elegido por el fideicomitente, o, en su defecto, el que tenga una conexión más próxima con el fideicomiso. Esta ley determina la validez del fideicomiso, su interpretación y efectos, así como la administración del mismo. Los fideicomisos impuestos por ley, por su carácter restitutivo, se regulan por la ley aplicable al enriquecimiento injusto (véase el párrafo anterior).

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Como en otras obligaciones en casos de conflicto de leyes, el Derecho extranjero no se aplicará cuando interfiera con el orden público de Gibraltar.

Conviene destacar que el Reino Unido ha acordado participar en las negociaciones de un Reglamento del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (conocido como «Roma II»), por lo que probablemente estas normas sustantivas cambien cuando el Reglamento esté en vigor.

III.3. El estatus personal y sus aspectos en relación con el estatus familiar (nombre, domicilio y capacidad).

El domicilio de una persona en el momento de su nacimiento es el mismo que el de su padre, siempre que se trate de un hijo legítimo. Si el hijo es ilegítimo o el padre ha fallecido ya en el momento de su nacimiento, el domicilio del hijo será el mismo que el de la madre. Esta norma se aplica hasta que el menor cumple 16 años (es decir, el domicilio de los hijos cambiará con el del padre o el de la madre, respectivamente).

A los mayores de 16 años se les sigue suponiendo el domicilio de origen, a menos que opten por un domicilio distinto. Para optar por otro domicilio es necesario que residan efectivamente en la jurisdicción de que se trate, con intención de permanecer en ella de manera indefinida o permanente. En el momento en que falte cualquiera de estos requisitos se vuelve a aplicar la norma del domicilio de origen.

El domicilio de la esposa ya no está determinado por el del marido sino que se establece de manera independiente.

La capacidad para contraer obligaciones concretas (por ejemplo para contratar, testar o contraer matrimonio) se regula mediante normas específicas de esos ámbitos, que se examinan en las secciones pertinentes.

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III.4. Filiación y adopción

Las responsabilidades parentales con los menores (de 18 años) se regulan por la ley de Gibraltar cuando los tribunales de este territorio tengan jurisdicción, aunque el menor resida en el extranjero y ostente nacionalidad extranjera. Sin embargo, de conformidad con el Reglamento 1347/2000 de la UE relativo a la competencia, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, los órganos jurisdiccionales de Gibraltar solamente serán competentes cuando el menor resida en territorio gibraltareño o cuando resida en otro Estado miembro y además al menos un cónyuge que tenga responsabilidad parental haya aceptado la jurisdicción de Gibraltar.

Un hijo es legítimo cuando nace dentro del matrimonio, con independencia de su lugar de nacimiento, o si ha sido legitimado por la ley del que fuera el domicilio de cada uno de los padres en el momento de su nacimiento.

Los tribunales aplicarán la ley de Gibraltar para nombrar a una persona tutor de un menor siempre que sean competentes los órganos jurisdiccionales de Gibraltar (lo que sucederá cuando el solicitante sea ciudadano del Reino Unido o resida o se encuentre de manera habitual en Gibraltar).

Los tribunales de Gibraltar aplicarán la ley de Gibraltar en casos de adopción cuando sean competentes (lo que sucede cuando el solicitante esté domiciliado en Gibraltar en el momento de presentar la solicitud; los tribunales considerarán asimismo la posibilidad de que se reconozca en el extranjero una resolución dictada en Gibraltar cuando ello sea necesario para el ejercicio de su jurisdicción). El efecto de estas resoluciones transferir todas las responsabilidades de los padres existentes a los padres adoptivos.

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III.5. Matrimonio, parejas de hecho y otras uniones, divorcio, separación judicial y obligación de alimentos

La ley del lugar de celebración del matrimonio regula su validez formal. Se trata de la validez de la ceremonia y sus componentes, por ejemplo las palabras que deben pronunciarse, el edificio en que debe desarrollarse, si se requiere consentimiento parental y si puede celebrarse por poderes.

La capacidad de las personas para contraer matrimonio está determinada por la ley del domicilio del interesado vigente en el momento inmediatamente anterior a la boda. Esta ley regula cuestiones como el consentimiento de las partes, la edad de los contrayentes y quiénes pueden casarse y no entre sí dentro de una misma familia. En el caso particular de la edad, el matrimonio no será válido si cualquiera de los contrayentes tiene menos de 16 años y están domiciliados en Gibraltar.

Por lo que respecta al divorcio, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento 1347/2000 de la UE relativo a la competencia, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, los órganos jurisdiccionales de Gibraltar sólo serán competentes para conocer causas de divorcio si se satisface alguno de los siguientes requisitos: que los cónyuges tengan residencia o domicilio habitual en Gibraltar; que los cónyuges tuvieran residencia habitual en Gibraltar y uno de ellos aún resida allí en la actualidad; que el demandado resida habitualmente en Gibraltar, o que el solicitante fuera residente en Gibraltar al menos con un año de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud (o seis meses, si es ciudadano de un Estado miembro). Si no se satisface ninguna de estas condiciones y ningún otro Estado miembro tiene jurisdicción, la ley nacional otorga competencia a los tribunales de Gibraltar cuando al menos una de las partes estuviera domiciliada en Gibraltar en el momento del inicio del procedimiento de divorcio. Los órganos jurisdiccionales de Gibraltar que resulten competentes aplicarán la ley de Gibraltar a los procedimientos de divorcio. En los procedimientos de declaración de nulidad, las leyes mencionadas anteriormente (la del lugar de la celebración o ley del domicilio de las partes) se aplicarán dependiendo del motivo de la nulidad. Se reconocerá un divorcio extranjero si una de las partes tenía residencia o domicilio habitual o era ciudadano de ese país en el momento de celebrarse el procedimiento.

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En relación con la obligación de alimentos, el Reino Unido (es decir, Gibraltar) está vinculado por el Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Los tribunales de Gibraltar serán competentes si lo son en materia de divorcio o, si el divorcio se obtuvo a través de un procedimiento extranjero, cuando una de las partes estuviera domiciliada en Gibraltar en el momento del divorcio o hubiera tenido su residencia habitual en Gibraltar durante una año antes de esa fecha, o si una de las partes tiene intereses en relación con un hogar conyugal anterior situado en Gibraltar. La ley de Gibraltar se aplica en estos casos.

Según lo observado anteriormente, en todas estas cuestiones procede la remisión.

III.6. Matrimonio y régimen económico

En ausencia de acuerdo o contrato matrimonial, los derechos de los cónyuges en relación con los bienes muebles de cada uno (adquiridos antes o durante el matrimonio) se determinan por la ley del domicilio conyugal en el momento de contraer matrimonio. Cuando los domicilios del marido y la mujer coincidan, habrá un solo domicilio conyugal. De no ser así, se aplicará el Derecho con el que las partes y el matrimonio tengan un vínculo más estrecho. Las intenciones de las partes en el momento del matrimonio sólo se tienen en cuenta si señalan e implican una elección del Derecho aplicable. La misma norma rige probablemente para los bienes inmuebles, aunque hay al menos un caso en que parece preferible elegir la ley del lugar donde se encuentra el bien inmueble.

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Si existe contrato o acuerdo matrimonial, se aplicará la ley del contrato, es decir, la del domicilio conyugal, de no haber otras indicaciones respecto a la ley aplicable.

III.7. Testamentos y sucesiones

En los casos de sucesión intestada (es decir, cuando no hay testamento), se aplica a los bienes muebles la ley del domicilio del testador en el momento de su muerte; a los bienes inmuebles corresponde aplicar la ley de la jurisdicción en que esté situada la propiedad.

Cuando existe testamento, la capacidad de la persona para testar se rige por la ley del domicilio del testador en la fecha del testamento. El legatario podrá recibir bienes muebles si está capacitado para ello con arreglo, bien a la ley de su propio domicilio o bien a la del domicilio del testador.

De conformidad con la Wills Ordinanceun testamento es formalmente válido (por ejemplo, cuenta con el número correcto de testigos) si se adecua a alguno de los ordenamientos jurídicos siguientes: la ley del lugar donde se otorgó testamento (generalmente, donde se firmó y testificó) en el momento en que se hizo; la ley del domicilio, la residencia habitual o la nacionalidad del testador cuando otorgó testamento o la ley del domicilio, la residencia habitual o la nacionalidad del testador en el momento de su fallecimiento. El testamento también será formalmente válido para transmitir bienes inmuebles si se ajusta a la ley de la jurisdicción en que se halla la propiedad.

El testamento se interpreta con arreglo a la ley querida por el testador, que se presume es la de su domicilio en la fecha en que lo otorgó.

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La validez de una supuesta revocación se determina por la ley del domicilio del testador en el momento de la supuesta revocación. Sin embargo, cuando la revocación se debe a que existe un testamento posterior (frente, por ejemplo, a una anulación de testamento), para saber si el segundo revoca el primero hay que acudir al Derecho que regula la capacidad para testar y la validez formal del segundo testamento. De existir dudas sobre la revocación, la interpretación quedará determinada por la ley querida por el testador, que se presume es la de su domicilio en el momento de otorgar el segundo testamento.

III.8. Bienes reales

Los asuntos de propiedad se dividen en los relativos a bienes muebles e inmuebles; en ambos casos rige la ley del lugar donde se encuentre el bien de que se trate.

En el caso de los bienes inmuebles, la ley aplicable es la del lugar en el que la propiedad esté situada, y se aplica la figura de la remisión.

Cuando se trata de bienes muebles tangibles, el Derecho aplicable es el del lugar en que la propiedad se encontraba en el momento en que sucedió el hecho que se alega afecta a su título. También aquí procede aplicar la remisión.

En el caso de bienes muebles intangibles, cuando hay un derecho contractual en juego (como sucede en la mayor parte de las deudas), la ley aplicable es el Convenio de Roma de 1980. Así pues, la ley del contrato de cesión determina si la cesión ha sido efectiva, y la ley del contrato por el que se crea la deuda determina si esta puede ser cedida. El Common Law reflejaría esta posición en los casos en que la propiedad intangible no se creó de forma voluntaria.

III.9. Insolvencia

El Reino Unido está vinculado por el Reglamento 1346/2000 del Consejo sobre procedimientos de insolvencia, que establece las normas aplicables en los procedimientos que impliquen el desapoderamiento total o parcial del deudor y el nombramiento de un síndico, cuando los intereses principales del deudor se encuentran en un Estado miembro de la UE (con excepción de Dinamarca). Si los tribunales de Gibraltar son competentes (lo que sucede cuando los intereses principales del deudor estén en Gibraltar, que se presume ser el lugar del domicilio social), se aplicará la ley de Gibraltar.

En los casos excluidos del Reglamento 1346/2000, se aplicará el Derecho gibraltareño cuando los tribunales de Gibraltar sean competentes (es decir, cuando una empresa esté registrada en Gibraltar, o cuando haya personas en Gibraltar que se beneficiarían de la liquidación y no existan motivos fundados para declinar la competencia).

Información complementaria

  • Derecho de Gibraltar English
  • Resoluciones recientes del Tribunal Supremo (High Court) y del Tribunal de Apelación (Court of Appeal) del Reino Unido English
  • BAIL II, base de datos de resoluciones recientes del Reino Unido English
  • Convenio de Roma de 1980 e informe explicativo English
  • Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado English - français

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Última actualización: 05-05-2006

 
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