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Última actualización: 04-12-2008
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Legislación aplicable - Francia

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ÍNDICE

I. Las fuentes del Derecho positivo I.
I.1. Derecho interno I.1.
I.2. Convenios multilaterales vigentes I.2.
I.3. Principales convenios bilaterales I.3.
II. Aplicación de la normas de conflicto II.
II.1. Aplicación de oficio de la norma de conflicto de Leyes II.1.
II.2. Reenvio II.2.
II.3. Cambio de la norma de conexidad II.3.
II.4. Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto II.4.
II.5. Prueba de la Ley extranjera II.5.
III. Normas de conflicto de Leyes III.
III.1. Obligaciones contractuales y actos jurídicos III.1.
III.2. Obligaciones no contractuales III.2.
III.3. Filiación y adopción III.3.
III.3.1. Filiación III.3.1.
III.3.2. Adopción III.3.2.
III.4. El matrimonio, la unión libre y otras modalidades de pareja, el divorcio, la separación de cuerpos y las obligaciones de alimentos III.4.
III.4.1. Matrimonio III.4.1.
III.4.2. Uniones libres y otras modalidades de pareja III.4.2.
III.4.3. Divorcio y separación III.4.3.
III.4.4. Obligación de alimentos III.4.4.
III.5. Regímenes matrimoniales III.5.
III.6. Sucesión III.6.
III.7. Derechos de bienes III.7.
III.8. Insolvencia III.8.

 

I. Las fuentes del Derecho positivo

I.1. Derecho interno

Como, hasta la fecha, el Derecho internacional privado francés no ha sido objeto de ninguna codificación, las normas de conflictos de Leyes se encuentran diseminadas en los distintos códigos (Código civil, Código mercantil, Código del consumo), pero esencialmente proceden de la jurisprudencia. Algunas figuran en instrumentos comunitarios de Derecho derivado.

I.2. Convenios multilaterales vigentes

Un gran número de normas de conflicto de Leyes proceden de convenios internacionales multilaterales de los que Francia es Parte. La mayoría de estos convenios se elaboraron en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

I.3. Principales convenios bilaterales

Los convenios bilaterales a los que recurren con más frecuencia los tribunales franceses abarcan el ámbito del estatuto de la persona. Cabe reseñar, en particular:

  • el Convenio entre la República Francesa y el Reino de Marruecos, de 10 de agosto de 1981, sobre el estatuto de las personas y de la familia, y la cooperación judicial.
  • el Convenio entre Francia y Polonia, de 5 de abril de 1967, relativa a la Ley aplicable, la competencia y el exequátur en el Derecho de las Personas y en el de Familia.

II. Aplicación de la normas de conflicto

II.1. Aplicación de oficio de la norma de conflicto de Leyes

Según jurisprudencia reiterada, el juez que conoce del asunto debe determinar si el derecho al que se refiere el litigio es un derecho alienable o inalienable, lo que deberá apreciar según su propia Ley.

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Deberá aplicar de oficio su norma de conflicto exclusivamente en los casos en que el derecho controvertido es un derecho esencialmente inalienable (en los litigios referentes al estatuto personal: capacidad, validez sustancial de un matrimonio, casos de divorcio, etc.). Si se trata de un derecho alienable, corresponderá a las partes solicitar la aplicación de la legislación extranjera normalmente aplicable.

II.2. Reenvio

En Derecho internacional privado francés, el reenvío se define como un conflicto negativo de vinculaciones: la norma de conflicto francesa designa una Ley extranjera como aplicable, pero la norma de vinculación al país hacia cuya Ley «se reenvía» el litigio designa a su vez a la Ley francesa (reenvío de primer grado) o a la Ley de otro Estado (reenvío de segundo grado).

El mecanismo, difícilmente conciliable con la autonomía de la voluntad, siempre ha sido residual, en particular, porque está excluido en materia contractual o en materia de régimen matrimonial. Incluso en materia de estatuto personal, actualmente está en claro retroceso.

II.3. Cambio de la norma de conexidad

Cuando un punto de conexión varía en el tiempo o en el espacio ¿se determina la Ley aplicable con relación al punto de conexión anterior o al nuevo punto de conexión?

En algunos casos, la propia Ley aporta la respuesta. De no ser así, responderá la jurisprudencia, de forma variable según la norma de conflicto de que se trate, pero con cierta tendencia a tener en cuenta la movilidad puesto que, a menudo, el punto de conexión se tiene en cuenta en relación con la fecha de la demanda judicial.

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II.4. Excepciones a la aplicación de las normas de conflicto

La norma de conflicto normalmente aplicable se descarta en dos tipos de situación.

  • Mecanismo de la excepción de orden público internacional:

    El juez descartará la Ley extranjera alegada si su aplicación conduce a una situación contraria al orden público, entendido como «los principios de justicia universal, que la opinión pública considera como valores absolutos». El juez aplicará entonces la norma jurídica francesa en lugar de la que decidió descartar.

    La valoración del orden público, que surte pleno efecto cuando el litigio debe conducir a crear un derecho en el territorio francés, puede ser más flexible cuando sólo se trata de dar efecto en Francia a derechos adquiridos de forma regular en el extranjero.

  • Teoría de las Leyes de policía:

    Éstas se definen como las «Leyes cuya observancia se considera crucial para la salvaguardia de la organización política, social o económica del país».

    Estas Leyes se aplican directamente, sin que deba mediar una norma de conflicto de Leyes. En algunos casos, la propia Ley lo especifica. Si no, incumbe al juez identificar la Ley como Ley de aplicación inmediata: se consideran, en particular, como tales el Derecho francés o europeo de competencia, las disposiciones por la que se regula en Francia el contrato laboral en lo relacionado con la higiene, la seguridad, la duración y las modalidades de ejecución del trabajo, o las normas de protección y asistencia de los menores residentes en Francia.... La aplicación de oficio de las Leyes de policía francesas se impone al juez. La de las Leyes de policía extranjeras es facultativa, excepto disposición contraria de un convenio internacional (por ejemplo, el artículo 7, apartado 1, del Convenio de Roma).

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II.5. Prueba de la Ley extranjera

Tradicionalmente, incumbía a la parte que solicita la aplicación de una Ley extranjera establecer el contenido de ésta y, más concretamente, demostrar porqué la aplicación de la Ley francesa no permitía lograr un resultado equivalente.

Según una jurisprudencia relativamente reciente (1998), en adelante se admite que el propio juez debe buscar el contenido de la Ley extranjera, si la declara aplicable, lo que deberá hacer de oficio cuando el litigio de que se trate se refiera a derechos inalienables.

La prueba del contenido de la Ley extranjera puede hacerse mediante la aplicación de los medios de instrucción previstos por el nuevo Código de procedimiento civil (peritaje, comparecencia de las partes, solicitud de presentación de pruebas por un tercero, etc.)

Es también de práctica corriente recurrir al certificado de vigencia de Leyes. El certificado de vigencia de Leyes (certificat de coutume) es un documento redactado en francés y que emana de un consulado o de una embajada de un Estado extranjero en Francia, o de un jurista extranjero o francés especializado en el derecho en cuestión.

III. Normas de conflicto de Leyes

III.1. Obligaciones contractuales y actos jurídicos

El contrato puede ser regulado por la Ley que elijan las partes. A falta de elección por los contratantes, el juez deberá determinar la Ley aplicable con arreglo a las características y objeto del contrato, y a las circunstancias de la causa.

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Además, ciertas normas de conflicto de Leyes específicas se derivan de distintos acuerdos internacionales en los cuales Francia es Parte:

  • Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980, sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, cuyo artículo 3, apartado 1, dispone que el contrato se regule por la Ley elegida por las partes. Esta elección debe ser expresa o desprenderse sin lugar a dudas de las disposiciones del contrato, o de las circunstancias de la causa. Se aplican disposiciones especiales a los contratos de consumidores (artículo 5), así como al contrato individual de trabajo (artículo 6), con el fin de proteger a la parte supuestamente más débil. La elección de la Ley contractual no debe privar a la parte más débil de la protección que le garantizan las disposiciones imperativas de la Ley que le sea más próxima. El futuro Reglamento Roma I, actualmente en curso de negociación, debe modernizar y comunitarizar este Convenio.
  • Convenio de La Haya de 1955 sobre la Ley aplicable a los contratos de compraventa internacional de bienes muebles corporales: en este instrumento, las Partes tienen también libertad de elección en cuanto a la Ley aplicable (artículo 2). A falta de una Ley que las partes declaren aplicable, la venta se regula por la Ley del país en el que el vendedor tenía su residencia habitual cuando recibió el pedido (artículo 3).

La Ley aplicable al contrato determina, en general:

  • las condiciones de validez sustanciales del contrato (excepto la capacidad) y, eventualmente, los requisitos formales;
  • los efectos del contrato (interpretación, cumplimiento de las obligaciones, consecuencias del incumplimiento total o parcial, evaluación del daño);
  • las causas de extinción de las obligaciones de las partes.

III.2. Obligaciones no contractuales

En adelante, el Reglamento comunitario Roma II cubrirá gran parte de este ámbito. Aparte del ámbito de aplicación material y geográfico de este Reglamento, el régimen francés obedece a la norma general según la cual la Ley aplicable es la del lugar del delito, aunque aderezada con muchas normas específicas, porque lo requieren la jurisprudencia o los convenios internacionales en los que Francia es Parte, adaptadas a situaciones específicas:

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  • aplicación de la Ley del lugar en el que se haya producido el daño, para la reparación del perjuicio causado por un acto de competencia desleal;
  • aplicación de la Ley del lugar en el que se haya producido el daño, para la reparación de un perjuicio causado al medio ambiente;
  • normas del Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 para la Ley aplicable a los accidentes de circulación;
  • normas del Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 para la responsabilidad derivada de productos defectuosos.

III.3. Filiación y adopción

III.3.1. Filiación

Establece la filiación la Ley personal de la madre al día del nacimiento del hijo, o la Ley personal del hijo si es de madre desconocida.

Los efectos de la filiación se regulan por la Ley nacional del hijo o por la Ley que regula el matrimonio de sus padres.

No obstante, el derecho internacional convencional descarta estas normas en los litigios que implican a Estados Parte de convenios cuyo ámbito material abarca los litigios en cuestión: litigios relativos a la responsabilidad parental, o bien si los hijos interesados tienen su residencia habitual en Francia o en otro Estado Parte del Convenio de La Haya de 1961; desplazamientos ilícitos de menores entre Estados Parte del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980; litigios relativos a obligaciones de alimentos, según el Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973.

III.3.2. Adopción

Según jurisprudencia reiterada, tanto las condiciones como los efectos de la adopción se regulan por la Ley nacional del que adopta, mientras que las condiciones del consentimiento o la representación del adoptado se regulan por la Ley de éste.

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III.4. El matrimonio, la unión libre y otras modalidades de pareja, el divorcio, la separación de cuerpos y las obligaciones de alimentos

III.4.1. Matrimonio

Las condiciones básicas del matrimonio (capacidad, consentimiento, etc.), se regulan por la Ley personal de los cónyuges (artículo 3 del Código Civil francés). Por otra parte, los franceses que contraen matrimonio en el extranjero deben cumplir las condiciones básicas de la Ley francesa (artículo 170 del Código Civil francés). Cuando ambos cónyuges son de nacionalidades diferentes, se procede a la aplicación distributiva de las dos Leyes personales en presencia, aplicándose la Ley más rigurosa en materia de impedimentos al matrimonio.

Las condiciones formales (trámites que deben realizarse, matrimonio laico o religioso, etc.), están sujetas en principio a la Ley del lugar en que se celebra el matrimonio.

A los efectos del matrimonio se aplica también la Ley personal de los cónyuges. Si son de nacionalidades diferentes, la Ley aplicable es la Ley del domicilio común. A falta de domicilio común, el juez francés aplicará la Ley francesa, como Ley del juez que conoce del asunto.

Esta Ley regula, en particular, las obligaciones personales derivadas del matrimonio (obligación de fidelidad, asistencia y comunidad de vida), y los contratos entre ambos cónyuges, excepto las donaciones de bienes futuros entre cónyuges que se regulan por la Ley sucesoria.

III.4.2. Uniones libres y otras modalidades de pareja

Para las uniones libres cuyas condiciones no se regulan por Ley, el derecho positivo considera las distintas relaciones jurídicas que se establecen en las parejas como otras tantas relaciones distintas, cada una de ellas sujeta a la Ley que se deriva de su naturaleza (Tribunal de Grande Instance (TGI), París, 21/11/1983).

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En el caso de la Ley aplicable a la constitución de una pareja organizada como el pacto civil de solidaridad (PACS), y a falta de jurisprudencia concreta, no hay unanimidad de opiniones doctrinales. Para algunos, este tipo de pareja se regula por la Ley aplicable a los actos jurídicos. Para otros, se regula por la Ley aplicable al estatuto personal de los interesados. Y otros preferirían que se crease una categoría de regulación sui géneris, la Ley de la institución. Por último, algunos consideran que, por lo menos en el caso del PACS, la Ley francesa debería aplicarse en virtud de la Ley de policía.

III.4.3. Divorcio y separación

Según el artículo 310 del Código Civil francés: «el divorcio y la separación se regularán por la Ley francesa:

  • cuando ambos cónyuges sean de nacionalidad francesa;
  • cuando ambos cónyuges tengan su domicilio en el territorio francés;
  • cuando ninguna Ley extranjera sea aplicable, mientras que los tribunales franceses son competentes para conocer del divorcio y la separación. »

El Tribunal de Casación (Cour de cassation) juzgó que la nacionalidad francesa o el domicilio en Francia tenían que ser efectivos el día en que se presenta la demanda.

La Ley aplicable al divorcio o a la separación determina las causas que permiten que se pronuncien (falta, incompatibilidad de caracteres, ruptura de la vida común, consentimiento mutuo, etc.), las consecuencias pecuniarias del divorcio o de la separación (asignación por daños y perjuicios, prestación compensatoria u obligaciones de alimentos entre cónyuges).

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III.4.4. Obligación de alimentos

La norma de conflicto de derecho común actualmente aplicable en Francia se deriva de los artículos 4, 5 y 6 del Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre la Ley aplicable a la obligación de alimentos, que designa a la Ley interna del lugar de residencia habitual del beneficiario de los alimentos. No obstante, si el beneficiario de una obligación de alimentos no puede obtenerlos acogiéndose a esta Ley, se aplicará la Ley de la nacionalidad común del acreedor y el deudor de alimentos (artículo 5) y, en su defecto, la Ley del juez que conoce del asunto.

La Ley así designada se aplica a las relaciones pecuniarias entre cónyuges en el matrimonio (contribución a las cargas del matrimonio), y a la obligación de alimentos en favor de los hijos de la pareja. No obstante, esta Ley puede estar en contradicción con la Ley aplicable al divorcio y a la separación con arreglo al artículo 8 del Convenio de La Haya de 1973 anteriormente mencionado.

III.5. Regímenes matrimoniales

La Ley aplicable es la que eligieron los cónyuges si firmaron capitulaciones o un pacto sobre el régimen del matrimonio.

A falta de una elección efectiva, es necesario buscar el régimen que eligieron tácitamente. A este respecto, existe una presunción en favor de la Ley del primer domicilio conyugal de la pareja, entendiéndose éste como el lugar de su primera instalación estable.

Este régimen es también el del Convenio de La Haya de 14 de marzo de 1978, en la que Francia es Parte. Este Convenio añade dos criterios subsidiarios, además de la elección de los contrayentes o de su primer domicilio común: la nacionalidad común de los contrayentes o la Ley que presenta vínculos más estrechos con su situación.

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La Ley aplicable determina la mutabilidad o inmutabilidad de las capitulaciones o del pacto, las categorías de bienes y los poderes de los cónyuges sobre éstos, las modalidades de gestión y de liquidación del régimen acordado.

III.6. Sucesión

Las sucesiones inmobiliarias están sujetas a la Ley del territorio en que esté situado el edificio. En cuanto a las sucesiones mobiliarias, se regulan por la Ley del último domicilio del difunto.

La Ley sucesoria regula todos los problemas relativos a la devolución, la transmisión y la liquidación de la herencia.

En las sucesiones ab intestato, la Ley sucesoria determina qué herederos tendrán derecho a la sucesión. En cambio, la prueba del vínculo de parentesco necesario para la vocación hereditaria depende del estatuto personal, y no de la Ley sucesoria. .

Para las sucesiones testamentarias, son aplicables dos instrumentos internacionales. Se trata del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre los conflictos de Leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias y, también, del Convenio de Washington de 28 de octubre de 1973 referente a la Ley uniforme sobre la forma de un testamento internacional.

III.7. Derechos de bienes

La Ley aplicable es la del lugar de situación de los bienes, muebles o inmuebles. La solución puede resultar compleja si se trata de bienes muebles que se desplazan de un Estado a otro. Para solucionar este conflicto móvil, según jurisprudencia reiterada es necesario tener en cuenta la Ley del territorio en que esté situado el bien mueble en el momento en que se presenta la demanda.

Para los bienes muebles que constituyen medios de transporte (barcos, aeronaves, etc.), el Derecho internacional convencional prevé que se aplicará la Ley del Estado de matriculación.

La Ley aplicable define los derechos reales principales o accesorios sobre el bien y precisa las prerrogativas de su titular. Regula también los métodos de adquisición del derecho. Puede, a este respecto, combinarse con la Ley que regula el acto traslativo que crea el derecho, en particular un título traslativo de propiedad.

III.8. Insolvencia

En general, la Ley aplicable a la insolvencia es la del tribunal del lugar de incoación del procedimiento. Es necesario, por consiguiente, referirse a la problemática de los conflictos de jurisdicción para determinar, a continuación, cuál será la Ley aplicable. Se recuerda que el Reglamento 1346/2000, de 29 de mayo de 2000, fija una norma de conflicto de Leyes y, en este caso concreto, determina que la Ley aplicable será la del Estado miembro en cuyo territorio se haya de incoar el procedimiento (artículos 4 y 28).

La Ley concursal puede encontrarse en conflicto con la del territorio en el que estén situados los bienes, en particular, respecto a las seguridades convencionales, los privilegios y las hipotecas legales referentes a bienes situados en el extranjero.

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