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Última actualización: 26-04-2006
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Modalidades alternativas de solución de conflictos - España

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El recurso a los Tribunales debe ser contemplado a la hora de resolver una discrepancia como el último remedio, pues supone el empleo de dinero (costas judiciales) y tiempo (asumir los plazos de todo procedimiento judicial y los posibles retrasos coyunturales que soporta la administración de Justicia).

Siempre es preferible intentar con carácter previo una solución extrajudicial o amistosa. La propia legislación española propicia la utilización de estas medidas alternativas favoreciendo el acceso a las mismas y en algunos casos, como determinadas reclamaciones en el ámbito laboral, haciéndolas obligatorias antes de acudir a los Tribunales.

Ofrecemos en estas informaciones prácticas sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos en España.

En España, además de la práctica de la negociación privada, que suele ser una de las facetas más importantes de la actividad de la abogacía, existe la conciliación, que se desarrolla obligatoriamente ante Servicios de Mediación de la Administración Laboral, con carácter previo al litigio laboral (link a tribunal laboral).

En los Tribunales Civiles y para los procedimientos de cuantía superior a 3.000 € existe un trámite obligatorio de conciliación posterior a la presentación de la demanda y contestación, dirigido por el Juez, quien tiene la obligación de promover la obtención del acuerdo. Sólo si éste no se logra se celebra juicio.

Entre las funciones atribuidas a los Secretarios Judiciales, se halla la de conciliación en los términos establecidos por las leyes procesales, llevando a cabo la labor mediadora que les es propia. La materialización de ésta función se halla pendiente de la entrada en vigor de la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria.

El arbitraje, por el que se sustituye previo acuerdo de las partes la intervención decisoria de los tribunales por la de un árbitro (una tercera persona o un Tribunal arbitral), que es propia del derecho privado, aun cuando en los últimos años se está desarrollando en su vertiente institucional, por medio de los Departamentos Administrativos de Consumo o de las Cámaras de Comercio.

Junto a las anteriores cada día es mayor la importancia que está cobrando la mediación familiar de la que existen numerosas experiencias. Dicha mediación aparece expresamente reconocida en la Ley de Enjuiciamiento Civil al ser una causa de suspensión de la tramitación de un proceso pendiente si ambos cónyuges lo piden de común acuerdo y acoger la normativa procesal el que los acuerdos pueden ser alcanzados tanto antes del inicio del proceso como una vez éste pendiente tal y como consta en una modificación de la LEC introducida en 2005.

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Cualquier cuestión puede ser resuelta por la vía de la conciliación o el arbitraje con excepción de:

  • Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de la ejecución.
  • Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de decisión, como son el estado civil de las personas, ni sobre los alimentos futuros ni sobre las cuestiones matrimoniales (separación, nulidad o divorcio), aunque sí se pueden solucionar extrajudicialmente las cuestiones económicas derivadas.
  • Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, debe intervenir el Ministerio Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no puedan actuar por sí mismos, como ocurre con los incapacitados judicialmente o los menores.
  • No cabe tampoco arbitraje de consumo cuando concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.

La conciliación se encuentra regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil (para el caso del procedimiento civil) y en la Ley de Procedimiento Laboral (para el caso del procedimiento laboral).

En la expresada materia civil, y en tanto no entre en vigor la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, la conciliación es facultativa, no puede ser impuesta . Para conocer de los actos de conciliación son competentes los Jueces de Primera Instancia o de Paz (Jueces no profesionales), del domicilio y en su defecto los de la residencia del demandado. Lo convenido por las partes en acto de conciliación, constituye un título de ejecución, apto para abrir un proceso de ejecución.

El arbitraje se encuentra regulado en la Ley de Arbitraje, Ley 60/2003 de 23 de Diciembre. Esta Ley es también de aplicación a los mecanismos de arbitraje especiales, de los cuales el más utilizado en la práctica es el arbitraje de consumo que resuelve las discrepancias relativas al consumo de bienes y servicios a que se refiere la Ley 26/1984, de 19 de julio General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

En España el arbitraje puede ser de derecho y de equidad. En la generalidad de los casos el árbitro resuelve la controversia aplicando la ley vigente, salvo que las partes le hayan autorizado expresamente a resolver basándose únicamente en la equidad. Este criterio de decisión, en equidad, es decir, sin aplicación de la legislación vigente, es el que se utiliza para apoyar la decisión arbitral en algunos arbitrajes institucionales como el de consumo.

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Seleccione a continuación la situación de conflicto en la que se encuentra para saber si puede utilizar alguno de los medios alternativos de resolución de conflictos.

Conflictos entre particulares

Debe existir un convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.

El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.

Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.

Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior.

Este convenio para ser válido no podrá referirse a las materias que por ley están excluidas del arbitraje.

Ni la ley, ni ninguna resolución judicial pueden imponer el recurso al arbitraje. Acudir a él es voluntario para los particulares.

En el arbitraje deben respetarse los principios de igualdad, audiencia y contradicción. El árbitro deberá tratar a las partes con igualdad y dar a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. También está obligado a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozca a través de las actuaciones arbítrales.

Las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones. A falta de acuerdo, el árbitro podrá, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso a iniciativa del árbitro y sobre su valoración.

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el árbitro decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones, la práctica de pruebas y la emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamente por escrito.

Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la institución arbitral podrán exigir a las partes los anticipos de fondos que estimen necesarios para atender a los honorarios y gastos de los árbitros y a los que puedan producirse en la administración del arbitraje. A falta de anticipo de fondos por las partes, los árbitros podrán suspender o dar por concluidas las actuaciones arbitrales. Si dentro del plazo alguna de las partes no hubiere realizado el pago, los árbitros, antes de acordar la conclusión o suspensión de las actuaciones, lo comunicarán a las demás partes, por si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que les fijaren.

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No está prevista la asistencia jurídica gratuita para este tipo de arbitraje.

La decisión de la controversia por el árbitro se denomina “laudo”. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del colegio arbitral o sólo la de su presidente. Se entenderá que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo. El árbitro deberá explicar las razones de su decisión, en derecho o equidad. Con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral.

A falta de cumplimiento voluntario del laudo, podrá instarse la ejecución forzosa en vía judicial y conforme a lo dispuesto en

la Ley de Enjuiciamiento Civil. (link para la ficha de ejecución de resoluciones judiciales).

En caso de desacuerdo sobre su obligatoriedad, el convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los Tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque en un procedimiento judicial.

El convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su tramitación, solicitar de un Tribunal la adopción de medidas cautelares ni a éste concederlas. (link a medidas cautelares).

El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

  • Que el convenio arbitral no existe o no es válido.
  • Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
  • Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.
  • Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.
  • Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
  • Que el laudo es contrario al orden público.

El juicio de anulación se plantea ante la Audiencia Provincial sin que contra su resolución quepa recurso alguno.

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Conflictos familiares

En los procesos de separación y divorcio, se promueve por el Tribunal, la resolución del conflicto a través del mutuo acuerdo entre las partes, ya que el procedimiento iniciado por la confrontación de las artes, puede reconducirse a la vía amistosa. El convenio que debe contemplar los aspectos relativos a la guarda y custodia de los hijos comunes, régimen de visitas, contribución al levantamiento de las cargas del matrimonio, en su caso pensión compensatoria y atribución el uso de la vivienda que constituye el domicilio familiar , sólo se aprueba por el Tribunal, cuando se considera que no es perjudicial para el interés de los menores o de uno de los miembros de la pareja . Interviene el Fiscal cuando hay hijos menores y el Tribunal puede proponer las modificaciones que estime oportunas.

Ver “Divorcio - España”, “Responsabilidad parental - España” y “Obligación de alimentos - España

En determinadas Comunidades Autónomas, como Cataluña, Valencia y País Vasco, existen regulaciones específicas en materia e mediación familiar que ha recibido en 2005 un reconocimiento formal en la legislación procesal civil al ser el recurso a la misma causa de suspensión del procedimiento y reconocerse plenos efectos a los acuerdos a los que se llegue durante el procedimiento haciéndolos equivalentes a un convenio regulador.

Conflictos laborales

En construcción.

Conflictos en materia de arrendamientos

La Ley 49/2003 , de 26 de noviembre, en materia de arrendamientos rústicos , ha suprimido la intervención obligatoria de las Junta arbitrales de arrendamientos rústicos, en determinados litigios , como lo eran los relativos al acceso a la propiedad del arrendatario. Ahora las partes, podrán someterse libremente al arbitraje en los términos previstos en la legislación aplicable en la materia.

Enlaces útiles

  • Sistema arbitral de consumo
  • Formulario Europeo de reclamación para el consumidor English PDF File (PDF File 82,9 KB)
  • Red para la resolución extrajudicial de litigios en el sector de los servicios financieros “FIN-NET” Deutsch - English - français

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