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Agricultura

N°13 › Junio/Julio de 1999

Desarrollo rural 2000-2006: entrada en la fase de ejecución

El 3 de julio de 1999 entró en vigor el nuevo Reglamento del Consejo[1] relativo a la ayuda al desarrollo rural por parte del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Este Reglamento establece un marco de referencia único para la política de desarrollo rural del conjunto de la Unión, política ya reconocida como el "segundo pilar" de la PAC reformada. Este marco debía completarse con la regulación de las disposiciones de aplicación de las medidas y la gestión de los programas: tal es el objeto del Reglamento de aplicación aprobado por la Comisión. A continuación se exponen sus principales características.

Ya contemplado en el Reglamento del Consejo, el Reglamento de aplicación determina las condiciones para la ejecución coherente y eficaz de la nueva generación de programas de desarrollo rural. Contiene, por una parte, disposiciones que permiten aplicar cada medida de conformidad con las grandes directrices establecidas en el Reglamento del Consejo. Por otra parte, define los criterios comunes para la elaboración de los planes integrados de desarrollo rural que las autoridades nacionales deberán presentar a la Comisión, además de aportar precisiones sobre el sistema de ejecución de los programas.

De conformidad con el principio de subsidiaridad, las disposiciones de aplicación se limitan al mínimo considerado indispensable para garantizar la coherencia de los programas de desarrollo rural en los distintos Estados miembros y la adaptación de los nuevos programas a las condiciones reales. Posteriormente, la Comisión recogerá las cuestiones de carácter más específico en documentos de orientación destinados a ayudar a las autoridades nacionales en aspectos como los indicadores comunes para el seguimiento y las metodologías de evaluación.

El Reglamento de aplicación consta de cuatro títulos[2] y un Anexo en el que se ofrecen a los Estados miembros las directrices para la preparación de los planes de desarrollo rural.

Aplicación de las medidas

Las disposiciones de aplicación de las medidas hacen hincapié en la flexibilidad, la simplificación y la coherencia.

Por ejemplo, las disposiciones comunes a diversas medidas definen las prácticas agrícolas correctas en función de baremos comprobables fijados en los planes de los Estados miembros con arreglo a las normas medioambientales obligatorias de carácter general. Además, con afán de coherencia, el Reglamento recoge asimismo disposiciones destinadas a garantizar la coordinación entre las medidas de desarrollo rural y las incluidas en las organizaciones comunes de mercado.

En el apartado de las ayudas a las inversiones, las anteriores limitaciones sectoriales, muy pormenorizadas, han sido sustituidas por reglas más generales que reservan este tipo de ayuda a las producciones que cuentan con salidas normales en los mercados. Con este fin, el Reglamento indica las bases sobre las que deben valorarse estas salidas, entre las que destacan las restricciones fijadas por las organizaciones comunes de mercado. Por otra parte, se introduce cierta flexibilidad en las ayudas a las inversiones efectuadas por jóvenes agricultores, quienes dispondrán a partir de ahora de un plazo de tres años para cumplir las condiciones de subvencionabilidad referentes a las competencias profesionales, la viabilidad de la explotación y las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar de los animales.

En el sector agroambiental, se han precisado las modalidades de cálculo de las compensaciones concedidas a los agricultores por sus compromisos, basadas como antes en las pérdidas de ingresos, los costes extraordinarios sufragados y la necesidad de incentivos financieros, partiendo del nivel de referencia de las prácticas agrícolas correctas. Los agricultores que contraigan un compromiso medioambiental quedarán además vinculados al cumplimiento de estas prácticas correctas en la totalidad de su explotación, lo que permitirá garantizar plenamente los efectos benéficos para el medio ambiente de las operaciones.

Además, se han introducido algunas disposiciones dirigidas a facilitar la ejecución y el seguimiento de las medidas. Con ese fin, se han detallado los gastos subvencionables en el sector de la transformación y la comercialización de productos agrícolas -gastos de los que queda excluida, por ejemplo, la compra de terrenos-, todo ello para la buena gestión y la eficacia de los controles. Con la misma finalidad, se han precisado las condiciones de subvencionabilidad de las medidas en favor de la silvicultura.

Programación

El segundo aspecto del Reglamento de aplicación se refiere a la programación de las medidas de desarro-llo rural, empezando por la elaboración del contenido de los planes de desarrollo rural (que figura en un anexo detallado). El método escogido es similar al empleado en los Fondos Estructurales, caracterizado por la eficaz preparación del despegue de los programas. Los Estados miembros tienen por consiguiente la obligación de incluir en esos planes los datos siguientes: descripción de la situación de las zonas rurales, estrategia de reacción a los problemas y dificultades detectados, prioridades del programa y resultados esperados del mismo, cuadro financiero indicativo de los recursos anuales previstos por prioridades y medidas, nombramiento de las autoridades responsables de la gestión, el seguimiento y la evaluación, etc.

El Reglamento trata asimismo de garantizar la eficacia y flexibilidad de los programas tras su aprobación por parte de la Comisión :

  • Despegue de los programas
    El despegue de los programas quedará facilitado por la concesión, en el mes siguiente a la aprobación del documento de programación, de un anticipo equivalente al 12,5% de la media anual de las ayudas comunitarias previstas. Este anticipo constituye un capital circulante que, en principio, no se recuperará hasta el final del periodo de programación.
  • Adaptación de los programas
    Los Estados miembros deben ser capaces de adaptar los programas a los cambios de prioridades y de circunstancias que se produzcan durante los siete años de su periodo de ejecución. De tal modo, el reajuste de la financiación de una medida concreta en un año determinado no requiere la aprobación de la Comisión si el importe modificado no alcanza ciertos límites. Los reajustes de mayor envergadura y las modificaciones relativas a la naturaleza de las medidas y la selección de prioridades deben ser objeto de decisiones anuales de la Comisión.
  • Sistema de incentivos
    Por último, las disposiciones de aplicación de los nuevos programas de desarrollo rural incluyen un sistema de incentivos dirigido a garantizar la eficacia de la ejecución de los planes de financiación y la óptima utilización de los recursos disponibles. Se trata de una cuestión de especial importancia tras las decisiones adoptadas en la cumbre de Berlín en el contexto de la Agenda 2000, que contemplan la asignación de un presupuesto anual al sector del desarrollo rural. Es responsabilidad de cada uno de los Estados miembros utilizar los recursos para ejecutar las medidas de manera eficaz y sobre la base de previsiones realistas. En el sistema implantado, los recursos no utilizados después del primer año dejarán de estar disponibles y tampoco podrán destinarse a los demás Estados miembros. Por ese motivo, se ha considerado necesario establecer un dispositivo sancionador: si los gastos efectivos de un Estado miembro son inferiores al 75% de sus previsiones, los gastos reconocidos en el ejercicio siguiente se reducirán en una tercera parte de la diferencia entre el citado límite del 75% y los gastos efectivos. Por ejemplo, si éstos suponen un 60%, la diferencia será del 15% y la reducción del 5%. Este sistema de incentivos es similar al establecido para los nuevos programas de los Fondos Estructurales (liberación de créditos en ausencia de declaraciones de gastos efectivos después de 2 años).

Presentación de los planes

El nuevo Reglamento de aplicación proporciona a los Estados miembros los elementos necesarios para emprender con toda confianza la fase preparatoria de la programación. En efecto, disponen de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento del Consejo relativo al FEOGA (3 de julio de 1999) para presentar sus planes a la Comisión.

_____________________________

[1] Reglamento (CE) nº 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999.
Estos dos Reglamentos pueden consultarse en la dirección siguiente de Internet:
http://ec.europa.eu/dg06/ag2000/rurdev/index_es.htm

[2] Título 1: ámbito de aplicación;
Título 2: medidas de desarrollo rural, recogidas en los siguientes capítulos: 1) inversiones en las explotaciones agrarias; 2) instalación de jóvenes agricultores; 3) formación ; 4) cese anticipado de la actividad agraria; 5) zonas desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales específicas; 6) medidas agroambientales; 7) mejora de la transformación y comercialización de productos agrícolas; 8) silvicultura; 9) normas comunes a diversas medidas;
Título 3: principios generales y disposiciones administrativas y financieras, divididos en los capítulos siguientes: 1) compatibilidad y coherencia; 2) programación; 3) medidas e iniciativas comunitarias complementarias; 4) disposiciones financieras; 5) seguimiento y evaluación; 6) solicitudes, controles y sanciones;
Título 4: disposiciones finales.


 

Contaminación por dioxina: Decisiones de la Comisión

Tras la notificación por las autoridades belgas de la existencia de una grave contaminación por dioxina de los piensos, la Comisión Europea adoptó a partir del 3 de junio una serie de Decisiones dirigidas a garantizar la retirada del mercado de todos los productos que pudieran haber sido contaminados. Esas Decisiones se apoyan en la cláusula de salvaguardia incluida en la normativa veterinaria* y se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente.

Medidas urgentes de protección

La Decisión 1999/363/CE, de 3 de junio, estableció medidas urgentes de protección contra la contaminación de la carne de pollo, los huevos y los productos derivados que contuvieran más de un 2% de huevo, destinados al consumo humano o animal. Obligaba a los Estados miembros que hubieran importado productos sospechosos entre el 15 de enero y el 1 de junio a rastrear su recorrido y garantizar su retirada del mercado y su destrucción. Además, se puso en marcha un plan de vigilancia en Bélgica y en los Estados miembros que habían importado productos contaminados. La Decisión establecía asimismo que, para los intercambios comerciales intracomunitarios y las exportaciones a terceros países, cada lote de origen belga debía ir acompañado de un certificado oficial firmado por las autoridades belgas que garantizase que los productos no contenían componentes procedentes de las explotaciones sospechosas o que habían sido sometidos a análisis que demostraban que no estaban contaminados por dioxinas.

Ampliación del dispositivo

Mediante las Decisiones 1999/368/CE, de 4 de junio, y 1999/389/CE, de 11 de junio, la Comisión amplió el dispositivo a todos los productos procedentes de las explotaciones de porcino y bovino sometidas a vigilancia por las autoridades belgas, sin fijar límite temporal alguno para evitar toda introducción de dioxinas, incluso tardía, en la cadena alimentaria. Este mismo dispositivo se completó mediante la publicación de los modelos de los certificados oficiales expedidos por las autoridades belgas para los intercambios comerciales intracomunitarios y las exportaciones a terceros países (Decisión 1999/390/CE, de 11 de junio), así como de las medidas adoptadas para que los Estados miembros y los terceros países pudieran devolver sus productos a Bélgica cuando no hubieran conseguido identificar con exactitud las explotaciones belgas de origen y los productos no hubieran sido sometidos a los análisis preceptivos (Decisión 1999/419/CE, de 24 de junio de 1999).

Leche y productos lácteos: levantamiento de la prohibición

Como consecuencia de los resultados negativos de los análisis a que fueron sometidos la leche y los productos lácteos y de conformidad con el dictamen positivo del Comité veterinario permanente, la Comisión adoptó la Decisión (1999/449/CE, de 9 de Julio de 1999) de liberar todos los productos del sector lácteo, incluidos los "antiguos" (es decir, los producidos entre el momento de la contaminación y el 12 de junio), ya que se ha reconocido su carácter inofensivo para la salud humana.

Seguridad y transparencia

Las medidas adoptadas impidieron toda forma de comercialización de productos que pudieran estar contaminados, en terceros países. Además, las autoridades belgas seguirán localizando los productos presuntamente contaminados e informarán debidamente de la situación a los demás Estados miembros o terceros países que los hayan importado. Para garantizar una transparencia máxima en la gestión de la crisis, la Comisión ha organizado diversas reuniones de información para terceros países; además, las medidas adoptadas son puntualmente comunicadas al Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Conviene por otra parte precisar que, al adoptar sus decisiones, la Comisión se ha guiado por el principio de cautela cuando los datos científicos disponibles eran insuficientes y por los dictámenes emitidos por los Comités científicos competentes, consultados cuando se ha dispuesto de un número suficiente de elementos de apreciación.

_____________________________

* Directiva 89/662/CEE de 11 de diciembre de 1989.
Directiva 90/425/CEE de 26 de junio de 1990, modificada por la Directiva 92/118/CEE.


 

El "paquete" de precios agrícolas para la campaña de 1999-2000

Los días 14 y 15 de junio, el Consejo aprobó el "paquete" de precios agrícolas para la campaña de comercialización de 1999-2000 (última antes de la aplicación de la reforma de la PAC inscrita en la Agenda 2000). En él se recogen casi todas las propuestas — COM(1999) 38 final — de 3 de febrero, presentadas por la Comisión con el objetivo de garantizar la continuidad y la estabilidad.

Numerosas cuestiones habían sido ya resueltas en las reformas aplicadas desde 1992 y, en cuanto a los parámetros que quedaban por fijar para la gestión de los mercados, la Comisión proponía reconducir los importes vigentes, con la única excepción de los gastos de almacenamiento de azúcar, que quedarían reducidos. Además, proponía algunos reajustes para los cultivos herbáceos, el vino y las semillas.

Además de la aprobación de las propuestas de la Comisión relativas a los propios importes (precios, ayudas), las Decisiones del Consejo tienen por objeto:

  • la autorización, a partir del 1 de enero de 2000 (con algunos meses de adelanto), para realizar nuevas plantaciones vinícolas hasta un 20% de los derechos abiertos por la Agenda 2000, con arreglo a las condiciones previstas;
  • el mantenimiento hasta la campaña de 2001-2002 de las ayudas diferenciadas para los tres tipos de ray-grass inglés, y su posterior unificación;
  • las modificaciones técnicas referentes a la regionalización de las ayudas correspondientes al arroz (en caso necesario, la Comisión podrá presentar con este fin propuestas inspiradas en las disposiciones aplicadas en el régimen de cultivos herbáceos);

  • la prórroga de la excepción referente al contenido de grasa de la leche de consumo en Suecia y Finlandia hasta el 31 de diciembre de 2003, como fecha límite;
  • el aumento de la cuota portuguesa de tomates transformados (en 83.468 toneladas para la campaña de 1999-2000 y según criterios específicos para la de 2000-2001).

El Consejo invita asimismo a la Comisión a que resuelva diversos problemas de su competencia:

  • la flexibilidad de ciertos criterios relativos a la retirada de tierras (por ejemplo los aplicables a las parcelas de menos de 20 m) como contrapartida de las mejoras medioambientales;
  • la concesión de excepciones a algunos criterios de calidad en la intervención de cereales (porcentaje de humedad, criterio de las semillas asuradas en Suecia y Finlandia y suspensión de la reducción aplicable a la cebada en un caso específico);
  • el examen de las solicitudes presentadas por Austria en relación con el ajuste del importe de la ayuda al lino textil en función de las zonas de producción, y con la comparabilidad entre Austria y los demás Estados miembros de la situación de la cría de ganado caprino en las zonas de montaña.

 

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