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Última actualización: 28-02-2007
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Modalidades alternativas de solución de conflictos - República Checa

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ÍNDICE

1. Modalidades alternativas de solución de conflictos en la República Checa 1.
1.1. Arbitraje 1.1.
1.2. Árbitro económico 1.2.
1.3. Defensor del Pueblo 1.3.
2. Estas modalidades alternativas están previstas para solucionar distintos tipos de conflictos. Para más información, seleccione en la siguiente lista la situación en que se encuentra. 2.
2.1. Conflictos entre consumidores y empresas 2.1.
2.1.1. Arbitraje 2.1.1.
2.1.2. Árbitro económico 2.1.2.
2.2. Conflictos entre empresas 2.2.
2.3. Conflictos laborales 2.3.
2.4. Conflictos familiares 2.4.
2.5. Conflictos entre particulares 2.5.
2.6. Otras situaciones 2.6.

 

1. Modalidades alternativas de solución de conflictos en la República Checa

1.1. Arbitraje

El arbitraje se desarrolla bajo el control de las partes, con arreglo a un acuerdo escrito por el que éstas acuerdan que el litigio se resolverá a través de una persona independiente designada por ellas. Esta persona puede ser un árbitro independiente (un adulto capacitado y conocedor del Derecho) o un órgano de arbitraje permanente (Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ceština - Deutsch - English, en la República Checa) (Tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio y la Cámara Agrícola de la República Checa).

La modalidad alternativa del arbitraje puede utilizarse para resolver litigios civiles sobre la propiedad. El arbitraje está previsto, principalmente, para los casos en que mediante un pago se transfiere un derecho (por ejemplo, el derecho de propiedad en el caso de un acuerdo de compra) o un bien. En esta categoría se incluyen los litigios sobre propiedad comercial (derivados de contratos de arrendamiento, por ejemplo), los conflictos laborales (derivados de la terminación injusta de contratos de trabajo o de reivindicaciones salariales) y los conflictos familiares (relativos a pensiones de alimentos entre adultos). No obstante, el arbitraje no puede utilizarse para resolver conflictos derivados de la aplicación de decisiones o relativos a la tramitación de concursos o indemnizaciones.

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1.2. Árbitro económico

Es un órgano encargado de resolver los conflictos entre prestadores de servicios financieros (bancos, cajas de ahorros y otros organismos que realizan o actúan como intermediarios en las transferencias de fondos) y sus clientes, o entre emisores y usuarios de medios del pago (tarjetas de crédito, por ejemplo).

1.3. Defensor del Pueblo

Este órgano trata las reclamaciones contra la administración presentadas a iniciativa de los particulares.

El Defensor del Pueblo ayuda a las personas que han sido objeto de un trato contrario a la ley o a los principios del Estado de Derecho y la democracia, por parte de las autoridades administrativas. El Defensor del Pueblo no puede modificar ni invalidar las decisiones de la administración, pero si constata una actuación injusta puede recomendar a las autoridades que adopten las medidas necesarias para corregir la situación.

2. Estas modalidades alternativas están previstas para solucionar distintos tipos de conflictos. Para más información, seleccione en la siguiente lista la situación en que se encuentra.

2.1. Conflictos entre consumidores y empresas

Como ya se ha mencionado en la página “Modalidades alternativas de solución de conflictos - Derecho comunitario”, la Comisión ha publicado en su sitio Internet una lista de numerosas personas y organismos que se ocupan de las modalidades alternativas de solución de conflictos de consumo en los Estados miembros. En esta página se recoge información práctica para ayudar a elegir la modalidad más adecuada. También contiene información sobre la estructura, ámbitos de actuación, procedimientos, gastos y otros detalles. La lista se encuentra en la siguiente dirección de Internet Deutsch - English - français.

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Tal vez tenga usted que ponerse en contacto con un organismo encargado de la solución alternativa de conflictos en otro Estado miembro. Para saber exactamente a quien dirigirse en estos casos, consulte el sitio de la Red para la solución extrajudicial de conflictos (red EJE), o la FIN-net para las denuncias en el sector de los servicios financieros.

En la República Checa, estos conflictos pueden resolverse mediante arbitraje; en ciertos casos, los conflictos financieros pueden ser resueltos por el Árbitro económico.

2.1.1. Arbitraje

Se puede recurrir al arbitraje en casi todos los conflictos de este tipo, la gran mayoría de los cuales entra en la categoría de conflictos sobre la propiedad a los que nos hemos referido anteriormente. Un conflicto característico de este tipo es el derivado de un acuerdo de compra.

Las normas de arbitraje figuran en la Ley n° 216/ 1994 relativa a los procedimientos de arbitraje y la ejecución de decisiones arbitrales, tal como ha sido modificada posteriormente.

El arbitraje se lleva a cabo mediante un acuerdo escrito de arbitraje celebrado entre las partes (el acuerdo verbal también se admite si las partes lo confirman por escrito al comunicárseles la decisión arbitral).

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El consumidor debe concluir un acuerdo escrito con el empresario (cláusula de arbitraje) que declare que todos los conflictos derivados del acuerdo particular (por ejemplo, acuerdo de ventas, acuerdo sobre condiciones de trabajo, etc.) se resolverán por arbitraje. Cuando un conflicto se refiera a un asunto regulado por una cláusula de arbitraje, dicho asunto no podrá ser resuelto por los tribunales. Sin embargo, el solicitante puede emprender una acción judicial si el asunto se trata ante el árbitro con el acuerdo entre las partes.

Los árbitros están obligados a mantener el secreto, garantizando así la protección de la información que las partes desean mantener confidencial.

Los árbitros pueden negociar el acuerdo por telegrama, fax o cualquier medio electrónico que les permita transmitir mensajes y designar a las personas que negociarán el acuerdo. En el procedimiento también se pueden utilizar estos medios si las partes están de acuerdo.

En los procedimientos de arbitraje las partes no necesitan un representante legal. Los gastos del procedimiento corren a cargo de las partes.

La decisión adoptada al término del procedimiento de arbitraje (laudo) es definitiva, obligatoria y ejecutable por medios legales (embargo). El laudo sólo puede ser invalidado por motivos previstos legalmente, entre los que figuran razones técnicas como la incompetencia del árbitro (por ejemplo, el árbitro es menor de edad o la autorización que recibió para arbitrar fue retirada o limitada), la falta de autorización previa de las partes, etc. La resolución judicial que invalide un laudo arbitral debe ser comunicada en el plazo de tres meses desde la fecha en que fue entregada a la parte que solicitó la nulidad.

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En lo que respecta a las delegaciones de poderes, consulte el apartado dedicado a los consejos de redacción de las cláusulas de arbitraje de los contratos, en el sitio Internet del Tribunal de arbitraje de la Cámara Económica y la Cámara Agrícola de la República Checa.

Otros sitios de Internet útiles: Tribunal de arbitraje ceština

2.1.2. Árbitro económico

Los consumidores pueden someter a este organismo los conflictos que surjan entre ellos y los bancos y demás entidades financieras, en relación con la prestación y agilización de servicios de transferencia de fondos, el uso de medios de pago como tarjetas de crédito y otros servicios bancarios. También se puede recurrir al árbitro económico en caso de que el banco no realice la transacción solicitada por el cliente o incurra en retrasos o errores. Esta modalidad alternativa de solución de conflictos se aplica también en caso de uso indebido de tarjetas de crédito. El árbitro económico puede decidir en casos de cuantía no superior a 50.000 euros. Desde la adhesión de la República Checa a la Unión Europea, el árbitro económico checo se ha dedicado a resolver conflictos relacionados con transacciones en euros en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

El procedimiento a seguir ante el árbitro económico y las facultades de éste se rigen por la Ley 229/2002 PDF File (PDF File) sobre el árbitro económico, de 9 de mayo de 2002 (que entró en vigor el 1 de enero de 2003).

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El árbitro económico es designado por el Parlamento checo y debe ser una persona respetable que posea las cualificaciones y la experiencia adecuadas. Está obligado a mantener el secreto sobre cualquier información obtenida en el curso de su trabajo. De esta forma se garantiza la equidad del procedimiento y la protección de la información confidencial.

El arbitraje no es obligatorio. Existen otros medios de solución de conflictos, incluidos los procedimientos judiciales tradicionales, que pueden utilizarse como alternativa. Por tanto, no se puede iniciar un procedimiento de arbitraje cuando un tribunal ha dictado sentencia sobre el mismo asunto o existe un procedimiento judicial en curso. Lo mismo ocurre si el conflicto se somete o ya ha sido sometido al árbitro económico o si ha sido objeto de otro procedimiento de arbitraje.

Puede iniciar el procedimiento el consumidor que es cliente de una entidad financiera particular o titular de un medio electrónico de pago.

El procedimiento también puede iniciarse electrónicamente mediante una firma electrónica segura. También es posible iniciar el procedimiento por télex, fax o por la red pública de información, sin la firma electrónica avanzada, siempre que la solicitud para iniciar el procedimiento se firme en el plazo de tres días, por escrito o con la firma electrónica avanzada. La solicitud debe presentarse en el formulario que facilita el árbitro. Pulse aquí ceština PDF File (PDF File 174 KB) para obtener el formulario normalizado o aquí ceština para el formulario electrónico.

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El procedimiento puede llevarse a cabo por correo escrito o por medios electrónicos, pero el árbitro puede solicitar a las partes que presenten sus explicaciones oralmente.

Las partes no están obligadas a tener un representante legal. Los procedimientos no están gravados por ningún impuesto. Cada parte sufraga sus propios gastos, con excepción de la interpretación, que la paga la entidad financiera. Se trata de la interpretación hacia la lengua en que está redactado el acuerdo del solicitante con la entidad o hacia la lengua en que el solicitante se comunica habitualmente por escrito con la entidad. El solicitante tiene derecho a este tipo de interpretación.

En cada caso, el árbitro dicta un laudo que se comunica mediante entrega en mano a las partes. Las objeciones contra la decisión deben presentarse en la forma jurídica prescrita. Las partes pueden someter objeciones motivadas en el plazo de 15 días desde la recepción de la decisión. Se puede renunciar al derecho a presentar objeciones. La presentación de objeciones tiene un efecto suspensivo. La decisión del árbitro sobre las objeciones formuladas puede mantener o modificar la decisión. Se entrega a las partes una copia escrita de la decisión sobre las objeciones, que se considera definitiva. Esta decisión es jurídicamente obligatoria y no se permite ninguna otra objeción. La decisión puede ser ejecutada por los tribunales, de conformidad con el Código de procedimiento civil, una vez transcurrido el plazo de su aplicación. Si no se especifica el plazo en la decisión, ésta puede ser ejecutada desde el momento en que sea jurídicamente vinculante.

Si el consumidor no está satisfecho con la solución que el árbitro económico ha dado al conflicto, puede someter el asunto a un tribunal. La entidad financiera afectada también disfruta de este derecho. Emprender una acción judicial, someter el conflicto ante un tribunal de arbitraje, llegar a un acuerdo extrajudicial y retirar la solicitud antes de que la decisión se convierta en obligatoria jurídicamente, hacen que la decisión arbitral se convierta en nula y sin valor.

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Otros sitios útiles de Internet: Árbitro económico ceština

2.2. Conflictos entre empresas

Las empresas pueden recurrir al arbitraje para resolver sus litigios sobre la propiedad. Véase la sección anterior sobre esta modalidad alternativa de solución de conflictos.

La empresa que entra en conflicto con un banco puede solicitar los servicios del árbitro económico. Para más información sobre las condiciones en que esta modalidad alternativa de solución de conflictos puede aplicarse eficazmente, véase la sección sobre conflictos entre consumidores y empresas.

2.3. Conflictos laborales

En este ámbito, el arbitraje puede resolver asuntos relacionados con las condiciones de trabajo (terminación injusta del contrato, reivindicaciones salariales, etc.). Pulse aquí para más información sobre el arbitraje.

2.4. Conflictos familiares

En este ámbito sólo se puede recurrir al arbitraje como una forma alternativa de solución de conflictos y sólo en un número reducido de casos que estén relacionados con la propiedad y reúnan las condiciones establecidas en la Ley n° 216/1994 sobre procedimientos de arbitraje y aplicación de decisiones arbitrales ceština. Por tanto, no se puede recurrir al arbitraje en caso de divorcio. En la práctica, el arbitraje está especialmente indicado para resolver conflictos sobre pensiones de alimentos entre adultos o sobre convenios relativos a bienes comunes de los cónyuges. Pulse aquí para más información sobre el arbitraje.

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2.5. Conflictos entre particulares

También los particulares pueden someter a arbitraje los litigios sobre la propiedad. Véase lo expuesto anteriormente sobre esta modalidad alternativa de solución de conflictos.

2.6. Otras situaciones

Los conflictos a los que todavía no se ha hecho referencia en esta página son los que enfrentan a los individuos y la administración. En estos casos hay que recurrir al Defensor del Pueblo.

El estatuto y las facultades del Defensor del Pueblo están regulados por la Ley 349/1999 sobre el Defensor del Pueblo, de 8 de diciembre de 1999 ceština.

El Defensor del Pueblo presta asistencia a las personas que han sufrido un trato contrario a la ley o a los principios de la democracia y del Estado de Derecho por parte de la administración pública.

- {} –La queja puede presentarse contra un ministerio u otro órgano administrativo de ámbito nacional y sus servicios dependientes (por ejemplo, registro catastral, oficinas de empleo y servicios económicos), contra las autoridades locales que desempeñan funciones gubernamentales, la policía (salvo, obviamente, sus grupos de investigadores), el ejército, el Consejo de radiodifusión, las prisiones y los centros de detención, los centros de atención institucional o de custodia, los sanatorios y los organismos de la seguridad social.

El Defensor del Pueblo no está facultado para remitir las quejas al Parlamento, Presidente de la República, Presidente del Gobierno, Oficina central de inspección financiera, servicios de inteligencia checos, autoridades responsables del ejercicio de la acción penal, fiscales del Estado y tribunales, con la excepción de la administración estatal de los tribunales de justicia.

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El Defensor del Pueblo es elegido por el Parlamento checo entre los candidatos propuestos por el Presidente y el Senado. La función del Defensor del Pueblo es incompatible con la de Presidente de la República, miembro del Parlamento, senador, juez y con todas las funciones de la administración pública. El Defensor del Pueblo no puede ser miembro de un partido ni de un movimiento político. Por otra parte, tampoco puede dedicarse a otras actividades remuneradas, con excepción de la gestión de sus propios bienes o las actividades de naturaleza científica, educativa, editorial, literaria o artística, siempre que no interfieran en su capacidad para desempeñar sus funciones ni perjudiquen o constituyan una amenaza para su labor, en lo que respecta a la confianza en su independencia e imparcialidad. El Defensor del Pueblo también debe respetar la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el desempeño de sus funciones. Este principio es aplicable también al término de su mandato y a los empleados de la Oficina del Defensor. Los ministerios y los servicios responsables del ejercicio de la acción penal están autorizados a consultar y retirar documentación de los archivos del Defensor, con el permiso del éste y siempre que existan razones legales para hacerlo. Si el Defensor no da su permiso se necesita una autorización del Presidente de la Cámara de Diputados. De este modo se garantiza una gestión imparcial y confidencial de los asuntos tratados en la Oficina del Defensor.

Los particulares que se dirigen al Defensor del Pueblo por propia iniciativa no necesitan estar representados por un abogado.

Pulse aquí ceština para presentar electrónicamente una queja al Defensor del Pueblo o para enviar un mensaje electrónico a esta dirección.

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No hay que respetar ningún honorario para presentar una queja al Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo comprueba por su parte si algún tribunal se ha pronunciado sobre el asunto que se le ha sometido, o si existen procedimientos judiciales en curso, en cuyo caso puede decidir no tramitar las quejas de que se trate (posponiéndolas).

Si, en el curso de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo no encuentra ninguna prueba de que se haya cometido una falta o una infracción de la ley, informa de ello al denunciante y a la autoridad afectada.

Si el Defensor del Pueblo comprueba que se han producido tales irregularidades, solicita a la autoridad afectada que presente sus comentarios en el plazo de 30 días. Si, en su respuesta, la autoridad afectada afirma que ha adoptado o está adoptando las medidas correctoras y el Defensor del Pueblo las considera suficientes, el denunciante y la autoridad afectada deben ser informados de esta decisión. En los demás casos, el Defensor del Pueblo, al recibir los comentarios solicitados o expirar el plazo de presentación de comentarios, debe informar de su decisión final al denunciante y a la autoridad afectada; la decisión incluirá una propuesta de medidas correctoras.

Las principales medidas que el Defensor del Pueblo puede recomendar son:

  1. iniciar el procedimiento para modificar la decisión, medida o procedimiento administrativo, siempre que el Defensor del Pueblo pueda iniciar tal procedimiento;
  2. iniciar la adopción de medidas para prevenir la inacción;
  3. iniciar una acción disciplinaria o similar;
  4. procesamiento del delito, la falta o la infracción administrativa;
  5. pago de indemnizaciones por daños y perjuicios o presentación de una demanda por daños y perjuicios.

La autoridad afectada debe informar al Defensor del Pueblo de las medidas correctoras adoptadas, en el plazo de 30 días desde la recepción de la decisión final. Si la autoridad no cumple su obligación de adoptar las medidas correctoras o si el Defensor del Pueblo considera que las medidas adoptadas son insuficientes, éste tiene dos posibilidades: informar a una autoridad superior o, en su defecto, al Gobierno y los ciudadanos.

La queja presentada al Defensor del Pueblo no afecta al derecho del denunciante a emprender una acción legal en los tribunales.

Otros sitios útiles de Internet: Defensor del Pueblo ceština - Deutsch - English - français

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Última actualización: 28-02-2007

 
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