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Última actualización: 03-07-2007
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Legislación aplicable - Austria

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ÍNDICE

Fuentes del Derecho Positivo Fuentes del Derecho Positivo
1.1. Derecho interno 1.1.
1.2. Convenios multilaterales 1.2.
1.3. Convenios bilaterales 1.3.
Aplicación de la regla de conflicto de leyes Aplicación de la regla de conflicto de leyes
2.1. Aplicación de oficio de la regla de conflicto de leyes 2.1.
2.2. Reenvío 2.2.
2.3. Cambio de la norma de conexidad 2.3.
2.4. Excepción de la aplicación de la regla de conflicto de leyes 2.4.
2.5. Prueba del Derecho extranjero 2.5.
Reglas de conflicto de leyes Reglas de conflicto de leyes
3.1. Obligaciones contractuales 3.1.
3.2. Demandas extracontractuales por daños y perjuicios 3.2.
3.3. Estatuto personal 3.3.
3.4. Filiación, relación paterno-filial, incluida la adopción 3.4.
3.5. Matrimonio, parejas de hecho, divorcio, obligaciones alimenticias 3.5.
3.6. Régimen económico matrimonial 3.6.
3.7. Sucesiones por causa de muerte y testamentos 3.7.
3.8. Derechos reales 3.8.
3.9. Insolvencia 3.9.

 

1. Fuentes del Derecho Positivo

1.1. Derecho interno

El Derecho internacional privado austriaco está codificado. La norma de base en este contexto es la Ley de 15 de junio de 1978 sobre el Derecho internacional privado (IPRG, publicada en el Diario Oficial austriaco, BGBl. nº 304/1978). Al margen de la Ley IPRG, son de aplicación las siguientes reglas de conflicto:

  • el artículo 13a de la Ley federal de 8 de marzo de 1979 por la que se establecen disposiciones para la protección de los consumidores (Konsumentenshutzgesetz – KSchG), BGBl. nº 140/1979,
  • el artículo 11 de la Ley federal relativa a la adquisición de derechos de utilización de bienes inmuebles en régimen de tiempo compartido (Teilzeitnutzungsgesetz – TNG), BGBl I nº 32/1997,
  • la Ley federal relativa al Derecho internacional en materia de contratos de seguro en el Espacio Económico Europeo, BGBl. nº 89/1993,
  • el artículo 20 de la Ley federal por la que se transpone la Directiva 93/7/CEE relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, BGBl I nº 67/1998,
  • el artículo 23 de la Ley federal relativa a la responsabilidad civil en caso de daños por radiactividad (Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG 1999), BGBl I nº 170/1998,
  • los artículos 16 y 18 de la Ley federal relativa a la validez de las cuentas en sistemas de pagos y de liquidación de operaciones de valores (Finalitätsgesetz), BGBl. I nº 98/2001,
  • los artículos 221 a 235 de la Ley federal relativa al Derecho internacional en materia de insolvencia, BGBl.I nº 36/2003.
1.2. Convenios multilaterales

De conformidad con el artículo 53 IPRG, los acuerdos internacionales no se ven afectados por la IPRG, ya que sus disposiciones priman sobre lo dispuesto en ella y en las demás reglas nacionales de conflicto. Un determinado número de reglas de conflicto se derivaron de los siguientes convenios multilaterales en los que Austria es parte:

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  • el Convenio de La Haya de 24 de octubre de 1956 (English,français) sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores
  • el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 (English,français) sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores
  • el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 (English,français) sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias
  • el Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 (English,français) sobre la ley aplicable en materia de accidentes de la circulación por carretera
  • el Convenio CIEC de 20 de septiembre de 1970 (English,français) PDF File (PDF File 140 KB) sobre la legitimación por matrimonio
  • el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales
1.3. Convenios bilaterales

Los siguientes convenios bilaterales incluyen reglas de conflicto de leyes:

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  • el Tratado de amistad y establecimiento de 9 de septiembre de 1959 entre la República de Austria y el Imperio de Irán
  • el Tratado de 16 de diciembre de 1954 entre la República de Austria y la República Federativa de Yugoslavia relativo a la cooperación judicial
  • el Tratado de 11 de diciembre de 1963 entre la República de Austria y la República de Polonia relativo a las relaciones mutuas en materia civil y a la documentación
  • el Tratado de 9 de abril de 1965 entre la República de Austria y la República de Hungría en materia de sucesiones.

2. Aplicación de la regla de conflicto de leyes

2.1. Aplicación de oficio de la regla de conflicto de leyes

El Derecho extranjero se ha de aplicar de oficio y de la misma forma que en su ámbito de aplicación original (artículo 3 IPRG).

2.2. Reenvío

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 IPRG, se ha de proceder al reenvío cuando no se lleve a cabo con arreglo a la normativa correspondiente. Si el Derecho extranjero remite al Derecho austriaco, primará este último. Si el Derecho extranjero remite a un Derecho al que ya se haya remitido, primará el Derecho al que se haya remitido por primera vez.

2.3. Cambio de la norma de conexidad

La modificación posterior de las condiciones que determinan el punto de conexión a un ordenamiento jurídico determinado no afecta en modo alguno a los elementos de un asunto que ya han llegado a su término (artículo 7 IPRG). En consecuencia, por lo que se refiere a las situaciones ya consolidadas, la normativa aplicable es en principio el Derecho en vigor en el momento de la consumación de tales circunstancias y, para los hechos en fase de realización, el Derecho en vigor en el momento de su evaluación.

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2.4. Excepción de la aplicación de la regla de conflicto de leyes

El Derecho al que se reenvía no es aplicable si su aplicación produjera un resultado incompatible con los valores fundamentales del ordenamiento jurídico austriaco (artículo 6 IPRG).

En el Derecho austriaco existen disposiciones que son aplicables independientemente de las normas de Derecho internacional privado (“normas de intervención”). Algunas de estas disposiciones presentan carácter de normas de intervención por su redacción, mientras que en el caso de otras este carácter se deriva simplemente de su finalidad.

2.5. Prueba del Derecho extranjero

El Derecho extranjero debe determinarse de oficio. A tal efecto, el tribunal puede recurrir a la cooperación de las partes, a la información facilitada por el Ministerio Federal de Justicia o a informes de expertos. Si, a pesar de emplear esfuerzos considerables, no se puede determinar el Derecho extranjero en un plazo razonable, será aplicable el Derecho austriaco (artículo 4 IPRG).

3. Reglas de conflicto de leyes

3.1. Obligaciones contractuales

Las obligaciones contractuales que no están cubiertas por el Convenio de Roma se rigen por el Derecho que las partes hayan especificado de forma expresa o concluyente. En caso de que las partes no hayan optado por un Derecho concreto, serán de aplicación los artículos 46 a 49 IPRG (artículo 35 IPRG). No obstante, habida cuenta de que los artículos 46 a 49 no regulan las obligaciones contractuales, el Derecho aplicable, a falta de otras disposiciones y de conformidad con el artículo 1 IPRG, será el que presente los vínculos más estrechos con los hechos de que se trate.

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En relación con los contratos celebrados con los consumidores son de aplicación reglas de conflicto especiales: el artículo 13a.1 de la Ley de protección de los consumidores (Konsumentenschutzgesetz, KSchG) incorpora las reglas de conflicto de una serie de directivas de protección de los consumidores. Esta disposición restringe la libertad de elegir la normativa de protección de los consumidores. Otra restricción de la libertad de elegir el Derecho aplicable según el Derecho internacional privado se incluye también en el artículo 11.1 de la Ley relativa a la adquisición de derechos de utilización de bienes inmuebles en régimen de tiempo compartido (Teilzeitnutzungsgesetz, TNG).

La Ley federal relativa al Derecho internacional en materia de contratos de seguro en el Espacio Económico Europeo, que incorpora un determinado número de directivas, regula el derecho que cubre los riesgos existentes en un Estado miembro del EEE y que es aplicable a los contratos de seguro, Existe un derecho, restringido, de elección de la legislación. En caso de que no exista la posibilidad de elegir la legislación, el Derecho aplicable será el del Estado en relación con el cual el contrato presente unos vínculos más estrechos. Se supone que estos vínculos más estrechos se dan en el Estado en el que el riesgo esté cubierto. La cobertura del riesgo se adapta separadamente para los diversos tipos de seguro.

Las normas de intervención son, por ejemplo, los artículos 7, 7a y 7b de la Ley por la que se modifica la legislación sobre contratos laborales (AVRAG), en virtud de la cual, en Austria, los trabajadores tienen derecho al menos al salario negociado por convenio colectivo y a un mínimo de días de vacaciones, independientemente de la legislación aplicable. Otra norma de intervención es el artículo 13a.2 de la Ley de protección de los consumidores (KSchG); de conformidad con lo dispuesto en él, el artículo 6 KSchG (sobre elementos contractuales inadmisibles), el artículo 864a ABGB (sobre la validez de disposiciones inusuales en las condiciones generales de contratación y en los formularios de contratos) y el artículo 879.3 ABGB (sobre la nulidad de cláusulas contractuales especialmente desfavorables en las condiciones generales de contratación y en los formularios de contratos, para la protección del consumidor) son de aplicación, independientemente de la legislación aplicable al contrato, si éste se celebra en relación con una actividad llevada a cabo por la empresa en Austria con el fin de celebrar tales contratos. Una norma de intervención similar es el artículo 11.2 TNG.

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3.2. Demandas extracontractuales por daños y perjuicios

El punto de conexión de las demandas extracontractuales por daños y perjuicios se rige por los artículos 35 y 48 IPRG.

Estas demandas se regirán por el Derecho escogido por las partes en la obligación y, si no se hubiera hecho tal elección, por el Derecho del Estado en el que se produjese la conducta generadora del daño. No obstante, en caso de que exista un vínculo más fuerte de las partes con el Derecho de otro Estado miembro, primará el Derecho de dicho Estado, siempre que sea el mismo para todas ellas.

Esta regla de conflicto de leyes determina el Derecho que es aplicable a cuestiones tales como las de determinar si existe una obligación de indemnización, quién ha de abonar la indemnización por daños y perjuicios y a cuánto asciende. Asimismo, aborda las cuestiones de responsabilidad concurrente y del derecho de acción directa de la parte damnificada contra el asegurador, además de la cuestión de la prescripción de las demandas por daños y perjuicios.

Para las demandas de compensación derivadas de accidentes de circulación vial, que se encuadren en el ámbito de aplicación del Convenio de la Haya de 4 de mayo de 1971 (English,français) sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, el punto de conexión se determinará con arreglo a dicho Convenio.

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Por lo que se refiere a las demandas de compensación (y otras demandas) por competencia desleal, será de aplicación el Derecho del Estado en cuyo mercado tenga lugar la competencia (artículo 48.2 IPRG).

Las demandas extracontractuales de compensación por daños y perjuicios presentadas en Austria como consecuencia de la radiación ionizante se tomarán en consideración, a instancias de la parte damnificada, con arreglo al Derecho austriaco (artículo 23.1 AtomHG 1999). Si los daños ocasionados por la radiación ionizante se producen en el extranjero y han de ser considerados con arreglo al Derecho austriaco, los daños sólo deberán ser reparados si lo contempla (artículo 23.2 AtomHG 1999) el estatuto personal de la parte damnificada (véase el punto 3.3.).

La gestión de negocios ajenos sin mandato se regirá por el Derecho del Estado en que se haya llevado a cabo. No obstante, si estuviera estrechamente ligada a otra relación jurídica, en ese caso será de aplicación la legislación que sea aplicable a dicha relación jurídica (artículo 46 IPRG).

Las demandas por enriquecimiento sin causa se regirán por el Derecho del Estado en que se haya producido el enriquecimiento. No obstante, si el enriquecimiento se hubiera producido por una prestación llevada a cabo sobre la base de una relación jurídica, el Derecho positivo de aplicación será (independientemente del reenvío) el del Estado cuyo Derecho positivo se aplique a la relación jurídica (artículo 46 IPRG).

3.3. Estatuto personal

El estatuto personal de una persona se rige por el Derecho del Estado del que sea súbdito. En caso de que una persona tenga varias nacionalidades, el Derecho aplicable será el del Estado con el que dicha persona tenga vínculos más estrechos. No obstante, la nacionalidad austriaca primará siempre sobre las demás. A los refugiados y apátridas se les aplicará siempre el estatuto personal del Derecho del Estado en el que tengan su residencia habitual (artículo 9 IPR-G).

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El empleo del nombre de una persona se regirá con arreglo a su estatuto personal, independientemente de la razón en la que se base la adquisición del nombre (artículo 13 IPRG).

El nombre adquirido por matrimonio no está regido por el estatuto marital sino con arreglo al estatuto del nombre. Por lo que se refiere a la forma requerida para las declaraciones de designación del nombre, se aplicará el artículo 8 IPRG. (En consecuencia, la forma de un acto jurídico se someterá al mismo Derecho que el propio acto jurídico; no obstante, basta cumplir los requisitos formales del Estado en el que el acto jurídico se haya aprobado). De acuerdo con la jurisprudencia, el cambio de estatuto personal (de nacionalidad) no implica automáticamente por sí solo el cambio de nombre adquirido con un estatuto personal anterior.

La capacidad jurídica y de actuar de una persona se rige por su estatuto personal (artículo 12 IPRG).

Este reenvío abarca una posible restricción de la capacidad de actuar como consecuencia de enfermedad mental, por ejemplo, pero no se aplica a la mayoría de edad matrimonial. Toda persona que haya alcanzado la mayoría de edad se mantendrá en esta situación, aunque ya no lo fuera por haber adquirido un nuevo estatuto personal.

3.4. Filiación, relación paterno-filial, incluida la adopción

Las condiciones de la filiación matrimonial de un niño y su impugnación se regirán en función del estatuto personal (véase el punto 3.3.) que los cónyuges tuvieran en el momento del nacimiento del hijo o, si el matrimonio se hubiera disuelto, en el momento de su disolución. Si los cónyuges tuvieran estatutos diferentes, regirá el estatuto personal del niño en el momento de su nacimiento.

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El ámbito de aplicación de esta norma de reenvío incluye la presunción de la paternidad del esposo, los motivos de la impugnación de la filiación matrimonial del niño, así como la cuestión de determinar a qué personas asiste el derecho de impugnarla, y los plazos fijados al efecto.

Los requisitos para reconocer a un hijo extramatrimonial mediante declaración de legitimidad (por ejemplo, como resultado de una decisión oficial) se regirán por el estatuto personal del padre (artículo 23 IPRG).

Los efectos de la filiación matrimonial y de la legitimación de un niño se regirán por su estatuto personal (artículo 24 IPRG). De conformidad con el Convenio sobre legitimación, la legitimación de un hijo natural por matrimonio de los padres surte efecto si es válida conforme a la legislación nacional de la que dependen el padre o la madre.

El artículo 24 IPRG aborda cuestiones relativas al cuidado y a la educación del niño, a la gestión y la utilización de su patrimonio, a su representación legal por uno o los dos progenitores, incluida la exigencia de una autorización de las autoridades para determinados actos de representación, la decisión de la autoridad parental o paternal a raíz del divorcio de los padres y la cuestión de las cuestiones alimenticias recíprocas. Esta materia ha sido asumida en su mayor parte por el Convenio de la Haya sobre la protección de menores. En virtud de este Convenio, las autoridades competentes han de aplicar su Derecho interno a la hora de adoptar medidas destinadas a la protección de los menores. Como regla general, las autoridades competentes serán las autoridades de la residencia habitual del menor.

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Las condiciones relativas a la determinación y al reconocimiento de la paternidad de un hijo extramatrimonial se regirán por el estatuto personal del niño en el momento de su nacimiento. Un estatuto personal del niño adquirido posteriormente será determinante si la determinación o el reconocimiento de la paternidad son admisibles con arreglo a ese nuevo estatuto, pero no lo es con arreglo al estatuto personal en el momento del nacimiento. La legislación con arreglo a la cual se constate o se reconozca la paternidad será también la que se aplique para su impugnación (artículo 25 IPRG).

Los efectos de la filiación extramatrimonial se regirán por el estatuto personal del niño (artículo 25 IPRG).

Mientras que las cuestiones de filiación dependen del estatuto personal en un momento preciso, las relativas a la relación entre padres e hijos dependen, en cambio, del estatuto personal respectivo del niño.

La adopción de un niño se rige tanto por el estatuto personal de los adoptantes como por el del niño adoptivo. El carácter determinante del estatuto personal del niño queda restringido si no puede decidir por sí mismo. En ese caso, su estatuto personal sólo es determinante para el consentimiento del niño o de un tercero con el que el niño esté emparentado con arreglo al Derecho de familia.

Los efectos de la adopción quedan regulados por el estatuto personal del adoptante y, en el caso de adopción por cónyuges, por la legislación aplicable a los efectos jurídicos personales del matrimonio (véase el punto 3.5.). En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, será de aplicación el estatuto personal del cónyuge supérstite.

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En el ámbito de aplicación del artículo 26 IPRG se encuadran las condiciones materiales para la adopción de un niño, tales como la edad del adoptante, la diferencia de edad entre los adoptantes y el niño escogido o si el hecho de que los adoptantes tengan sus propios hijos biológicos les inhabilita para adoptar otros niños y, si es así, en qué medida. Además, el artículo 26 es de aplicación por lo que se refiere a los requisitos de consentimiento, incluida la posibilidad de sustituir oficialmente el consentimiento denegado. Por tanto, los efectos de una adopción desde el punto de vista del Derecho sucesorio no se rigen por el estatuto de la adopción, sino por el estatuto sucesorio (véase el punto 3.7.).

Como tal, la adopción es una situación consolidada, por lo que un cambio posterior de estatuto personal o de condiciones de conexión no incide en su calificación. Por consiguiente, el estatuto aplicable a los efectos de la adopción puede variar, ya que depende del estatuto personal respectivo de los adoptantes.

3.5. Matrimonio, parejas de hecho, divorcio, obligaciones alimenticias

En Austria, la forma del matrimonio se rige por el Derecho austriaco, mientras que la forma de un matrimonio contraído en el extranjero se rige por el estatuto personal de cada uno de los contrayentes; sin embargo, basta con cumplir los requisitos formales impuestos en el lugar en el que se celebre el matrimonio (artículo 16 IPRG). El reenvío restringido a los requisitos formales del lugar en que se celebre el matrimonio sólo cubre las disposiciones de Derecho sustantivo de la ley objeto de reenvío, por lo que un posible reenvío de la legislación local no merece ser tenido en cuenta (excepción del artículo 5 IPRG, véase el punto 2.2).

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Los requisitos para la celebración y la nulidad del matrimonio, así como los requisitos para su anulación (no debe confundirse con el divorcio) se regirán, para cada uno de los futuros cónyuges, por su estatuto personales respectivos (artículo 17 IPR-G).

Esta norma de reenvío abarca a todas las condiciones materiales del matrimonio, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, la edad mínima, la ausencia de impedimentos para su celebración, todos los requisitos de consentimiento y su sustituibilidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 IPR-G, los efectos jurídicos personales del matrimonio se rigen por el estatuto personal común a los dos cónyuges, y, de no existir tal estatuto personal común, por el último estatuto personal que tuvieran en común, siempre que uno de ellos lo hubiera mantenido. Si no se dieran estas condiciones, los efectos se rigen por el Derecho del Estado en el que los cónyuges tengan su residencia habitual o, en su defecto, por el Derecho del Estado en el que tuvieran los dos su última residencia habitual, siempre que uno de los dos la haya conservado.

El ámbito de aplicación de esta norma de reenvío abarca especialmente la obligación de comunidad conyugal, de domicilio conyugal y la obligación de asistencia, sin olvidar la obligación alimenticia de los cónyuges. No cubre ni el derecho relativo al nombre, ni al régimen económico matrimonial.

El reenvío puede variar; si se modifican las condiciones de conexidad, puede ser de aplicación otra normativa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 IPRG, el divorcio se rige por la legislación aplicable a los efectos jurídicos personales del matrimonio, siendo a este respecto determinante la fecha en que tenga lugar el divorcio.

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Este artículo cubre las condiciones del divorcio y sus efectos. En este contexto, se inscribe entre otras cosas el derecho a alimentos tras el divorcio.

Habida cuenta de que la conexidad está relacionada con una fecha precisa, el reenvío no puede variar.

La separación conyugal no se contempla en Derecho austriaco. En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 IPRG, tendría que estar relacionada con el Estado con el que se tienen los vínculos más estrechos. Este principio del Estado con el que se tienen los vínculos más estrechos estaría definido por la jurisprudencia por analogía a lo dispuesto en el artículo 20 IPRG.

El Derecho austriaco tampoco regula expresamente la comunidad de vida ni las parejas de hecho, por lo que el punto de conexión se regirá por el artículo 1 IPRG.

3.6. Régimen económico matrimonial

El régimen económico matrimonial se rige por la legislación que las partes hayan elegido expresamente y, de no haber hecho tal elección, por la legislación aplicable a los efectos jurídicos personales del matrimonio en el momento de su celebración (artículo 19 IPRG).

La regla de reenvío cubre el régimen económico matrimonial legal y los regímenes emanados de un contrato de matrimonio.

La conexidad legal no puede modificarse.

En cuanto a la forma de los contratos de matrimonio, se aplica el artículo 8 IPRG, que establece que es suficiente con que el acto jurídico cumpla los requisitos de forma del Estado en el que se adopte.

3.7. Sucesiones por causa de muerte y testamentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28 IPRG, la sucesión mortis causa se rige por el estatuto personal del difunto en el momento de su fallecimiento. Es ésta la legislación aplicable por lo que se refiere a las personas llamadas a suceder, la parte de la herencia que reciben, la cuota de la legítima que les corresponde, la posición jurídica del legatario, las obligaciones y el derecho de los herederos forzosos preteridos a solicitar la restitución de una donación.

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La capacidad sucesoria y la indignidad sucesoria no se rigen, sin embargo, por el estatuto sucesorio, sino por el estatuto personal de los herederos.

Como regla general, la responsabilidad por las deudas hereditarias y la adquisición de la herencia están sometidas también a esta regla de conflicto de leyes. No obstante, en caso de celebrarse un juicio de testamentaría en Austria, la adquisición de la herencia y la responsabilidad por las deudas hereditarias están sujetas al Derecho austriaco (artículo 28.2 IPRG).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 IPRG, en caso de sucesión sin heredero o cuando se deja la herencia a un ente local, no será de aplicación el estatuto personal del fallecido sino el Derecho del Estado en que se encuentren los bienes en el momento del fallecimiento.

El artículo 30 IPRG regula la validez de las últimas voluntades, especialmente de los testamentos, los pactos sucesorios o los pactos de renuncia sucesoria. Esta validez se rige por el estatuto personal del testador. Si la últimas voluntades fueran inválidas con arreglo a este Derecho, pero válidas con arreglo al estatuto personal del testador en el momento de su fallecimiento, será esté último el aplicable. Si las últimas voluntades no fueran válidas con arreglo a este Derecho, pero sí lo fueran en virtud del estatuto personal del testador en el momento de su fallecimiento, será de aplicación este último.

3.8. Derechos reales

La adquisición y la pérdida de derechos reales sobre bienes materiales, incluida su posesión, se rigen por el Derecho del Estado en el que se encuentren o se encontraran los bienes en el momento en que se produjeran los hechos relacionados con la adquisición o la pérdida de estos derechos. La categoría y el contenido de los derechos en cuestión se rigen por la legislación del Estado en el que se encuentren los bienes (artículo 31 IPRG).

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En el ámbito de aplicación de la regla de reenvío se encuadran especialmente la propiedad, las servidumbres (impuestos sobre bienes inmuebles), el derecho de prenda, el derecho de construcción, la propiedad horizontal, pero también los derechos de retención que surtan efecto frente a terceros. Los efectos de los actos de transmisión de propiedad también están sujetos a la aplicación de esta legislación.

La modificación posterior del punto de localización no implica cambio alguno del Derecho aplicable, dado que la adquisición de los derechos reales constituye una situación consolidada.

Los efectos de una adquisición de derechos se rigen por la legislación del punto de localización respectivo. Por consiguiente, el punto de conexión es susceptible de variar.

Esta legislación es aplicable a las cuestiones relativas al alcance de la protección del derecho adquirido y a la de determinar si, y en qué medida, el derechohabiente real puede ejercerlo, es decir, si puede, por ejemplo, vender una prenda mobiliaria sin intervención judicial.

Una disposición especial (artículo 33 IPRG) se aplica a los medios de transporte. Los derechos reales sobre buques y aeronaves registrados se rigen por la legislación del Estado de matriculación, los medios de transporte por ferrocarril se rigen por la legislación del Estado en el que se encuentre la sede administrativa principal de la compañía de ferrocarriles que explota tales medios de transporte.

Los derechos de prenda legales y basados en un título ejecutivo o los derechos de retención legales destinados a garantizar las demandas de reparación de los daños ocasionados por un vehículo o de los gastos incurridos se regirán por la legislación del Estado en que se encontrasen los bienes en el momento en que se produjeron los hechos en los que se basan estos derechos.

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Los bienes materiales inmobiliarios también están sujetos a una reglamentación especial. Si los derechos reales sobre bienes inmuebles también se incluyen en el ámbito de aplicación de otra regla de reenvío (por ejemplo, la aplicable a los regímenes económicos matrimoniales), prima el reenvío relativo al derecho de los bienes, es decir, el punto de conexión al Derecho del Estado en el que se encuentren los bienes.

Para los bienes inmateriales no existe regla de reenvío. Desde el punto de vista del derecho de los bienes, estos bienes inmateriales habrían de someterse, con arreglo al artículo 1 IPRG, al Derecho con el que existan los vínculos más estrechos. Los derechos materializados por títulos se rigen por la lex cartae. El artículo 33a IPRG, que incorpora el artículo 9 de

la Directiva 2002/47/CE sobre acuerdos de garantía financiera con un ámbito de aplicación ampliado, contiene unas norma especiales por lo que se refiere a los instrumentos financieros en los sistemas transmisibles de anotación en cuenta. En cuanto a los instrumentos financieros en los sistemas financieros de liquidación de valores, se aplican los artículos 16 y 18 de

la Ley denominada « Finalitätgesetz », por la que se incorpora

la Directiva 98/26/CE sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores.

3.9. Insolvencia

El Derecho internacional de insolvencia se regula en la sección cuarta de la Ley concursal austriaca (Konkursordnung). Esta sección cuarta ha sido incluida por la Ley federal relativa al Derecho concursal internacional (IIRG), BGBl.I n° 36/2003. En virtud de lo dispuesto en el artículo 217 de esta Ley, las disposiciones de la Konkursordnung sólo son aplicables si no disponen otra cosa el Derecho internacional público o los actos jurídicos de la Comunidad Europea, y especialmente el Reglamento (CE) n° 1346/2000 de 29 de mayo de 2000 relativo a los procedimientos de insolvencia. Los artículos 221 a 235 regulan la cuestión del Derecho aplicable. Las disposiciones concuerdan en gran parte con las correspondientes del Reglamento (CE) n° 1346/2000.

En principio, la apertura de un procedimiento de insolvencia y los efectos del mismo están sujetos al Derecho del Estado en el que se haya abierto el procedimiento. La sección relativa al Derecho concursal internacional contiene especialmente normas sobre los derechos reales de terceros, la compensación de cuentas, la reserva de dominio, los contratos sobre bienes inmobiliarios, los mercados reglamentados, los contratos de trabajo, los efectos de los procedimientos de insolvencia sobre los derechos sometidos a registro, así como el Derecho aplicable en caso de actos perniciosos, la protección del tercer adquirente, los efectos del procedimiento de insolvencia sobre las instancias en curso, la ley aplicable a un bien en el marco del ejercicio de los derechos de propiedad u otros, los convenios de compensación y de conversión de deudas, los asuntos de pensiones y los pagos tras la apertura de un procedimiento de insolvencia.

En caso de solapamiento entre estas normas y las disposiciones de la IPRG u otras normas de conflicto de leyes, serán de aplicación las disposiciones más detalladas de la Konkursordnung.

Información complementaria

En la base de información Rechtsinformationssystem Deutsch y en la opción “Bundesrecht” (“derecho federal”) se pueden consultar (en alemán) los textos de las disposiciones del Derecho austriaco.

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Última actualización: 03-07-2007

 
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